Caso práctico: ¿Puede una entidad local recurrir en apelación una Sentencia que le es favorable sin haber obtenido el preceptivo dictamen del Secretario del ayuntamiento?

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 06/06/2018
  • Origen: Iberley

PLANTEAMIENTO

La Administración Local formula recurso de apelación sin haber acompañado ni mencionar en el escrito de interposición, el acuerdo previo necesario que establece el apartado 2d) del L-1949354-45 de la Ley 29/1998 de 13 de Jul (Jurisdicción contencioso-administrativa) y tampoco el dictamen previo del Secretario de la Corporación.

  • ¿Debe inadmitirse el recurso de apelación del Ayuntamiento?

RESPUESTA

En cuanto a la exigencia de dictamen del Secretario, ciertamente viene exigido por el artículo 54.3 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local, (RDLeg. 781/1986 de 18 de Abr (TR. de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local)) por cuanto que así lo establece este precepto al señalar que : «para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las Entidades locales», siendo pacífico en la jurisprudencia la finalidad del mismo, que la entidades locales no se aventuren en promover litigios sin ninguna probabilidad de alcanzar éxito.

Sin embargo, también resulta pacifico en nuestra jurisprudencia - por todas STS de 14-5-2001 - que el citado requisito se considera cumplido aún con posterioridad al ejercicio de la acción.

Por otra parte, el citado precepto expresamente contempla la posibilidad de admitir, en ausencia del dictamen del secretario o -en su caso - del que pudiera evacuar la asesoría jurídica de la entidad local , el informe de “un letrado”.

Pues bien, atendiendo al principio “pro actione”, la jurisprudencia ha venido a entender que procede tener por cumplimentado este requisito con la intervención en el procedimiento de un letrado que asuma la defensa de los intereses de la Administración Local.

Pues bien , pese a que la expresión “ejercicio de acciones” y la interposición de un recurso de apelación son cosas bien distintas, y no cabría realizar equiparación alguna, si admitiésemos a efectos dialecticos esta asimilación, la aplicación del citado principio “pro actione” en relación con lo dispuesto en articulo 54 TRRL, impediría que la ausencia del citado dictamen conllevase la inadmisión a trámite del recurso de apelación.

En cualquier caso, el artículo 45.2 d) LJCA, exige acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para interponer acciones a las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación; pero tal precepto se ocupa de los documentos que debe acompañar el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo. Por tanto, en la medida que la referida exigencia no está prevista en la regulación del recurso de apelación, no puede interpretarse extensivamente la dicción de dicho artículo llevando a obstaculizar el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente de derecho a interponer los recursos previstos en las normas procesales.

Administración local
Escrito de interposición
Jurisdicción contencioso-administrativa
Persona jurídica
Derecho a la tutela judicial efectiva
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