Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1013/2007 de 21 de Noviembre de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 21 de Noviembre de 2007
  • Núm. Resolución: 00/1013/2007

Resumen

El uso o destino del gasóleo bonificado autorizado debe justificarse mediante la acreditación de su cobro a través de los medios de pago específicos previstos en la legislación de los Impuestos Especiales principalmente. Procede la ampliación del plazo para las actuaciones inspectoras por otros doce meses previsto en el apartado 1.a) del artículo 31.ter del Reglamento de Inspección, aunque la motivación sea sucinta, a la vista de las circunstancias que concurren en el caso concreto de falta de contabilidad del obligado tributario que tuvo que ser reconstruido por la inspección, ausencia de libros-registros y número de documentos analizados, pues supone una dificultad real en el desarrollo de la comprobación.

Descripción

         En la Villa de Madrid, a 21 de noviembre en las reclamaciones económico-administrativas que, en segunda instancia, penden de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en SALA, en virtud de los recursos de alzada interpuestos por el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida Llano Castellano, 17, (28071) Madrid, y por D. ..., en nombre y representación de ..., S.L. que declara como domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el fallo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 26 de julio de 2006, recaído en su expediente número ... por el concepto Impuesto sobre Hidrocarburos y sanción por importes de 676.845,28 € y 291.439,20 € respectivamente.

                                                ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En 19 de abril de 2002 la Inspección de Hacienda del Estado levantó Acta de disconformidad A02/..., por el Impuesto sobre Hidrocarburos correspondiente ejercicios 1998 a 2000, a la entidad ..., S.L. por importe de 891.494,54 €. La razón del Acta es que la empresa es titular del establecimiento detallista identificado con el CAE ... y de las actuaciones practicadas y demás antecedentes resulta: 1º) que la empresa no ha llevado o, al menos, no ha puesto a disposición de la Inspección el libro de control de existencias exigido a los detallistas de gasóleo bonificado por el artículo 106.3.d) del Reglamento de los Impuestos Especiales aprobado por R. D. 1165/95 y 2º) que a juicio del actuario no estaba justificado en uso o destino autorizado de las cantidades de gasóleo bonificado, que se detallan en el Acta, por falta de acreditación de su cobro mediante medios de pago específicos, como exigen los artículos 50.3° de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales y 106 del Reglamento de los IIEE. Por lo cual, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8.6 y 15.11 de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, el actuario propuso la liquidación del Impuesto Especial de Hidrocarburos por el diferencial de tipos impositivos existente entre el gasóleo de uso general del epígrafe y el gasóleo a tipo reducido correspondiente a los litros de gasóleo bonificado cuya utilización en uso o destino autorizado no ha sido acreditado, más los intereses de demora reglamentarios por importe de 794.054,54 €.

SEGUNDO.- En 30 de abril de 2002, el interesado presentó escrito de alegaciones en donde muestra su disconformidad al no haberse considerado los extractos aportados correspondientes a las entidades ... y ... y de las ventas a crédito de gasóleo bonificado. A la vista del acta, el informe del actuario y las alegaciones del interesado, el Inspector-Jefe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, en 18 de julio de 2002, dictó acuerdo de ampliación de actuaciones dejando sin eficacia el acta incoada y ordenando al actuario la práctica de actuaciones complementarias, durante un plazo no superior a tres meses, encaminadas a indagar el origen de determinadas anotaciones efectuadas en los extractos aportados por la interesada, que no habían sido admitidos por el actuario. Así mismo, al apreciar la concurrencia, en las actuaciones ya realizadas y en las complementarias a desarrollar, de la circunstancia de especial complejidad, tanto por el volumen de operaciones como por el incumplimiento sustancial de sus obligaciones contables por parte del obligado tributario, de acuerdo con el artículo 31 Ter.1.a) 1° y 2° del Reglamento General de la Inspección de Tributos, aprobado por el Real Decreto 939/1986, el Inspector jefe dictó, con fecha 2 de septiembre de 2002, acuerdo de ampliación del plazo de actuaciones inspectoras por otros doce meses, acuerdo que fue notificado al interesado el 10 de septiembre siguiente. Resultado de las actuaciones complementarias, con fecha 7 de febrero de 2003, se levantó acta A02 n° ... en la que se redujeron las cantidades de gasóleo bonificado cuya utilización en uso o destino autorizado no se consideraba debidamente justificada en la primera propuesta de liquidación, resultando una nueva propuesta de liquidación cuya deuda tributaria a ingresar ascendía a 676.845,28 €, donde 582.878,39 € corresponden a la cuota y 93.966,89 € a los intereses de demora. Dicho acuerdo fue debidamente notificado al interesado el 7 de junio de 2006.

TERCERO.- Como consecuencia de los hechos anteriores consignados en el acta de disconformidad A02 n° ... por el concepto de Impuesto sobre Hidrocarburos, en 7 de febrero de 2003 se notificó a la empresa interesada el expediente sancionador por infracción tributaria grave, tramitación abreviada, ya que las incidencias que se describen podrían ser calificadas como infracción tributaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre de Impuestos Especiales. Se proponía una sanción por importe de 291.439,20 €. Fuera del plazo legalmente concedido el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando cuanto creyó conveniente en defensa de su derecho. En 26 de mayo de 2003, el Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE dictó Acuerdo, por el que se analizaron y desestimaron las alegaciones presentadas y confirmó la propuesta de sanción por infracción tributaria grave de acuerdo con el artículo 19.2.a de la Ley 38/1992 de los Impuestos especiales, resultando una sanción por importe de 291.439,20 €. Dicho acuerdo fue debidamente notificado al interesado el 7 de junio de 2006.

CUARTO.- No estando de acuerdo el interesado con los acuerdos anteriores, presentó contra los mismos reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., mediante escrito presentado el día 23 de junio de 2003. Puestos de manifiesto los expedientes y en el trámite procesal concedido al efecto, el interesado solicitó la anulación de los actos impugnados sobre la base de las siguientes alegaciones: 1) No interrupción de la prescripción como consecuencia de la caducidad del procedimiento inspector por haberse excedido el plazo de doce meses previsto en el artículo 31 del Reglamento General de Inspección de Tributos, al considerar que tanto el acuerdo de ampliación de actuaciones por tres meses, anulando el acta incoadas y ordenando la comprobación de determinados extractos aportados por el interesado, como el acuerdo de ampliación del plazo de las actuaciones inspectoras por otros doce meses, son anulables y nulos de pleno derecho, respectivamente. 2) No interrupción de la prescripción como consecuencia de la interrupción injustificada por más de seis meses de las actuaciones inspectoras conforme a lo dispuesto en el artículo 31 Quater del Reglamento General de Inspección de los Tributos. 3) La inspección ha cometido infracciones que le han causado indefensión, puesto que ante la alegación de que se producen ventas con pago aplazado, no sólo no abre el período de prueba al que está obligado en caso de no tener por ciertas las alegaciones formuladas, sino que ni siquiera menciona las referidas alegaciones en las actas firmadas en disconformidad. 4) En el procedimiento inspector se ha probado la venta a crédito, no existiendo ningún precepto que impida la venta de gasóleo bonificado a crédito, señalando que la interpretación que la inspección hace de la norma es partidista y contraria al derecho a la defensa consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española. Por ello, no estando excluidas por la norma las ventas a crédito y habiéndose aportado ante la inspección, mediante escrito de fecha 15 de marzo de 2002, pruebas de pago aplazado de suministros efectuados en el ejercicio 2000 pero cobrados en el 2001 deberían haberse tenido en cuenta. 5) Al objeto de abundar en los hechos probados ante la inspección y ante al inactividad de esta última, se aportan ante el Tribunal declaraciones juradas de algunos de los clientes que a fecha 31 de diciembre de 2000 tenían con la interesada, como titular del establecimiento de referencia, créditos por venta de gasóleo bonificado. 6) La liquidación de la cuota basada en los términos estrictos del artículo 8.6° de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, implica un castigo o pena que conlleva oculto un espíritu sancionador, por lo que deben aplicarse los principios de la potestad sancionadora regulados en el artículo 178 de la LGT 58/2003, o bien, aceptarse la prueba del cobro aplazado. 7) Por lo que se refiere al expediente sancionador, además de las causas de oposición contra la regularización tributaria de la que deriva y de que no se ha acreditado por el órgano sancionador la negligencia necesaria para sancionar, probándose, por el contrario, por el interesado que no se ha producido negligencia al acreditarse la existencia de cobro aplazado, manifiesta que el tipo infractor previsto en el artículo 79.c) de la LGT 230/1963 en el que se basa la resolución sancionadora, no tiene correspondencia en la nueva LGT, por lo que al ser esta última más favorable no procede la imposición de sanción alguna.

QUINTO.- El Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., en 26 de julio de 2006 dictó acuerdo, estimando en parte la reclamación, con anulación del acuerdo de liquidación y de la sanción recurridas, que deberán ser sustituidos por los que procedan atendiendo a lo expuesto en los fundamentos tercero y último de la resolución. El Tribunal estima improcedente la ampliación del plazo de duración de las actuaciones inspectoras acordada por el Inspector-Jefe, al no efectuarse motivación alguna en cuanto a que a la vista del caso concreto existiera una dificultad real en el desarrollo de la comprobación, teniendo como efecto que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones realizadas hasta la finalización del plazo de duración de las mismas, resultando en consecuencia que a la fecha de notificación del acuerdo de liquidación recurrido (7 de junio de 2003), estarían prescritas las cuotas correspondientes al ejercicio 1998, así como las correspondientes a suministros de parte del ejercicio 1999, al haber transcurrido, en exceso el plazo de 4 años a que hace referencia el artículo 64.a) de la LGT 230/1963, motivo por el que procede la anulación de la liquidación recurrida en la parte correspondiente a las cuotas prescritas. El acuerdo confirma la liquidación y sanción en la parte correspondiente a las cuotas no prescritas, desestimando el resto de alegaciones de la empresa reclamante. Dicho acuerdo fue debidamente notificado al Departamento de Aduanas e IIEE en 31 de julio de 2006 y al interesado en 20 de septiembre de 2006.

SEXTO.- Con nº de Registro General 1013/07 el Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria presentó, con fecha del Registro de la Subdirección General de Gestión Aduanera del Departamento de Aduanas e II. EE. de 11 de agosto de 2006, para este Tribunal Económico-Administrativo Central, recurso de alzada contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de 26 de julio de 2006, recaído en su expediente número ... por el concepto Impuesto sobre Hidrocarburos y sanción solicitando se anule dicha resolución y se declaren procedentes los acuerdos de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ..., controvertidos. En sus alegaciones manifiesta que aún aceptando que el acuerdo de ampliación de actuaciones pudiera no tener una justificación expresa suficientemente detallada de la causa de la ampliación de las actuaciones, limitándose a indicar la base jurídica de tal acuerdo, esta posible deficiencia formal del acto, salvo que implique una indefensión para el interesado, no es causa suficiente para su invalidación, como se ha fijado jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo. Por tanto, considera que debe analizarse si concurren en el procedimiento inspector las condiciones previstas en el artículo 31.ter del RGIT, el cual debe realizarse a la vista del propio expediente de comprobación que es objeto de revisión y que el Tribunal Regional no ha hecho. Analizadas las circunstancias concretas del presente expediente, el Director del Departamento llegó a la conclusión de que el proceso tenía la complejidad necesaria y que en ningún momento se produjo indefensión alguna para el administrado, por lo que proponían su anulación.

SEXTO.- Por otro lado, con fecha de sello de Correos de ... de 26 de octubre de 2006 la empresa ..., S.L remitió escrito de interposición de recurso de alzada contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de 26 de julio de 2006, reproduciendo los mismos motivos, alegaciones y pretensiones que se expusieron en primera instancia.

SÉPTIMO.- En 16 de octubre de 2006 se le dio conocimiento a la empresa interesada del recurso de alzada ordinario presentado por el Director del Departamento y posteriormente, una vez formalizadas las alegaciones del Director, se le dio traslado del contenido de las mismas en 16 de enero de 2007, a fin de que dentro del plazo de un mes pudiera alegar lo que estimara procedente. Con fecha de sello de correos de ... de 15 de febrero de 2007, la empresa interesada presentó escrito de alegaciones a la interposición del recurso de alzada ordinario del Director insistiendo en sus alegaciones sobre la nulidad de los acuerdos de ampliación del plazo de la Inspección y dando por reproducidas las alegaciones presentadas con motivo de su recurso de alzada y solicita: 1º) que se desestime el recurso ordinario de alzada interpuesto por el Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT; 2º) se anule el fallo del TEAR ... e inste a dicho organismo a sustituir el fallo por uno que estime totalmente sus pretensiones y 3º) subsidiariamente se confirme el fallo del TEAR ...

OCTAVO.- Por otro lado, en 27 de marzo de 2007, la Secretaría General del Tribunal Económico-Administrativo Central, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dictó acuerdo de acumulación de los expedientes citados.

                                                          FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-
En primer lugar, en cuanto al recurso de alzada R.G.: 1013/07, interpuesto por el Director del Departamento de Aduanas e IIEE contra el fallo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 26 de julio de 2006, recaído en su expediente número ... por el concepto Impuesto sobre Hidrocarburos y sanción, concurren los requisitos respecto a competencia, legitimación y formulación en plazo, exigidos por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que son presupuesto para la admisión a trámite de dicho recurso en el que la cuestión que se plantea es si se ajusta a derecho la anulación de la ampliación del plazo de duración de las actuaciones inspectoras por 12 meses acordada por el Inspector jefe.

SEGUNDO.- En este sentido, el argumento del Tribunal Regional para proceder a la anulación de dicho acuerdo es que en el mismo no se concreta la incidencia que la falta de contabilidad de existencias tiene en orden a dificultar las actuaciones complementarias a realizar con relación a los extractos controvertidos, no efectuándose motivación alguna en cuanto a que a la vista del caso concreto existiera una dificultad real en el desarrollo de la comprobación.

TERCERO.- A este respecto hay que tener en cuenta que la Ley 30/1992, de 26 noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 63 sobre la anulabilidad de los actos de la Administración, en su apartado 2 indica que "el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados" y que en este sentido el Tribunal Supremo en sentencia de 7 de julio de 1986 indica que es doctrina de ese Alto Tribunal la de que para anular por defectos de forma los actos administrativos es necesario que se haya prescindido de manera sustancial del procedimiento legalmente establecido para ello, ya que para llegar a la grave conclusión anulatoria de los mismos ha de constar la concurrencia de insubsanables motivos de imposibilidad, delictuosidad o ausencia sustancial de las reglas procedimentales, por ser principio jurídico de derecho público el de que únicamente han de tomarse en consideración trascendentes infracciones legales para que pueda declararse la nulidad de los actos administrativos, dada la grave perturbación que puede producir la invalidación, no siendo suficiente la omisión de uno o varios trámites de un procedimiento para determinar la nulidad, pues es necesario ponderar en cada caso las consecuencias producidas a la parte interesada por la omisión, la falta real de defensa que la omisión haya realmente originado y sobre todo en lo que hubiera podido variar el acto administrativo  si se hubiera operado el trámite omitido, ya que un elemental principio de economía procesal impide anular un resolución o acuerdo para retrotraer al trámite a un momento anterior si es de prever lógicamente que una vez subsanado el defecto se volvería a producir un acto administrativo igual al que se anula.

CUARTO.- Estas normas y doctrina obligan a este Tribunal a examinar las actuaciones administrativas para determinar si en este caso concreto concurrieran o no defectos esenciales o que hubieran causado indefensión, para poder llegar a la drástica conclusión de la invalidación solicitada por el interesado y acordada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ...

QUINTO.- A dicho efecto, como se recoge en el recurso de alzada interpuesto por el Director del Departamento, consta en el expediente que la empresa interesada no cumplió con sus obligaciones contables establecidas en el artículo 106 del Reglamento de los Impuestos Especiales, lo que constituye la condición necesaria para la aplicación del artículo 31.ter.1.a).2º del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, fundamento jurídico del acuerdo de ampliación del plazo de actuaciones por parte de la Inspección. Esta falta de cumplimiento de la obligación formal de tipo registral supone claramente una mayor dificultad en la comprobación, ya que la información ordenada y justificada que supone el artículo 106.3.a) tuvo que ser objeto de reconstrucción a partir de los extractos bancarios aportados por el obligado tributario e incluso de terceros. Así mismo, se señala que la complejidad de la comprobación también se deduce sin ningún tipo de duda de la documentación que tuvo que analizarse en el procedimiento ante la falta de los registros contables obligatorios. Este gran volumen se deduce del propio expediente: 9 archivos de documentos justificativos, con más de 2.000 folios. De estos hechos se desprende la complejidad real del caso concreto y la justificación de la ampliación del plazo de actuaciones, no habiéndose producido ningún tipo de indefensión para el contribuyente para el que además tuvo un efecto beneficioso al reducirse la propuesta de liquidación de la primera a la segunda Acta. Por todo lo cual, resulta improcedente la anulación del referido acuerdo, con el resultado de que no se hayan producido las consecuencias que de dicha anulación pudieran derivarse.

SEXTO.- En segundo lugar, por lo que respecta al recurso de alzada R.G.: 1014/07, interpuesto por ..., S.L. concurren los requisitos exigidos por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, respecto a competencia y legitimación, que son presupuesto para la admisión a trámite del presente recurso de alzada, en el que se hace preciso determinar, en primer lugar, si el recurso es admisible por razón del plazo en que ha sido presentado.

SÉPTIMO.- Consta en el expediente que la notificación de la resolución recurrida fue realizada en el domicilio de la empresa que figura en el escrito de  reclamación, el 21 de septiembre de 2006, habiéndose dado puntual cumplimiento a lo que al efecto dispone el artículo 78 y siguientes del Reglamento de Procedimiento en lo que se refiere a la forma de las comunicaciones y a las diligencias por correo, en cuanto que el "aviso de recibo" que aparece unido a las actuaciones del presente expediente, figura con claridad la fecha de entrega que es el 21 de septiembre de 2006 y el nombre y DNI de la persona receptora, de todo lo cual se infiere el correcto cumplimiento de los requisitos de notificación. Igualmente consta en la notificación los recursos procedentes contra el fallo que se notifica.

OCTAVO.- Habiéndose notificado, como se ha dicho, a la firma hoy recurrente, la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., en 21 de septiembre de 2006, el plazo de un mes para interponer el recurso de alzada, que se fija en el artículo 241 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, contado desde el día siguiente de la notificación de la resolución que se impugna, finalizaba el día 21 de octubre de 2006, por lo que al haber presentado el escrito de interposición del recurso en la oficina de Correos en 26 de octubre de 2006, después de haber transcurrido el citado plazo, resulta procedente declarar la inadmisibilidad del recurso de alzada por extemporaneidad en la interposición, sin necesidad de examinar el fondo del asunto.

NOVENO.- De todo lo anterior se desprende que debe estimarse el recurso de alzada interpuesto por el director del Departamento, dejando sin efecto el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... impugnado y declararse inadmisible por extemporaneidad el interpuesto por la empresa interesada.

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución de los recursos de alzada interpuestos por el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA y por la entidad ..., S.L. contra el fallo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 26 de julio de 2006, recaído en su expediente número ... por el concepto Impuesto sobre Hidrocarburos y sanción, ACUERDA: 1º) Estimar el recurso de alzada interpuesto por el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA; 2º) Declarar la inadmisibilidad del recurso de alzada interpuesto por la entidad ..., S.L. por haber sido presentado extemporáneamente; 3º) Anular el fallo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... y 4º) Confirmar los acuerdos de liquidación y sanción del Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e IIEE de ...


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Regularización tributaria
Fecha de notificación
Nulidad de los actos administrativos
Actuación administrativa
Economía procesal
Resolución recurrida
Fondo del asunto

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

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