Caso práctico: Impuesto sobre sucesiones: principio de buena fe en las notificaciones e invalidez de la notificación edictal

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  • Orden: Fiscal
  • Fecha última revisión: 09/01/2017
  • Origen: Iberley

 

PLANTEAMIENTO

La esposa de una persona fallecida y la hija de ambos, presentaron ante el organismo administrativo correspondiente la escritura pública de liquidación de sociedad conyugal y aceptación y adjudicación de herencia, que había sido otorgada ante Notario, a efectos de  liquidar el Impuesto de Sucesiones correspondiente a la herencia del causante.

Tras seguirse expediente de comprobación de valores, se acordó poner de manifiesto resultado de la misma y el proyecto de liquidación, para que las interesadas pudieran formular alegaciones, pero, tras los intentos de notificación domiciliaria, se acudió a la notificación edictal.

Practicada la liquidación, hubo de acudirse igualmente a la notificación por medio de edicto.

En esta situación, la falta de pago en período voluntario de la deuda liquidada, dio lugar a providencia de apremio de la que resultaba un importe superior al originalmente declarado por las mencionadas personas, así como un recargo de apremio.

Se trata de discernir acerca de la cuestión de si la aplicación del principio de buena fe en la práctica de notificaciones  puede implicar la invalidez de las notificaciones edictales, con la consecuencia de no considerar interrumpida la prescripción.

RESPUESTA

La buena fe no sólo resulta exigible a los administrados a través de un deber de colaboración con la Administración en la recepción de los actos de comunicación que aquella les dirija, sino también a la Administración. Aún cuando los interesados no hayan actuado con toda la diligencia debida en la comunicación del domicilio (bien porque no designaron un domicilio a efectos de notificaciones, bien porque los intentos de notificación en el indicado han sido infructuosos), antes de acudir a la notificación edictal o mediante comparecencia, ha de intentar la notificación en el domicilio idóneo, bien porque éste consta en el mismo expediente bien porque su localización resulta  extraordinariamente sencilla, normalmente acudiendo a oficinas o registros públicos especialmente cuando se trata de la notificación de sanciones administrativas.

ANÁLISIS

En relación con esta cuestión, la sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de Noviembre de 2012 (TS, Sala de lo Contencioso, de 29/11/2012, Rec. 1580/2010) establece en su fundamento de derecho cuarto lo siguiente:

 “En lo que a los ciudadanos se refiere, esta Sala ha señalado que el principio de buena fe impide que el administrado, con su conducta, pueda enervar la eficacia de los actos administrativos »  Sentencias de 6 de junio de 2006 (rec. cas. núm. 2522/2001 ), FD Tercero ; de 12 de abril de 2007 (rec. cas. núm. 2427/2002), FD Tercero ; y de 27 de noviembre de 2008 (rec. cas. núm. 5565/2006 ), FD Cuarto], y les impone « un deber de colaboración con la Administración en la recepción de los actos de comunicación que aquella les dirija » [ Sentencias 28 de octubre de 2004 (rec. cas. en interés de ley núm. 70/2003 ), FD Quinto; de 10 de junio de 2009 (rec. cas. núm. 9547/2003), FD Cuarto; y de 10 de junio de 2009 - la verdadera fecha es de 10 de junio - (rec. cas. núm. 7305/2003), FD Segundo], lo que conlleva, en lo que aquí interesa, que si el interesado incumple con la carga de comunicar el domicilio o el cambio del mismo, en principio -y, reiteramos la precisión, siempre que la Administración haya demostrado la diligencia y buena fe que también le son exigibles -, debe sufrir las consecuencias perjudiciales de dicho incumplimiento [ Sentencias de 10 de junio de 2009, cit., FD Cuarto ; y de 16 de junio de 2009 , cit., FD Segundo].

(….)

Pero también hemos puesto énfasis en el hecho de que la buena fe no sólo resulta exigible a los administrados, sino también a la Administración. En particular, esta buena fe obliga a la Administración a que aún cuando los interesados no hayan actuado con toda la diligencia debida en la comunicación del domicilio (bien porque no designaron un domicilio a efectos de notificaciones, bien porque los intentos de notificación en el indicado han sido infructuosos), antes de acudir a la notificación edictal o mediante comparecencia, intente la notificación en el domicilio idóneo, bien porque éste consta en el mismo expediente [ SSTC 76/2006, de 13 de marzo, FJ 4 ; y 2/2008, de 14 de enero , FJ 3], bien porque su localización resulta  extraordinariamente sencilla, normalmente acudiendo a oficinas o registros públicos ( SSTC 135/2005, de 23 de mayo, FJ 4; 163/2007, de 2 de julio, FJ 3; 223/2007, de 22 de octubre , FJ 3; 231/2007, de 5 de noviembre, FJ 3; y 150/2008, de 17 de noviembre, FJ 4), especialmente cuando se trata de la notificación de sanciones administrativas ( SSTC 54/2003, de 24 de marzo , FFJJ 2 a 4 ; 145/2004, de 13 de septiembre , FJ 4 ; 157/2007, de 2 de julio , FJ 4 ; 226/2007, de 22 de octubre , FJ 4 ; 32/2008, de 25 de febrero , FJ 3 ; 128/2008, de 27 de octubre , FFJJ 2 y 3; y 158/2008, de 24 de noviembre , FJ 3)."

Pues bien, aplicando la doctrina expuesta al presente caso, es cierto que, tal como reseña la sentencia, en la autoliquidaciones del Impuesto de Sucesiones, la hoy recurrente hizo constar como domicilio del sujeto pasivo el …… (Bizkaia) , por lo que, como resolvió el TEAR y confirmó aquella, la notificación edictal de la liquidación llevada a cabo en 1998, era correcta, pues no fue posible la notificación personal, al no haber comunicado la interesada el cambio de domicilio, lo que en principio debía suponer la interrupción del plazo de prescripción”. “Una vez iniciado el expediente de comprobación de valores, requirió de la recurrente la presentación de determinados datos y documentos, según comunicación registrada en 7 de febrero de 1995, y dirigida a D. Claudio (Gestoria "X....." de Segovia), que parece fue quien procedió a la presentación del documento en la Oficina gestora.”Por lo expuesto, la Administración gestora, en cumplimiento del deber de diligencia y atendiendo al carácter «residual», «subsidiario», «supletorio» y «excepcional», de «último remedio» que ha de tener la notificación edictal, según la doctrina del Tribunal Constitucional antes referida, debió agotar la posibilidad de notificación ante la Gestoría "X....", siempre sobre la base de que fue la Administración la que con anterioridad había requerido a través de la misma la presentación de datos y documentos y que el requerimiento había sido debidamente cumplimentado, dando lugar a la situación de confianza antes indicada.”

“Por lo expuesto, debemos entender inválida la notificación edictal producida en 1998, por lo que tomando como fecha inicial la antes indicada de 5 de abril de 1995 (fecha en que el requerimiento quedó cumplimentado), es evidente que al recibirse la notificación de la providencia de apremio, en 22 de enero de 2001, se había producido la prescripción del derecho a liquidar y así debe declararse.”

El tribunal supremo estima el recurso y anula la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional y la liquidación girada, en la medida en que se reconoce la prescripción del derecho a liquidar por parte de la Junta de Castilla y León.

BASE JURÍDICA

- Sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de Noviembre de 2012 (TS, Sala de lo Contencioso, de 29/11/2012, Rec. 1580/2010)

 

Buena fe
Impuesto sobre sucesiones y donaciones
Actos de comunicación
Deber de colaboración con la Administración
Procedimiento de comprobación de valores
Escritura pública
Liquidación de sociedades
Adjudicación de la Herencia
Herencia
Sanciones administrativas
Providencia de apremio
Sociedad de gananciales
Pago en periodo voluntario
Recargo de apremio
Eficacia de los actos administrativos
Traslado de domicilio
Plazo de prescripción
Deber de diligencia
Liquidación girada

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