Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 0/05521/2015/00/00 de 04 de Diciembre de 2018

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 04 de Diciembre de 2018
  • Núm. Resolución: 0/05521/2015/00/00

Resumen

Procedimiento Inspector. Requerimientos. Seguros médicos. Trascendencia tributaria y motivación. Exigibilidad.

Descripción

 

 

En la Villa de Madrid, a la fecha indicada, el Tribunal Económico-Administrativo Central, reunido en Sala, ha visto la reclamación económico-administrativa interpuesta por la entidad X SEGUROS Y REASEGUROS SA., con CIF: ..., y en su nombre y representación D. Jx..., con NIF: ... y domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el requerimiento de información dictado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude con fecha 30-06-2015, número de expediente ONIF - ...

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

 

PRIMERO.-

Con fecha 30-06-2015 fue notificado por el Equipo Central de Información dependiente de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria a la entidad X SEGUROS Y REASEGUROS SA., un requerimiento de obtención de información de la misma fecha, cursado al amparo del artículo 93 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), en el que se solicitaba la aportación de la siguiente información con trascendencia tributaria:

“En relación con los servicios facturados en los ejercicios 2010 y 2011 por

 

- INSTITUTO Z..., con NIF: ...

 

- D. Cx..., con NIF: ...

 

Se solicita:

 

a) Contrato o acuerdo de colaboración de prestación de servicios suscritos con cada uno de ellos.

 

b) Facturas recibidas de cada uno de ellos.

 

c) En relación con los pacientes, asistidos y/o asegurados a los que hayan prestado servicios las personas físicas y/o jurídicas antes citadas:

 

- NIF del paciente/asistido/asegurado.

 

- Nombre y apellidos del paciente/asistido/asegurado.

 

- Fecha de la intervención/asistencia.

 

- Tipo de servicio, identificación de si se trata de una consulta, intervención, y/u otro tipo de servicio (en cuyo caso, hágase constar el que corresponda).

 

- Personal sanitario (indicando si es el propio D. Cx..., o en caso contrario, identificando la/s persona/s sanitaria que ha/n realizado el servicio).

 

- Centro hospitalario/clínica/lugar de la intervención/asistencia.

 

- Importe del servicio facturado.

 

NOTA: En relación con los pacientes/clientes/asegurados, se solicita que la información sea aportada en un fichero con formato Excel, identificando en cada una de las columnas la información requerida.

 

...

Nota: Se hace constar respecto a la información solicitada la AEAT que no se le requiere ningún dato de naturaleza médica en cuanto a tratamiento, historial o patología del paciente.”

 

SEGUNDO.-

Disconforme el interesado con el anterior requerimiento de información fue promovida en fecha 09-07-2015 ante este Tribunal económico administrativo Central la reclamación económico-administrativa nº 5521/15 que nos ocupa, solicitando la anulación del mismo y formulando la siguiente alegación:

 

Única.- La información solicitada en el requerimiento efectuado por la Administración, además de carecer de trascendencia tributaria,  atenta contra la intimidad personal y familiar y podría suponer una comunicación de datos personales, lo que determinaría la vulneración por parte de X SEGUROS Y REASEGUROS SA., de la normativa vigente en materia de protección de datos.

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.-

Concurren los requisitos de competencia, legitimación y presentación en plazo hábil, que son presupuesto para la admisión a trámite del citado requerimiento de información dictado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, siendo la cuestión sobre la que debemos pronunciarnos la recogida en el apartado SEGUNDO del expositivo de los antecedentes de hecho.

 

SEGUNDO.-

El artículo 93.1 de la LGT establece la obligación de toda persona física o jurídica de proporcionar a la Administración Tributaria información con trascendencia tributaria en los siguientes términos:

 

“1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta Ley, estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.

(...)

2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse con carácter general en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen, o mediante requerimiento individualizado de la Administración tributaria que podrá efectuarse en cualquier momento posterior a la realización de las operaciones relacionadas con los datos o antecedentes requeridos.”

 

Respecto a la incidencia que el requerimiento pueda tener respecto del secreto profesional, el citado artículo 93 de la LGT, en su apartado 5 dispone:

 

“5. La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.

Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria.”

 

Asimismo, este deber de información de los particulares de sus datos con trascendencia tributaria se delimita en el artículo 95 de la LGT teniendo en cuenta el carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto alguna de las excepciones previstas en el mismo precepto.

 

En el supuesto que nos ocupa, la entidad reclamante se opone al requerimiento por considerar que los datos requeridos carecen de trascendencia tributaria.

 

Así, considera que carecen de trascendencia tributaria y de contenido patrimonial y por ello no cabe requerir datos de salud tales como: “el concreto servicio médico que se haya podido prestar a un concreto cliente, la identificación de quiénes en concreto ha prestado el servicio identificando la/s persona/s sanitaria que ha/n realizado el servicio y el centro médico en que este haya tenido lugar”. Considerando asimismo el reclamante que su revelación atentaría contra la intimidad personal y familiar de sus asegurados.

 

Respecto al contenido y alcance del concepto de trascendencia tributaria se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en numerosas ocasiones, pudiéndonos remitir a su sentencia de 22-04-2015 (recurso núm. 4495/2012), según la cual:

 

“... este Tribunal Supremo señala en su sentencia de 29 de julio de 2000, que:

 

«La información puede solicitarse en cuanto sirva o tenga eficacia en la aplicación de los tributos, obviamente tomando la frase en términos generales, pues la norma no se refiere exclusivamente a la comprobación e investigación de una determinada relación tributaria, sino que autoriza a recabar información, tanto de particulares como de organismos, para cuanto conduzca a la aplicación de los tributos. ... conectando las potestades de la Inspección y el deber de colaboración de los ciudadanos y entidades con una doble exigencia que se impone a la Administración Tributaria: los datos, informes o antecedentes obtenidos por ella en el desempeño de sus funciones, a) tienen carácter reservado; y b) sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendadas, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto alguna de las cinco excepciones previstas en el mismo precepto, y que van desde la investigación o persecución de delitos hasta la colaboración con otras Administraciones Tributarias, Públicas o comisiones parlamentarias, en los términos que el propio precepto especifica».

 

En la misma sentencia, este Tribunal Supremo señala que para justificar y entender cumplido el requisito de que la información solicitada tenga trascendencia tributaria, basta con que dicha utilidad sea potencial, indirecta o hipotética.

 

También es jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 19 de febrero de 2007 --rec. casa. 3165/2002-- y de  17 de marzo de 2014 --rec. casa. 5149/2010--, entre otras) que «el deber de colaboración con la Administración tributaria se impone sin más límite que la trascendencia tributaria de la información solicitada (...). La trascendencia tributaria ha sido definida por esta Sala en sus sentencias de 21 de junio de 2012 (rec. casa. 236/2010) y de  3 de noviembre de 2011 (rec. casa. 2117/2009  (RJ 2012, 1842)) que se remiten a la anterior de 12 de noviembre de 2003 (rec. casa. 1320/2002) señalando que es "la cualidad de aquellos hechos o actos que pueden ser útiles a la Administración para averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación establecida en el artículo 31 de la Constitución de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, y poder, en caso contrario, actuar en consecuencia. Y esta utilidad puede ser directa (cuando la información solicitada se refiere a hechos imponibles, o sea, a actividades, titularidades, actos o hechos a los que la ley anuda el gravamen) o indirecta (cuando la información solicitada se refiere solo a datos colaterales, que pueden servir de indicio a la Administración para buscar después hechos imponibles presuntamente no declarados o, sencillamente, para guiar después la labor inspectora que, no se olvida, no puede alcanzar absolutamente a todos los sujetos pasivos, por ser ello materialmente imposible- hacia ciertas y determinadas personas (en el mismo sentido, sentencia de 14 de marzo de 2007 rec. casa. 1320/2002 )».

 

En definitiva, lo que interesa, lo que ha de exigirse a la Administración, es que se trate de datos que en sí mismos contengan una trascendencia tributaria potencial (así, sentencias del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2007 y 19 de febrero de 2007), lo que podrá ocurrir siempre y cuando se trate de datos económicos, patrimoniales, no personales (en cuanto a éstos la cuestión está excluida); y, por otra parte, que su petición no esté vedada por una norma legal que impida la entrega del dato o datos solicitados. Si luego cada uno de los datos va a producir o no una actuación concreta de aplicación de los tributos no atañe propiamente a la esfera de la información, sino a la gestión tributaria en su más amplio sentido. No creemos que, en este punto, el  artículo 93  LGT conlleve mayores exigencias.”

 

Claro está que, como recuerda igualmente la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en su sentencia de 14-02-2006:

 

“...la motivación exige que la resolución contenga una fundamentación suficiente para que en ella se reconozca la aplicación razonable del Derecho a un supuesto específico permitiendo a un observador saber cuáles son las razones que sirven de apoyatura a la decisión adoptada, quedando así de manifiesto que no se ha actuado con arbitrariedad.”

 

Al respecto cabe señalar que el requerimiento de información constituye un acto administrativo con entidad propia, no adjetiva, que concreta e individualiza el deber general de suministrar información de terceros definiendo una obligación de hacer.

 

Que el propio requerimiento se convierta en el acto declarativo de esta obligación de informar, que es una obligación principal y autónoma, constituye un acto administrativo de carácter formal que no puede ser considerado de mero trámite y, en consecuencia, reúne las características precisas para ser calificado como acto reclamable en la vía económico-administrativa, conceptuación jurídica del acto administrativo de requerimiento de información que, ineludiblemente, obliga a exigir la constancia de su justificación o de los motivos por los que se emite para que así los órganos encargados, en su caso, del examen de su adecuación a Derecho puedan ejercitar con plenitud su función.

 

Por otra parte, el requisito de motivación está ligado al de trascendencia. Como señala la doctrina de este Tribunal Económico Administrativo Central sobre esta materia, la trascendencia ha de resultar de los antecedentes incorporados al propio expediente, para posibilitar la defensa del obligado tributario y la revisión del expediente por los órganos competentes para ello.

 

Siendo esto así, existe la posibilidad, frecuente en la práctica, de que la trascendencia sea tan evidente que haga ociosa toda motivación expresa de la misma, que, de ser exigida, degeneraría en un requisito burocrático tan inútil como fácil de cumplimentar mediante cualquier fórmula común que nada añadiría a la evidencia que la naturaleza de los datos solicitados pudiera irradiar por sí sola, pudiendo existir, no obstante, supuestos en que aquella trascendencia no resulte ostensiblemente del expediente, siendo exigible en tales casos que conste su justificación expresa, para que el requisito legal quede cumplido.

 

Pues bien, en el presente caso este Tribunal no aprecia la trascendencia tributaria de datos requeridos tales como: identificación de la persona ingresada, fecha de la intervención o asistencia, tipo de servicio, identificación de si se trata de una consulta, intervención u otro tipo de servicio. Su trascendencia “no resulta ostensiblemente del expediente”, pues la simple vista de dichos datos no evidencia la utilidad o el contenido patrimonial de los mismos para la Administración Tributaria. Y dicha trascendencia en absoluto resulta acreditada en el requerimiento efectuado por la Oficina Gestora, al limitarse a manifestar que la documentación requerida resulta necesaria para el desarrollo de las funciones que la ONIF tiene encomendadas.

 

Así mismo es preciso señalar que, si bien en el requerimiento se hace constar respecto a la información solicitada que no se requiere ningún dato de naturaleza médica en cuanto a tratamiento, historial o patología del paciente, ello no es así por cuanto se está solicitando: “Tipo de servicio, identificación de si se trata de una consulta, intervención, y/u otro tipo de servicio (en cuyo caso, hágase constar el que corresponda).”

 

Por ello, en atención a lo expuesto, debe anularse el requerimiento efectuado en lo que respecta a los datos solicitados en relación a los contratos suscritos por la entidad reclamante con INSTITUTO Z..., y con D. Cx..., en lo que se refiere a los seguros de salud, habiéndose pronunciado en este mismo sentido este Tribunal en reciente resolución de 08-03-2018  referida al mismo reclamante.

 

Por cuanto antecede:

 

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, reunido en Sala en el día de la fecha, en la reclamación económico administrativa nº 5521/15 interpuesta por la entidad X SEGUROS Y REASEGUROS SA., ACUERDA: ESTIMARLA EN PARTE, anulando el requerimiento realizado en los términos expuestos en la presente resolución.

Contestación

Criterio:  La información solicitada ha de tener trascendencia tributaria, estando ligado en los requerimientos de información el requisito de motivación al de trascendencia tributaria. De forma que, cuando la trascendencia tributaria de un requerimiento no resulta ostensiblemente del expediente es exigible que en él conste su justificación expresa, para que el requisito legal quede cumplido.
Reaseguro
Fraude
Persona física
Prestación de servicios
Secreto profesional
Inspección tributaria
Protección de datos
Comunicación de datos
Obligaciones tributarias
Datos confidenciales
Persecución de los delitos
Deber de colaboración con la Administración
Capacidad económica
Obligación de información
Obligación principal
Obligación de hacer
Obligado tributario
Identificación personal
Procedimiento inspector
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