Caso práctico: Posición jurisprudencial sobre el delito de tráfico de influencias.
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Caso práctico: Posición j...fluencias.

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Caso práctico: Posición jurisprudencial sobre el delito de tráfico de influencias.

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Orden: penal

Fecha última revisión: 14/12/2012

Origen: Iberley

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¿De qué manera se configura el delito de tráfico de influencias del 428 por parte de la jurisprudencia? ¿Cuáles son sus características esenciales?

 

Establece el Art. 428 ,CP que “El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero (...)”

Señala la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en sentencia 4000/2003 de 27 de marzo, confirmada por sentencia del Tribunal Supremo 806/2004 de 28 de junio refiriéndose a este tipo penal que:

“El injusto hoy se presenta como un delito de actividad y de resultado cortado. Un delito de actividad en la medida en que acción y resultado se presentan simultáneamente y de resultado cortado porque el legislador ha adelantado la línea de reprobación a un momento anterior al resultado que se pretende evitar.

De ahí que algún sector doctrinal haya visto el bien jurídico objeto de protección no tanto en la objetividad y la imparcialidad de la función pública cuanto en la quiebra de la confianza o peligro de la imparcialidad de esa función. Lo cierto es que su aplicación precisa de una exacta contemplación de sus elementos.

El primero de los elementos del delito se centra en el término influencia. El funcionario o autoridad debe influir en otro funcionario o autoridad. Influencia es tanto como autoridad moral o como predominio en el ánimo, según el Diccionario de la Lengua. Supone una presión moral determinante en la acción o decisión de otra persona. Algo así como el influjo psíquico que conforma la inducción, pero esta vez integrado por la posición o status del influyente.

Como ha dicho nuestro Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de junio de 1994: “El tipo objetivo en aquél, consiste en “influir”, esto es, el verbo rector único del delito de tráfico de influencias es precisamente, como queda dicho, “influir”, es decir, la sugestión, inclinación, invitación o instigación que una persona lleva a cabo sobre otra para alterar el proceso motivador de ésta, que ha de ser una autoridad o funcionario, respecto de una decisión a tomar en un asunto relativo a su cargo abusando de una situación de superioridad, lo que un sector de la doctrina científica ha llamado ataque a la libertad del funcionario o autoridad que tiene que adoptar, en el ejercicio del cargo, una decisión, introduciendo en su motivación elementos ajenos a los intereses públicos, que debieran ser los únicos ingredientes de su análisis, previo a la decisión”…

Pero, como puede observarse en el tipo legal, no basta con la mera influencia; es preciso prevalerse de algunas situaciones sobre la finalidad de influir en el funcionario que ha de tomar la decisión.

El prevalimiento es, pues, el segundo de los elementos esenciales del delito. Prevalimiento en una de las tres modalidades que el Código contempla: bien por el ejercicio de las facultades del cargo, lo que llama a un ejercicio abusivo y fuera de las normales competencias administrativas de la autoridad o funcionario que se dirige al que ha de decidir; bien por una situación derivada de una relación personal (de amistad, de parentesco, de afinidad política, amorosa, etc. etc.), que pueda mover el ánimo del funcionario afectado, por humana presión, más análoga a las previstas en el artículo siguiente; bien por una situación derivada de relación jerárquica, con mayor carga coactiva todavía que la primera, en cuanto depende de la decisión cualquier ventaja o expectativa profesional del influido.

Las acciones típicas deben ir dirigidas - teleológicamente orientadas- a conseguir una resolución beneficiosa. Este elemento, como hemos dicho al principio, distingue la normativa actual de la anterior. La resolución beneficiosa aparece ahora como el ánimo tendencial no como resultado tipificado.

La norma no requiere ni la emisión de la resolución ni la efectiva obtención del beneficio económico.

Deberá no obstante probarse que la influencia iba encaminada a la obtención de ambos, porque este ánimo tendencial constituye el elemento subjetivo del injusto…

Así pues, la voluntad del legislador, como se ha dicho, es la de castigar la mera interferencia de situaciones derivadas de relaciones personales, profesionales o de jerarquía en el proceso de decisión, como conducta que pone en riesgo la objetividad e imparcialidad de la función pública.

También respecto a la bondad o corrección de la resolución, algún sector doctrinal ha venido sosteniendo que la imputación objetiva del resultado reclama que la resolución dictada por el funcionario influido ha de ser injusta, pues caso de no serlo no se crea un riesgo típicamente relevante al no afectar al bien jurídico protegido. No parece, sin embargo, que sea ésta la voluntad del legislador.

El legislador no ha adjetivado la resolución como así ha hecho cuando ha querido (prevaricación, cohecho, etc.). Parece que su intención ha sido castigar en todo caso la resolución cuando venga dictada por las influencias recibidas (al modo como lo hace el art. 178 del Código penal francés). Y lo anterior no vulneraría el principio de ofensividad penal si se atiende a la ya reseñada finalidad del precepto: la extraña e ilícita interferencia en el proceso de decisión que enturbia la confianza en la objetividad e imparcialidad de la función al aparecer públicamente como beneficiadora de un interés parcial.”