Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1537/2005 de 15 de Marzo de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 15 de Marzo de 2007
  • Núm. Resolución: 00/1537/2005

Resumen

La Inspección no dio por válidas las dotaciones a la RIC, pero como el Tribunal Regional sí las declaró válidas, la consecuencia es que no podía comprobarse por aquélla la materialización, pues los ejercicios en que vencían los plazos para ello no estaban comprendidos en los comprobados y no se amplió a ellos la inspección.

Descripción

          En la Villa de Madrid, a 15 de marzo de 2007, en el recurso de alzada que pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesto por la entidad X, S.A. con C.I.F.: ..., y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., sita en ... contra el Fallo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de fecha 28 de febrero de 2005, recaído en los expedientes núms. ... y ..., relativos al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, por importes de 279.890,17 euros (cuota e interés de demora) y 175.365,82 euros (sanción).

                                  ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-
En fecha 2 de abril de 2002, la Dependencia de Inspección de la Delegación de la A.E.A.T. en ..., incoó a X, S.A. acta de disconformidad A02, número ... por el Impuesto sobre Sociedades, periodos 1996, 1997, 1998 y 1999 emitiéndose en la misma fecha el preceptivo informe ampliatorio.

Presentado escrito de alegaciones por la interesada, el Inspector Jefe, en fecha 27 de mayo de 2002, notificado en 10 de junio de 2002, dictó Acuerdo por el que, al amparo del artículo 60.4 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos acordó se realizaran actuaciones inspectoras complementarias al objeto de que se procediera a la regularización de la Reserva para Inversiones en Canarias (en adelante RIC) de los ejercicios 1996 a 1999 por incumplimiento de los requisitos formales exigidos para su dotación, de acuerdo con la interpretación literal que se desprendía del artículo 27.8 de la Ley 19/1994. En el Considerando 2º del Acuerdo, se señalaba, en relación con el citado artículo 27.8 que "A este respecto, las últimas resoluciones del T.E.A.R. señalan, que de acuerdo con el contenido literal del art. 27.8, en el caso de incumplimiento de los requisitos contables y de dotación de la Reserva, la regularización debe hacerse en el ejercicio en que se ha dotado o contabilizado la RIC y, por tanto, en el ejercicio siguiente a aquél en el que el sujeto pasivo practicó la reducción por la R.I.C. En este sentido, hay que tener en cuenta que, tratándose de Sociedades, la dotación de la Reserva de un ejercicio se producirá en el siguiente, ello es debido a que la existencia de dicha Reserva depende del acuerdo de aplicación del resultado de la Junta General, es decir, que la dotación a la Reserva correspondiente al ejercicio 1996 se aprueba por la Junta General en 1997. De acuerdo con la interpretación del T.E.A.R., en el presente expediente la empresa dotó RIC respecto a los beneficios obtenidos en 1996 y, por tanto, practicó una reducción de la base imponible de ese ejercicio, debiéndose recoger dicha dotación en la contabilidad del ejercicio 1997 (...) el actuario debió regularizar dicha situación en 1997 y no en 1996 como se recoge en el acta. Igual criterio es aplicable para las reducciones efectuadas por el sujeto pasivo en concepto de R.I.C. en la base imponible de los ejercicios 1997, 1998 y 1999, que deben regularizarse respectivamente en 1998, 1999 y 2000 al haberse incumplido los requisitos formales exigidos por el art. 27 de la Ley 19/94.(...)".

Con fecha 2 de julio de 2002 se ampliaron las actuaciones inspectoras al ejercicio 2000, a efectos de practicar las regularizaciones de las dotaciones a la RIC con arreglo a los criterios establecidos por el TEAR de ....

Y en fecha 25 de septiembre de 2002, la Dependencia de Inspección de la Delegación de la A.E.A.T. en ..., incoó a X, S.A. acta de disconformidad A02, número ... por el Impuesto sobre Sociedades, periodos 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, siendo el acta previa (art. 50.2.b) del RD 939/1986) haciéndose constar que se habían limitado las actuaciones inspectoras a la verificación de las dotaciones a la RIC en el periodo comprobado, y a la materialización y mantenimiento de las inversiones en dicho periodo emitiéndose en la misma fecha el preceptivo informe ampliatorio.

SEGUNDO.- En fecha 22 de octubre de 2002, la interesada presentó escrito realizando, en síntesis, las siguientes alegaciones: 1) Que las dotaciones cumplían los requisitos del artículo 27 de la Ley 19/1994. 2) Que por ello las inversiones realizadas materializaban unas inversiones que debían considerarse válidas. 3) Que, en concreto, las inversiones en los locales de ... rechazadas por la Inspección por considerar que eran activos no nuevos, figuraban contabilizadas en 1-1-99 y 31-3-99 en cuentas de inmovilizado bajo el concepto de "Compraventa documentos privado a Z, S.L." debiendo ser apreciado el valor probatorio de la contabilidad. Que los bienes usados eran válidos para la RIC si se demostraba la consecución de una mejora tecnológica. Que en ningún momento la inspección solicitó la aportación del preceptivo informe de la mejora tecnológica.

Y en fecha 7 de octubre de 2002, notificado en 20 de marzo de 2003, el Inspector jefe dictó Acuerdo confirmando la propuesta inspectora derivada del acta de disconformidad A02 nº ... en cuanto a cuota, y modificando el importe de los intereses de demora, resultando una deuda tributaria por importe total de 279.890,17 euros, de los que 233.821,10 euros correspondían a cuota y 46.069,07 euros a intereses de demora.

Del Acuerdo resultaba, en síntesis, lo siguiente:

1º) EN CUANTO A LA DOTACIÓN A LA RIC: Que la entidad efectuó las siguientes reducciones en la base imponible del impuesto por dotaciones a la RIC: 1995: 4.964.438 ptas (29.836,87 €); 1996: 39.150.509 ptas (235.299,3 €); 1997: 37.171.845 ptas (223.407,29 €); 1998: 28.293.863 ptas (170.049,54 €); 1999: 12.500.000 ptas (75.126,51 €) y 2000: 8.000.000 ptas (48.080,97 €). Que en base a los hechos y fundamentos de derecho que se detallaban, se concluía que no podía acreditarse que se hubiera manifestado (y de ningún modo en tiempo y forma) la voluntad de la Junta General de Accionistas en cuanto a la dotación a la RIC.

2º) EN CUANTO A LA REGULARIZACIÓN PROCEDENTE: Que de acuerdo con las últimas resoluciones del TEAR, las regularizaciones debían realizarse en el ejercicio siguiente a aquél en que se practicó por el sujeto pasivo la reducción por la RIC. Que por tanto, procedía incrementar la base imponible declarada por falta de dotación válida a la RIC, en los siguientes ejercicios e importes: Incremento B.I. en 1996: 4.964.438 ptas (29.836,87 €); Incremento B.I. en 1997: 39.150.509 ptas (235.299,3 €); Incremento B.I. en 1998: 37.171.845 ptas (223.407,29 €); Incremento B.I. en 1999: 28.293.863 ptas (170.049,54 €); Incremento B.I. en 2000: 12.500.000 ptas (75.126,51 €).

3º) EN CUANTO A LA INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS DOTACIONES A LA RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS:

Que dada la interpretación del TEAR sobre el momento en que se producía el incumplimiento de las condiciones de la dotación a la RIC, dicho incumplimiento en todos los ejercicios determinaba la inexistencia de materializaciones adecuadas de la RIC.

Que además, cabía añadir que para materializar las dotaciones a la RIC deducidas en las bases imponibles de los ejercicios 1995 a 1999, el contribuyente aportó comprobantes de las inversiones que se recogían en el correspondiente apartado del informe ampliatorio al acta, en el cual se recogían las circunstancias que concurrían en la distintas inversiones, y en particular en los inmuebles en los que la entidad ya ejercía su actividad desde los ejercicios 1995 y 1996.

Que es más, en cuanto a las inversiones referentes a los locales y al leasing, (Local en ... de ... y leasing de 21/05/99 de equipo informático adquirido a Y), aún en el caso en que se hubieran admitido las dotaciones, la materialización en estos bienes no sería correcta. La inspección procede extensamente, a argumentar su falta de idoneidad al ser bienes usados no cumpliendo el requisito de mejora tecnológica, no habiendo procedido la interesada a la acreditación de tal mejora y no deduciéndose del expediente y en concreto del análisis de los documentos por ella aportados, y asimismo por no tratarse siquiera de una inversión efectuada por el contribuyente ni directa ni indirectamente (páginas 15, 16, 17 y 18 del Acuerdo).

4º EN CUANTO A LA DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN CANARIAS: La interesada, en diligencia de 15 de marzo de 2002 solicitó la aplicación de la deducción por inversiones en activos fijos nuevos situados en Canarias respecto de aquellas inversiones que no fueran consideradas por el actuario como materialización de la RIC. Que no eran inversiones válidas para la RIC ni para la presente deducción las que recaían sobre activos fijos no nuevos, salvo lo previsto en el art. 94.3 de la Ley 20/1991, de 7 de junio. Que en ningún caso la adquisición de los inmuebles por Z, S.L. podía dar lugar a la aplicación de la deducción por inversiones en Canarias o a la RIC en la interesada, al no ser una adquisición indirecta de las del art. 27 de la Ley 19/1994, sino sencillamente una adquisición por un tercero que tiene el mismo administrador. Que, además, como se deducía de las escrituras y de la contabilidad aportada, estos inmuebles eran ya usados, habiendo sido adquiridos por W, S.L. en 1992, por "Declaración de Obra Nueva y División Horizontal", y utilizados por el contribuyente desde el mes de abril de 1995 y julio de 1996, la ... planta del nº ... de la ... de ..., respectivamente. Que el documento privado, carente de fecha, no servía para acreditar frente a terceros ni siquiera la adquisición de los inmuebles por la interesada (art. 1230 del C.Civil), y menos aún para acreditar la realización de una inversión en activos fijos nuevos, ya que había quedado acreditado que ya habían sido utilizados por W, S.L. que a partir de 1995 y 1996 los había arrendado al contribuyente. Que con las excepciones señaladas, el contribuyente tenía derecho a deducir en la cuota del Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio, el resultado de aplicar el tipo del 25% a las inversiones en activos fijos nuevos comprobadas por la inspección que eran: en 1996: 4.964.438 ptas (29.836,87 €), en 1997: 3.758.773 ptas (22.590,68 €), en 1998: 630.788 ptas (3.791,11 €), en 1999: 8.099.353 ptas (48.678,09 €), y en 2000: 2.461.558 ptas (14.794,26 €).

TERCERO.- Con fecha 25 de septiembre de 2002 se notificó a la interesada la apertura de expediente sancionador por infracción tributaria grave en relación con el Acta de disconformidad reseñada. Asimismo, se comunicaba propuesta de resolución del expediente y su derecho a presentar alegaciones.

Presentadas en 22 de octubre de 2002 las correspondientes alegaciones, el Inspector Jefe dictó, en fecha 18 de marzo de 2003, notificado en 20 de marzo de 2003, Acuerdo imponiendo sanciones en cada ejercicio inspeccionado por infracciones tributarias graves del artículo 79 a) de la Ley General Tributaria en la redacción dada por la Ley 25/1995 (en adelante LGT), con imposición de sanciones del 50% que debían incrementarse en 25 puntos porcentuales por aplicación del criterio de ocultación, ascendiendo a un importe total de 175.365,82 €.

CUARTO.- En fecha 3 de abril de 2003, la interesada interpuso reclamaciones económico-administrativas números ... y ... ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... frente a los anteriores Acuerdos de liquidación e imposición de sanción, respectivamente, realizando, en el momento procesal oportuno, las correspondientes alegaciones. Y en fecha 28 de febrero de 2005, notificada en 22 de marzo de 2005, el Tribunal Regional dictó Resolución acordando estimar parcialmente las reclamaciones presentadas con anulación de los actos administrativos impugnados, sin perjuicio de las actuaciones posteriores que la Inspección juzgara oportunas, de acuerdo con lo expuesto en los Fundamentos de Derecho.

El Tribunal Regional en su Resolución daba por válidas las dotaciones a la RIC efectuadas por la entidad en los ejercicios objeto de comprobación, por considerar que la Ley General Tributaria no configuraba la falta de legalización o depósito de los libros de contabilidad en plazo como un incumplimiento sustancial de las obligaciones contables, ni permitía equiparar dichos defectos con la falta de contabilidad. En consecuencia, anulaba el acuerdo liquidatorio y el sancionador sin perjuicio de las actuaciones que la Inspección estimara oportunas en orden a la materialización y demás requisitos que debieran cumplirse. No obstante, el Tribunal entraba a conocer sobre la idoneidad de la materialización en los dos locales sitos en la ... y ello por plantearlo la interesada en la reclamación, y consideraba que los mismos no eran idóneos ya que, siendo activos fijos usados, la interesada no había acreditado, ni en vía de inspección ni en la económico-administrativa, la mejora tecnológica, no considerando el Tribunal tampoco que la adquisición de dos locales que ya venían siendo utilizados pudiera suponer mejora tecnológica alguna.

QUINTO.- Mediante escrito presentado en 22 de abril de 2005, la interesada interpone recurso de alzada ante este Tribunal Central alegando, en síntesis lo siguiente: 1) Que da por reproducidas las alegaciones vertidas ante el Tribunal Regional debiéndose, en base a las mismas, estimar totalmente las reclamaciones. 2) Que si las dotaciones son correctas, el acta es nula per se al girarse sobre las dotaciones de los ejercicios objeto de inspección, dotaciones que son estimadas por el Tribunal Regional. 3) Que la inspección se centró en el incumplimiento de los requisitos legales establecidos para las dotaciones a la RIC. Que como consecuencia del citado incumplimiento la Inspección, consideró la materialización con cargo a dichas dotaciones "inexistente". Que por tanto, la Administración nunca entró a valorar la correcta materialización de las dotaciones de los ejercicios comprobados, ya que calificó de inexistentes tales materializaciones al considerar nulas la dotaciones. Que si el actuario pretendía regularizar la situación respecto a la materialización, debió realizar un estudio pormenorizado de todas las adquisiciones realizadas, señalando en todos los casos los motivos de invalidez de las mismas, y regularizando la situaciones tributaria derivada de dicha circunstancia en el ejercicio de incumplimiento. Que, teniendo en cuenta lo anterior, el núcleo central de las alegaciones en la reclamación ..., se dirigió a desvirtuar lo aducido por la Administración Tributaria en cuanto a la validez de la dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias realizada en los ejercicios inspeccionados, si bien, someramente, se hizo referencia a la validez de la materialización realizada durante algunos de los citados ejercicios. Que, como consecuencia de la falta de motivación del Acta de Disconformidad en relación con esta cuestión y dado que la regularización de la inspección se centró en la dotación de los citados ejercicios, la interesada, a la vista de que la inexistencia de materializaciones sustentada por el actuario le obligaban, en orden a conseguir una liquidación económicamente más favorable, a solicitar que las inversiones realizadas se aplicaran a la Deducción por Inversiones en Canarias, no utilizó todos los medios de oposición a su alcance en relación con dicha materialización como consecuencia de la reiterada base de la inexistencia de las mismas, por lo que, el hecho de que ese Tribunal entre a conocer la idoneidad de la materialización en lo relativo a los dos locales sitos en la calle ... (...), supone situar a esta mercantil en una posición de absoluta indefensión. Que asimismo es una extralimitación de las competencias de ese Tribunal Regional ya que se pronuncia sobre algo inexistente según la inspección y por otro lado, extrapola los efectos de dicho fallo a ejercicios no inspeccionados, dado que la regularización de una posible falta de materialización sólo se puede efectuar en los ejercicios (2000 a 2004), ejercicios para los que, en la mayor parte de los casos, no fue citado el obligado tributario por la Inspección de Hacienda (2001 al 2004), y no en los ejercicios en los que se produce la dotación (1996 a 2000) como pretende la Inspección.

                                          FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-
Concurren en el presente recurso de alzada los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para su admisión a trámite por este Tribunal Económico-Administrativo Central, siendo las cuestiones planteadas las alegadas por la interesada recogidas en el último Antecedente de Hecho.

SEGUNDO
.- La Reserva para Inversiones en Canarias, es un incentivo fiscal regulado en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en cuyos apartados 1, 2 y 3 y letra a) del 4 se dispone lo siguiente:

        "1. Las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a la reducción en la base imponible de este impuesto de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

        2. La reducción a que se refiere el apartado anterior se aplicará a las dotaciones que en cada período impositivo se hagan a la reserva para inversiones hasta el límite del 90 por 100 de la parte de beneficio obtenido en el mismo período que no sea objeto de distribución, en cuanto proceda de establecimientos situados en Canarias.

        En ningún caso la aplicación de la reducción podrá determinar que la base imponible sea negativa.

        A estos efectos se considerarán beneficios no distribuidos los destinados a nutrir las reservas, excluida la de carácter legal. Tampoco tendrá la consideración de beneficio no distribuido el que corresponda a los incrementos de patrimonio afectos a la exención por reinversión a que se refiere el artículo 15.8 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

        Las asignaciones a reservas se considerarán disminuidas en el importe que eventualmente se hubiese detraído del conjunto de las mismas, ya en el ejercicio al que la reducción de la base imponible se refiere, ya en el que se adoptara el acuerdo de realizar las mencionadas asignaciones.

        3. La reserva para inversiones deberá figurar en los balances con absoluta separación y título apropiado y será indisponible en tanto que los bienes en que se materializó deban permanecer en la empresa.

        4. Las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias deberán materializarse en el plazo máximo de tres años, contados desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se ha dotado la misma, en la realización de alguna de las siguientes inversiones:

        a) La adquisición de activos fijos situados o recibidos en el archipiélago canario, utilizados en el mismo y necesarios para el desarrollo de actividades empresariales del sujeto pasivo o que contribuyan a la mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario. A tal efecto se entenderán situados y utilizados en el archipiélago las aeronaves que tengan su base en Canarias y los buques con pabellón español y matriculados en Canarias, incluidos los inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras.

        Tratándose de activos fijos usados éstos no podrán haberse beneficiado anteriormente del régimen previsto en este artículo, y deberán suponer una mejora tecnológica para la empresa".

TERCERO.- En el presente caso, el Tribunal de instancia, en contra de la Inspección, ha dado por válidas las dotaciones a la RIC efectuadas por la entidad en los ejercicios objeto de comprobación, anulando las liquidaciones si bien sin perjuicio de las actuaciones que la inspección estime oportunas en orden a la materialización y demás requisitos que deban cumplirse.

Pues bien, partiendo de la corrección de las dotaciones declarada por el Tribunal Regional, la primera cuestión a analizar en relación con la materialización de las mismas, es la posibilidad de su comprobación y, en su caso, regularización, a la que alude el Tribunal Regional, y para ello debe tenerse en cuanta lo establecido en el reseñado apartado 4 del citado artículo 27 según el cual las cantidades destinadas a la RIC deberán materializarse en el plazo máximo de tres años, contados desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se ha dotado la misma.

Debe hacerse la advertencia que lo que se plantea es la posibilidad de comprobar las materializaciones de las reservas que redujeron las bases imponibles de los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999 (dotadas al aprobarse las cuentas en los ejercicios siguientes, respectivamente), ya que el objeto de la inspección fueron las reservas dotadas en los ejercicios 1996 a 2000. De forma que, la reserva por el ejercicio 2000 no fue comprobada por la Inspección, sino que lo que se comprobó en dicho ejercicio 2000 fue la dotación de la reserva que redujo la base imponible de 1999.

CUARTO.- Pues bien, de acuerdo con la normativa citada, en cuanto a las RIC que redujeron las bases imponibles de los ejercicios 1997, 1998 y 1999 cuyas dotaciones fueron declaradas válidas por el Tribunal Regional, los ejercicios en los que se podría comprobar (y regularizar, en su caso) el incumplimiento del requisito del plazo para la materialización de las mismas, serían, respectivamente, 2001, 2002 y 2003, (y no 2002 a 2004, como alega la interesada de acuerdo con lo razonado en el párrafo anterior in fine), ejercicios que no son objeto de comprobación inspectora, no formando parte dichos ejercicios del alcance de las actuaciones de la Inspección.

Hay que tener en cuenta, al efecto, que el Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado por el Real Decreto 939/1986, establece en su artículo 11.2 respecto de las actuaciones de carácter general, que deberán efectuarse dentro de unos determinados límites, entre los que se encuentra el siguiente: "... b) Los ejercicios o períodos a que se extienda la actuación inspectora". Ello significa que los órganos de Inspección no pueden realizar una comprobación tributaria y, en consecuencia, levantar actas, respecto de aquellos impuestos y/o ejercicios no incluidos previamente en su ámbito de actuación. En el presente caso, y de acuerdo con la citación inicialmente realizada y luego ampliada, la Inspección no hubiera podido practicar una liquidación por el Impuesto sobre Sociedades del contribuyente de los ejercicios 2001 a 2003. Por otra parte, según la normativa vigente, la Inspección podía, y no lo hizo, haber extendido la comprobación a tales ejercicios no previstos en un principio.

En consecuencia, la Inspección no puede comprobar y regularizar, dentro del alcance de las presentes actuaciones el cumplimiento del requisito de la materialización correspondiente a las dotaciones a la RIC que redujeron las bases imponibles de 1997, 1998 y 1999, debiéndose revocar en este punto la Resolución del Tribunal Regional.

QUINTO.- En cuanto a las reservas que redujeron las bases imponibles de los ejercicios 1995 y 1996, cuyas dotaciones han sido asimismo declaradas válidas por el Tribunal Regional, de acuerdo con el artículo 27.4 de la Ley 19/1994, los primeros ejercicios en que se pueden comprobar y regularizar, en su caso, sus materializaciones, son, respectivamente, 1999 y 2000, ejercicios éstos que sí son objeto de las presentes actuaciones inspectoras.

En relación con esta cuestión cabe señalar que el apartado 8 del artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias establece:

        "(...)

        La disposición de la reserva para inversiones con anterioridad al plazo de mantenimiento de la inversión o para inversiones diferentes a las previstas, así como el incumplimiento de cualquier otro de los requisitos establecidos en este artículo dará lugar a la integración en la base imponible del ejercicio en que ocurrieran estas circunstancias de las cantidades que en su día dieron lugar a la reducción de la misma.

        Sobre la parte de cuota derivada de lo previsto en el párrafo anterior se girará el interés de demora correspondiente calculado desde el último día del plazo de ingreso voluntario de la liquidación en la que se realizó la correspondiente reducción de la base imponible".

        Es decir, una vez aplicado el incentivo fiscal constituido por la RIC, en el supuesto de que el beneficiario de la misma incumpliera alguna de las condiciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 19/1994, debería, de conformidad con el párrafo segundo del apartado 8 del mismo, integrar en la base imponible del ejercicio en que ocurrieran estas circunstancias, las cantidades que en su día dieron lugar a la reducción de la misma y por el importe en que haya incumplido las obligaciones asumidas, en el caso de que el incumplimiento haya sido parcial. En este ámbito, la integración en la base imponible se realizaría mediante un ajuste extracontable positivo sobre el resultado contable del ejercicio en que tuvo lugar el incumplimiento por el importe de éste.

Pues bien, en cuanto a las dotaciones respecto a las cuales, según lo razonado, cabe comprobar el requisito de la materialización (las computadas en las bases imponibles de 1995 y 1996), del expediente se deriva que la interesada aportó diversos comprobantes de las inversiones en que materializaba estas reservas, entre los cuales figuraban, en particular, dos locales en ..., locales que el Tribunal Regional en su Resolución considera que no son idóneos para la materialización de la RIC.

SEXTO.- Comenzando por los citados locales, alega en primer lugar la interesada que, en relación con los mismos, el que el Tribunal Regional haya entrado conocer sobre su idoneidad en cuanto a la materialización de la RIC le provoca indefensión. Dice que, al centrarse la regularización inspectora en la invalidez de las dotaciones, considerando así inexistentes las materializaciones de las mismas, a su vez la interesada en sus alegaciones se centró en la validez de las dotaciones, no utilizando todos los medios de oposición a su alcance en relación con los locales. Asimismo, alega que declaradas nulas las liquidaciones, el que el Tribunal Regional se pronuncie sobre dichos locales supone extralimitarse de sus competencias.

Pues bien, este Tribunal rechaza las alegaciones de la interesada en cuanto que, del expediente deriva que la interesada aportó a la inspección los comprobantes que estimó suficientes en cuanto a dichos locales, en orden a su acreditación como inversiones idóneas para la materialización de la RIC. En las dos actas de disconformidad incoadas y en los dos informes de inspección, la inspección se refiere detalladamente a dichos inmuebles y a su idoneidad, no sólo en cuanto a la deducción en activos fijos nuevos, sino también en cuanto a la RIC, recogiéndose así expresamente. Finalmente, en el Acuerdo de liquidación, tal y como ha quedado reseñado en el Antecedente de Hecho Segundo de la presente Resolución, tras considerarse la inexistencia de materialización por no ser válidas las dotaciones, a continuación el Inspector Jefe, en todo caso, señala que, aun si se hubieran admitido las dotaciones, la materialización en esos bienes no sería correcta, y procede, extensa y detalladamente, a fundamentar dicha falta de idoneidad (páginas 15,16,17 y 18 del acuerdo) Y ello lo hace porque es la propia interesada la que en sus alegaciones ante la inspección, alega la idoneidad de dichos locales en relación con la RIC. Y asimismo, posteriormente ante el Tribunal Regional vuelve a alegar expresamente dicha idoneidad y, consecuentemente, al ser una cuestión planteada por la reclamante, el Tribunal Regional se pronuncia sobre ella, sin que ello suponga extralimitación alguna.

De forma que, no existiendo falta de motivación alguna en relación con esta cuestión, habiendo podido la interesada ejercer su derecho de defensa sin impedimento alguno, como así ha hecho, debe desestimarse su alegación.

Por último, este Tribunal considera asimismo conforme a derecho lo razonado por la Inspección y el Tribunal Regional respecto a la falta de idoneidad de los locales, en cuanto que no se acredita su adquisición por la interesada, al aportarse simplemente un documento privado de adquisición sin fecha alguna, no siendo prueba suficiente la contabilidad de la interesada y, en todo caso, al tratarse de bienes usados y no acreditar la interesada mejora tecnológica alguna, no derivándose tampoco la misma del expediente.

SÉPTIMO.-Finalmente, en cuanto al resto de inversiones recogidas en el expediente, y sobre las cuales, a diferencia de los locales, la Inspección no se pronunció sobre su validez o no a efectos de considerar materializadas las RIC que redujeron las bases imponibles de 1995 y 1996, la Inspección deberá pronunciarse sobre ello. Las regularizaciones que, en su caso, procedan, deberán realizarse, respectivamente, en las liquidaciones de los ejercicios 1999 y 2000.

En consecuencia, las liquidaciones dictadas por la Inspección de los ejercicios 1999 y 2000 deben anularse como resolvió el Tribunal Regional, pero debiendo proceder la Inspección, en su caso, a dictar nuevas liquidaciones de dichos ejercicios en las que, de conformidad con el párrafo segundo del apartado 8 del citado artículo 27, se integren en sus bases imponibles, las cantidades que en su día (ejercicios 1995 y 1996) dieron lugar a la reducción de la misma y por el importe en que haya incumplido las obligaciones asumidas.

OCTAVO.-En cuanto a la solicitud deducida subsidiariamente ante al Inspección de computar las materializaciones a efectos de la deducción por inversiones en Canarias, desplegará o no su eficacia según lo que resulte de las nuevas actuaciones inspectoras.

NOVENO.-Por último, y en lo referente a la sanción, tal y como declaró el Tribunal Regional, anuladas las liquidaciones, deben anularse las sanciones, sin que en este momento quepa otro pronunciamiento, ya que será la inspección, tras las nuevas actuaciones, la que resuelva sobre la procedencia y los términos de un nuevo acuerdo sancionador.

        En consecuencia,         

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL,
EN SALA, en el presente recurso de alzada, ACUERDA: Estimarlo parcialmente: Confirmando la Resolución del Tribunal regional en cuanto a la anulación de las liquidaciones y sanciones dictadas correspondientes a los ejercicios 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, si bien sin perjuicio de las nuevas liquidaciones que puedan dictarse, en su caso, por la Inspección atendiendo a lo declarado por este Tribunal en los Fundamentos de Derecho Cuarto y Séptimo.


Inversiones
Dotaciones a la reserva para inversiones
Impuesto sobre sociedades
Acta de disconformidad
Activo no corriente
Intereses de demora
Sociedad de responsabilidad limitada
Deducción por RIC
Bienes usados
Inspección tributaria
Reducción de la base imponible
Disminución de la base imponible
Arrendamiento financiero
Reserva para Inversiones en Canarias
Infracción tributaria grave
Materialización de la RIC
Fuerza probatoria
Deuda tributaria
Junta General de Accionistas
Documento privado
Voluntad
Deducción por inversiones en activos fijos nuevos
Beneficios no distribuidos
Declaración de obra nueva
Expediente sancionador
Acto administrativo impugnado
Libros contables
Devengo del Impuesto
Ocultación
Régimen fiscal de canarias
Anulación de los actos administrativos
Indefensión
Legalización
Exención por reinversión
Materialización de las cantidades destinadas a la reserva para inversiones
Obligado tributario
Actividad económica del sujeto pasivo
Protección medioambiental
Integración de rentas en la base imponible
Período impositivo

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 20/1991 de 7 de Jun (Modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias -IGIC-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 137 Fecha de Publicación: 08/06/1991 Fecha de entrada en vigor: 01/01/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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