No se puede aclarar que el motivo de la operación no contase con trasfondo económico válido que no fuese otro que el simple disfrute de las ventajas fiscales, según establece la sentencia de la Audiencia Nacional, de 20 de noviembre de 2014.

La sala denota que no consta la presencia de un negocio jurídico anómalo en las sucesivas operaciones realizadas desde el punto de vista de los efectos, y entiende que no parece que la Inspección considere que estos negocios se centren en evadir la  normativa, ya que la razón principal por la que parece privarse a la recurrente de los beneficios fiscales es la existencia de la venta de la sociedad escindida "cuyo resultado considera que habría sido más gravoso para la recurrente e, inversamente, más favorable para la Hacienda Pública.” 

Por ello, de producirse anomalías en el procedimiento, “la Inspección tendría que haber acudido a calificar los negocios como simulados, lo que no llevó a cabo, ante la realidad, certeza y efectividad de éstos”. 

El propósito, según la Inspección, habría sido la elusión de una norma relativa al gravamen de las plusvalías obtenidas como consecuencia de la transmisión a un tercero de la sociedad, con amparo en una institución jurídica pensada para otra finalidad distinta, en este caso el régimen de neutralidad fiscal. 

Así, "pretender que la recurrente deba probar el hecho negativo de que la escisión no estaba relacionada con el proyecto de venta posterior de la rama de análisis clínicos es construir una suerte de probatio diabólica de imposible desarrollo” 

Por otro lado, entiende la ponente que ni un solo dato objetivo se ofrece en la Resolución acerca de la "torticera relación entre la escisión, primero, y la venta después", presumiendo una “supuesta vinculación de la escisión, y posterior venta de la escindida con las necesidades de financiación de la nueva fábrica y su moderna maquinaria”.