Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1042/2007 de 24 de Julio de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 24 de Julio de 2007
  • Núm. Resolución: 00/1042/2007

Resumen

El interesado durante el año 2006 hasta el 1 de agosto ha percibido una cantidad mayor de la que le correspondía en concepto de pensión familiar civil a favor de padres, por lo que procede su reintegro desde el 1 de enero de 2006 y no desde el 1 de agosto de 2006, fecha de iniciación del expediente de reintegro. No se ha creado una "presunción de legalidad" que haga que la revisión efectuada sea contraria a la equidad. En beneficio de los interesados se establece un sistema rápido de concesión de la prestación, con exigencia de la mínima documentación inicial y supeditado a las comprobaciones que en todo momento posterior puedan hacerse.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 24 de julio de 2007, en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesta por D. ... en nombre y representación de D. A con domicilio en ..., contra desestimación presunta por silencio administrativo de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 2 de octubre de 2006, como Caja Pagadora de Madrid sobre liquidación de haberes por percepción de complementos para mínimos en pensión en favor de padres, con declaración de reintegro de cantidades indebidamente percibidas.

                                                    ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por sendos acuerdos de 15 de septiembre de 1995, reconoció a D. A y a D.ª B pensión en favor de padres, causada por D. C, funcionario en activo del Cuerpo de ... fallecido el ... de 1995, con efectos de ... de 1995 y cuantía íntegra mensual de 27.013 pts. respectivamente.

SEGUNDO: Con fecha 3 de agosto de 2006 la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, como Caja Pagadora de Madrid, dirigió a D. A comunicación del trámite de audiencia de los expedientes de reintegro por pagos indebidos de Clases Pasivas, que decía así: "Como consecuencia de revisión del concepto económico complemento para mínimos que percibe en la pensión a favor de padres por corresponderle percibir la mitad del mismo; se ha comprobado que se han producido PAGOS INDEBIDOS derivados de la pensión de Familiar Civil (padres) de la que VD. es titular. Por consiguiente, en virtud de lo establecido en los artículos 15 y 16 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de Abril, en el 22 del Decreto 1120/1966, en el Real Decreto 1.134/97, de 11 de Julio y demás preceptos concordantes, que determinan la obligación de los perceptores de las prestaciones de Clases Pasivas de reintegrar al Tesoro Público las cantidades indebidamente percibidas, se ha incoado el oportuno procedimiento de reintegro de los pagos indebidos. Terminada la instrucción del procedimiento, de la que resulta una propuesta de liquidación del reintegro que asciende a la cantidad de 2334,90 Euros, (así como un nuevo señalamiento de su pensión en 227,30 Euros de haber básico mensuales y 6,19 Euros de complemento para mínimos ) y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo-Común, se ha acordado poner de manifiesto el expediente de reclamación de reintegro por el plazo de 15 días  las oficinas de esta Unidad de Clases Pasivas, sitas en la CALLE MONTE ESQUINZA N° 45, de MADRID (horario de atención al público desde las 9 a las 14 horas), donde podrá examinar el expediente y, dentro del plazo indicado, formular las alegaciones y presentar cuantos documentos y pruebas estime pertinentes en justificación de las mismas. Del mismo modo, se le informará personalmente acerca de las actuaciones que deberá realizar VD. para efectuar el reintegro, así como solventar cuantas dudas y problemas pueda planteársele en relación con el mismo".

TERCERO: Con fecha 12 de septiembre de 2006, en nombre y representación del interesado D. ... presentó en Correos escrito de contestación al trámite de audiencia, que decía: "Que con fecha de 28 de Agosto de 2006 me ha sido notificada la comunicación del tramite de audiencia del expediente de reintegro por pago indebido de clases pasivas, de fecha 7 de Agosto de 2006, que realiza una propuesta de liquidación de reintegro en la cantidad de 2.334,90€ y un nuevo señalamiento de la pensión de familiar civil (padres) en 227,30€ y 6,19€ de complemento para mínimos. Que sin perjuicio de lo que más adelante se expondrá y ad cautelam, interesa al derecho de esta parte EL PAGO APLAZADO DEL REINTEGRO EN 51 CUOTAS MENSUALES. Que respecto a la cuestión de fondo, por la administración no se han tenido en cuenta dos hechos trascendentales, la buena fe del beneficiario y la demora en la regularización, todo ello en aplicación del artículo 3.2 del Código Civil, por cuanto la equidad permite moderar los efectos temporales del reintegro, en aplicación del principio de la confianza legítima. Respecto a la buena fe del beneficiario resulta necesario indicar que es una presunción legal, correspondiendo siempre a la administración la carga de la prueba de su incumplimiento, sin que conste que el Ministerio de Economía y Hacienda haya realizado ninguna actividad probatoria que acredite el incumplimiento por parte del beneficiario. Asimismo, la segunda pensión sólo se solicitó a causa de que un funcionario le indicó que tenía derecho, sin ese consejo nunca se habría solicitado, indicando así mismo que son exactos y verdaderos todos los datos contenidos en la solicitud de la prestación ignorando en todo momento que la cuantía de la pensión estaba mal calculada. Respecto a la demora de la regularización, resulta necesario precisar que es objetivo que surge por el transcurso del tiempo a partir del momento en que el Ministerio contaba con los medios necesarios para regularizar la situación, luego resulta profundamente injusto que el beneficiario peche con las responsabilidades de dicha demora. Por lo anterior, se interesa que en atención a la equidad se atempere la  responsabilidad del beneficiario con efectos del 1 de agosto de 2006. Por todo lo cual solicito de Ud.: Que tenga por presentado este escrito, unirlo al expediente de su razón y en su virtud tenga por interesado ad cautelam el pago fraccionado a razón de 51 cuotas mensuales así como que en atención a la equidad (art 3.2 Código Civil) se atempere la responsabilidad del beneficiario con efectos de 1 de agosto de 2006".

CUARTO: Con fecha 2 de octubre de 2006, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, como Caja Pagadora de Madrid, dictó acuerdo en el que se decía: "como consecuencia de la revisión del concepto económico complementos para mínimos que percibe en la pensión en favor de padres, por corresponderle percibir la mitad del mismo, se ha comprobado que se han producido pagos indebidos derivados de las siguientes pensiones:

Título de pensión                        Fecha de arranque                   Cuantía inicial

Familiar Civil (padres)                1 de enero de 2006                     227,30 €

Complemento para mínimos                                                         239,68 €

De la que es titular D. A.

Liquidación de haberes    A percibir A deducir         Nº meses       Integro

Periodo a liquidar

01/01/2006 a 30/09/2006   (6,19-239,68)                     10=           -2334,90

... A reintegrar: 2.334,90 €. IRPF (0%) = 0 €

De la que resulta una cuantía a reintegrar al Tesoro Público de 2.334,90 €, quedando señalada la nueva pensión de Clases Pasivas como a continuación se indica:

Título de pensión                          Cuantía mensuall

Familiar Civil (padres)                  227,30 €

Complemento para mínimos             6,19 €

... En relación con el expediente de referencia y una vez efectuado el preceptivo Trámite de Audiencia en cumplimiento de lo establecido en el art. 84 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, le comunicamos que las alegaciones de fecha 18 de septiembre de 2006 sólo pueden ser tenidas en cuenta parcialmente, por tanto, este Centro Directivo descontará en la nómina de la pensión que percibe como Familiar Civil, la cantidad adeudada, por un importe mensual de 45,79, Euros, comenzando en el mes de Octubre de 2006, y finalizando en Diciembre de 2010 (51 meses), de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1.134/1997, de 11 de julio. Contra esta Resolución podrá interponerse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central o potestativamente en el mismo plazo y con carácter previo, recurso de reposición ante esta Dirección General, Órgano al que. en todo caso, deberán ir dirigidas tanto la reclamación como el recurso, de conformidad con los artículos 222, 223 y 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria". Una resolución similar se adoptó con la misma fecha y en relación a D.ª B, a quien también se le obligó a reintegrar 2.334,90 €.

QUINTO: Contra el anterior acuerdo, en nombre y representación de D. A, se interpuso recurso de reposición por escrito presentado el 8 de noviembre de 2006 en el Registro General de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, en el que se solicitaba anular el acuerdo recurrido o, subsidiariamente, en atención al principio de equidad, atemperar la responsabilidad del beneficiario con efectos de 1 de agosto de 2006, fecha de iniciación del expediente. Fundaba su petición en los siguientes motivos: "Primero. Antecedentes. Consta como antecedentes del presente expediente que por parte del Órgano actuante al que me dirijo, se ha iniciado directamente un expediente de reintegro por pagos indebidos de clases pasivas sin que exista resolución de ningún tipo que declare previamente que a mi representado no le correspondía recibir lo que recibió en concepto de complementos para mínimos y por ello sin que exista resolución de ningún tipo que declare que se ha producido un pago indebido de la clase que sea. Así, consta en el Expediente que la actuación por la que se inició dicho Expediente consiste en una comunicación del trámite de audiencia de los expedientes de reintegro por pagos indebidos de clases pasivas, de fecha 3 de agosto de 2006, sin que previamente nadie en ningún momento ni a través de ninguna resolución haya declarado que se ha producido un pago indebido y sin que previamente se haya declarado que mi representado no tenía derecho a percibir lo que percibió. Es decir, se ha iniciado por la administración a la que me dirijo directamente, un expediente de reintegro por pagos indebidos de clases pasivas, cuando no existe resolución administrativa de ningún tipo que declare que ha existido un pago indebido, no existe resolución alguna que declare que mi mandante no tenía derecho a percibir la pensión y complemento en la cuantía que lo percibió, no existe resolución administrativa que motive porqué ha existido un hipotético pago indebido, no existe cita de precepto ni norma de ningún tipo que justifique la reducción del complemento para mínimos ni la existencia de pago indebido ausencia de derecho de mi representado a percibir lo que percibió. En conclusión, no existe pago indebido porque no ha sido declarado y sin declaración de pago indebido no procede iniciar expediente de reintegro por pago indebido. Segundo- Nulidad de resolución recurrida y procedencia de la estimación del recurso de reposición. Consecuencia de todos los antecedentes expuestos en el anterior motivo primero es que la resolución impugnada es nula de pleno derecho por cuanto vulnera lo dispuesto en los arts. 62, apartados 1.a) y 1.e), y en relación con ello el art. 89 y el art. 54 todos ellos de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, según se expone a continuación. El art. 62 1.a) y 1.e) del citado cuerpo legal dispone que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a).- los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b).- los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. En el caso que nos ocupa no hay duda de que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento por cuanto, como ya ha quedado expuesto en el anterior motivo primero, se ha iniciado un expediente de reintegro de pagos indebidos cuando no hay declaración de pago indebido. Arbitrariamente y sin ningún sustento ni base legal se da por supuesta la existencia de un pago indebido para iniciar su reclamación, lo que asimismo también supone una conculcación susceptible de amparo constitucional por cuanto mi representado tiene derecho a que se le declare, con la suficiente motivación, en base a qué artículo o precepto se considera que ha incurrido en un pago indebido para poder discutirlo o incluso acatarlo si fuera el caso. Asimismo, la resolución impugnada vulnera el art. 54 de ese mismo Cuerpo legal por cuanto la misma, en lo que se refiere a la declaración de la existencia de un pago indebido, carece de la más mínima motivación, a pesar de que dicho precepto dispone imperativamente la obligatoriedad de motivar los actos administrativos que limiten derechos subjetivos o intereses, supuesto que aquí acontece, como es obvio. Por último, también se ha infringido por la resolución recurrida lo dispuesto en cuanto a la forma y contenido de las resoluciones administrativas, concretamente en el art. 89, apartado 3, según el cual las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada. En el caso que nos ocupa, no existe sólo una falta de motivación, es que, directamente, no existe resolución que declare un pago indebido, declaración de pago indebido no motivado en ningún momento. Tercero.- Pretensión subsidiaria en base a la buena fe de los beneficiarios. Consta también como antecedentes del presente expediente, la buena fe de los beneficiarios de la pensión objeto del presente expediente y la demora en la regularización extremos ambos no tenidos en cuenta por la administración, hechos de importancia en cuanto a la aplicación del artículo 3.2 del Código Civil, por cuanto la equidad permite moderar los efectos temporales del reintegro, en aplicación del principio de la confianza legítima. Respecto a la buena fe del beneficiario resulta necesario indicar que es una presunción legal, correspondiendo siempre a la administración la carga de la prueba de su incumplimiento, sin que conste que el Ministerio de Economía y Hacienda haya realizado ninguna actividad probatoria que acredite el incumplimiento por parte de la beneficiaria. Por otra parte también consta en el Expediente la demora en la regularización por parte de la Administración ahora actuante. Respecto a la demora de la regularización, resulta necesario precisar que es un dato objetivo que surge por el transcurso del tiempo a partir del momento en que el Ministerio contaba con los medios necesarios para regularizar la situación, luego resulta profundamente injusto que la beneficiaria peche con las responsabilidades de dicha demora. Por lo anterior, se interesa subsidiariamente, que en atención a la equidad, se atempere la responsabilidad de la beneficiaria con efectos del 1 de agosto de 2006".

SEXTO: Con fecha 13 de noviembre de 2006, el Centro Gestor dirigió al interesado el siguiente oficio: "En relación con su escrito arriba referenciado, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se informa lo siguiente: 1.- El mencionado recurso tuvo entrada en las dependencias del Ministerio de Hacienda el 3 de noviembre de 2006, fecha que ha de entenderse como de iniciación del procedimiento para la resolución del recurso, y recibido en este Centro Directivo el 8 de noviembre de 2006. 2.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 225.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (B.O.E. de 18 de diciembre de 2003), aplicable conforme a lo establecido en el apartado 1.c) de la disposición adicional undécima de idéntico Cuerpo Legal, se podrá entender desestimado el recurso del interesado transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del mismo, teniendo en cuenta los periodos de suspensión previstos en el artículo 225.3 de la referida Ley General Tributaria y artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común. 3.- Transcurrido dicho plazo de un mes, podrá interponer, en su caso, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, que dirigirá a esta Dirección General de conformidad con lo establecido en los artículos 229.1.a) y 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 4.- Para obtener cualquier información sobre el estado de tramitación del procedimiento, podrá requerirla en el servicio de Información de esta Dirección General, sito en la calle Monte Esquinza, número 43, o llamando al teléfono gratuito 900 50 30 55".

        SÉPTIMO: Con fecha 3 de enero de 2007, en nombre y representación del interesado se certificó en Correos escrito dirigido a la Subdirección General de Gestión de Ordenación Normativa para ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, donde tuvo entrada el 27 de marzo de 2007 (número ...) habiendo entrado en el Registro Central de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas el 4 de enero de 2007 (número ...). En el citado escrito se interpone reclamación contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación descrita en el antecedente de hecho tercero, reiterando la misma súplica, alegaciones, antecedentes de hecho y fundamentos de derecho del escrito de 3 de noviembre de 2006 por el que interpuso recurso de reposición, a los que añade los siguientes antecedentes de hecho: "Segundo.- Esta parte presentó recurso de reposición por entender que dicha resolución no se ajustaba a Derecho, teniendo como fecha de entrada el 3 de noviembre de 2006. Tercero.- Con fecha 13 de noviembre de 2006 la Administración dictó comunicación de iniciación del procedimiento en la que se tenía por interpuesto recurso, citándose la fecha de entrada para el caso de que se desestimara el recurso de reposición por silencio administrativo, hecho este que ha sucedido y que motiva la presente reclamación económico-administrativa", y añadiendo en la súplica: "En todos los casos, en el supuesto de que se mantenga la resolución se solicita que también se mantenga la forma de pago aplazado acordado en la misma".

OCTAVO: Con fecha 2 de marzo de 2007, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas desestimó expresamente el recurso confirmando el acuerdo impugnado, en base a los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho: Primero.- D. A es beneficiario, en coparticipación con su esposa D.ª B, de 1/2 de la pensión ordinaria a favor de padres causada por el hijo de ambos D. C, perteneciente al Cuerpo de ... Dicha pensión fue reconocida por Acuerdo de esta Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de fecha ... de 1995, abonable con cargo al crédito presupuestario de Clases Pasivas del Presupuesto de Gastos del Estado, de 14 pagas anuales y efectos económicos de ... de 1995, primer día del mes siguiente al hecho causante. Al darse los requisitos previstos legalmente y ser inferior la cuantía de la pensión, al importe mínimo establecido que para las pensiones públicas fijan anualmente las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como los Reales Decretos sobre revalorización y complementos de haberes de Clases Pasivas, esta Dirección General reconoció al interesado el complemento para mínimos de la pensión a favor de familiares que percibe por este organismo. Al ser una pensión pública, se encuentra sujeta a la normativa aplicable a las pensiones de Clases Pasivas, en cuanto a incompatibilidades, concurrencia y limitación de las pensiones públicas, como así mismo viene reflejado en el Acuerdo de reconocimiento de pensión. Segundo.- A través de la información extraída del Banco de Datos de esta Dirección General, se ha comprobado que durante el año 2006, D. A ha percibido íntegramente el complemento económico para mínimos de la pensión a favor de familiares (239"68 €/mes), cuando en realidad le fue reconocido por Acuerdo de esta Dirección, el derecho a coparticipar "por mitad" en el disfrute de la referida pensión junto a su esposa, correspondiéndole consecuentemente, y siempre que reúna los requisitos legales, el derecho a la mitad del citado complemento económico, motivo por el cual ha superado la cuantía mínima mensual establecida en el artículo 8.2 del Real Decreto 1610/2005, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2006 y que asciende para este supuesto fáctico, a 466,98 €: n, siendo "n" el número de beneficiarios. Tercero.- El Servicio de Gestión de Reintegros, actuando por delegación de esta Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, al tener conocimiento de que se estaban produciendo ingresos de haberes pasivos indebidos a favor de D. A, inicia de oficio el procedimiento de reintegro, dictando la resolución definitiva el 2 de octubre de 2006, practicando la liquidación de haberes correspondiente y declarando la procedencia de exigencia de reintegro al Tesoro Público de cantidades indebidamente percibidas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 al 30 de septiembre de 2006 y que asciende a un total de 2.334"90 €, por cuanto en dicho periodo D. A percibió unos ingresos que superaban el importe mínimo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 y Real Decreto 1610/2005, de 30 de diciembre (B.O.E. de 31 de diciembre); señalando, así mismo, los nuevos importes para el año 2006 y que ascienden a: Familiar Civil (padres) = 227"30 €/mes. Complemento económico para mínimos = 6,19 €/mes. Cuarto.- Notificada la anterior resolución de fecha 2 de octubre de 2006 al interesado, éste presenta escrito de fecha 3 de noviembre de 2006, ante esta Dirección General, formulando recurso de reposición y mostrando disconformidad con el contenido de dicha resolución y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estima aplicables al caso, los cuales damos aquí por reproducidos al estar incorporados al expediente administrativo, termina suplicando, se modifique la resolución impugnada por entender no es ajustada a Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO... El objeto de impugnación en el presente supuesto, consiste en determinar si es o no ajustada a Derecho la resolución dictada por esta Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas el 2 de octubre de 2006, por la que se reclama a D. A el reintegro al Tesoro Público, de la cantidad de 2.334,90 €, en concepto de pagos indebidos. A tenor de lo regulado en el artículo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, tendrán la consideración de pensiones públicas, entre otras, las abonadas por el Régimen de Clases Pasivas del Estado y, en general, las abonadas con cargo al crédito presupuestario de la Sección 07 del Presupuesto de Gastos del Estado; las abonadas por el Régimen General y los Regímenes Especiales de la Seguridad Social, y cualquiera otras que se abonen total o parcialmente con cargo a recursos públicos. Por lo que es obvio que la pensión que percibe D. A tiene el carácter de pública y, por consiguiente, queda sometida a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de revalorización, incompatibilidad, concurrencia y limitación del importe de pensiones. Entre los distintos motivos de impugnación expresados por el recurrente, debemos comenzar enjuiciando la alegada vulneración del principio de motivación en el procedimiento administrativo de reintegro que, según el recurrente, ha determinado el vicio de nulidad (artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) de la resolución recurrida. Pues bien, la exigencia de motivación de actos administrativos viene impuesta con carácter general por el artículo 54 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre y responde a una triple necesidad, por cuanto, en primer lugar, expresa la racionalidad de la actuación administrativa al realizar la interpretación de la voluntad de la norma; en segundo lugar, permite que los destinatarios del acto puedan conocer esas razones y eventualmente someterlas a crítica; y, por último, abre las puertas a la fiscalización por los Tribunales de lo Contencioso de los actos o disposiciones impugnados, con el alcance previsto en el art. 106.1 de la Constitución Española, satisfaciendo así adecuadamente el derecho a la tutela judicial proclamado en el art. 24.1 CE. Desde esta triple perspectiva, la motivación de un acto o disposición ha de ponerse en relación con la concreta pretensión deducida en el procedimiento y con los motivos de impugnación aducidos por la parte, pues únicamente se podrá anular el acto por esta causa cuando la falta de conocimiento por parte del recurrente de las razones por las que la Administración ha actuado en la forma que lo ha hecho, le han impedido articular los medios de defensa y plantear su pretensión en consecuencia, de modo que sólo cuando el desconocimiento de aquellas razones ha provocado materialmente indefensión, vetada por el art. 24.2 CE, procede anular el acto impugnado. En el supuesto de autos, lar resolución impugnada puede decirse que reúne las supuestas exigencias de motivación, que deben de ser puestas en relación con la posibilidad que el recurrente haya tenido de ejercitar su derecho de defensa, que en el caso presente ha existido plenamente en que ninguna indefensión se ha producido para el recurrente, que ha podido impugnar y alegar frente a la resolución, con perfecto conocimiento de su contenido. La materia sobre revalorización y complementos económicos para mínimos, se encuentra regulada en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y en los Reales Decretos sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para cada ejercicio económico, estableciendo, entre otras circunstancias, que tendrán derecho a percibir los complementos económicos para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones de Clases Pasivas del Estado, los pensionistas que no perciban durante el ejercicio 2006 ingresos de trabajo o de capital por importe superior a 6.330,69 €/año, siendo el complemento económico para mínimos de 466,98 €/mes para las pensiones a favor de otros familiares, siendo "n" el número de beneficiarios de la pensión o pensiones. Así mismo señalan dichas disposiciones, que los actos de fijación inicial de las pensiones o de revalorización de las mismas tendrán carácter provisional y pueden ser regularizados definitivamente sin tener que acudir a los procedimientos de revisión de oficio previstos en Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y por otro lado, el artículo 15.2 del Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, establece textualmente que "La Administración podrá reformar o modificar en cualquier tiempo, mediante acuerdo motivado, los actos que estando sujetos a revisión periódica o determinada condición o acordados con carácter provisional, se revelen indebidos como consecuencia de dicha revisión o del cumplimiento de la condición de que se trate o de su elevación a definitivos. El carácter revisable, condicional o provisional de los actos de que se trate debe constar expresamente en el propio acto o estar previsto en una disposición de carácter general". La Disposición adicional segunda del citado Real Decreto 1610/2005, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasiva para el año 2006, establece textualmente lo siguiente: "1. Las pensiones de Clases Pasivas a las que se hubieran aplicado complementos económicos durante el año 2005 se adaptarán de oficio, y con carácter provisional, con efectos de 1 de enero de 2006, a las cuantías establecidas en el artículo 8 de este Real Decreto, presumiéndose que sus titulares reúnen las condiciones y requisitos exigidos en dicho precepto, hasta tanto por los servicios administrativos correspondientes se compruebe la concurrencia de dichas condiciones y requisitos. 2. Si de la comprobación antes citada se dedujera la ausencia de algún requisito o condición, procederá el cese inmediato en el abono del complemento, con reintegro de lo indebidamente percibido por tal concepto desde, como máximo, el primero de enero del año 2006. Igualmente, si de dicha comprobación se derivara la necesidad de modificar la cuantía del complemento, se practicará la oportuna modificación, con reintegro de lo indebidamente percibido desde la fecha antes indicada... El artículo 16.1 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, señala que: "1. Las cantidades indebidamente percibidas por los beneficiarios de las prestaciones de Clases Pasivas habrán de reintegrarse al Tesoro por ellos o sus derechohabientes y si no lo fuesen serán exigibles por la vía de apremio, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden en que hubiera podido incurrirse. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el perceptor de las cantidades que hubieran resultado indebidas continuara siendo beneficiario de la prestación que dio lugar al reintegro o de cualquiera otra de clases pasivas, podrá acordarse el pago de la deuda con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión, en los términos y en la forma que reglamentariamente se establezca". En el mismo sentido el artículo 7 del Real Decreto 1134/1997, de 11 de julio, por el que se regula el procedimiento de reintegro de percepciones indebidas y otras normas en materia de Clases Pasivas (BOE del 30), al establecer que "cuando como consecuencia de la revisión del acto administrativo en el que se reconoció el derecho a la titularidad de la prestación o el derecho al cobro de la misma, resulten cantidades indebidamente percibidas por quienes no reuniesen los requisitos y condiciones para ello, y el beneficiario de las mismas fuera perceptor de alguna prestación de Clases Pasivas, el órgano competente, efectuará los correspondientes descuentos sobre dichas prestaciones, salvo que el propio deudor optase por reintegrar, en un sólo pago, lo percibido indebidamente ...", y señalando en su artículo 3, el órgano competente, para declarar la procedencia del reintegro por cantidades indebidamente percibidas en concepto de Clases Pasivas, siendo la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, cuando el titular de la prestación viniera percibiendo sus haberes por la Unidad de Clases Pasivas de Madrid. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos (artículo 94 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citado), y la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario o se acredite la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación para el recurrente o que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho; circunstancias que aquí no concurren. A tenor de lo que antecede, ha de concluirse afirmando, que la resolución dictada el 2 de octubre de 2006, por el Servicio de Gestión de Reintegros, actuando por delegación de esta Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por la que se practicaba la liquidación de haberes correspondiente a las pensiones y complementos para mínimos que percibe D. A y se declaraba la procedencia de la exigencia de reintegro al Tesoro Público de cantidades indebidamente percibidas durante el año 2006, cuantía total que asciende a 2.334,90 €, es ajustada a Derecho en todos sus términos, procediendo su confirmación. Contra la anterior resolución, que se notificó al interesado con fecha 2 de marzo de 2007, número de registro de salida ..., no consta que se haya interpuesto reclamación económico-administrativa.

                                                         FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Concurren en el supuesto de la reclamación interpuesta contra la desestimación presunta del recurso de reposición, los requisitos de competencia, legitimación y presentación dentro de plazo, que son presupuesto para su admisión a trámite, en la que las cuestiones planteadas son: a) por una parte la nulidad de la resolución de reintegro por los motivos que alega, y b) si percibida indebidamente una cantidad superior a la establecida para el referido complemento, el interesado debe reintegrar al Tesoro lo indebidamente percibido, solamente a partir de 1 de agosto de 2006, fecha de iniciación del expediente.

SEGUNDO: El Real Decreto 1610/2005, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2006, BOE del 31, en su artículo 8.2. Pensión mínima mensual, dice: Pensión o pensiones en favor de otros familiares (siendo n el número de beneficiarios de la pensión o pensiones): 466,98:n. En el presente caso, D. A y su esposa D.ª B coparticipan de la pensión en favor de padres causada por D. C, por lo que la mitad de la citada pensión mínima para el año 2006 debe ser, aplicando la fórmula, así: 466,98:2=233,49 €

TERCERO: El interesado para el año 2006 tiene reconocida una pensión familiar civil (en favor de padres) cuya cuantía es de 227,30 € y así se indica en el acuerdo de 2 de octubre de 2006, por lo que para alcanzar la pensión mínima de 233,49 € debe percibir el complemento económico de 6,19 € (227,30 + 6,19 = 233,49). No obstante lo anterior, durante el período desde 1 de enero de 2006 a 30 de septiembre de 2006 el interesado percibió 239,68 € en concepto de complemento. Por ello la liquidación de haberes del acuerdo de 2 de octubre de 2006 declara "a percibir 10 meses a 6,19 €" y "a deducir 10 meses a 239,68 €" haciendo un total de 2.334,90 € percibidos en exceso por el interesado, quien no discute tales cifras ni en el recurso de reposición ni en la reclamación, sino la existencia de una resolución que las declare, lo que no es cierto, pues tales datos se hallan en la citada resolución de 2 de octubre de 2006 y en el Real Decreto 1610/2005, que aplican.

        CUARTO: El artículo 15.2 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/87, establece que "La Administración podrá reformar o modificar en cualquier tiempo, mediante acuerdo motivado, los actos que, estando sujetos a revisión periódica o a determinada condición o acordados con carácter provisional, se revelen indebidos como consecuencia de dicha revisión o del cumplimiento de la condición de que se trate o de su elevación a definitivos. El carácter revisable, condicional o provisional de los actos de que se trate debe constar expresamente en el propio acto o estar previsto en una disposición de carácter general". En el caso del complemento para mínimos tales requisitos están consignados en la norma que con rango de Real Decreto desarrolla la Ley de Presupuestos Generales de cada año en materia de revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas, en el que se establece el procedimiento de concesión del complemento. La Disposición adicional segunda del citado Real Decreto 1610/2005, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2006, establece textualmente lo siguiente: "1. Las pensiones de Clases Pasivas a las que se hubieran aplicado complementos económicos durante el año 2005 se adaptarán de oficio, y con carácter provisional, con efectos de 1 de enero de 2006, a las cuantías establecidas en el artículo 8 de este Real Decreto, presumiéndose que sus titulares reúnen las condiciones y requisitos exigidos en dicho precepto, hasta tanto por los servicios administrativos correspondientes se compruebe la concurrencia de dichas condiciones y requisitos. 2. Si de la comprobación antes citada se dedujera la ausencia de algún requisito o condición, procederá el cese inmediato en el abono del complemento, con reintegro de lo indebidamente percibido por tal concepto desde, como máximo, el primero de enero del año 2006. Igualmente, si de dicha comprobación se derivara la necesidad de modificar la cuantía del complemento, se practicará la oportuna modificación, con reintegro de lo indebidamente percibido desde la fecha antes indicada... ". En consecuencia, el Centro Gestor ha obrado conforme a las normas aplicables en cuanto a la concesión de la prestación, sin que pueda argumentarse que se ha creado una "presunción de legalidad" que hace que la revisión efectuada sea contraria a la equidad y a la buena fe, porque es tanto como decir que las normas reguladoras no tienen virtualidad alguna, puesto que cualquier prestación que se demuestre indebida en un momento posterior no podría ser modificada o anulada de aceptar la argumentación del interesado. Ello es contrario al principio de legalidad a que está sometida la actuación de la Administración Pública. En beneficio de los interesados, la norma establece un sistema rápido de concesión de la prestación, con exigencia de la mínima documentación inicial y supeditado a las comprobaciones que en todo momento posterior pueden hacerse.

QUINTO: El artículo 16.1 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, señala que: "1. Las cantidades indebidamente percibidas por los beneficiarios de las prestaciones de Clases Pasivas habrán de reintegrarse al Tesoro por ellos o sus derechohabientes y si no lo fuesen serán exigibles por la vía de apremio, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden en que hubiera podido incurrirse. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el perceptor de las cantidades que hubieran resultado indebidas continuara siendo beneficiario de la prestación que dio lugar al reintegro o de cualquiera otra de clases pasivas, podrá acordarse el pago de la deuda con cargo a las sucesivas mensualidades de pensión, en los términos y en la forma que reglamentariamente se establezca". Por su parte, el artículo 7 del Real Decreto 1134/1997, de 11 de julio, por el que se regula el procedimiento de reintegro de percepciones indebidas y otras normas en materia de Clases Pasivas, BOE del 30, establece que "cuando como consecuencia de la revisión del acto administrativo en el que se reconoció el derecho a la titularidad de la prestación o el derecho al cobro de la misma, resulten cantidades indebidamente percibidas por quienes no reuniesen los requisitos y condiciones para ello, y el beneficiario de las mismas fuera perceptor de alguna prestación de Clases Pasivas, el órgano competente, efectuará los correspondientes descuentos sobre dichas prestaciones, salvo que el propio deudor optase por reintegrar, en un solo pago, lo percibido indebidamente". En el presente caso, la Caja Pagadora de Madrid ha establecido, como órgano competente, la procedencia del reintegro, la cantidad a reintegrar y el procedimiento de pago aplazado que el interesado pide que se mantenga, fijando como fecha inicial del reintegro el 1 de enero de 2006, período máximo al que se refiere la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1610/2005, por lo que no hay base legal para acceder a la petición de que el cálculo de lo reintegrable se inicie el 1 de agosto de 2006, como se pretende.

SEXTO: Por lo expuesto, procede desestimar la reclamación económico-administrativa confirmando el acuerdo del Centro Gestor de 2 de octubre de 2006.

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta en nombre y representación de D. A, contra desestimación presunta por silencio administrativo de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, como Caja Pagadora de Madrid, sobre liquidación de haberes por percepción de complementos para mínimos en pensión en favor de padres, con declaración de reintegro de cantidades indebidamente percibidas, que se confirma. 

Pago indebido
Equidad
Responsabilidad
Buena fe
Pensiones de Clases Pasivas
Silencio administrativo
Liquidación provisional del impuesto
Desestimación presunta
Resolución recurrida
Presunción legal
Pago aplazado
Carga de la prueba
Beneficiario de la prestación
Cuantía de las prestaciones
Presupuestos generales del Estado
Cuestiones de fondo
Prestaciones a favor de familiares
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Fraccionamientos de pago
Recibo de salarios
Derecho subjetivo
Indefensión
Motivación de los actos administrativos
Resolución definitiva
Régimen de Clases Pasivas
Haberes pasivos
Derecho de defensa
Tutela
Procedimiento de apremio
Regímenes especiales de la Seguridad social
Actuación administrativa
Nulidad de pleno derecho
Voluntad
Ejercicio económico
Revisión de los actos administrativos
Vicio de nulidad
Nulidad de las resoluciones
Principio de legalidad

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 4/1990 de 29 de Jun (Presupuestos Generales del Estado para 1990) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 156 Fecha de Publicación: 30/06/1990 Fecha de entrada en vigor: 30/06/1990 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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