El TJUE obliga a los empresarios a implantar un sistema que permita computar la jornada laboral diaria.

Mediante STJUE de 14 de mayo de 2019 (asunto C-55/18), Luxemburgo declara que las Directivas 2003/88/CE y Directiva 89/391/CEE, se oponen a una normativa que, según la interpretación que de ella hace la jurisprudencia nacional, no impone a los empresarios la obligación de establecer un sistema que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador.

Según el Tribunal de Justicia, para garantizar el efecto útil de los derechos que se confieren a los trabajadores Directivas y Carta europea, los Estados miembros deben imponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador.

Como habíamos adelantado en nuestra noticia «Este mes de mayo conoceremos el fallo del TJUE sobre la obligatoriedad del registro de jornada» y siguiendo las conclusiones del Abogado General del TJUE, del pasado 31 de enero de 2019, adelantando el sentido de la futura sentencia, Luxemburgo termina por dar la razón a la Audiencia Nacional en contra de la interpretación dada por el Tribunal Supremo sobre la normativa española.

El Tribunal de Justicia considera que una normativa nacional que no establezca la obligación de utilizar un instrumento que permita realizar esa comprobación no puede asegurar el efecto útil de los derechos que confieren la Carta y la Directiva relativa al tiempo de trabajo, ya que priva tanto a los empresarios como a los trabajadores de la posibilidad de comprobar si se respetan esos derechos. Por consiguiente, «una normativa de esa índole puede comprometer el objetivo de esta Directiva, que consiste en garantizar una mejor protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, independientemente de cuál sea la duración máxima del tiempo de trabajo semanal adoptada por el Derecho nacional. En cambio, un sistema de registro de la jornada laboral ofrece a los trabajadores un medio particularmente eficaz para acceder con facilidad a datos objetivos y fiables relativos a la duración efectiva del trabajo realizado, lo que puede facilitar tanto el que los trabajadores prueben que se han vulnerado sus derechos como el que las autoridades y los tribunales nacionales competentes controlen que se respetan efectivamente esos derechos».

Corresponde a los Estados miembros, termina el TJUE, definir los criterios concretos de aplicación de ese sistema, especialmente la forma que éste debe revestir, teniendo en cuenta, en su caso, las particularidades propias de cada sector de actividad de que se trate e incluso las especificidades de determinadas empresas, como su tamaño.

Situación anterior al RDLey  8/2019 de 8 de marzo

La sentencia publicada, se enmarcan en una situación normativa distinta a la actual, dado que, con efectos de 12 de mayo de 2019, el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, ha instaurado el deber de la empresa de garantizar el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria existente. 

Fuente: Comunicado de prensa nº 61/19 TJUE

STJUE el 31 de enero de 2019 (Asunto C?55/18) Procedimiento prejudicial -Política social- Protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores - Ordenación del tiempo de trabajo - Directiva 2003/88/CE - Descanso diario - Descanso semanal - Duración máxima de la semana laboral - Artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales -Directiva 89/391/CEE - Seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo -Obligación de las empresas de implantar un sistema de cómputo del tiempo de trabajo diario»