Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1456/2006 de 08 de Noviembre de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 08 de Noviembre de 2007
  • Núm. Resolución: 00/1456/2006

Resumen

Se incluyen en la base imponible del Impuesto sobre las Primas de Seguros los importes que corresponden a la cobertura de Riesgos Complementarios que, de acuerdo con el apartado 2 B de la Disposición Adicional Primera de la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, pueden cubrir las entidades autorizadas para operar en el ramo de vida. No es aplicable la exención del artículo 12.Cinco, b) de la Ley 13/1996, que se refiere a las operaciones de seguro sobre la vida, comprendidas en la Sección 2º del Título III de la Ley 50/1980, del Contrato de Seguro. La Sección 2º regula el seguro sobre la vida y éste se define y delimita en función de los riesgos cuya materialización determina las prestaciones contractuales, que son muerte o supervivencia, o ambos conjuntamente y la prima incorporada no está vinculada al riesgo de muerte o supervivencia ni a ambos conjuntamente, sino a los de invalidez o incapacidad profesional.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 8 de noviembre de 2007, vista las reclamaciones económico-administrativas que, en única instancia, penden de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesta por la entidad ... con C.I.F.: ..., y en su nombre y representación por Don ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra Desestimación del Recurso de Reposición en relación al Acuerdo de liquidación dictado en 27 de diciembre de 2005 por el Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Técnica de la Oficina Nacional de Inspección, relativo al Impuesto sobre las Primas de Seguros, periodos 1999/00/01, por importe de 258.509,08 €.

                                                 ANTECEDENTES DE HECHO

          PRIMERO.- En fecha 11 de noviembre de 2005, la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en ..., incoó a la interesada acta de disconformidad, modelo A02, nº ... por el concepto Impuesto sobre las Primas de Seguros, periodo 1999/00/01, emitiéndose en igual fecha el preceptivo informe ampliatorio.          

        En el acta se hizo constar, en síntesis, lo siguiente: La fecha de inicio de actuaciones fue el día 17 de febrero de 2003. A los efectos del plazo máximo de duración de las actuaciones establecido en el artículo 29 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, del tiempo total transcurrido hasta la fecha del acta no debían computarse 312 días como consecuencia de: Solicitud de aplazamiento de la entidad interesada, entre: 1-8-2003 a 31-8-2003, 14-4-2004 a 2-2-2004 y 2-8-2004 a 31-8-2004; y por retraso en la aportación de documentos entre: 4-12-2004 a 8-2-2005, 8-2-2005 a 12-7-2005, 16-5-2005 a 12-7-2005 y 1-7-2005 a 22-7-2005. En fecha 19 de noviembre de 2003 se acordó por el Inspector-Jefe Adjunto-Jefe de la ONI, la ampliación del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras a 24 meses, por concurrir las circunstancias previstas en el art. 29 de la Ley 1/98, al tratarse de actuaciones que revisten especial complejidad. Este acuerdo de ampliación del plazo fue notificado el 27 de noviembre de 2003. En el curso de las actuaciones se extendieron diligencias en las fechas que se indicaban en el acta. La entidad presentó declaraciones de este impuesto correspondientes a los períodos comprobados según modelos 420 y 430 que se adjuntaban para la Administración del Estado, y para los Territorios Forales. En consecuencia, el total de bases imponibles declaradas era de 63.874.183 ptas (383.891,57 €) en 1999, 87.731.333 ptas (527.275,93 €) en 2000 y 82.438.034 ptas (495.462,56 €) en 2001, y las cuotas ingresadas eran de 3.832.451 ptas (23.033,49 €) en 1999, 5.263.880 ptas (31.636,56 €) en 2000 y 4.946.281 ptas (29.727,75 €) en 2001. La entidad ejercía la actividad aseguradora, epígrafe 821 del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Las regularizaciones que se proponen son debidas a los siguientes conceptos:

1. Seguros complementarios a los seguros individuales:

Del examen de la documentación solicitada a la entidad resultan unas cifras sujetas y no exentas, que corresponden a la cobertura de Riesgos Complementarios que, de acuerdo con el apartado 2 B de la disposición adicional primera de la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados pueden cubrir las entidades autorizadas para operar en el ramo de vida, que no fue declarada por la entidad aseguradora.

Los seguros complementarios a que se refiere este apartado son los siguientes: Exención del Pago de Primas en caso de Invalidez del asegurado (Condiciones especiales 15); Exención del Pago de primas en caso de Incapacidad profesional del asegurado (Condiciones especiales 11); Prestaciones en caso de Invalidez del asegurado (Condiciones especiales 14- Capital y Prestación) y Anticipo de Prestación en caso de Invalidez del asegurado (Condiciones especiales 12).

En el cálculo de la base no declarada se ha tenido en cuenta la distinción entre el riesgo de accidente y el de enfermedad, por lo que la base no declarada es únicamente la que según estadística de la entidad corresponde al riesgo de accidente.

Los cálculos concretos de prima, que corresponde a la operación sujeta, se han efectuado con los datos técnicos facilitados por la entidad aseguradora, a los que, según consta en el acta, la entidad ha dado conformidad. Por ello, el incremento de bases del que se propone la liquidación es el siguiente: 1999, 195.956.253 ptas. (1.177.720,8 €), 2000, 189.676.158 ptas. (1.139.976,67 €) y 2001 1.045.065,23 € (173.884.224 ptas.). Dichas operaciones deben gravarse por el Impuesto sobre Primas de Seguros, teniendo en cuenta los apartados Uno y Dos del art. 12 de la Ley 13/1996.

2. Seguros Colectivos o de grupo.

Las operaciones de las que se propone modificar las cifras declaradas son las que la entidad en principio consideró sujetas como riesgos complementarios del Ramo de Vida: accidentes y pensión accidentes. Se proponen los siguientes incrementos de base:

2.1. Incremento de bases por aplicación del artículo 12, apartado siete de la Ley 13/96, primas cobradas superiores a las declaradas en las operaciones sujetas a I.P.S. Se produce una diferencia en cada uno de los ejercicios, entre las cuotas cobradas (Resúmenes de vencimientos cobrados mensualmente) y la suma de las cuotas declaradas por los seguros individuales. Las diferencias para cada uno de los ejercicios es la siguiente:

Ejercicio 1999:

Incremento de base: 3.091.867 ptas., Cuotas no declaradas: 185.512 ptas.

Ejercicio 2000:

Incremento de base: 781.733 ptas., Cuotas no declaradas: 46.904 ptas.

Además en este ejercicio se propone la regularización de la cuota correspondiente a la póliza n° ..., pagada el 29 de diciembre de 2000 y no incluida en el "resumen de vencimientos cobrados mensual". Dicho motivo supone un incremento de base de 70.127.783 ptas. y una cuota no declarada de 4.207.667 ptas.

Ejercicio 2001:

Incremento de base: 12.050,69 €, Cuotas no declaradas: 723,04 €

2.2. Incremento por devengo del Impuesto en el ejercicio en que estaban en vigor las pólizas. Respecto a este motivo de regularización se recoge en el acta incoada: "Las cifras que se incluyen en la propuesta en el apartado 2.2, son las del denominado por la empresa IPS pendiente de cobro. La empresa no ha justificado la causa del retraso en los cobros. Se trata de Recibos emitidos netos de anulaciones, con cuotas del Impuesto sobre Primas, cuya cobertura corresponde al ejercicio. No está justificado, a juicio de la Inspección, póliza a póliza, los datos y documentos base del llamado "Impuesto Condicionado". Si constan en los Registros los datos de los "Recibos emitidos con IPS".

La inspección tributaria entiende que se trata de primas satisfechas y en las que, por tanto, se ha devengado el impuesto conforme a lo previsto en el artículo 12.7 de la Ley 13/1996. Se proponen los siguientes incrementos:

Ejercicio 1999:

Incremento de base: 3.019.500 ptas, Cuotas no declaradas: 181.170 ptas

Ejercicio 2000:

Incremento de base: 36.877.933 ptas, Cuotas no declaradas: 2.212.676 ptas

Ejercicio 2001:

Incremento de base: 218.922,06 €, Cuotas no declaradas: 13.135,32 €

        SEGUNDO.- Presentadas en 25 de noviembre de 2005 las correspondientes alegaciones por la interesada, el Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Técnica de la Oficina Nacional de Inspección dictó en fecha 27 de diciembre de 2005, notificado en la misma fecha, Acuerdo de liquidación, modificando la propuesta inspectora contenida en el acta incoada en relación a:

        Los incrementos de base en los seguros colectivos o de grupo por las cuotas del impuesto sobre las primas de seguro contabilizadas en la cuenta "IPS condicionado", de los datos que obran en el expediente no puede concluirse que dichos importes correspondan a primas efectivamente satisfechas, y, en consecuencia, se haya producido el devengo del impuesto, que motive su exigencia.

        La procedencia de la regularización del ejercicio 2000, relativa a la prima de la póliza nº ..., a la vista del condicionado de la póliza, cabe concluir que la misma instrumenta compromisos por pensiones que cubren las contingencias a que se refiere el art. 8. 6 de la Ley 8/1987, y en consecuencia, se encuentra exenta del Impuesto sobre las Primas de Seguro.  

        Resultando una deuda tributaria por importe de 258.509,08 €, de los que 203.885,66 € correspondían a cuota y 54.623,42 € a intereses de demora.

        TERCERO.- Contra el acuerdo anterior, la entidad interesada, interpuso, con fecha 27 de febrero de 2006, recurso de reposición. Con fecha 27 de marzo de 2006, contra la desestimación presunta del recurso de reposición, presenta reclamación económico-administrativa R.G. 1456/2006.  

        CUARTO.- Con fecha 3 de mayo de 2006, el Jefe de la Oficina Técnica de Control Aduanero y Tributario resuelve el recurso de reposición presentado, desestimándolo, dicho acuerdo se notifica el 5 de mayo siguiente. Mediante escrito presentado el 19 de mayo de 2006, la interesada ha promovido reclamación económico-administrativa R.G. 1835/2006 ante este Tribunal Económico-Administrativo Central frente al anterior Acuerdo.

        QUINTO.- Con fecha 6 de julio de 2006, se notifica a la entidad la puesta de manifiesto el expediente de las reclamaciones R.G. 1456/2006 y R.G. 1835/2006, que han sido acumuladas por este Tribunal Central conforme al artículo 230 de la Ley 58/2003, la interesada ha presentado en 4 de agosto de 2006 escrito en el que alega, en síntesis, lo siguiente:

        1º.- El procedimiento inspector ha excedido del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectores previsto en el art. 31 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos. La inspección ha considerado, que en el transcurso de sus actuaciones han existido una serie de dilaciones que motivarían que el plazo de finalización de las actuaciones pudiera prolongarse más allá del término de 24 meses. La entidad rechaza la consideración de estas dilaciones.

        2º.- Durante la tramitación de las actuaciones se han producido períodos de interrupción injustificada de la actuación inspectora en relación, entre otros conceptos, al Impuesto sobre Primas de Seguros, existe un período no cubierto por ninguna actuación inspectora relativa este concepto entre el 17 de febrero y el 30 de octubre de 2003.

3º.- En relación a los seguros complementarios:

a. El hecho imponible del IPS es la realización de operaciones de seguro, y no la cobertura de riesgos. Entender como hace la Inspección, lo contrario, supone violentar las reglas que respecto a la interpretación de las normas tributarias que establece nuestra Ley General Tributaria, ya que, en última instancia, significa, primero, contravenir el imperativo de que los términos empleados en las normas tributarias se entenderán conforme a su sentido jurídico; segundo, utilizar la analogía para extender el hecho imponible más allá de sus estritos término; y tercero, hacer primar una interpretación economicista de la norma tributaria basada exclusivamente en fines recuadatorios.

b. El concepto de "operación de seguro" no es equivalente al de "riesgo cubierto", de modo que no se puede identificar cada riesgo cubierto en el marco de un seguro con una operación de seguro distinta sometida a tributación de forma independiente.

c. El concepto de "operación de seguro" es equivalente al de "contrato de seguro", de manera que sólo podrá someterse a tributación cada contrato de seguro.

d. La cobertura por mi representada de los riesgos complementarios de accidente y enfermedad con resultado de incapacidad en el marco de los contratos de seguro analizados no debe ser entendida como la realización independiente de tres operaciones de seguro, una de seguro de vida, otra de seguro de accidentes y otra de seguro de enfermedad, sino como la realización de una única operación de seguro de vida, en el marco de la cual se cubren los citados riesgos complementarios.

e. Las operaciones de seguro realizadas por la entidad están exentas de tributación en virtud de lo establecido en el artículo 12. Cinco .1. letra b) de la LIPS.

                                                   FUNDAMENTOS DE DERECHO

           PRIMERO.- Concurren en la presente reclamación los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para su admisión a trámite por este Tribunal Económico-Administrativo Central.

        SEGUNDO.- Las cuestiones planteadas se centran en determinar: 1º.- Si el procedimiento inspector ha excedido del plazo máximo señalado en el art. 31 del RGIT. 2º.- Si ha habido o no interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras por más de seis meses. 3º.- Si procede o no la inclusión en la base imponible del impuesto de los seguros complementarios.  

TERCERO.-
Comenzando por la primera cuestión, relativa a la duración del procedimiento inspector, en el artículo 29 de la Ley citada se establece que las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos deberán concluir en el plazo máximo de doce meses, a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las mismas, pero se afirma a continuación que "podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, por otros doce meses, cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias". El Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado por el Real Decreto 939/1986, en su artículo 31 ter, añade:

"A estos efectos, y sin perjuicio de su necesaria apreciación a la vista de las circunstancias del caso concreto objeto de comprobación, podrá considerarse que las actuaciones revisten especial complejidad cuando se produzca alguno de los siguientes supuestos:

1º. Cuando el volumen de operaciones de la persona o entidad sea igual o superior al requerido para la obligación de auditar sus cuentas.

2º. Cuando el incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales de la persona o entidad, la desaparición de los libros o registros contables o su falta de aportación por el contribuyente determine una mayor dificultad en la comprobación que requiera de la ampliación del plazo.

3º. Cuando se compruebe la actividad de un grupo de personas o entidades vinculadas y dichas actuaciones requieran la realización de comprobaciones a diversos sujetos pasivos en el ámbito de diferentes Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

4º. Cuando el obligado tributario realice actividades fuera del ámbito territorial de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda a su domicilio fiscal, que requieran la realización de actuaciones de comprobación de la Inspección fuera de dicho ámbito territorial".

A lo expuesto, debe añadirse que los plazos a que se refieren los artículos 29 de la Ley 1/98 y 31.ter del Reglamento General de la Inspección deben computarse, según se expresa en dichos preceptos, descontando las interrupciones justificadas y las dilaciones imputables al contribuyente. El art. 31.bis.2 (red. RD 136/2000) del RGIT dispone que "A su vez, se considerarán dilaciones imputables al propio obligado tributario, el retraso por parte de éste en la cumplimentación de las solicitudes de información, requerimientos o comparecencias formuladas o solicitadas por la inspección dentro del ámbito de sus competencias, así como el aplazamiento o retraso de las actuaciones solicitado por el propio contribuyente en los casos en que se considere procedente. Las solicitudes que no figuren íntegramente cumplimentadas no se tendrán por recibidas a efectos de este cómputo hasta que no se cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al interesado. A efectos de dicho cómputo, el retraso debido a dilaciones imputadas al contribuyente se contará por días naturales".

En la procedimiento que nos ocupa, la Inspección imputó al obligado tributario un total de 315 días de dilaciones. La reclamante por su parte alega error en el cómputo de las dilaciones, a continuación se analizan los motivos de desacuerdo:

1.- La Oficina Nacional de Inspección ha imputado 30 días de dilación por debido a la solicitud de aplazamiento, considerando la entidad interesada que la mera literalidad de la petición presentada no deja lugar a dudas de que dicha dilación es de 29 días, nunca en 30.

La imputación de esta dilación tiene su origen en escrito de 28 de julio de 2004, en el que la entidad interesada solicita "se conceda el aplazamiento desde el 2 de agosto hasta el 31 de agosto".

Si bien, la entidad no indicó explícitamente si dicho último día estaba incluido, si que señaló que lo solicitaba fundamentalmente con motivo del periodo vacacional del mes de agosto, por lo que no parece que la entidad pretendiera ser citada dentro de ese mes. Así lo entendió la inspección que en el escrito de 29 de julio en el que concedía el aplazamiento solicitado, advirtió de la dilación imputable entre los días 2 y 31 de agosto "ambos inclusive", sin que en dicho momento nada objetara al respecto, y de hecho no hubo actuaciones durante el citado mes.

Por tanto, el computo del número de días de la dilación efectuado en el acuerdo de liquidación, 30 días, es correcto, y no existe error, tal y como pretende la entidad.

2.- En segundo lugar, se plantea el desacuerdo con las distintas dilaciones que se imputan a la entidad en este período y que se solapan, en concreto, son las siguientes dilaciones: desde el 9 de febrero al 17 de mayo de 2005, desde el 17 de mayo al 12 de julio de 2005, y desde el 12 de julio al 22 de julio de 2005.

La entidad alega que, un examen más detallado del inicio y el final del cómputo de este período de dilación le permite observar que, en todo caso podrían tratar de imputarse a la entidad 162 días de dilación, pero nunca 163 que se establecen en el acuerdo de liquidación.

En el acuerdo de liquidación se establecía bajo el epígrafe "Dilación sexta y séptima", una dilación originada por la no aportación de información solicitada por la entidad y que se extiende desde el 17 de mayo de 2005, fecha en la que debió ser aportada y 12 de julio de 2005 en la que de acuerdo con diligencia de dicha fecha se da por finalizada la dilación. Por dicha dilación no se computan a efectos del plazo de duración de las actuaciones inspectoras, 56 días. Ello supone que no se ha computado el primer día pero sí el último, como no puede ser de otra manera, porque si no consideráramos, como parece pretender la entidad, ni el último día para entregarlo, ni el día que se entrega, ello nos llevaría al caso imposible de que en un supuesto en el que la entrega no se efectúe en el día señalado, sino en el siguiente no existiría dilación, cuando no existe duda de que hay una dilación de un día.

Igual ocurre para la dilación 5º, que se extiende desde el 9 de febrero de 2005, último día para la entrega de la información solicitada hasta el 12 de julio de 2005, no obstante como dicho período se solapa con la dilación anterior, sólo se considera el período que abarca del 9 de febrero hasta el 17 de mayo. Por ello se consideró en el acuerdo de liquidación una dilación de 97 días. Dicho período no incluye como dilación el día 9 de febrero, primero del período, pero si el último (17 de mayo) que no se había considerado incluido en el periodo anterior.

Por último la "dilación octava" abarca el período comprendido entre el 1 y el 22 de julio, no obstante al producirse un solapamiento con las dilaciones antes considerada, se dejó de computar el período comprendido entre el 12 de julio y el 22 de julio, lo que ascendía a 10 días. En dicho periodo no se ha tomado en cuenta el día 12, que ya estaba incluido en la dilación 6°, pero sí el último por los motivos antes expresados.

Por tanto, y en conjunto podríamos decir que existe una dilación imputable a la entidad por la que no se computa el periodo comprendido entre el 10 de febrero y el 22 de julio de 2005, que empieza a computar como primer día de dilación el 10 de febrero y por el que no se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de las actuaciones 163 días naturales (56 +97 + 10).

Se deduce de lo expuesto que las dilaciones discutidas han sido correctamente apreciadas por la Inspección y su duración respectiva debe ser computada en el plazo de duración de las actuaciones inspectoras según lo establecido en el artículo 31 anteriormente transcrito.

En cualquier caso, en el presente supuesto, dado que el período de actuaciones se extendieron desde el día 17 de febrero de 2003 hasta el 27 de diciembre de 2005, teniendo en cuenta las dilaciones imputadas a la entidad interesada, no ha trancurrido el plazo de 24 meses que establece la normativa. En consecuencia, debemos desestimar las alegaciones formuladas al respecto.

          CUARTO.- En segundo lugar, la interesada alega que se ha producido interrupción injustificada en relación con el Impuesto sobre las Primas de Seguros, y ello por no haberse realizado actuación alguna durante más de seis meses entre 17 de febrero y 30 de octubre de 2003. Sin embargo dicha alegación no puede admitirse ya que, como se desprende del Reglamento de la Inspección de los Tributos, artículos 46 y 47, las diligencias recogen aquellos hechos o circunstancias que se consideran relevantes durante la actuación de comprobación inspectora, a efectos de la regularización de la situación tributaria del sujeto pasivo, además de las manifestaciones que durante aquélla pueda efectuar al interesado, sin que necesariamente cada diligencia tenga que referirse a todos y cada uno de los conceptos y ejercicios a los que la comprobación inspectora se extiende, para que la misma tenga un carácter interruptivo de la prescripción de cada uno de ellos, ejercicio por ejercicio. Las diligencias hay que enmarcarlas dentro de una actuación de comprobación más amplia, la de los conceptos tributarios y ejercicios a la que aquella alcanza, siendo dentro de ella desde la cual han de analizarse y, surtiendo, por tanto, dentro de ella sus efectos interruptivos frente a todos los conceptos y ejercicios que se comprueban. En este sentido, y tal y como tiene reconocido este Tribunal Central en reiteradas Resoluciones -entre otras la de 23 de febrero de 2000 (R.G. 2380/98) ...- "...Si bien la especificidad o estanqueidad tributaria es indispensable para la citación o iniciación de actuaciones inspectoras, la cadena de documentos interruptores de la prescripción hasta la formalización del acta no tiene por qué referirse a cada uno de los conceptos inspeccionados, ni tienen que tener tales documentos un contenido mínimo, ya que el artículo 47 del Real Decreto 939/86, delimita los supuestos que deberán formalizarse necesariamente en Diligencias, pero no limita los casos en que tales documentos pueden utilizarse...". Por tanto, por lo razonado anteriormente y porque así se desprendía de las propias actuaciones inspectoras de que se trata, el hecho de que determinadas diligencias extendidas no se refirieran expresamente al Impuesto sobre las Primas de Seguros, 1999/00/01, en modo alguno significa que, en relación a dicho concepto y periodo haya existido paralización injustificada de las actuaciones inspectoras durante el periodo transcurrido entre dichas diligencias, como pretende la entidad recurrente. Por todo ello, procede concluir que no se ha producido la prescripción alegada por la recurrente.

          QUINTO.- La siguiente cuestión se refiere a la inclusión en la base del impuesto, de los seguros por cobertura de riesgos complementarios.

El Impuesto sobre Primas de Seguros se creó por Ley 13/1996, de 30 de diciembre, estableciéndose en el artículo 12 de la misma que "Con efectos a partir de 1 de enero de 1997, se crea un nuevo Impuesto sobre las Primas de Seguros, que se regirá por las siguientes disposiciones: Uno. Naturaleza. El Impuesto sobre las Primas de Seguros es un tributo de naturaleza indirecta que grava las operaciones de seguro y capitalización, de acuerdo con las normas de este artículo. Dos. Hecho imponible. 1. Estará sujeta al impuesto la realización de las operaciones de seguro y capitalización basadas en técnica actuarial, a las que se refiere el artículo 3.º de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, que, de acuerdo con lo previsto en el apartado seis de este artículo, se entiendan realizadas en el ámbito espacial de aplicación del impuesto, concertadas por entidades aseguradoras que operen en España, incluso en régimen de libre prestación de servicios.(...)". El apartado cinco del citado artículo 12 dispone que "1. Estarán exentas del Impuesto sobre las Primas de Seguro las siguientes operaciones:

a).- Las operaciones relativas a seguros sociales obligatorios y a seguros colectivos que instrumenten sistemas alternativos a los Planes y Fondos de Pensiones.

b).- Las operaciones relativas a seguros sobre la vida a los que se refiere la Sección 2º del Título III de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

c).- Las operaciones de capitalización basadas en técnica actuarial...

i) Las operaciones de seguro de asistencia sanitaria y enfermedad".

El motivo de regularización es la inclusión en la base imponible del impuesto (operación sujeta y no exenta) de los importes que corresponden a la cobertura de Riesgos Complementarios que, de acuerdo con el apartado 2 B de la disposición adicional primera de la Ley 30/1995, de ocho de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, pueden cubrir las entidades autorizadas para operar en el ramo de vida y que no fueron declarados por la entidad aseguradora, por considerar que se trata de operaciones exentas.

La entidad interesada considera aplicable la exención del artículo 12.Cinco, b) de la Ley 13/1996. Esta exención se refiere a las operaciones de seguro sobre la vida, comprendidas en la Sección 2º del Título III de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro. La Sección 2º mencionada, regula el seguro sobre la vida y éste se define y delimita en función de los riesgos cuya materialización determina las prestaciones contractuales. Pues bien, estos riesgos son muerte o supervivencia, o ambos conjuntamente.

La prima incorporada a la base imponible del impuesto por la inspección tributaria no está vinculada al riesgo de muerte o supervivencia ni a ambos conjuntamente, sino a los de invalidez o incapacidad profesional.

La exención que aquí se discute, en este impuesto se circunscribe, entre otras, a: "b).- Las operaciones relativas a seguros sobre la vida", pero no alcanza a la realización de dichas operaciones cuando, al amparo de lo establecido en la Disposición la de la Ley 30/1995 de 8 noviembre, se cubren otros riesgos complementarios, que por su naturaleza no estarían exentos de dicho tributo.

En conclusión, este Tribunal Central, confirma la regulación inspectora en lo que se refiere a la exigencia de las cuotas del Impuesto sobre Primas de Seguros por el concepto analizado.

        En consecuencia

        ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA,
en la presente reclamación, ACUERDA: Desestimarla, confirmando el acuerdo impugnado.

Impuesto sobre las Primas de Seguros
Seguro de vida
Operaciones de seguro reaseguro capitalización
Contrato de seguro
Cobertura de riesgos
Incapacidad
Inspección tributaria
Administración Tributaria del Estado
Compañía aseguradora
Pago de primas de seguro
Procedimiento inspector
Devengo del Impuesto
Primas de seguro
Accidente
Obligado tributario
Actividad inspectora
Riesgo cubierto
Acta de disconformidad
Impuesto sobre Actividades Económicas
Actividad aseguradora
Intereses de demora
Deuda tributaria
Desestimación presunta
Días naturales
Seguro de accidentes
Seguro de enfermedad
Fecha de notificación
Personas o entidades vinculadas
Dilaciones imputables al obligado tributario
Domicilio fiscal
Período vacacional
Vacaciones
Prestación de servicios
Asegurador
Seguro de asistencia sanitaria
Fondos de pensiones

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1995 de 8 de Nov (Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 268 Fecha de Publicación: 09/11/1995 Fecha de entrada en vigor: 10/11/1995 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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