Caso práctico: Diferenciación entre la impugnación de un instrumento de planeamiento general y del acto de aprobación del mismo.

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 28/01/2013
  • Origen: Iberley

¿Qué diferencia existe entre la impugnación de una disposición de carácter general de forma directa, como puede suceder con un instrumento de planeamiento general, y la impugnación del acto administrativo aprobatorio de dicha disposición de carácter general? ¿Cabe interponer recurso administrativo de reposición contra el acto aprobatorio del instrumento de planeamiento?

 

El Tribunal Supremo , en su sentencia de 11 de diciembre de 2009, dictada en el recurso de casación número 5100/2005, realiza un análisis de lo establecido por el Art. 107 ,Ley 30/1992, de 26 de noviembre apartad 3, de 26 de noviembre, el cual determina que “contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa”( La referencia debe entenderse hecha al Art. 112 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Puede observarse como la literalidad de la norma no deja lugar a dudas respecto a la impugnación de las disposiciones administrativas de carácter general. Así, en el supuesto de que se desee impugnar dichas disposiciones habrá que acudir de forma directa a la jurisdicción contencioso-administrativa, sin pasar previamente por el trámite de los recursos administrativos. Así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo en su doctrina jurisprudencial, de la cual es muestra la sentencia que ahora se comenta, la cual se expresa en los siguientes términos:

 

 “[…] Sobre el carácter normativo de los planes de urbanismo no es preciso abundar, baste con señalar que ésta cuestión concita un consenso general entre la doctrina científica y la jurisprudencia de este Tribunal que desde antiguo viene declarando que estamos ante normas jurídicas que tienen rango formal reglamentario.

De modo que, con carácter general y lo que atañe al contenido de la norma, no es susceptible de ser recurrida en vía administrativa, como prevé el artículo 107.3 de la Ley 30/1992. [...]

Ciertamente, el régimen de impugnación directa de dichos instrumentos de ordenación urbana se encuentra, como ya hemos adelantado, sometido a la expresa prohibición del artículo 107.3 de la Ley 30/1992, a cuyo tenor «(...) contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa».

De modo que el indicado precepto consagra un régimen jurídico para cuestionar la legalidad de las disposiciones administrativas, los reglamentos, que excluye la interposición de recurso administrativo, por lo que ha de acudirse directamente a la vía contencioso administrativa. Si bien debemos añadir, por dar un enfoque completo de la impugnación de las disposiciones generales en vía administrativa, aunque no sea del caso abundar en ello, que se admite la impugnación indirecta de las mismas en vía administrativa, según advierte el párrafo segundo del mismo artículo 107.3 de la indicada Ley”.

Sin embargo, una vez puesta de manifiesto la necesidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para la impugnación de una disposición de carácter general, como resulta ser un instrumento de planeamiento general, el Tribunal Supremo admite una excepción a esa regla general. Dicha excepción tiene su base en la naturaleza administrativa del acto de aprobación de este tipo de disposiciones de carácter general. Así, los instrumentos de planeamiento son disposiciones de carácter general que nacen mediante un acto administrativo que adopta la forma de acuerdo, orden, etc. dictada por el órgano competente en materia de urbanismo de la Comunidad Autónoma o del Ayuntamiento correspondiente.

En este sentido, el Tribunal Supremo determina que:

“Como excepción a lo expuesto, y teniendo en cuenta la peculiaridad de este tipo de normas reglamentarias cuyo nacimiento se produce mediante un acto administrativo de aprobación, debemos señalar que aunque, en hipótesis, pudieran impugnarse en vía administrativa los vicios específicos de que adolezca el acto de aprobación, esto no es lo que ha sucedido en el caso examinado”.

Se observa que el Tribunal Supremo admite la diferenciación entre la disposición de carácter general y su acto administrativo de aprobación a efectos impugnatorios.

No obstante, vemos como, pese a que el recurso administrativo de reposición puede ir dirigido formalmente contra el acto aprobatorio de la disposición de carácter general, es posible que la verdadera intención de dicha impugnación sea discutir alguna determinación del contenido de la disposición de carácter general, en cuyo caso se entenderá que se está impugnando la propia disposición de carácter general y no el acto administrativo aprobatorio de la misma.

En este supuesto, no será posible la impugnación a través de la vía del recurso administrativo de reposición, puesto que con base en el apdo. 3 del Art. 112 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre apartad 3, será necesario acudir al recurso contencioso-administrativo de forma directa.

En resumen, lo que el Tribunal Supremo determina es que cabe interponer recurso administrativo de reposición contra el acto aprobatorio del instrumento de planeamiento siempre y cuando dicho recurso vaya dirigido a discutir aspectos formales del propio acto de aprobación, sin que entre a valorar determinaciones del contenido del instrumento de planeamiento pues, de lo contrario, no será admisible dicho recurso administrativo. En éste último supuesto, se entenderá que se trata de un recurso contra la propia disposición de carácter general, contra la cual únicamente cabe recurso contencioso-administrativo, tal y como establece el ya citado apartado 3 del Art. 112 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.

 

Jurisdicción contencioso-administrativa
Recursos administrativos
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