Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/10100/1998 de 12 de Mayo de 2000

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 12 de Mayo de 2000
  • Núm. Resolución: 00/10100/1998

Resumen

Se confirma la procedencia de declarar la responsabilidad solidaria de la recurrente por levantamiento de embargo al verificar un pago por IVA a la deudora tributaria a pesar del requerimiento previo a la Hacienda Pública. De acuerdo con la más reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo, se desestima la alegación de caducidad de la acción por el carácter supletorio de la Ley 30/92 a las actuaciones económico-administrativas, que no es aquí aplicable.

Descripción

FUNDAMENTOS DE DERECHO.PRIMERO.- Concurren en el presente recurso de alzada los requisitos procedimentales de competencia, legitimación, plazo y cuantía establecidos en el Reglamento rector de las actuaciones en esta vía, para su toma en consideración por este Tribunal Central.SEGUNDO.- Dada la complejidad del expediente que se somete a consideración del Tribunal, según se deduce de los antecedentes de hecho que han quedado reflejados anteriormente, conviene recordar que se trata en el presente caso de pronunciarse si sobre si ha sido ajustada a Derecho la declaración de responsabilidad solidaria de                 con ocasión del procedimiento de apremio seguido contra              por la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de          que dio lugar a la diligencia de embargo de 12 de febrero de 95, y en fecha 8 de abril de 1997 a la declaración de responsabilidad solidaria de                por las deudas contraídas por              en cuantía de 7.218.967 pesetas.TERCERO.- Las cuestiones jurídicas que se plantean en esta segunda instancia son reiteración de las ya suscitadas en la fase de gestión y ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de                    y pueden sintetizarse en la alegación de caducidad del procedimiento, inembargabilidad de la cuota soportada y oposición a la responsabilidad declarada, de la que  deben excluirse las sanciones.CUARTO.- Debe tratarse, en primer lugar la caducidad del expediente de apremio tanto por razones de orden procedimental como por el énfasis que la recurrente hace sobre esta cuestión. En esta línea argumental, como ya ha quedado expuesto en los antecedentes del presente acuerdo resulta que el 1 de marzo de 1995, la interesada, sin oponerse al embargo, dirige escrito a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el que se limita a pedir información sobre la forma de proceder en relación con los pagos pendientes, escrito al que se contesta el 11 de diciembre de 1995, cuando habían transcurrido mas de 9 meses sin que la demora se deba a la recurrente. Lo que lleva aparejado a su juicio la caducidad del procedimiento de embargo, según el articulo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. No siendo óbice para ello lo preceptuado en la Disposición Adicional 5ª de la Ley citada, según Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1993  que entiende que la supletoriedad de la Ley solo afecta a los artículos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común que regulan el "Procedimiento Administrativo común" y no a aquellos que (como en el caso de los artículos 43 y 44 insertos en el Tit. IV de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común) aluden a el "Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas", artículos que son de aplicación directa. Concluye afirmando que la aplicación de estos preceptos en vez de los del Real Decreto 803/93, conduce a la declaración de caducidad del procedimiento seguido, ya que se ha superado el plazo de caducidad fijado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.QUINTO.- El problema de la supletoriedad de la legislación general en relación con las normas tributarias ha dado lugar a numerosas polémicas doctrinales y efectivamente, no goza de la claridad legal que hubiera sido de desear en cuestión tan importante, como reconoce la propia Sentencia citada por la recurrente. Ello no obstante, no puede, a juicio de este Tribunal compartirse la tesis mantenida por el recurrente con fundamento en la repetida Sentencia del Tribunal Supremo. En primer lugar es preciso advertir que la Sentencia de 22 de enero de 1993, cuyo texto nos va a servir de eje de nuestro razonamiento, no se refiere directamente a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común sino a la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y solo incidentalmente a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común  en el Fundamento Jurídico 3º cuyo texto es como sigue: "A mayor abundamiento es de señalar que la recientemente aprobada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, rubrica la tesis que antecede cuando establece, en su Disposición Adicional Quinta-1, que "Los procedimientos administrativos en materia tributaria y, en particular, los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación y recaudación de los diferentes tributos se regirán por su normativa específica y, subsidiariamente, por las disposiciones de esta Ley". Se perpetúa en el tiempo, por tanto, tal supletoriedad de las normas administrativas de carácter general respecto de los procedimientos de la Administración Tributaria. De ahí que tampoco pueda acogerse el reproche que los actores hacen a este apartado 2 del artículo 3º. No obstante lo que antecede, la nueva Ley 30/1992 ofrece la particularidad de regular conjuntamente el "Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas" y el "Procedimiento Administrativo Común", lo que significa que la supletoriedad establecida en la Disposición Adicional citada concierne sólo a éste, pero no al Régimen Jurídico de las Administraciones Tributarias."SEXTO.- Adelantando nuestra conclusión debe afirmarse desde ahora que los procedimientos de apremio no tienen mas limite que la prescripción del derecho de la Administración a percibir cantidades en los términos previstos en el articulo 64 de la Ley General Tributaria; prescripción que evidentemente no se ha producido en el expediente de apremio seguido contra  "                " por lo que es procedente la apertura del procedimiento de responsabilidad contra           por levantamiento de embargo.SEPTIMO.- A esta conclusión se llega sobre la base de los siguientes razonamientos: 1º.- La distinción que lleva a cabo la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común entre "Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común" presenta notables dificultades de concreción en el articulado de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. En términos generales puede decirse que es tradicional con anterioridad a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, al existir por una parte la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957 y por otra la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, que regulaban en términos generales ambos campos aunque la diferencia siempre ha sido problemática. Pues la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común incluía materias procedimentales (por ejemplo lo relativo a disposiciones y resoluciones administrativas, Tit. III) materia claramente imputable al procedimiento y a la inversa la Ley de Procedimiento Administrativo incluía materias relativas al primer ámbito (Organos Colegiados). Hoy en día la diferencia es ademas constitucionalmente relevante por el distinto alcance de la competencia del Estado; en el caso del Régimen Jurídico, limitado a los aspectos básicos de la materia y en el Procedimiento Administrativo donde la competencia es plena, aspectos que por si solo justificarían la distinción legal. Pero desde el punto de vista del derecho positivo, el contenido de la disposición adicional 5ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común es evidente que se refiere a materia de "procedimientos administrativos en materia tributaria". en general y en particular, prosigue el precepto a " los procedimientos de gestión , liquidación, comprobación, investigación y recaudación de los diferentes tributos que se regirán por su normativa específica y subsidiariamente por las disposiciones de esta Ley". De esta manera como dice la Sentencia citada "se respeta en el tiempo la supletoriedad de las normas administrativas de carácter general respecto a los procedimientos de la administración Tributaria", sin que esta afirmación nítida quede desvirtuada, o vaciada de contenido por el hecho de que a continuación el Tribunal afirme genéricamente al referirse a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, que la supletoriedad establecida en al Disp. Ad. 5ª concierne solo al Procedimiento y no al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas pues esta afirmación general habrá que matizarse en el caso concreto estableciendo una difícil línea divisoria entre lo que es el ámbito interno u organizativo de la Administración y el externo o de actividad jurídicamente relevante para terceros, distinción para cuyo establecimiento nos da la pista el artículo 103 de la propia Constitución cuando habla de la Administración como sujeto o como actividad de este, sin perjuicio de la imbricación entre ambas. En conclusión, los principios o bases relativos a los aspectos institucionales incluye el campo de las relaciones interadministrativas. Tampoco puede considerarse argumento válido para la tesis del actor el hecho de que el propio Tribunal al considerar el principio "non bis in idem", recogido expresamente en el artículo 133 de la Ley 30/1992 argumente "el cual, por hallarse inserto en el Título IV (Principio de la potestad sancionadora) de esta Ley no constituye materia de "Procedimiento", sino de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas" y por tanto aplicable a la Administración Tributaria, como se expresa en el Fundamento de Derecho Tercero de esta Sentencia "En definitiva como reconoce el propio Tribunal la nueva Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común no supone ninguna innovación en este ámbito y no autoriza al abrigo de una distinción entre "Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas" y "Procedimiento Administrativo Común", incluir sin fundamento alguno, los procedimientos tributarios en el primero con una clara intención de vaciar de contenido la Disposición Adicional 5ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común. Todo ello claro esta sin perjuicio del cumplimiento de los principios constitucionales aplicables a todos los procedimientos administrativos pues la especificidad y singularidad de los procedimientos tributarios no puede alcanzar al extremo de anular el bloque normativo tributario ni cerrarlo prácticamente a los enlaces lógicos y sistemáticos con el resto del ordenamiento jurídico, más allá de lo que sea estrictamente necesario, para la armónica articulación de sus características con los principios comunes al régimen jurídico y al procedimiento administrativo común, como afirma el Consejo de Estado en su acuerdo de 22 de enero de 1998, en el cual se precisa por lo que se refiere a la cuestión que nos ocupa que "en todo caso, en los procedimientos tributarios, los plazos máximos para dictar resoluciones, los efectos de su incumplimiento así como, en su caso, los efectos de la falta de resolución serán los previstos en la normativa tributaria". Entiende, en consecuencia, que nada impide legalmente que los procedimientos tributarios gocen de una regulación específica en punto a plazos máximos para dictar resoluciones, los efectos de su incumplimiento y falta de resolución. A mayor abundamiento la Ley 1/1998 de Derechos y Garantías del Contribuyente que dedican parte de su atención a ordenar el régimen de los plazos aplicables, dice expresamente "quede excluido de las previsiones anteriores (relativas a los plazos máximos de resolución de procedimientos tributarios) el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de prescripción de la acción de cobro", con lo que nos conduce a la tesis que fijábamos de entrada y a la desestimación de la pretensión actora en este punto, de conformidad con el Real Decreto 803/93, de 28 de mayo.OCTAVO.- A idéntica conclusión desestimatoria llega este Tribunal en cuanto a los restantes argumentos esgrimidos por la actuante, los que en esta instancia simplemente ratifica y que han sido detallada y acertadamente rechazados por el Tribunal Regional a cuyos razonamientos basta ahora remitirse pues ya han quedado, en síntesis, expuestos en los Antecedentes de Hecho del presente acuerdo a fin de evitar ociosas repeticiones pues tales argumentos son los utilizables en este caso.EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso de alzada interpuesto por                        contra acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de                    de                           recaído en la reclamación nº sobre  declaración de responsabilidad solidaria, ACUERDA: Desestimar el recurso y confirmar el acto impugnado y las resoluciones en que se fundamenta.

Caducidad
Responsabilidad solidaria
Administración Tributaria del Estado
Procedimiento de apremio
Alzamiento de embargo
Responsabilidad
Deudor tributario
Impuesto sobre el Valor Añadido
Apercibimiento previo
Realización forzosa
Caducidad de la acción
Diligencia de embargo
Inembargabilidad
Procedimientos Tributarios
Plazo de caducidad
Colegiado
Principio non bis in idem
Potestad sancionadora
Principios constitucionales
Plazo de prescripción
Prescripción de la acción
Acción de cobro

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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