Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1088/2006 de 01 de Marzo de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 01 de Marzo de 2007
  • Núm. Resolución: 00/1088/2006

Resumen

Conforme a lo establecido en el artículo 38.1 del Texto Refundido de 1987, sólo tiene derecho a pensión de viudedad el cónyuge legítimo del causante. La Ley 13/2005, por la que se modifica el Código Civil en materia del derecho a contraer matrimonio, no contiene ninguna disposición que regule el tránsito de situaciones legales anteriores a las nuevas y ninguna disposición que establezca efectos retroactivos. Sólo a partir de la entrada en vigor de la citada Ley el matrimonio se extiende al caso de que ambos contrayentes sean del mismo sexo y, por ello, sólo a partir de ese momento pueden ser cónyuges legítimos. Por tanto, en el caso concreto, no es aplicable la Disposición Adicional Décima de la Ley 30/1981, por no tener la condición de cónyuges legítimos los contrayentes del mismo sexo con anterioridad a la entrada en vigor de la referida Ley 13/2005.

Descripción

        En la Villa de Madrid, a 1 de marzo de 2007 en el recurso extraordinario de revisión y en las reclamaciones económico-administrativas que, en única instancia, penden ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuestas por D. ... en nombre y representación de D.ª A, con domicilio en ..., contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 17 de enero de 2003, confirmado en reposición por resolución de 10 de junio de 2003 y por este Tribunal Central por resolución de 29 de abril de 2004, y contra denegaciones presunta y expresa por resolución de 14 de febrero de 2006 de la citada Dirección General, de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de 23 de noviembre de 2005, que denegó pensión de viudedad por razón de convivencia con persona del mismo sexo.

                                                 ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO: D.ª A solicitó la pensión que por razón de convivencia pudiera corresponderle causada por D.ª B, funcionaria del Cuerpo de ..., fallecida el ... de 2002, y la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de 17 de enero de 2003, se la denegó, argumentando que, de acuerdo con la legislación vigente, sólo tenían derecho a la pensión de viudedad quienes sean o hayan sido cónyuges legítimos del causante, estado que no acreditaba la interesada. El citado acuerdo fue recurrido en reposición ante el Centro Gestor, que lo desestimó por resolución de 10 de junio de 2003, que a su vez, fue objeto de reclamación ante este Tribunal Central, quien por resolución de 29 de abril de 2004 la desestimó, confirmando los acuerdos impugnados, sin que conste que contra la misma se interpusiera recurso contencioso-administrativo, por lo que aquellos devinieron firmes por consentidos.

SEGUNDO: Por escrito firmado el 22 de septiembre de 2005, dirigido a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y presentado el 26 siguiente en la Delegación de Economía y Hacienda de ... en nombre y representación de la interesada, D. ... volvió a solicitar la pensión denegada alegando la aplicación de la Ley 13/2005, artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social, artículo 38 del Real Decreto Legislativo 670/1987 y la Disposición Adicional Décima.2 de la Ley 30/1981, y la Dirección General referida, por acuerdo de 23 de noviembre de 2005, señaló a la interesada: "En relación con su escrito de fecha 26 de septiembre de 2005, en el que solicita la revisión de la Resolución del Director General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de fecha 17 de enero de 2003, le comunico que contra la misma usted interpuso reclamación económico-administrativa sobre la que recayó Resolución de fecha 29 de abril de 2004, del Tribunal Económico-Administrativo Central, desestimatoria de su pretensión y, por tanto, confirmatoria de la inicial Resolución de este Centro. En su virtud y al no haber sido recurrida ante la jurisdicción competente, la mencionada Resolución ha adquirido firmeza. En efecto, el fundamento jurídico motivo de la denegación fue no haber contraído matrimonio, hecho este que no ha variado con la promulgación de la Ley 13/2005, ni en norma posterior. Por todo ello, no aportándose documento alguno que modifique los supuestos de hecho o fundamentos jurídicos tenidos en cuenta por este Centro, se reproduce la Resolución dictada con fecha 17 de enero de 2003, que es definitiva y firme (se adjunta fotocopia). Contra esta Resolución podrá interponerse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Central o potestativamente en el mismo plazo y con carácter previo, recurso de reposición ante esta Dirección General, órgano al que, en todo caso, deberán ir dirigidas tanto la reclamación como el recurso, de conformidad con los artículos 222, 223 y 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria". El anterior acuerdo consta entregado a D. ..., D.N.I. ..., en calidad de compañero de D. ..., el día 12 de diciembre de 2005, según aviso de Correos.

TERCERO: Con fecha 22 de diciembre de 2005 tuvo entrada en la Delegación de Economía y Hacienda de ... escrito dirigido al Director General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, donde entró el día 30, en el que se interponía recurso de reposición contra el acuerdo denegatorio antes citado, y se solicitaba la concesión de pensión en favor de D.ª A, en base a los siguientes argumentos: "La Ley 13/2005 permite el matrimonio por lo que el art. 174 de la Ley General de la Seguridad Social y el 38 del Real Decreto 670/1987 o norma posterior si la hubiera sobre clases pasivas reconoce el derecho al cónyuge supérstite y la D.A. 10.2 de la Ley 30/1981 "quienes no hubieran podido contraer matrimonio por impedírselo la legislación vigente hasta la fecha, pero hubieran vivido como tal acaecido el fallecimiento de uno de ellos con anterioridad a la vigencia de esta Ley, el otro tendrá derecho a los beneficios a que se hace referencia en el apartado primero de esta disposición y a la pensión correspondiente" y en el presente caso creo que se cumplen los requisitos para que se conceda a mi representada la pensión solicitada con una base reguladora de 2.100 euros o la que resulte de los derechos adquiridos de la causante". La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, con fecha 10 de enero de 2006, comunicó a D. ... en relación con su escrito: "1.- El mencionado recurso tuvo entrada en la Delegación Provincial de Hacienda en ... el 22 de diciembre de 2005, fecha que ha de entenderse como de iniciación del procedimiento para la resolución del recurso, y recibido en este Centro Directivo el 30 de diciembre de 2005. 2.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 225.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (B.O.E. de 18 de diciembre de 2003), aplicable conforme a lo establecido en el apartado 1.c) de la disposición adicional undécima de idéntico Cuerpo Legal, se podrá entender desestimado el recurso del interesado transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del mismo, teniendo en cuenta los periodos de suspensión previstos en el artículo 225.3 de la referida Ley General Tributaria y artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento común. 3.- Transcurrido dicho plazo de un mes, podrá interponer, en su caso, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Central, que dirigirá a esta Dirección General de conformidad con lo establecido en los artículos 229.1.a) y 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 4.- Para obtener cualquier información sobre el estado de tramitación del procedimiento, podrá requerirla en el Servicio de Información de esta Dirección General, sito en la calle Monte Esquinza, número 43, o llamando al teléfono gratuito 900 50 30 55".

CUARTO: Con fecha 22 de febrero de 2006 se presenta en el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... escrito dirigido a este Tribunal Central, donde tuvo entrada el 2 de marzo, en el que se interpone reclamación económico-administrativa contra la presunta denegación del recurso de reposición, y se pide declarar el derecho de la interesada a pensión derivada del fallecimiento de la causante como ... del Cuerpo de ..., en base a las siguientes alegaciones: "PRIMERO.- He convivido durante más de ... años con la causante D.ª B, ... de el Cuerpo de ..., fallecida el ... del año 2002, teniendo en común domicilio, cuentas corrientes, contratos y todo ello en base a un proyecto de vida compartido de forma estable y permanente. He aportado escritura de aceptación de herencia donde se ha reflejado este hecho y aporto escrito del Ayuntamiento de ... de 9 de agosto de 1994 en el mismo sentido. SEGUNDO.- El 7 de abril del 2003 interpuse solicitud de pensión en el expediente que fue tramitada bajo número ... a nombre de mi representada con DNI ... recurrido en alzada la denegación el Tribunal al que me dirijo adujo doctrina del Tribunal Constitucional para impedir acceder a mi petición por no preverlo la Ley entonces vigente. TERCERO.- Habiéndose aprobado la Ley 13/2005 entiendo que se da el supuesto que contempla la Ley 30/1981 en su disposición adicional 10ª.2 y que levantada la prohibición legal que existía se debe acceder a la petición de pensión hecha en el 2003. En este sentido recientemente el Juzgado de lo Social nº ... de ... accedió a pensión habiendo fallecido su pareja en el año 2002, aporto reseña de la misma". A esta reclamación se le asignó en este Tribunal Central la referencia R.G. 1277-06.

QUINTO: La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por resolución de 14 de febrero de 2006, acordó lo siguiente: "Examinado su escrito de fecha 21 de diciembre de 2005, por el que interpone recurso de reposición contra la Resolución de este Centro Directivo de 23 de noviembre de 2005, se le significa lo siguiente: 1) Por Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 29 de abril de 2004, se resolvía desestimar la reclamación económico administrativa, interpuesta por Doña A, confirmando las anteriores Resoluciones de este Centro Directivo de 17 de enero y 10 de junio de 2003. No consta que, se interpusiera recurso contencioso administrativo, por lo que, devino en acto firme. 2) Contra los actos firmes, solo cabe interponer, en vía económico-administrativa, el recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (artículo 244 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria -B.O.E. de 18-12-2003-), siempre que concurra alguna de las circunstancias previstas en dicho precepto. 3) Que, en su consecuencia, no cabe admitir su solicitud de revisión, remitiéndose las actuaciones al Tribunal Económico Administrativo Central, a fin de que, si procediese, se tramite el oportuno recurso extraordinario de revisión o, en su caso, declare su inadmisión. En su virtud, ESTA DIRECCION GENERAL RESUELVE: Primero: Desestimar el presente recurso, en base a los fundamentos de la resolución impugnada y los contenidos en la presente. Segundo: Dar traslado de las presentes actuaciones al Tribunal Económico-Administrativo Central. Tercero: Dar traslado a la persona interesada de la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, indicando que, de acuerdo con el art. 14 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, con el artículo 5.1 del Real Decreto 1769/1994, de 5 de agosto (B.O.E. de 19 de agosto), dictado para la adecuación de los procedimientos de Clases Pasivas a la citada Ley 30/1992, y el artículo 235 y el apartado 1, c) de la disposición adicional undécima de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, puede interponer reclamación económica administrativa dirigida a este Centro Directivo para ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución". El anterior acuerdo consta notificado al representante de la interesada el día 20 de febrero de 2006, según aviso de Correos.

SEXTO: Con fecha 24 de marzo de 2006 se registra en este Tribunal Central oficio del Centro Gestor de 17 de marzo de 2006, que dice: "Adjunto se remite escrito de interposición de reclamación económico-administrativa suscrito por D.ª A, así como el original del expediente que contiene el acto recurrido, todo ello según lo regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Para agilizar la identificación en nuestro sistema informático, rogamos que nos comunique el R.G. que le haya sido asignado, haciendo mención al nº de referencia que figura en la parte superior izquierda del presente oficio". Al mismo oficio se adjuntaba el escrito de la interesada descrito en el antecedente de hecho tercero. Al abrir expediente en este Tribunal Central se le da la referencia R.G. 1088-06, R.S. 96-06.

SÉPTIMO: Con fecha 17 de marzo de 2006 se presentó en ... escrito fechado el día 15, dirigido al Director General de Costes de Personal y Pensiones Públicas para ante este Tribunal Central, en el que se interpone reclamación económico-administrativa contra la desestimación expresa de su recurso de reposición hecha por el Centro Gestor por resolución de 14 de febrero de 2006, descrita en el antecedente de hecho quinto, formulando la súplica de que se le reconozca pensión derivada del fallecimiento de la causante, en base a los siguientes motivos: "PRIMERO.- He convivido durante más de ... años con la causante Dª. B, ... de el Cuerpo de ..., fallecida el ... del año 2002, teniendo en común domicilio, cuentas corrientes, contratos y todo ello en base a un proyecto de vida compartido de forma estable y permanente. He aportado escritura de aceptación de herencia donde se ha reflejado este hecho y aporto escrito del Ayuntamiento de ... de 9 de agosto de 1994 en el mismo sentido. SEGUNDO.- El 7 de abril del 2003 interpuse solicitud de pensión en el expediente que fue tramitada bajo el expediente ... a nombre de mi representada con DNI ... recurrido en alzada la denegación el Tribunal al que me dirijo adujo doctrina del Tribunal Constitucional para impedir acceder a mi petición por no preverlo la Ley entonces vigente. TERCERO.- Habiéndose aprobado la Ley 13/2005 entiendo que se da el supuesto que contempla la Ley 30/1991 en su disposición adicional 10a .2 y que levantada la prohibición legal que existía se debe acceder a la petición de pensión hecha en el 2003. En este sentido recientemente el Juzgado de lo Social n° ... de ... accedió a pensión habiendo fallecido su pareja en el año 2002, aporto reseña de la misma". Al recibir este escrito el Tribunal Central el 25 de abril de 2006 se asigna al expediente el R.G. 1444-06, R.S. 130-06.

OCTAVO: El abogado del Estado, Secretario General de este Tribunal, haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 230 de la Ley 58/2003, General Tributaria, declara la acumulación de los expedientes citados, no procediendo recurso alguno contra su acuerdo.

                                                    FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: En primer lugar hay que determinar cuales son los acuerdos administrativos impugnados y las posibilidades de impugnación de los mismos. A este respecto hay que señalar que el Centro Gestor, por acuerdo de 17 de enero de 2003, denegó la pensión de viudedad a la interesada quien, al no estar conforme, presentó recurso de reposición, que fue desestimado por resolución de 10 de junio de 2003, y posteriormente presentó reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Central, quien la desestimó por resolución de 29 de abril de 2004, que no consta recurrida ante la Audiencia Nacional, por lo que la citada resolución y los acuerdos que confirmaba devinieron firmes por consentidos. Posteriormente la interesada, por escrito presentado el 22 de septiembre de 2005, descrito en el antecedente de hecho segundo, solicita de nuevo la pensión de viudedad denegada, alegando, entre otras normas, la Ley 13/2005, siendo denegada su petición por acuerdo de 23 de noviembre de 2005. Contra este acuerdo se interpone recurso ante el Centro Gestor, y ante la desestimación presunta por silencio administrativo se interpone reclamación económico-administrativa con fecha 22 de febrero de 2006. El referido Centro Gestor dicta resolución expresa con fecha 14 de febrero de 2006, en la que desestima el recurso, sin declararse incompetente, pero lo remite a este Tribunal Central, por entender que es un recurso extraordinario de revisión contra el acuerdo firme de 17 de enero de 2003. Contra esta resolución denegatoria expresa la interesada interpone reclamación por escrito presentado el 17 de marzo de 2006, descrito en el antecedente de hecho séptimo.

SEGUNDO: Limitándonos a la estricta vía administrativa, antes de acudir a la Audiencia Nacional, los actos firmes sólo pueden recurrirse de dos maneras: a) Por recurso ordinario de revisión, contemplado en el Real Decreto 5/1993, de 8 de enero, sobre revalorización y complementos de Clases Pasivas para 1993 y otras normas en materia de Clases Pasivas, cuya resolución compete a la Dirección General de Gastos de Personal y Pensiones Públicas, que no es admisible cuando ha habido resolución denegatoria de este Tribunal Central, como es el caso presente, y b) Por recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el Real Decreto 52/2005, de 13 de mayo, cuya resolución compete a este Tribunal Central. Finalmente el artículo 14.6 del Texto Refundido de Clases Pasivas, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, señala en qué casos las solicitudes de los interesados no deben considerarse recursos.

TERCERO: Previamente al examen de las reclamaciones económico-administrativas, ha de examinarse a la luz del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, si el escrito de la interesada de 22 de septiembre de 2005, descrito en el antecedente de hecho segundo, era, o no, recurso. En este sentido el artículo 14.6 del Texto Refundido dice: "No se reputarán en ningún caso como recurso las solicitudes de reconocimiento o modificación de derechos pasivos que se basen en haber desaparecido la incompatibilidad o concurrencia de percepciones o situaciones que hubieran servido de fundamento a una resolución denegatoria o limitativa de los mismos, o en la existencia de hechos o derechos que no se tuvieron en cuenta o no existían al dictar el acuerdo primitivo, sin perjuicio de las reglas que sobre caducidad de los efectos de esos derechos se contienen en este texto". Al alegar la interesada en su escrito de 22 de septiembre de 2005 como causa de su nueva solicitud de pensión, la existencia de una normativa nueva (la Ley 13/2005), inexistente al tiempo de dictarse el acuerdo denegatorio de 17 de enero de 2003, en aplicación del citado artículo 14.6 alega hipotéticos derechos basados en legislación nueva  que no existía al dictar el citado acuerdo, y por ello su petición de 22 de septiembre de 2005 no puede considerarse recurso contra el primitivo acuerdo de 17 de enero de 2003, debiendo considerarse una nueva solicitud de pensión. Por ello el acuerdo del Centro Gestor de 23 de noviembre de 2005 es una denegación de pensión por las razones que en el se señalan y el recurso de reposición contra el mismo se halla ajustado a derecho y se debió resolver por el Centro Gestor en condición de tal y no calificarlo como recurso (extraordinario) de revisión contra el acuerdo de 17 de enero de 2003, y por ello remitido a este Tribunal Central. Interpuestos recurso extraordinario de revisión como reclamaciones económico-administrativas tanto contra la desestimación presunta del recurso de reposición como contra la denegación expresa del mismo, este Tribunal es competente para conocerlas y la interesada tiene legitimación y representación acreditada, y las ha presentado dentro de plazo, siendo la cuestión planteada si debe, o no, reconocérsele pensión de viudedad al amparo de la legislación vigente al tiempo de su solicitud de 22 de septiembre de 2005, especialmente la Ley 13/2005.

CUARTO:
Fallecida la hipotética causante el año 2002, resulta de aplicación el Título I del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, publicado en el BOE de 27 de mayo de 1987, y en vigor desde el día siguiente, cuyo artículo 38, establece: "Tendrán derecho a la pensión de viudedad quienes sean o hayan sido cónyuges legítimos del causante de los derechos pasivos, siempre en proporción al tiempo que hubiesen vivido con el cónyuge fallecido y con independencia de la causas que hubieran determinado la anulación o el divorcio, en su caso". De la lectura del citado Texto Refundido se deduce: a) que para determinar quienes son, o no, cónyuges ha de acudirse a la legislación civil vigente en cada momento, y b) que no hay equiparación entre cónyuges y otras formas de convivencia que la legislación civil ha recogido (convivencia de hecho), ni en el propio texto ni en las disposiciones adicionales, transitorias o finales.

          QUINTO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 327 del Código Civil, el estado civil de las personas se acredita con las actas del Registro Civil. Conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957 y su Reglamento de aplicación, de 14 de noviembre de 1958, en el Registro Civil se inscribirán los hechos concernientes al estado civil de las personas y aquellos otros que determina la ley, entre otros, el matrimonio (artículo 1), constituyendo sus asientos la prueba de los hechos inscritos y sólo en caso de falta de inscripción se admitirán otros medios de prueba pero será requisito indispensable que, previa o simultáneamente, se haya instado la inscripción omitida, (Artículo 2), estando obligados a promover sin demora la inscripción, según el artículo 24, los designados en cada caso por la Ley, aquellos a quienes se refiere el hecho inscribible o sus herederos y el Ministerio Fiscal, pero las autoridades o funcionarios a quienes consten por razón de sus cargos los hechos no inscritos están obligados a comunicarlos al Ministerio Fiscal. En el presente caso la interesada, que alega su condición de cónyuge legítima al amparo de la Ley 13/2005, deberá promover su inscripción en el Registro Civil, para que surta efectos civiles, y una vez conseguida, solicitar de nuevo al Centro Gestor la pensión que ahora se deniega, aportando, en su caso, los datos nuevos, a fin de que el Centro Gestor obre en consecuencia pudiendo, caso de que proceda, recurrir ante este Tribunal Central, pues no ha presentado hasta el momento presente, documentación alguna que acredite la condición de cónyuge de la hipotética causante certificada por el Registro Civil. El contenido del Registro Civil está bajo la salvaguarda de los Tribunales, y la declaración de existencia, nulidad y disolución de matrimonios y la existencia, o no, de cónyuges legítimos, así como las controversias que por estas cuestiones se susciten les corresponde en exclusiva, por lo que no cabe que en el pronunciamiento administrativo de clases pasivas ni en la revisión que a este Tribunal compete, puedan entenderse como matrimonios o cónyuges legítimos aquellas situaciones no avaladas por la correspondiente acta del Registro Civil.
           
SEXTO: En la exposición de motivos del Real Decreto Ley 6/2006, de 23 de junio, sobre pensiones excepcionales de atentados terroristas, BOE del 24, se dice expresamente: "La especial atención del Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo a los requerimientos presentados por los afectados ha permitido detectar la existencia de supuestos individualizados en los que las normas generales impiden otorgar prestaciones que resulta razonable conceder. En concreto, en la normativa aplicable en materia de pensiones extraordinarias motivadas por actos de terrorismo, ni el Sistema de la Seguridad Social ni el Régimen de Clases Pasivas del Estado prevén que puedan ser beneficiarias las personas que, aún manteniendo análoga relación de afectividad, no tuvieran la condición de cónyuge del fallecido por esta causa. En este supuesto, existiría un número de afectados por los atentados terroristas que no podrían acceder a esa pensión extraordinaria sobre la base de su estado civil, es decir, por no constar vínculo matrimonial con el causante de la pensión". Lo que afirma el referido Decreto-Ley para las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo es la regla general para todo tipo de pensiones (ordinarias o extraordinarias), cualquiera que sea su causa: en el Régimen de Clases Pasivas no pueden ser beneficiarios quienes sean convivientes de hecho, tanto hetero como homosexuales. En este sentido se han pronunciado el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional y este Tribunal Central en numerosas resoluciones. En tanto no se varíe la normativa vigente contenida en el Texto Refundido de 1987, los convivientes de hecho (homo o heterosexuales) no son equiparables a cónyuges legítimos.

        SÉPTIMO: Alega la interesada la aplicación de la Ley 30/1981, Disposición Adicional Décima, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio que en sus Disposiciones Transitorias dice: "Primera: Los divorciados por sentencia firme al amparo de la Ley de Divorcio de dos de marzo de mil novecientos treinta y dos podrán contraer nuevo matrimonio, salvo si la sentencia fue anulada judicialmente". Segunda: "Los hechos que hubieran tenido lugar a las situaciones creadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, producirán los efectos que les reconocen los capítulos VI, VII y VIII del Capítulo IV del libro I del Código Civil. Serán computables los períodos de tiempo transcurridos a efectos de demandar la separación o el divorcio conforme a lo establecido en el mismo. Por su parte, la Disposición Adicional Décima de la citada Ley 30/81 dice: "Con carácter provisional en tanto se de una regulación definitiva en la correspondiente legislación, en materia de pensiones y Seguridad Social, regirán las siguientes normas: 1ª A las prestaciones de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo que se establece en materia de pensiones en esta disposición adicional, tendrán derecho el cónyuge y los descendientes que hubieran sido beneficiarios por razón de matrimonio o filiación, con independencia de que sobrevenga separación judicial o divorcio. 2ª Quienes no hubieran podido contraer matrimonio, por impedírselo la legislación vigente hasta la fecha, pero hubieran vivido como tal, acaecido el fallecimiento de uno de ellos con anterioridad a la vigencia de esta Ley, el otro tendrá derecho a los beneficios a que se hace referencia en el apartado primero de esta disposición y a la pensión correspondiente conforme a lo que se establecen en el apartado siguiente. 3ª El derecho a la pensión de viudedad y demás derechos pasivos o prestaciones por razón de fallecimiento corresponderá a quien sea o haya sido cónyuge legítimo y en cuantía proporcional al tiempo vivido con el cónyuge fallecido, con independencia de las causas que hubieran determinado la separación o el divorcio. 4ª Los que se encuentren en situación de separación legal tendrán los mismos derechos pasivos respecto de sus ascendientes o descendientes que los que les corresponderían de estar disuelto su matrimonio. 5ª Los derechos derivados de los apartados anteriores quedarán sin efecto en cuanto al cónyuge en los supuestos del art. 101 del Código Civil".
            
OCTAVO: Conforme se advierte en la referida Disposición Adicional Décima de la Ley 38/1981, esta normativa era provisional en tanto no se diese una regulación definitiva en materia de pensiones y Seguridad Social. La regulación actual del Régimen de Clases Pasivas del Estado se contiene, como se ha indicado, en el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, de 1987, cuya exposición de motivos dice: "En el mismo se refunde la "nueva normativa en materia de Clases Pasivas del Estado" que contiene la sección primera del capítulo II del Título II de la mencionada Ley 50/1984, con la legislación anteriormente vigente que ha de estimarse subsistente después de los cambios normativos introducidos en el tradicional sistema jurídico de las Clases Pasivas del Estado por la Constitución Española de 1978, las Leyes de reforma del Código Civil en materia de derecho de familia, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, y la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. De este modo, se forma un texto único comprensivo de toda la legislación aplicable a los funcionarios del Estado comprendidos en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas que a 31 de diciembre de 1984 no hubieran sido ya jubilados o retirados y a los derechos que éstos causen a su fallecimiento en favor de sus familiares". En relación con el supuesto presente la normativa vigente, desde la entrada en vigor del Texto Refundido de 1987, es su artículo 38, citado en el fundamento de derecho cuarto precedente. Por otra parte, el citado Texto Refundido de 1987 no contempla su aplicación ni a los convivientes de hecho (cualquiera que fuese su sexo) ni a los matrimonios del mismo sexo, ni a los que con anterioridad a su entrada en vigor no pudieron casarse por no autorizarse el divorcio (para eso estaba la Ley 30/1981) ni para los que no hayan podido casarse por su orientación sexual (para eso está la Ley 13/2005).
            
NOVENO: En el BOE del 2 de julio de 2005, con entrada en vigor desde el día 3, se publicó la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, que, en lo que afecta al presente caso, dice así: "Artículo único. Modificación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. El Código Civil se modifica en los siguientes términos: Uno. Se añade un segundo párrafo al artículo 44, con la siguiente redacción: El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Disposición adicional primera. Aplicación en el ordenamiento. Las disposiciones legales y reglamentarias que contengan alguna referencia al matrimonio se entenderán aplicables con independencia del sexo de sus integrantes. Disposición final primera. Título competencial. Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil reconocida por el artículo 149.18 de la Constitución española sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan y de las normas aprobadas por éstas en desarrollo de sus competencias en Derecho Civil. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE". No hay ninguna disposición que regule el tránsito de situaciones legales anteriores a las nuevas y ninguna disposición que establezca efectos retroactivos.
             
DÉCIMO: A la vista de lo expuesto, sólo a partir de la entrada en vigor de la citada Ley 13/2005, de 1 de julio, el matrimonio se extiende al caso de que ambos contrayentes sean del mismo sexo y por ello, sólo a partir de ese momento pueden ser cónyuges legítimos, y por ello, antes del 3 de julio de 2005, no podían existir cónyuges legítimos homosexuales, pues la Ley 13/2005 no tiene efectos retroactivos ni normas adicionales o normas de transición al respecto. Conforme dispone el Código Civil, artículo 2, número 3: "Las Leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieran lo contrario". Por otra parte, conforme se ha señalado, la normativa de la Ley 30/1981, Disposición Adicional Décima 10, se establece con carácter provisional hasta tanto se diera una regulación definitiva en materia de pensiones que, en el Régimen de Clases Pasivas, se contiene en el Texto Refundido de 1987, que desde su entrada en vigor no otorga protección a los convivientes de hecho, ni recoge normas de carácter transitorio (para el tránsito de legislaciones) similares a la citada Disposición Adicional Décima, para quienes por no existir el divorcio o por su orientación sexual, no podían contraer matrimonio legítimo.
            
UNDÉCIMO: Conforme al artículo 5 del Texto Refundido de 1987: "Solamente por ley podrán establecerse derechos pasivos distintos de los recogidos en este Texto, así como ampliarse, mejorarse, reducirse o alterarse los mismos". En consecuencia: A.- No se puede hacer una interpretación extensiva del concepto cónyuge legítimo y entender como tal a quienes son convivientes de hecho (pero no son matrimonio legítimo) sean de distinto o del mismo sexo, conforme a reiterada doctrina de este Tribunal Central, ratificada por sentencias de la Audiencia Nacional, entre otras la de 8 de octubre de 2001, en la que se recoge la doctrina mantenida por el Tribunal Constitucional, al respecto, y también en el caso de convivencia de hecho entre homosexuales, como ha señalado este Tribunal Central en resoluciones de 8 de mayo de 2003, R.G. 3601/02; de 13 de mayo de 2005, R.G. 3387/03, de 29 de abril de 2004, R.G. 2828/03 y de 15 de septiembre de 2005, R.G. 1789-05. B.- No es aplicable al Régimen de Clases Pasivas y en las prestaciones que concede, cualquier otro derecho que se reconozca al amparo de otra Ley, por vía analógica. C.- No es aplicable el concepto de cónyuge legítimo para los contrayentes del mismo sexo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/2005, que no tiene efectos retroactivos ni normas adicionales o transitorias que contemplen la situación planteada por la reclamante y si el legislador no ha querido regular esta materia, como hizo con la Ley 30/1981, antes descrita, no se puede suplir su falta de voluntad por la Administración del Estado. D.- En cualquier caso, corresponde al Registro Civil determinar el estado civil de las personas.
           
DUODÉCIMO: Por lo expuesto, respecto de las actuaciones administrativas iniciadas por la interesada a partir de sus escritos de 22 de septiembre de 2005, procede considerar: a) Primero, que no procede admitir la existencia de un recurso extraordinario de revisión, en aplicación del artículo 14.6 del Texto Refundido de 1987, y b) Segundo, admitidas las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra la denegación presunta y expresa del recurso de reposición interpuesto contra la negativa de reconocimiento de pensión de viudedad, procede confirmar los acuerdos del Centro Gestor por no darse en la interesada la condición de cónyuge legítima, a tenor de la legislación vigente.

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Declarar inadmisible el recurso extraordinario de revisión interpuesto en nombre y representación de D.ª A, contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 17 de enero de 2003, confirmado en reposición por resolución de 10 de junio de 2003 y por este Tribunal Central por resolución de 29 de abril de 2004, y Desestimar las reclamaciones económico-administrativas interpuestas contra denegaciones presunta y expresa por resolución de 14 de febrero de 2006 de la citada Dirección General, de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de 23 de noviembre de 2005, que denegó pensión de viudedad por razón de convivencia con persona del mismo sexo.


Pensión de viudedad
Sexo
Divorcio
Registro Civil
Actos firmes
Cuenta corriente
Aceptación de la herencia
Régimen de Clases Pasivas
Estado civil
Cónyuge viudo
Desestimación presunta
Derecho adquirido
Silencio administrativo
Terrorismo
Gastos de personal
Caducidad
Descendientes
Funcionarios públicos
Medios de prueba
Víctimas del terrorismo
Efectos civiles
Inscripción Registro Civil
Filiación
Sentencia firme
Separación judicial del matrimonio
Ascendientes
Actuación administrativa
Voluntad

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 1/1994 de 20 de Jun (TR. de la ley general de la seguridad social) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 154 Fecha de Publicación: 29/06/1994 Fecha de entrada en vigor: 01/09/1994 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Seguridad Social

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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