Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1006/2001 de 05 de Marzo de 2002

        ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: Dª.                                        , es titular de pensión de Clases Pasivas como viuda de D.                        auxiliar de la Administración de Justicia, según resolución de la entonces Dirección General del Tesoro de 9 de octubre de 1981, con efectos desde 1 de enero de 1981, por la que se aplicaba, a solicitud de la interesada, formulada el 30 de mayo de 1981, el Real Decreto 2753/1980, de 14 de noviembre, para cumplimiento del artículo 19 de la Ley 17/1980, de 24 de abril, por la que se establece el régimen retributivo específico de los funcionarios al servicio del Poder Judicial y de la Carrera Fiscal, tomando en consideración el sueldo correspondiente al Cuerpo de Auxiliares de la Admón. de Justicia y 5 trienios del Índice 1´5.

        SEGUNDO: Con fecha 12 de julio de 1995, la interesada presentó en el Tribunal Económico-Administrativo Regional de                 escrito, dirigido a este Central, en el que solicitaba que se efectuase respecto de la citada pensión, la actualización individualizada prevista en la Ley 9/1983 indicando que dicha petición había ya sido efectuada con anterioridad ante la Dirección General correspondiente, sin haberse obtenido respuesta y este Tribunal, tras requerimiento efectuado a la interesada, del que resultó que dicha solicitud al Centro Gestor se había formulado el 17 de enero de 1989, declaró por resolución de 16 de diciembre de 1998, inadmisible la reclamación deducida por no existir acto previo del Centro Gestor revisable.

        TERCERO: Con fecha 28 de junio de 1999, en nombre y representación de la interesada, se instó ante la Dirección General, reiterando las anteriores solicitudes en tal sentido deducidas, la adopción de la resolución procedente o la expedición de la certificación de acto presunto y el Centro Gestor dictó resolución, con fecha 12 de julio de 1999, en la que deniega lo solicitado por entender que la actualización individualizada prevista en la Ley 9/1983 dejó de tener vigencia tras la publicación de la Ley 50/1984 y el Texto Refundido de Clases Pasivas de 1987.

        CUARTO: Contra dicho acto, del que no consta su fecha de notificación, se dedujo reclamación colectiva ante este Tribunal, en nombre y representación de la interesada y otras varias, y puesto de manifiesto el expediente se presentó nuevo escrito en el que solicita que se practiquen, respecto de la susodicha pensión las actualizaciones contempladas en la Ley 44/1981 y subsiguientes presupuestarias con abono de los atrasos correspondientes a los últimos cinco años, por aplicación del Real Decreto 5/1993, alegando, sustancialmente lo dispuesto en los artículos 10.1c) de la Ley 44/1981, 10.1.b) de la Ley 9/1983 y 8.2 de la Ley 44/1983.

        QUINTO: Por providencia de ese Tribunal de 7 de febrero de 2001, se rechazó la reclamación colectiva al no darse las circunstancias previstas en los artículo 35 y 44.2 del Real Decreto 391/1996, y, con fecha 14 de febrero siguiente se dedujo, en nombre y representación de la interesada, reclamación individualizada.

        SEXTO: Consta en el expediente documento de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas que dice así: "Cálculo de pensión.- Legislación vigente a 31.12.1997.- Nº de expediente 3372/81.- Nº de archivo: 0-57-53222-01-00.- Nombre beneficiario:                      .- Nº identificativo:           .- Nombre del causante:               .- Clase de pensión: viudedad.- Tipo de pensión: ordinaria.- Cuerpo: Auxiliar de la Administración de Justicia.- Cálculo de la pensión.- Sueldo de Índice 1´5: 9.478,11 € (1.577.024 ptas.) anuales.- 5 trienios de índice 1´5: 2.369,52 € (394.255 Ptas.) anuales. Total base  reguladora anual para 1998: 11.847,63 € (1.971.279 ptas.) anuales.- Porcentaje sobre la base reguladora 40: 4.739,05 € (788.512 ptas.) anuales.- Este importe dividido entre 14 pagas supone una pensión de 338,5 € (56.322 ptas.) íntegros mensuales. No procede la emisión de resolución por estar actualizados los importes de pensión de acuerdo con los cálculos realizados para la aplicación de la A.I. .- La Jefe de Sección: firma ilegible.- Vº Bº La Jefe de Servicio: firma ilegible".

        SÉPTIMO: Consta en el expediente oficio de la Vocalía Séptima, de 19 de julio de 2001, que dice así: "Al proceder al estudio de la documentación remitida respecto de las reclamaciones planteadas por DOÑA                                                                 (R.G. 979/01) y DOÑA                                   (R.G. 1006/01), ambas contra resolución de esa Dirección General de 12 de julio de 1999, denegatoria de petición de actualización individualizada de sus pensiones de viudedad, se ha advertido que, pese a que, de manera expresa, en la resolución impugnada se afirma que dichas pensiones fueron objeto de la actualización contemplada en el artículo 44 de la Ley 65/1997, entre las actuaciones remitidas figura Hoja de Cálculo de pensión de la que se deduce que tal actualización, sin embargo, no se ha llevado a cabo y precisamente, por estar ya actualizados los importe de las pensiones, por lo que se solicita que, a la mayor brevedad posible, se aclare la aparente contradicción". También consta la contestación de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, de fecha 2 de noviembre de 2001, que dice así: "Como consecuencia de lo establecido en el artículo 1º de la Ley 82/1961, de 23 de diciembre, sobre actualización de las pensiones de las Clases Pasivas del Estado, la que venía disfrutando Dª.                               , reconocida por acuerdo de 15 de octubre de 1962 como viuda de                       , Auxiliar de la Administración de Justicia, "a instancia de parte", fue actualizada individualmente por acuerdo de 9 de octubre de 1981, conforme a la Ley 17/1980, con efectos de 1 de enero de 1981. Tal actualización individualizada tuvo lugar, en general de "oficio", a través de las relaciones enviadas a las distintas Cajas Pagadoras comprensivas de los nuevos importes de las pensiones afectadas por la Ley 17/1980, de 24 de abril, por la que se establece el régimen retributivo específico de los funcionarios al servicio del Poder Judicial y de la Carrera Fiscal (teniendo en cuenta las reducciones establecidas por el Real Decreto 2753/1980, de 14 de noviembre), y la Ley 45/1983, de 29 de diciembre, por la que se determinan los índices multiplicadores de los Cuerpos Únicos de la Carrera Judicial, de la Carrera Fiscal y del Secretariado de la Administración de Justicia, debido a la dificultad que suponía el Cálculo de unos coeficientes medios de aumento aplicables al colectivo a que se refiere la normativa citada (en cumplimiento de lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta. Dos. de la Ley 101/1966, de 28 de diciembre, sobre retribuciones de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, en concordancia con el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Derechos Pasivos de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, de 21 de abril de 1966)". "Por ello, debido a la citada actualización individual de las pensiones causadas por el personal de la Administración de Justicia, la cuantía de dicha pensión de viudedad en el año 1998, coincide con el cálculo realizado con ocasión de la actualización individualizada a que se refiere el artículo 44 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1998".

        FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la única cuestión planteada consiste en determinar si procede realizar, respecto de la pensión de la que es titular la interesada, la actualización contemplada en las Leyes 44/1981 y 9 y 44/1983 y Real Decreto Ley 3/1983.

        SEGUNDO: Los dos sistemas seguidos históricamente por la normativa de aplicación para el mantenimiento del valor de las pensiones en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, han sido los denominados habitualmente como de actualización individualizada y de actualización por módulos medios de incremento. El Texto Refundido de Ley de Derechos Pasivos de 1966 en su artículo 47 sustituye el primero de los sistemas mencionados, hasta entonces vigente, por el de módulos medios de incremento, pero las desviaciones que se produjeron entre las pensiones señaladas a lo largo del tiempo, en razón a que dicho módulo no era exacto, sino medio, como la denominación del sistema indica, obligaron a la realización de actualizaciones individualizadas, tal y como se estableció en las Leyes de Presupuestos 44/1981 y 9 y 44/1983 y en el Real Decreto-Ley 3/1983.

        TERCERO:  El apartado c) del número 1 del artículo 10, relativo a determinación de haberes pasivos, de la Ley 44/1981, de Presupuestos Generales del Estado para 1982, establece: "c) En los supuestos de percepción de una sola pensión superior a las mínimas establecidas en el apartado anterior, o cuando por aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley se considera como principal una de las reguladas en el presente número, se aplicará provisionalmente un incremento del 10 por 100 a la pensión correspondiente a la última mensualidad de 1981, abonándose la pensión así incrementada desde enero hasta el mes en que se realice la actualización individualizada, satisfaciéndose desde el mes siguiente el nuevo valor que resulte de dicha actualización, sin que en ningún caso la pensión a percibir pueda ser inferior al último valor de la pensión en 1981, y sin que proceda, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas en exceso. Para el personal afectado por la Ley 17/1980, de 24 de abril, el incremento provisional anteriormente mencionado será del 8 por 100. Cuando las pensiones que se regulan en este número tengan la condición de complementarias, según lo dispuesto en el artículo siguiente de esta Ley el incremento medio que en el mismo se establece se aplicará sobre la cantidad que hubiera correspondido a 1981". El artículo 8 del Real Decreto-Ley 3/1983, sobre incremento provisional de los haberes activos y pasivos de los funcionarios públicos, determina la fijación de estos últimos y la letra b) de su número 1, establece: "b) En los supuestos de percepción de una sola pensión superior a los mínimos establecidos en el apartado anterior o cuando en caso de percibo de varias, se considera como principal una de las reguladas en el presente número, se aplicarán provisionalmente para cada índice de proporcionalidad, el coeficiente de incremento que resulte de dividir la base reguladora mensual del funcionario en 1983 entre la de 1982, considerando a tal efecto que, en todo caso, se han perfeccionado doce trienios en el correspondiente nivel de proporcionalidad. El incremento se aplicará sobre el importe de la última mensualidad ordinaria de 1982 y se abonará con efectos de 1 de enero de 1983 hasta el mes en que se realice la actualización individualizada en función de la nueva cuantía de los conceptos integrantes de la base reguladora y del número de trienios devengados por el causante de la pensión, satisfaciéndose desde el mes siguiente el nuevo valor que resulte de dicha actualización, sin que en ningún caso la pensión a percibir pueda ser inferior al último valor de la pensión en 1982 y sin que proceda, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas en exceso. Para el personal afectado por la Ley 17/1980, de 24 de abril, el incremento provisional anteriormente mencionado será del 9,5 por 100. Cuando las pensiones que se regulan en este número tengan la condición de complementarias, según lo dispuesto en el artículo siguiente de este Real Decreto-Ley, el incremento medio que el mismo establece se aplicará sobre la cantidad que hubiera correspondido en 1982 y con la limitación de cuantía de incremento señalada en el mismo", previsiones reiteradas, en idénticos o similares términos, en el artículo 10 de la Ley 9/1983, y 8.2 de la 44/1983, ambas de Presupuestos Generales del Estado para los siguientes ejercicios, disponiéndose en los preceptos siguientes de ambas normas, las de aplicación para llevar a cabo la actualización individualizada de las pensiones no excluidas, que fueron desarrolladas en las Instrucciones dictadas al efecto por la Dirección General, entonces competente, de 9 de mayo de 1983 y 18 de abril de 1984.

        CUARTO: La profunda modificación llevada a cabo, respecto del sistema de Clases Pasivas, por la Ley 50/1984, recogida después en el Texto Refundido de Clases Pasivas de 1987, estableció la relación directa de la cuantía de las pensiones con la base para ellas prevista en cada caso en las correspondientes Leyes Presupuestarias, desvinculándolas de los emolumentos de los funcionarios en activo y consagró el sistema de actualización anual por módulos medios y así el artículo 38 de la Ley 50/1984 estableció: "A partir del 1 de enero de 1985, la actualización de los haberes de Clases Pasivas del Estado, causados con anterioridad o que se causen desde esa fecha, se verificará de acuerdo con lo que dispongan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, que establecerán incrementos medios de haberes pasivos en porcentajes no inferiores a los aumentos medios de retribuciones básicas del activo. La cuantía de los haberes de Clases Pasivas, a partir de la indicada fecha, no experimentará otra variación en concepto de actualización, que las que se deriven de dichas leyes, sin que las variaciones en los haberes activos de los funcionarios tengan incidencia alguna en los haberes de Clases Pasivas", y el artículo 27 del Texto Refundido, en la redacción vigente hasta el 31 de diciembre de 1997, señalaba: "... 1. La revalorización de pensiones de Clases Pasivas se verificará de acuerdo con los coeficientes de incremento que, para cada ejercicio económico, establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dichos coeficientes no determinarán, en ningún caso, un incremento medio, que sea inferior al incremento medio que se disponga para las retribuciones básicas de los funcionarios públicos. En ningún caso la cuantía de las prestaciones de Clases Pasivas experimentará variación alguna en concepto de actualización fuera de las determinadas en la Ley de Presupuestos, sin que las modificaciones de los haberes activos de los funcionarios tengan incidencia en los de Clases Pasivas...", y a partir de dicha fecha quedó redactado en los siguientes términos: "Artículo 27. Revalorización de pensiones, complementos económicos y limitaciones en el crecimiento de las mismas. 1. Las pensiones de Clases Pasivas, incluido el importe de pensión mínima, y los haberes reguladores aplicables para la determinación de la cuantía de las mismas serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del índice de precios al consumo previsto para dicho año. Si el índice de precios al consumo acumulado correspondiente al período comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico a que se refiera la revalorización, fuese superior al índice previsto, y en función del cual se calculó dicha revalorización, se procederá a la correspondiente actualización, de acuerdo con lo que establezca la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado. A tales efectos, a los pensionistas cuyas pensiones se hubieran causado o revalorizado en el ejercicio anterior, se les abonará la diferencia en un pago único, antes del primero de abril del ejercicio posterior. Si el índice de precios al consumo, previsto para un ejercicio, y en función del cual se practicó la revalorización, resultase superior al realmente producido en el período de cálculo descrito en el párrafo anterior, la diferencia existente será absorbida en la revalorización que corresponda aplicar en el siguiente ciclo económico...".

        QUINTO: Aún cuando de la literalidad de las normas trascritas puede entenderse que el proceso de actualizaciones regulado en ellas no supuso la modificación del régimen de las actualizaciones individualizadas previsto por las Leyes de 1981 y 1983 ni su derogación, lo que ha llevado a este Tribunal a mantener en numerosas resoluciones su vigencia y aplicación con los límites, en cuanto a los efectos económicos, impuestos por la retroactividad establecida legalmente, es lo cierto que la cuestión viene afectada de manera decisiva, a partir de su vigencia por lo dispuesto en la Ley, también de Presupuestos, 65/1997, cuyo artículo 44 estableció: "Las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado reconocidas al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre de 1984, que hubieran experimentado hasta dicho momento incrementos anuales por aplicación de módulos medios de aumento, se revisarán de oficio a efectos de realizar un nuevo señalamiento de las mismas, según la legislación por la que fueron causadas y mediante la aplicación de las bases reguladoras establecidas en el apartado dos del artículo 34 de la presente Ley. En los nuevos señalamientos de haberes pasivos que se efectúen conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se computarán, a todos los efectos, la totalidad de años de servicios prestados por el causante de la pensión, estuvieran o no reconocidos en acuerdos anteriores, debiéndose tener en cuenta, asimismo, cuantas normas sean aplicables en cada caso aunque no haya solicitud expresa del interesado en ese sentido. La revisión de pensiones que se practique en virtud de lo anteriormente expuesto tendrá efectos económicos el 1 de enero de 1998, sin que, en ningún caso y por tal causa, sus beneficiarios puedan ver reducida la cuantía de la pensión que vinieran percibiendo, debidamente revalorizada conforme a las reglas contenidas en el precedente capítulo III y que les sean de aplicación".

        SEXTO: Respecto de ello la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas ha señalado en recientes resoluciones que la derogación de la normativa anterior en la materia y la desaparición del sistema de actualización de pensiones establecido en las normas invocadas venía reafirmada, por el artículo 44 de la Ley 65/1997 que establece una nueva actualización individualizada de las pensiones de Clases Pasivas que hubiesen experimentado incrementos anuales por aplicación de módulos medios de aumento, y que, limitada en sus efectos económicos al 1 de enero de 1998, venía a recoger en su ámbito a las pensiones de las afectadas con reconocimiento de la nueva legalidad implantada por la Ley 50/1984. Es decir, que la citada Ley 65/1997, artículo 44, afecta a las pensiones que hasta ese momento se vinieron actualizando desde 1982 por el procedimiento de los módulos medios de aumento. Pero hay que tener presente que en determinadas normas presupuestarias, como se ha señalado, se ordenó la actualización individualizada de pensiones que, si no puede afirmarse que se hizo con carácter general, si hay que tener presente los casos en que determinadas pensiones de Clases Pasivas fueron actualizadas individualmente, en cuyo caso, sus perceptores, por una parte, ya no se encuentran acogidos por el articulo 44 de la Ley 65/1997, que solo beneficia a los pensionistas, cuyas pensiones hubiesen experimentado incrementos anuales por aplicación de los módulos medios de aumento, y , por otra, los beneficiados con las actualizaciones individuales, al llegar el 1 de enero de 1998, por aplicación de la ley 65/1997 llegaban a los mismos resultados económicos que en ese momento ya disfrutaban, pues arrastraban una actualización individualizada de pensiones que la citada Ley 65/1997 establecía con carácter general, aunque con efectos retroactivos limitados.

        SÉPTIMO.-  La Ley 17/1980, de 24 de abril, por la que se establece el régimen retributivo especifico de los funcionarios al servicio del Poder Judicial y de la Carrera Fiscal, BOE del 28, en su artículo 19; dice así: "Uno. Servirá de base reguladora para la determinación de las pensiones que causen en su favor y en el de sus familiares quienes queden incluidos en el sistema que establece la presente Ley, la suma del sueldo y trienios efectivos completados conforme a la misma. La citada base reguladora se formará fraccionadamente por años, para que alcance plena efectividad en uno de enero de mil novecientos ochenta y seis, partiendo. en mil novecientos ochenta, de los porcentajes de las nuevas bases reguladoras que equivalgan a la pensión correspondiente por el sistema anterior. Dos. El porcentaje de las nuevas bases reguladoras se aplicará de oficio, con efectos económicos de uno de enero de cada año, con los incrementos porcentuales que correspondan según lo establecido en el apartado anterior. Tres. Las pensiones que se reconozcan con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se determinarán teniendo en cuenta la base reguladora y el porcentaje que proceda establecido en el punto dos anterior. Cuarto. Con independencia de lo dispuesto en la presente Ley, las pensiones se elevarán por aplicación de las disposiciones vigentes en materia de actualización de haberes pasivos. Cinco. La deducción por derechos pasivos se adaptará a los criterios que, para la determinación de las pensiones, se contienen en los puntos anteriores". Por su parte, el Real Decreto 2753/1980, de 14 de noviembre, BOE del 22 de diciembre, fijó las normas para la determinación de las pensiones, de los funcionarios de la Administración de Justicia, en desarrollo de la citada Ley 17/1980.

        OCTAVO: Por solicitud firmada el 30 de mayo de 1981, Dª.                 pidió la aplicación del Real Decreto 2753/1980, que desarrollaba el artículo 19 de la Ley 17/1980, para que se le actualizase la pensión de viudedad que tenía reconocida y la Dirección General del Tesoro, por acuerdo de 9 de octubre de 1981, señaló nueva pensión de viudedad con efectos desde 1 de enero de 1981, tomando el sueldo actualizado que correspondía al causante en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia y 5 trienios actualizados del Índice 1´5, por lo que, a partir de este momento se produjo la actualización individualizada de la pensión que venia percibiendo, cuya cuantía fue incrementándose según lo establecido en las sucesivas Leyes Presupuestarias acerca de la actualización de pensiones. De lo expuesto se explica que, aplicando el artículo 44 de la Ley 65/1997, la cuantía de pensión que, a 1 de enero de 1998, corresponde a la interesada es la misma que ese día le tocaba percibir con arreglo a la legislación que se le venía aplicando.

        NOVENO: Por lo expuesto, Dª.                 tiene actualizada de manera individual su pensión de viudedad con efectos desde 1 de enero de 1981 y a partir de ese momento por la aplicación de módulos medios de incremento, por lo que no procede acceder a la petición de aplicación de la actualización individualizada de la Ley 9/1983.

        VISTOS los preceptos citados y demás aplicables,

        EL TRIBUNAL CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Desestimar la reclamación económico-administrativa, interpuesta por Dª.                 , contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 12 de julio de 2000, que se confirma, por las razones de la presente.