A pesar del aumento tanto en la recaudación fiscal como en los ingresos derivados de actuaciones contra el fraude, ?los resultados absolutos de la recaudación obtenida son aún insuficientes?.

El Tribunal de Cuentas considera que las actuaciones de la Agencia Tributaria (AEAT) para aflorar economía sumergida en España son “aún insuficientes”, a luz de los datos de recaudación obtenida gracias a las medidas de lucha contra el fraude y su relación con las estimaciones existentes sobre el peso de la economía ‘en negro’ en nuestro país, que se mueve entre el 17% y el 25% del PIB.

Así lo pone de manifiesto en su Informe de fiscalización de las principales actualizaciones realizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en ejecución del Plan de Prevención del Fraude Fiscal de los ejercicios 2010, 2011 y 2012, que el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda ha remitido al Congreso.

En dicho documento, se destaca que los resultados de la lucha contra el fraude se incrementaron “de modo continuado” todos los años (incluso a pesar de la crisis) desde que en 2005 se aprobó el primer Plan de Prevención, mientras que la recaudación permaneció “casi estancada” a raíz de la recesión.

En concreto, la recaudación tributaria pasó de 142.394 millones en 2010 a 150.506 millones en 2012, “aunque sin llegar a alcanzar los 150.789 millones de 2005”, mientras que los ingresos derivados de actuaciones contra el fraude “doblaron ampliamente” en 2012 (10.401 millones) los 4.583 millones obtenidos en 2005. Por ello, el organismo fiscalizador “valora positivamente” la utilidad de la planificación estratégica.

Además, destaca que estos buenos resultados se han conseguido pese a tratarse de un “periodo de restricción de los recursos económicos y humanos” de la Agencia, cuya plantilla se redujo de 28.372 personas en 2010 a 27.706 en 2012 y sus gastos en personal pasaron de 1.411 millones a 1.291 millones en ese periodo, por lo que se infiere que la AEAT “consiguió mejoras en la asignación de recursos”.

“Otra cosa es si estos resultados se pueden considerar suficientes o adecuados en términos absolutos”, añade, matizando que los porcentajes de lucha contra el fraude, “aun mejorando de forma constante durante el periodo fiscalizado, se alejan mucho de las estimaciones que se manejan por distintos agentes económicos sobre la economía sumergida del país”.

Unas cifras que el propio Tribunal pone en cuarentena, al “no existir una metodología generalmente aceptada” para su cálculo, si bien recuerda que la propia AEAT incluye la lucha contra la economía sumergida como “vía para alcanzar una mejora sustancial” en sus resultados.

Ante esta “preocupación permanente” de la Agencia por este fenómeno de economía 'en negro', el Tribunal reconoce que se “ha avanzado” en la detección de actividades ocultas al fisco, pero cree que “los resultados absolutos de la recaudación obtenida son aún insuficientes” y recuerda la “importancia” de continuar implementando medidas en este ámbito.

En cualquier caso, también señala que las actuaciones de control y verificación de las declaraciones tributarias se desarrollan “con medios y facultades de comprobación limitados, que únicamente detectan errores e incumplimientos poco complejos”, y cree que deberían “complementarse con actuaciones de carácter más selectivo” orientados a incumplimientos de “mayor complejidad”. Asimismo, destaca que han «perdido relevancia» como sectores de riesgo el inmobiliario y el financiero.

El otro punto que destaca el documento es el relativo a la deuda tributaria pendiente, que se ha incrementado recurrentemente en cada ejercicio fiscal y alcanzó a final de 2012 una cuantía “muy relevante” de 48.674 millones de euros, un 29,16% más que tres años antes, frente a los 10.401 millones que se llegaron a cobrar. Esto supone que por cada euro que ingresa la Agencia Tributaria en su lucha contra el fraude, quedan casi cinco pendientes de cobro.

“Estos datos sólo se pueden explicar por el hecho de que cada año se incorporaron nuevas deudas por un importe superior al de las que se cancelaron”, explica el informe, alertando de que esta tendencia «no ofrece indicios de frenar» y recordando que la AEAT no sólo debe aflorar más economía oculta sino que también debe “mejorar el cobro” de las cuantías detectadas.

En este sentido, se recuerda que aproximadamente el cobro de la mitad de la deuda pendiente en periodo voluntario estaba suspendido por litigio, y que en el 40% de los casos los tribunales de primera instancia dan la razón a los contribuyentes, a lo que hay que sumar los casos que se ganan en otras fases judiciales, por lo que “un porcentaje muy importante acaba siendo anulada”.

Según el Tribunal, la crisis económica tiene gran culpa de esta situación, que conlleva un “riesgo importante para los resultados futuros de la lucha contra el fraude” y que hace que lo recaudado efectivamente por la AEAT tras descontar lo no cobrado fueran 6.822 millones en 2010, 7.308 millones en 2011 y 8.246 millones en 2012.

En particular, tiene una “relevancia importante” las cancelaciones de deuda por insolvencias, que en el periodo analizado sumaron 15.075 millones en créditos incobrables, un 22% más que en 2009 y el equivalente al 65% de los ingresos directos por actuaciones de control.

Por eso, ésta es una de las “debilidades” de la lucha contra el fraude que se propone atajar incrementando las investigaciones patrimoniales para la rehabilitación de créditos, que entre 2010 y 2012 ya aumentó un 154%, pasando del 12% al 23% de los casos. “Esto marca claramente el camino a seguir”.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas hace especial hincapié en los cambios de indicadores que se han producido durante todo el periodo fiscalizado, lo que dificulta la posibilidad de comparar cifras homogéneas y, por tanto, el seguimiento de los datos “sin salvedades o adaptaciones”, lo que afecta a la claridad de la información. Esto hace que el aparente incremento de algunas magnitudes como los ingresos o las actuaciones realizadas se deba realmente a estas variaciones de los indicadores.

De hecho, si los resultados de los controles de 2010 arrojaron un resultado de 8.499 millones de euros, de haberse utilizado los indicadores del ejercicio siguiente el dato se habría elevado a 8.753 millones, y así sucesivamente en cada año.

En este sentido, también señala que “no se pueden considerar exactas algunas informaciones” incluidas en el informe que la AEAT remite periódicamente a las Cortes con los resultados de su actividad. Asimismo, lamenta que las cifras de la planificación sean “superadas ampliamente con carácter general” por los resultados de ejecución, lo que «pone de manifiesto que el cálculo de las previsiones de la AEAT es susceptible de mejora» porque los criterios utilizados son “poco fiables”.

Además, el Tribunal considera “inadecuado” el “carácter disperso” de la planificación estratégica de la Agencia y la “falta de sistemática” en su desarrollo, ya que los planes se van “agregando sin la conveniente coordinación” y en algunos casos “con la simple continuidad de prioridades y líneas de actuación”.

Finalmente, el organismo justifica la importancia de este informe por la “gran relevancia” de la Agencia y porque “no se había efectuado con anterioridad una fiscalización específica sobre el conjunto de las actuaciones realizadas y de los resultados derivados de la labor de la AEAT en aplicación de un instrumento de lucha integral contra el fraude”.