Caso práctico: Información a los trabajadores de que las grabaciones pueden utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias.

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Caso práctico pendiente de actualización tras reciente doctrina jurisprudencial de la STS  31/01/2017 (R. 331/2015) por la que se acepta como medio de prueba la grabación de imágenes por cámaras de vídeo-vigilancia sin aviso previo al empleado en los procedimientos de despido. Consultar noticia07/03/2017: "La grabación de imágenes por cámaras de vídeo-vigilancia sin aviso previo al empleado se admitirán como prueba para el procedimiento de despido"

PLANTEAMIENTO

Una cajera de supermercado recibe carta de despido en la que se le imputa no haber cobrado diversos productos a uno de los clientes.

En el local del supermercado los clientes estaban sujetos a control mediante varias cámaras instaladas con carácter permanente y esencialmente para controlar las puertas de acceso y los expositores lineales de ventas. Una de esas cámaras estaba ubicada en la zona de cajas utilizándose expresamente por la empleadora para controlar el puesto de trabajo de la cajera despedida.

El supermercado no se dio información previa a la trabajadora de la posibilidad de tal tipo de grabación ni informó a la representación de los trabajadores de las características y el alcance del tratamiento de datos que iba a realizarse.

1.- ¿El despido disciplinario sería correcto?

2.- ¿El hecho de que la existencia de las cámaras apreciable a simple vista obliga a la empresa a notificar su existencia?

RESPUESTA

1.- No, diversa jurisprudencia ha declarado despidos basados en la misma causa que el planteado como nulos.

2.- Sí, la obligación empresarial no desaparece por el hecho de que la existencia de las cámaras fuera apreciable a simple vista

ANÁLISIS

A este respecto, debe partirse de que la imagen de una persona identificada o identificable constituye un dato personal, cuyo tratamiento está sujeto a la normativa de protección de datos, constituida fundamentalmente por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y, en particular, en lo que en materia de video-vigilancia se refiere, por lo dispuesto en la citada Instrucción, sin perjuicio de que le resulten aplicables otras normas. Así la propia Instrucción 1/2006 recuerda en su artículo segundo que “Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia.”

En lo que se refiere al deber de información debe tomarse en consideración que la información constituye en uno de los elementos esenciales para garantizar el derecho fundamental de protección de datos. La Audiencia Nacional ha señalado en sentencia de 15 de junio de 2001 que ”se trata de un derecho importantísimo porque es el que permite llevar a cabo el ejercicio de otros derechos, y así lo valora el texto positivo al pormenorizar su contenido y establecer la exigencia de que el mismo sea expreso, preciso e inequívoco.”

Por tanto el tratamiento de las imágenes por el responsable del tratamiento, le obliga a cumplir con el deber de informar a los afectados, en los términos establecidos en el APDO. 1, Art. 5 ,LOPD que dispone, “los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

  • a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información;
  • b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas;
  • c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos;
  • d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición;
  • e) De la identidad y dirección del
    responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante”.

La STS 10/06/2014, que contiene voto particular-, ha declarado en supuesto idéntico al planteado que la sanción a la trabajadora bajo las condiciones descritas fue ilegal porque no se había informado a los trabajadores que las grabaciones podían utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias (APDO. 3, Art. 20 ,ET y Art. 5 ,LOPD).

Siguiendo del mismo modo las SSTC 11/02/2013 núm. 29/2013, 292/2000, de 30 de noviembre y 153/2004, de 20 de septiembre, no basta que existan distintivos anunciando la instalación de cámaras ni que se hubiera notificado a la Agencia de Protección de Datos sino que “era necesaria además la información previa y expresa, precisa, clara e inequívoca a los trabajadores de la finalidad de control de la actividad laboral a la que esa captación podía ser dirigida”. Es decir, la conducta empresarial no desaparece por el hecho de que la existencia de las cámaras fuera apreciable a simple vista, por lo que el despido basado en la sanción disciplinaria a la trabajadora habría de declararse nulo.

BASE JURÍDICA

Art. 5 ,Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

- APDO. 3, Art. 20 ,ETReal Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre##, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

 Tribunal Constitucional, nº 29/2013, de 11/02/2013, Rec. Recurso de amparo 10522-2009

- Tribunal Constitucional, nº 292/2000, de 30/11/2000, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 1463-2000

- Tribunal Constitucional, nº 153/2004, de 20/09/2004, Rec. Recurso de amparo 6411-2002

 

 

 

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