Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1481/2006 de 08 de Noviembre de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 08 de Noviembre de 2007
  • Núm. Resolución: 00/1481/2006

Resumen

Se anula por su desproporción el requerimiento de información al afectar a todas las empresas (cientos de miles) integradas en un sistema de medios de pago mediante tarjetas de crédito.

Descripción

        En la Villa de Madrid, a 8 de noviembre de 2007, en la reclamación económico-administrativa que pende de resolución ante este Tribunal Central, interpuesta por X con CIF ..., y en su nombre y representación por Don ..., con domicilio, a efectos de notificaciones, en ..., contra el Requerimiento de Información emitido por el Equipo Central de Información, de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Referencia ..., de 13 de marzo de 2006, notificado a la entidad el día 15 de dicho mes.

                                                        ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: Con fecha 13 de marzo de 2006, la ya mencionada Unidad de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, dirigió Requerimiento a la entidad reclamante, al amparo del artículo 93 y 94 de la Ley General Tributaria, según redacción dada por Ley 58/2003, para que en el plazo de 30 días hábiles desde la recepción del requerimiento (15 de marzo de 2006), aportase determinada información con trascendencia tributaria, que resulta necesaria para el desarrollo de las actuaciones que tienen encomendadas los Servicios de Inspección de la AEAT.

        De acuerdo con el citado requerimiento, se solicitaba a X información relativa a "los establecimientos económicos adheridos al sistema de pagos mediante tarjetas de crédito y débito gestionadas por esa Entidad", haciendo constar, "para cada uno de ellos, los siguientes datos relativos a los ejercicios 2004 y 2005":

        1.- Número de comercio

        2.- Identificación del establecimiento, la cual comprenderá apellidos, nombre o razón social y Número de Identificación Fiscal o, en su defecto, Número de Pasaporte o Número de identidad válido en su país de origen, así como dirección que conste a efectos de la operativa de dichas tarjetas.

        3.- Sector de Actividad en el que se encuadra el establecimiento, de acuerdo con los códigos de sectores de actividad de esa Entidad.

        4.- Entidad/es financiera/s con las que opera el establecimiento en el sistema, según el Código de la Entidad asignado por el Banco de España.

        "La información citada en los puntos 1 a 4 anteriores se aportará, de manera diferenciada, para aquellos establecimientos económicos que, en los ejercicios solicitados, no hayan realizado ninguna transacción o hubieran realizado transacciones por importe global inferior a 3.000 euros.

        Esta información se presentará en soporte magnético, el cual se cumplimentará conforme al diseño informático que se recoge en el Anexo 1".

SEGUNDO:
Disconforme con el requerimiento recibido, la entidad, en fecha 10 de abril 2006, interpuso, en plazo, ante este Tribunal, reclamación económico-administrativa objeto de la presente resolución, referenciada con el número 1481/06, al amparo de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Emitido el correspondiente informe por el Equipo Central de Información, en fecha 7 de julio de 2006, se notificó a la entidad, la puesta de manifiesto del expediente administrativo, presentando, con fecha 31 de julio de 2006 el correspondiente escrito de alegaciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley 58/2003.

En su escrito, la entidad realizó, en síntesis, las siguientes alegaciones:

          1)         En primer lugar, alega la entidad, que la misma desconoce la información que le es requerida por el ONIF, dado que: "no participa ni tiene conocimiento en modo alguno de las transacciones realizadas por los establecimientos económicos, dado que no opera en el sistema a través del cual se realizan las operaciones".

"Sin perjuicio de lo anterior, entiende mi representada que la ONIF puede haberle requerido la información mencionada en el EXPOSITIVO PRIMERO por participar al 100% en la sociedad Y, S.A., sociedad cuya actividad consiste en la prestación de servicios en materias relacionadas con los medios de pago, a las entidades financieras miembros de X y por ser el administrador único de la misma. No obstante, e independientemente de que mi representada considera que la remisión de este requerimiento por X tampoco tendría amparo legal, no entiende cómo su relación con X pudiera conllevar la obligación ni capacidad de contestar al requerimiento recibido".

          2)         En segundo lugar, la entidad reproduce las alegaciones presentadas en la reclamación económico-administrativa presentada por Y, S.A.

           a) Así señala, que la información requerida no tiene trascendencia tributaria.

           b) Entiende asimismo que, "difícilmente puede "deducir" la información requerida de sus relaciones  económicas, profesionales o financieras con los establecimientos adheridos al sistema de pagos mediante tarjetas de crédito y débito que gestiona", señalando además que no es titular de los datos solicitados.

La actividad de la empresa se limita a prestar servicios de  proceso de las transacciones y otros servicios relacionados con dicho proceso a las entidades financieras mencionadas, pero en ningún caso contrata con los establecimientos ni con los usuarios de las tarjetas, ya que son las entidades financieras las que contratan con éstos. El cometido de la entidad, es la "prestación de servicios operativos e informáticos relacionados con la tarjeta de crédito y de débito u otros medios de pago, el asesoramiento y la consultoría en materia de sistemas informáticos; el diseño y desarrollo de programas de ordenador para la operativa de las tarjetas de crédito y de débito, de transferencias electrónicas de fondos, y demás servicios de similar naturaleza; así como el asesoramiento en materia de compraventa, adaptación, transformación de aparatos y máquinas expendedoras de billetes, terminales punto de venta, cajas registradoras y conexiones de todos estos con ordenadores y centros informáticos o de cálculo".

           c) "Por otra parte, debe tenerse en cuenta i) que los datos que la ONIF está considerando solicitar no se derivan de forma inmediata, sino que en todo caso mediata, de "relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas" de mi representada, ii) que mi representada no puede comprometerse totalmente a garantizar la veracidad de los datos, dado que tiene que elaborarlos y proceder a su tratamiento, iii) que mi representada no tiene ninguna obligación legal frente a los establecimientos ni frente a la Administración tributaria de poseer dichos datos, dado que no es titular de los mismos, y iv) que se establece una presunción legal de certeza a los datos que mi representada aporte en contestación al requerimiento".

          Los datos obtenidos pueden ser erróneos, y la entidad no puede garantizar la veracidad de los mismos, puesto que el establecimiento puede operar con otras tarjetas emitidas por otras entidades financieras afiliadas a otros sistemas de pago (... y ...).

          d) Aduce a continuación la interesada, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 de la LGT, la individualización a que se refiere el mismo, debe entenderse, no únicamente a la persona o entidad a la que se dirige el requerimiento, sino también a la información concreta solicitada. Es más, esta interpretación se ve reforzada con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 3.2 de la LGT. El requerimiento hace referencia a todos los establecimientos adheridos al sistema de pagos que gestiona, y cuyo número aproximado calcula fue aproximadamente de 513.500 en 2004 y 555.000 en 2005, no cumpliendo así el requisito de individualización. Remarca finalmente que la Administración tiene otros medios para obtener la información generalizada.

          e) La siguiente cuestión que plantea es la posible discriminación que sufriría la entidad, con los perjuicios que ello le ocasionaría, si la ONIF no solicitase la misma información tanto a todas las entidades gestoras de sistemas de medios de pago, como a las emisoras de medios de pago.

A mayor abundamiento, mi representada considera de especial importancia el hecho de que la legislación comunitaria se esté encaminando con rapidez y contundencia a regular el mercado de los medios de pago, siendo uno de los pilares básicos de esta evolución la posibilidad de que entidades financieras que utilicen sistemas de medios de pago extranjeros puedan adquirir la facturación de tarjetas de los comercios españoles. En este sentido, entiende mi representada que se produciría una discriminación, en tanto en cuanto la ONIF no pudiera emitir requerimientos a los operadores extranjeros. Por tanto, los establecimientos españoles que actuasen con cualesquiera entidades financieras (españolas o extranjeras), haciéndolo éstas mediante operadores extranjeros, no se verían controlados por medio de requerimientos de información emitidos en términos similares al notificado a mi representada por parte de la ONIF. Este hecho discriminaría positivamente a los operadores extranjeros. Por ello, entiende mi representada que el requerimiento de información emitido por la ONIF no debiera ser admitido por el Tribunal. Es más, entiende mi representada que este hecho podría atentar contra el artículo 43 del Tratado de la Comunidad Europea, por lo que solicita del Tribunal que declare el planteamiento de una Cuestión Prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

          f) Señala asimismo, que el requerimiento recibido conculca los principios de proporcionalidad, eficacia, y limitación de costes indirectos, recogidos en el artículo 3.2 de la LGT.

          g) La siguiente alegación presentada se centra en la falta de motivación del requerimiento emitido, así como que la información requerida debe encuadrarse dentro del supuesto previsto en el artículo 93.3 de la LGT, de modo que se requeriría el cumplimiento de las garantías adicionales que se recogen en dicho precepto, ya que de otro modo se estaría vulnerando el derecho a la intimidad.

Finalmente, solicita al Tribunal que declare la nulidad de pleno derecho del Acto impugnado y que decida el planteamiento de cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

                                                         FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Concurre en la presente reclamación económico-administrativa, los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para su admisión a trámite por este Tribunal Económico-Administrativo Central.

SEGUNDO:
Las cuestiones planteadas en la misma se centran en determinar:

          a) si es adecuado por parte de la ONIF, solicitar a la obligada tributaria información conocida en el ejercicio de su actividad por parte de Y, S.A.

           b) la procedencia del requerimiento de información emitido por el Equipo Central de Información, de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, en fecha 13 de marzo de 2006.

TERCERO:
En primer lugar, alega la entidad, que la misma desconoce la información que le es requerida por el ONIF, dado que: "no participa ni tiene conocimiento en modo alguno de las transacciones realizadas por los establecimientos económicos, dado que no opera en el sistema a través del cual se realizan las operaciones".

"Sin perjuicio de lo anterior, entiende mi representada que la ONIF puede haberle requerido la información mencionada en el EXPOSITIVO PRIMERO por participar al 100% en la sociedad Y, S.A. sociedad cuya actividad consiste en la prestación de servicios en materias relacionadas con los medios de pago, a las entidades financieras miembros de X y por ser el administrador único de la misma. No obstante, e independientemente de que mi representada considera que la remisión de este requerimiento por Y, S.A. tampoco tendría amparo legal, no entiende cómo  su relación con Y, S.A. pudiera conllevar la obligación ni capacidad de contestar al requerimiento recibido".

Pues bien, esta Sala considera legítimo y adecuado el requerimiento emitido a X en relación a los datos que pueda obtener en el ejercicio de su actividad Y, S.A. habida cuenta de que, tal y como afirma la propia reclamante, ésta última se encuentra participada al 100% por la obligada tributaria, siendo asimismo administradora única de la entidad.

Ambas sociedades, forman en la práctica un único ente, pese a su diferenciación jurídica, pues X controla a la segunda, no sólo desde el punto de vista de su participación accionarial, sino también en relación a los órganos de dirección y gestión, por lo que no puede entender esta Sala como puede alegar la imposibilidad de aportar la información requerida, ya que en cumplimiento de su deber de colaboración con los órganos de la Administración Tributaria, no parece difícil que pueda acceder a dicha información.

Siendo administrador único de Y, S.A. se trata de datos que fácilmente puede recabar del ejercicio de su actividad y funciones, puesto que además es el representante legal y único de dicha entidad.

En relación a un supuesto de similares características ya se ha pronunciado este Tribunal en Resolución de 2 de diciembre de 1999, en el que se consideraba conforme a derecho el requerimiento dirigido a quien ostentó el cargo de Consejero Delegado en la entidad a la que se refieren los datos que se le solicitan, considerando que tal requerimiento cuenta con cobertura suficiente en el art. 111 LGT.

En la mencionada Resolución, se disponía que: "La amplitud del tenor literal transcrito da lugar a que, en el caso que se plantea en este expediente, no pueda encontrarse motivo alguno para considerar eximido al reclamante de la susodicha obligación de informar. Concurren en el caso todos los supuestos de hecho a que la ley condiciona tal obligación: los datos, informes o antecedentes tienen evidente trascendencia tributaria y se deducen de las relaciones económicas, profesionales o financieras mantenidas por el interesado con otra persona -la Sociedad...- bien se refieren, a su vez, a otros terceros. Por tanto es clara la obligación del reclamante de informar a la Administración Tributaria y ello no tanto en virtud del artículo 26.3 del RGIT -que se regula más bien la capacidad de obrar ante la Inspección de quienes hayan sido representantes de personas jurídicas- sino, como acaba de manifestarse, del 111 de la LGT, que le es de directa y personal aplicación: el requerido es él, para que aporte la información en nombre y por cuenta propios, y no la sociedad de la que en otro tiempo fue representante".

Así se concluía que "Es obvio que el cumplimiento del requerimiento formulado estará en función, en este caso como en cualquier otro, a la posibilidad de atenderlo. Ahora bien, es también evidente que la imposibilidad de suministrar todos o alguno de los antecedentes solicitados puede obedecer a diversas razones, que cabe agrupar en dos categorías: en primer lugar al incumplimiento, por la persona requerida, de sus obligaciones en orden a la conservación de documentos, registros u otros antecedentes, caso al que la ley asocia, en los términos establecidos, la correspondiente sanción. Y en segundo término, puede ocurrir que la persona requerida no disponga de las informaciones que se le solicitan por motivos que no le son imputables, en cuyo caso el cumplimiento de su deber de colaboración quedará condicionado a los contenidos de que disponga. Es decir, que -por lo que a este caso se refiere- una cosa es que el reclamante está obligado a atender al requerimiento y otra que, por las posibles dificultades que concurren en este caso, le sea imposible aportar -por no disponer de ellos o por el tiempo transcurrido- algunas de tales informaciones, extremos estos que deberá hacer constar a la Inspección, sin que pueda ello considerarse incumplimiento en la medida en que respondan a la realidad. Procede, en definitiva, desestimar el presente recurso de alzada".

Por lo tanto, en aplicación de los fundamentos anteriormente reproducidos, se desestiman las alegaciones de la interesada, debiendo X aportar dicha información como socio y administrador único de Y, S.A. dado que no existe causa aparente en principio que determine la imposibilidad de obtener tales datos.

CUARTO: En cuanto a la procedencia del requerimiento de información emitido por el Equipo Central de Información, de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, en fecha 13 de marzo de 2006, la entidad se limita a transcribir las alegaciones efectuadas por Y, S.A. en la reclamación presentada por ésta última ante este Tribunal, y referenciada con el número .../06.

Dicha reclamación ha sido fallada por esta Sala, en esta misma, sesión, en sentido estimatorio.

Siendo las alegaciones de la interesada en este punto fiel reproducción de las presentadas por Y, S.A nos limitaremos a reproducir el contenido de los fundamentos de derecho tercero a cuarto de la resolución de la reclamación económico-administrativa presentada por esta última entidad y referenciada con el número .../06:

"TERCERO: El artículo 93 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que regula las obligaciones de información, señala que:

"1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.

En particular:

a) Los retenedores y los obligados a realizar ingresos a cuenta deberán presentar relaciones de los pagos dinerarios o en especie realizados a otras personas o entidades.

b) Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen la de cobro de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados, deberán comunicar estos datos a la Administración tributaria.

A la misma obligación quedarán sujetas aquellas personas o entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de mediación financiera en general que, legal, estatutaria o habitualmente, realicen la gestión o intervención en el cobro de honorarios profesionales o en el de comisiones, por las actividades de captación, colocación, cesión o mediación en el mercado de capitales.

c) Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores u otros bienes de deudores a la Administración tributaria en período ejecutivo estarán obligadas a informar a los órganos de recaudación y a cumplir los requerimientos efectuados por los mismos en el ejercicio de sus funciones.

2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse con carácter general en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen, o mediante requerimiento individualizado de la Administración tributaria que podrá efectuarse en cualquier momento posterior a la realización de las operaciones relacionadas con los datos o antecedentes requeridos".

        CUARTO: De todas las cuestiones planteadas por la entidad, considera este Tribunal, por la importancia de las consecuencias que de la misma se derivan, debe ser destacada la relativa a que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 de la LGT, la individualización a que se refiere el mismo, debe entenderse, no únicamente a la persona o entidad a la que se dirige el requerimiento, sino también a la información concreta solicitada. Es más, esta interpretación se ve reforzada con el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 3.2 de la LGT. El requerimiento hace referencia a todos los establecimientos adheridos al sistema de pagos que gestiona, y cuyo número aproximado calcula fue aproximadamente de 513.500 en 2004 y 555.000 en 2005, no cumpliendo así el requisito de individualización.

De acuerdo con los artículos 93 de la LGT, la individualización se requiere en relación a la entidad a la que se dirige el requerimiento y no tanto a los datos a la misma solicitados.

        De tales datos, lo único que se exige por nuestra jurisprudencia y doctrina es que estén especificados, y que sean conocidos por la requerida como consecuencia del ejercicio de su actividad.

En cuanto al primero de los requisitos, se hace necesario reproducir, el fundamento de derecho de derecho tercero de la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2000, en el que señala que:

"Se ha utilizado correctamente el sistema de obtención de información consagrado en el artículo 111.2 de la Ley General Tributaria (LGT) y, además, el requerimiento efectuado por la Oficina Nacional de la Inspección reúne las condiciones y características necesarias para ser calificado -en contra del criterio de la entidad recurrente- de "individualizado". El citado artículo 111.2 de la LGT establece que "las obligaciones a que se refiere el apartado anterior -las de proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria- deberán cumplirse bien con carácter general, bien a requerimiento individualizado de los órganos competentes de la Administración Tributaria, en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen". De dicho texto se infiere que la Administración puede utilizar dos medios de obtención de información, a saber, primero, imponiendo a ciertas personas en normas de carácter general la obligación de suministrar periódicamente los citados datos de trascendencia tributaria, y, segundo, requiriendo individualizadamente a alguna o algunas de tales personas a que proporcionen cierta y específica información de la clase mencionada. La segunda vía inquisitiva es la utilizada en el presente caso. Y la entidad recurrente viene obligada a proporcionar a la Administración los datos referentes a los seguros de prima única no porque exista una norma general que la constriña a facilitarlos siempre y de una forma periódica, sino porque en una fecha determinada recibió la comunicación de un acto administrativo específico, dirigido singularmente a ella, que le impuso de forma precisa la obligación de suministrar cierta y concreta información: y eso es, obviamente, por más que trate de modularlo confusamente la entidad impugnante, un requerimiento individualizado. No existe en la LGT norma alguna que restrinja el concepto de «requerimiento individualizado» sólo a los supuestos en que el mismo se hace para averiguar datos de un sujeto pasivo determinado, sino que la individualización viene referida, amén de al contenido del requerimiento (que puede ser más o menos amplio, según las necesidades de información que tenga la Administración), al modo de operar ésta y a la singularidad del destinatario: es una decisión concreta de la Administración, expresada en un acto singular, y dirigida a una persona específica. Además, el deber general de información que, como medio legal para la efectiva realización del deber constitucional de colaboración en el sostenimiento de las cargas públicas mediante el pago de impuestos, está establecido en nuestro ordenamiento jurídico no puede quedar sin efecto por razones meramente instrumentales que, a mayor abundamiento, se encuentran reguladas (en el artículo 111.2 de la LGT) de forma absolutamente alternativa y con tal amplitud que cabe afirmar que, sobre la base de los datos proporcionados por la llamada vía general de suministro, la Administración puede ulteriormente recabar datos concretos sobre un extremo determinado de la información ya facilitada u obtenida, siempre y cuando se cumplan los requisitos reglamentarios establecidos al efecto".

         En su Sentencia, el TS concluye que: "Es evidente que el requerimiento practicado en el caso presente ha de calificarse, como hemos venido diciendo, de "individualizado" al estar dirigido a entidad concreta y solicitar los datos de trascendencia tributaria relativos a operaciones económicas específicas y determinadas".

        Una vez, zanjada la cuestión sobre el alcance del concepto de requerimiento individualizado, recogido en el artículo 93 de la LGT, y determinar que el mismo se refiere a la entidad o sujeto al que se dirige el mismo, y no al número de datos requerido, debemos no obstante comprobar, si el requerimiento en cuestión cumple con el resto de principios recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, y en particular, con los principios que deben regir toda actuación de la Administración Tributaria.

        En este sentido, el artículo 3.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que regula los principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario, señala que:

       "2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios".

         En este mismo sentido, ya se pronunció la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los contribuyentes, de 26 de febrero, en su artículo 2.2, en el se determinaba que:

         "2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de generalidad, proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales. Asimismo, asegurará el respeto de los derechos y garantías del contribuyente establecidos en la presente Ley".

          Por lo tanto, de los preceptos reproducidos, se deduce que las medidas adoptadas por la Inspección en cualquier caso deben de estar informadas por el principio de proporcionalidad, y en relación al cumplimiento de las obligaciones formales, con la limitación de costes indirectos.

Del examen del requerimiento dirigido por la ONIF a la entidad, puede concluirse que el mismo fue extendido por la Inspección de forma indiscriminada en cuanto a su contenido, es decir, genérica y global en relación con la totalidad de "los establecimientos económicos adheridos al sistema de pagos mediante tarjetas de crédito y débito gestionadas por esa Entidad", tanto aquellas cuyo volumen de operaciones fue superior a 3.000 euros, como aquellas que facturaron operaciones por importe inferior o no consta operación alguna. Ello supone para el contribuyente, la aportación de datos en relación a más de 500.000 establecimientos económicos en cada uno de los periodos que abarca el requerimiento, entendiendo este Tribunal que ello produce que el mismo no encuentre un encaje preciso y ajustado en las previsiones señaladas en el artículo 3.2 de la LGT.

Con esta conclusión, debe destacarse el carácter abstracto y genérico de la posible trascendencia tributaria de los datos requeridos por la ONIF, así como que  la medida adoptada es desproporcionada, máxime cuando ya gran parte de los datos pueden ser obtenidos por la Inspección a través de otros medios, como las declaraciones generales de información de operaciones con terceros. Es fácil suponer que si la información que se pide tuviera una trascendencia tributaria general, dado que afecta a cientos de miles de empresas, habría sido exigida a través del sistema de "suministro", con el consiguiente apoyo normativo. Por decirlo gráficamente, el catálogo de obligaciones formales y de colaboración informativa referidas a la generalidad de las empresas (pues prácticamente todas utilizan el pago o cobro con tarjetas) no debe quedar al arbitrio de un órgano inspector. El artículo 31 de la Constitución no puede llevarse tan lejos, ni el deber de contribuir legitimar cualquier exigencia administrativa.

En este sentido ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo, en Sentencia de 12 de noviembre de 2003, en la que consideró que la pluralidad de los sujetos afectados, en relación a los cuales se solicitaba información a la obligada tributaria, al ascender a la cifra de 108.451 titulares, convertía la comentada individualización, por mor de la genericidad e indeterminación subjetiva en que la actividad del requerido se traduce y plasma, en una abstracción incompatible con lo exigido en el art. 111.1 de la LGT, en cuanto que el sistema de "captación" de datos utilizado no puede revestir, como se infiere de la propia expresión citada, un carácter indiscriminado y no selectivo o, lo que es lo mismo, de total extensión y comprensión de la multitud de usuarios del servicio prestado por la empresa requerida.

En el expediente mencionado, el Tribunal de instancia, al que el TS confirma posteriormente, manifestó que "Además, un requerimiento genérico global respecto de 108.451 usuarios está en abierta contradicción con la exigencia del requerimiento individualizado que se establece en el artículo 111.2 de la LGT, en el que se dispone, con toda claridad, que el cumplimiento de la obligación de suministrar información debe cumplirse bien por «suministro» o de forma general (sin necesidad de mediar un previo requerimiento de la Administración a las personas afectadas) o bien por «captación» o individualizadamente, tal y como ha acontecido en el presente caso, en el que la captación de datos o informes no puede revestir, como se desprende de la propia expresión citada, un carácter indiscriminado o, lo que es lo mismo, de total extensión y comprensión de la multitud de usuarios de un servicio prestado por la empresa requerida".

El TS, desestimó el recurso de casación presentado contra la Sentencia de instancia, confirmando la misma, en base a los siguientes fundamentos de derecho, que por su claridad y contundencia, así como similitud con el expediente que estamos analizando, considera esta Sala conveniente reproducir:

"A) Carece de predicamento lo argüido por el Abogado del Estado respecto a la existencia de verdadera trascendencia tributaria en los datos, informes y antecedentes que han sido objeto del requerimiento de información, pues, en el caso de autos, por muy motivado formalmente, ex post facto, que esté el mismo (lo que no implica que también lo esté materialmente -en cuanto el informe obrante al respecto en el expediente no es, en realidad, más que una redundancia y una tautología-), el requerimiento no deja de ser excesivamente indiscriminado, genérico y global, en relación con la totalidad de los usuarios, en el año 1991, del Servicio de Telefonía Móvil Automática (cuando tal Servicio acababa, prácticamente, de entrar en funciones, y cuando los titulares eran, entonces, 108.451 y sus facturaciones medias anual y mensual alcanzaban, respectivamente, las cifras de sólo 177.990 ptas. y 14.883 ptas.).

La trascendencia tributaria que analiza debe entenderse como la cualidad de aquellos hechos o actos que pueden ser útiles a la Administración para averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación establecida en el artículo 31.1 de la Constitución Española de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, y poder, en caso contrario, obrar, en consecuencia, de acuerdo con la Ley. Y esa utilidad puede ser "directa" (cuando la información solicitada se refiere a hechos imponibles, o sea, a actividades, titularidades, actos o hechos a los que la Ley anuda el gravamen) o "indirecta" (cuando la información solicitada se refiere sólo a datos colaterales, que puedan servir de indicio a la Administración para buscar después hechos imponibles presuntamente no declarados o, sencillamente, para guiar después la labor inspectora -que, no se olvide, no puede alcanzar a absolutamente todos los sujetos pasivos, por ser ello materialmente imposible- hacia ciertas y determinadas personas).

No cabe, pues, presumir tal trascendencia tributaria por el simple hecho de haberse solicitado la información (y, menos, en un caso como el presente, en que la misma intenta abarcar a todos los abonados y usuarios de un determinado Servicio, ninguna de cuyas contraprestaciones son, según lo probado, muestra palpable o indiciaria de una relevante capacidad económica o de una actividad económica encubierta), debiendo concurrir una justificación o motivo específicamente suficiente que fundamente el requerimiento de la información (justificación o motivo que, materialmente, aquí no concurre), pues conceptuar el requisito legal de la trascendencia tributaria de forma abstracta o genérica equivaldría en la práctica a negar virtualidad a su exigencia, dado que difícilmente puede colegirse, en algún supuesto concreto de información, que sea, en todo caso y circunstancia, directa o indirectamente, tributariamente intrascendente (y procede, en consecuencia, declarar que la entidad interesada tiene derecho a no atender al requerimiento de información que le ha efectuado la AEAT).

El requerimiento de autos, que parece deberse a la mera comodidad de obtener una información omnisciente de los datos correspondientes a los usuarios del Servicio de Telefonía Móvil del año 1991, no deja de carecer de trascendencia tributaria, pues, frente al contenido del informe obrante en el expediente administrativo, la prueba practicada acredita que la citada información se está refiriendo a unos datos sin verdadero relieve económico (ni expreso ni encubierto). Y obvio es que, para tal fin, la Administración dispone de un amplio repertorio de actuaciones, que no son reconducibles al artículo 111 de la LGT (so pena de convertir tal precepto en una vía para conseguir una omnisciencia fiscal absoluta).

B) No se ha vulnerado, en la sentencia de instancia, el artículo 140.1 d) de la LGT, porque en él se obliga a que las actuaciones que lleve a cabo la Inspección de los Tributos han de estar directa o indirectamente encaminadas a la aplicación de los tributos, y es claro que, en el caso de autos, tal precepto, relacionado con el 111 del mismo texto legal, no es aplicable, tras el resultado de la prueba antes comentada, ante la total y absoluta ausencia de relevancia tributaria de los datos requeridos y obtenidos (cuando es así, además, que el Abogado del Estado mantiene la infracción de dicho art. 140 d) de la LGT, en relación con el antes citado art. 37 del RD 939/1986, sin el debido apoyo argumental).

C) Cierto es, en principio, que la individualización del requerimiento se predica, generalmente, del sujeto requerido, que sí debe ser singular y determinado, y no de los terceros, pues el requerimiento tanto puede referirse a los datos que aquél posea de una persona determinada como a todos los que posea de ciertas operaciones o de ciertos hechos que afecten a una pluralidad de terceros que se hayan relacionado con él, en su calidad de sujeto requerido (sometido al deber de colaboración).

Pero ello no empece para que, en un caso como el aquí examinado, que se refiere, en definitiva, a una información de datos que no se sabe, en principio, si van a tener o no alguna aplicación en la exacción de unos tributos concretos y que se han revelado, además, como carentes de toda trascendencia tributaria, debamos concluir, en virtud de lo que hemos venido razonando, que la pluralidad de los abonados afectados, ascendentes a la cifra de 108.451 titulares, convierte la comentada individualización, por mor de la genericidad e indeterminación subjetiva en que la actividad del requerido se traduce y plasma, en una abstracción incompatible con lo exigido en el artículo 111.1 de la LGT, en cuanto que el sistema de «captación» de datos utilizado no puede revestir, como se infiere de la propia expresión citada, un carácter indiscriminado y no selectivo o, lo que es lo mismo, de total extensión y comprensión de la multitud de usuarios de un servicio prestado por la empresa requerida (doctrina esta que para nada contraría la reiteradamente mantenida por esta Sala en casos en que existían verdaderos supuestos de individualización del requerimiento).

A mayor abundamiento, debe destacarse, como hace la entidad requerida en su escrito de oposición al recurso, que resultaría muy curioso pensar qué pasaría si, en el momento actual (el año 1999, en el momento de tal alegación, o el año 2003, en el momento de dictarse esta sentencia), se hiciese un requerimiento similar, cuando son millones las personas que utilizan la telefonía móvil automática, como un servicio semibásico y que en absoluto supone capacidad económica ni relevancia fiscal alguna."

Si en el supuesto debatido ante nuestro Alto Órgano Jurisdiccional el número de datos alcanzaba los 108.000 aproximadamente, resulta claro que a las mismas conclusiones, y sin necesidad de mayores desarrollos, se puede llegar, en el supuesto que se está analizando en la presente Resolución.

Por lo tanto, este Tribunal, sin necesidad de entrar en el resto de las cuestiones planteadas por la reclamante, estima sus alegaciones y anula el requerimiento de información efectuado por la ONIF, por considerar que el mismo no cumple con las exigencias previstas en los artículos 3.2 y 93 de la LGT".

CUARTO:
Consecuentemente, estimada en cuanto al fondo la reclamación económico-administrativa presentada por Y, S.A. y habiendo X reproducido textualmente sus alegaciones ante este Tribunal, debemos también en este caso, estimar las alegaciones de la interesada en este punto, y anular con ello el requerimiento emitido por el Equipo Central de Información, de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.

          En virtud de lo expuesto,

ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, resolviendo EN SALA, en la presente reclamación económico-administrativa ACUERDA: ESTIMARLA PARCIALMENTE, anulando el requerimiento impugnado.


Medios de pago
Entidades financieras
Tarjetas de crédito
Administrador único
Prestación de servicios
Fraude
Operadores
Cuestiones prejudiciales
Comunidades europeas
Número de identificación fiscal
Pasaporte
Días hábiles
Banco de España
Honorarios profesionales
Actividades empresariales
Presunción legal
Cumplimiento de las obligaciones
Derecho a la intimidad
Nulidad de pleno derecho
Persona jurídica
Capacidad de obrar
Obligación de información
Persona física
Comisiones
Colegiado
Colegios profesionales
Propiedad intelectual
Depositario
Obligaciones tributarias
Capacidad económica
Prima única
Obligado tributario
Pago de impuestos
Actividades económicas
Contraprestación
Inspección tributaria
Práctica de la prueba
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