Según el Tribunal de Luxemburgo resulta discriminatorio e injustificado negar un complemento salarial a trabajadores eventuales por la única razón de tener un contrato temporal.

Siguiendo con los pronunciamientos en relación con los trabajadores interinos en la administración pública (Sentencia Tribunal de Justicia de la Union Europea, nº C-596/14, de 14/09/2016 –equiparación de los costes del despido de los trabajadores temporales a los trabajadores fijos –, y Sentencia Tribunal de Justicia de la Union Europea, nº C-16/15, de 14/09/2016 –consideración como ilegales los contratos temporales de la Sanidad Española-) es esta ocasión, en respuesta a una cuestión planteada por un juzgado de Oviedo, el "Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 21 de septiembre de 2016 Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusula 4 — Sucesivos contratos de duración determinada en el sector público — Enseñanza no universitaria — Normativa nacional — Concesión de un complemento salarial — Requisito — Obtención de un resultado positivo tras un proceso de evaluación — Profesores que prestan servicios como funcionarios interinos — Exclusión — Principio de no discriminación", analizando la cláusula 4.1 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada prohíbe, en relación con las condiciones de trabajo, tratar a los empleados temporales de una manera menos favorable que a los fijos comparables por el mero hecho de que tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique "por razones objetivas”.

Según el Auto del 21 de septiembre, "un elemento retributivo en forma de incentivo debe, como condición de trabajo, concederse a un trabajador con contrato de duración determinada en la misma medida que a un trabajador fijo". Ante esto, impedir a un trabajador temporal acceder a un complemento por estar de manera eventual en la empresa es discriminatorio.

Caso

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo decidió suspender el procedimiento (ver: Litigio principal y cuestión prejudicial) y plantear al TSJUE la cuestión prejudicial siguiente:

«¿La cláusula 4 del [Acuerdo marco] debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa regional como la [Ley 6/2009], que en su art. 2 establece como requisito para poder ser incluido en el Plan de evaluación (y por ende percibir los incentivos económicos ligados a ello) el tener la condición de funcionario de carrera excluyendo por tanto a los funcionarios interinos?»

Razones objetivas para la exclusión del complemento salarial

La cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada (Directiva 1999/70/CE), titulada «Principio de no discriminación», dispone en su apartado 1 lo siguiente:

Para el TSJUE, en lo que atañe a las condiciones de trabajo, a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas, ha de determinarse si la participación en el Plan de evaluación de la función docente y el incentivo que se deriva de ella en caso de evaluación positiva están incluidos en el concepto de «condiciones de trabajo», en el sentido de dicha disposición.

Por último, recuda Luxemburgo, es jurisprudencia reiterada que, por lo que se refiere a las condiciones de trabajo, en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco, los trabajadores con contrato de duración determinada no pueden ser tratados de manera menos favorable que los trabajadores fijos que se encuentran en una situación comparable, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas (véanse, en este sentido, las sentencias Tribunal de Justicia de la Union Europea, nº C-307/05, de 13/09/2007, Tribunal de Justicia de la Union Europea, nº C-444/09, C-456/09, de 22/12/2010 y Tribunal de Justicia de la Union Europea, nº C-444/09, C-456/09, de 22/12/2010, Tribunal de Justicia de la Union Europea, nº C-273/10, de 18/03/2011, Tribunal de Justicia de la Union Europea, nº C-177/10, de 08/09/2011 y Tribunal de Justicia de la Union Europea, nº C-556/11, de 09/02/2012.