Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1646/2007 de 04 de Diciembre de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 04 de Diciembre de 2007
  • Núm. Resolución: 00/1646/2007

Resumen

El incidente de ejecución contra el acuerdo que ejecuta una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, que desestima el recurso de alzada contra una previa resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional, se rige por la normativa aplicable en el momento de interposición del incidente, que es el Reglamento General de Revisión (aprobado por el Real Decreto 520/2005) y, según el artículo 68.1 de dicho Reglamento, debe ser resuelto por el Tribunal Económico-Administrativo Central. La ejecución de la resolución también se rige por el Reglamento General de Revisión, al tratarse de una resolución aprobada y notificado tras la entrada en vigor del mismo, por lo que los actos de ejecución debían haber sido dictados en el plazo de 1 mes del artículo 66.2 del Reglamento, que no prevé ningún efecto específico para los casos de incumplimiento de este plazo, sin perjuicio de que, en su caso, resultara aplicable la norma que limita la exigencia de intereses de demora a favor de la Administración prevista en el artículo 26.4 de la LGT (Ley 58/2003). No procede la aplicación de la reducción de la sanción del artículo 188.3 de la LGT (Ley 58/2003), pues la Disposición Transitoria Tercera de dicha LGT exige que se desista de la reclamación antes del 31 de diciembre de 2004 y que se efectúe el ingreso de la sanción y, en el caso concreto, no se ha desistido de la reclamación, sino que el órgano gestor se limita a ejecutar la resolución Tribunal Económico-Administrativo que ordenaba aplicar la regulación más favorable de la Ley 58/2003. El acto o acuerdo de ejecución no es un acto derivado de un procedimiento sancionador independiente, pues la resolución que estimaba parcialmente el recurso de alzada no supuso la retroacción del procedimiento sancionador a un momento anterior al acuerdo sancionador.

Descripción

En la Villa de Madrid, en la fecha indicada (4 de diciembre de 2007), en el incidente de ejecución que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central interpuesto por ..., S.L. con CIF ... y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ... contra el acuerdo de fecha 21 de febrero de 2007 dictado por el Jefe de la Oficina Técnica de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en ... que, en ejecución de la Resolución de este Tribunal Económico-Administrativo Central de 15 de febrero de 2006, fija la sanción impuesta al sujeto infractor en un importe de 181.158,64 euros.

                                              ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-
Con fecha de 31 de Marzo de 2000 la Inspección incoa a la entidad ..., S.L. acta de disconformidad, cuya regularización propuesta se fundamenta en que el sujeto pasivo enajenó durante el ejercicio 1996 determinados solares, habiendo sido contabilizados en el diario de la entidad con fecha 29 de febrero de 1996, asientos números 16, 17 y 18. Asimismo, con fecha 29 de febrero de 1996 fueron registradas en el libro-registro de facturas emitidas del obligado tributario. No obstante no fue declarada dicha operación en el primer trimestre del ejercicio de 1996. El contribuyente declaró dichas operaciones en el tercer trimestre del ejercicio 1996. La propuesta de regularización asciende a 3.317.971 pesetas, resultante de una cuota de 0 pesetas y unos intereses de demora de 3.317.971 ptas.

Con fecha de 12 de Mayo de 2000, y previa presentación de alegaciones por parte del contribuyente, la Oficina Técnica de Inspección adopta acuerdo en el que practica liquidación con deuda tributaria de 19.416.228 ptas, correspondiente a intereses de demora, así como reconoce a favor del sujeto pasivo el derecho a los intereses legales devengados por las cantidades indebidamente ingresadas. Acuerdo que fue confirmado al desestimarse el recurso de reposición interpuesto contra el mismo.

SEGUNDO.- Con fecha de 4 de Agosto de 2000 la Inspección de la Delegación Especial de ... acuerda iniciar un procedimiento sancionador, de tramitación abreviada, terminando dicho expediente con imposición de sanción de 362.330,27 euros (60.286.684 ptas) (el 100% de la cuota dejada de ingresar y el 15% por las cuotas a compensar en períodos posteriores consignadas indebidamente). Los hechos consignados, a juicio de la Inspección, constituyen infracción tributaria grave, en virtud de lo dispuesto en los artículos 77 y 79 de la LGT, redacción Ley 25/1995, resultando de aplicación en la sanción impuesta por dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentarios la deuda tributaria, la agravante de ocultación prevista en el artículo 82.1 d) de la LGT, incrementándose la cuantía de la sanción en un 25%.

TERCERO.- La entidad interpuso contra este acuerdo sancionador reclamación económico-administrativa ante el TEAR de ...

Con fecha 24 de noviembre de 2003, el TEAR de ... resuelve la reclamación n° ... interpuesta por el contribuyente contra el acuerdo sancionador anterior ESTIMANDO EN PARTE las pretensiones del contribuyente y anulando el acuerdo impugnado en lo que respecta al criterio de graduación por ocultación, señalando que procede el porcentaje del 10% en lugar del 25% aplicado.

CUARTO.- Contra esta resolución se interpusieron sendos recursos de alzada tanto por el obligado tributario como por el Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT. Este Tribunal Económico-Administrativo Central, en resolución de ... de 2006 resuelve estos recursos de alzada y acuerda "DESESTIMAR las reclamaciones sin perjuicio de que deba procederse a la aplicación retroactiva de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los términos fijados en el último fundamento de derecho".

QUINTO.- Con fecha 21 de febrero de 2007 el Jefe de la Oficina Técnica de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la AEAT en ..., dicta acuerdo de ejecución que determina la anulación de la sanción impuesta por 362.330,27 euros y la imposición de una sanción por importe de 181.158,64 euros que es la correspondiente a la tipificación de la infracción según el artículo 191.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

SEXTO.- Notificado este acuerdo el 6 de marzo de 2007, la interesada presentó ante el TEAR de ... escrito en el que manifiesta:

«Que dicho acuerdo plantea cuestiones nuevas, ajenas a la ejecución de las resoluciones de los Tribunales citados, referentes a la posible caducidad del nuevo expediente sancionador y a la falta de aplicación de las procedentes reducciones, al haber sido anulado por el Tribunal el acuerdo originario de imposición de sanción y haberse dictado la sanción en un nuevo procedimiento sancionador».

Este escrito fue tramitado como incidente de ejecución por el TEAR de ... y remitido al TEAC, que mediante resolución del Secretario General de fecha 29 de mayo de 2007, acordó la puesta de manifiesto del expediente y la apertura del plazo para presentar alegaciones.

Recibida esta resolución por la interesada, presentó cuestión incidental de competencia, alegando que el acuerdo recurrido se ha dictado en ejecución de recursos económico-administrativos interpuestos, en primera instancia ante el TEAR de ..., el día 8 de noviembre del 2000 y en alzada ante el TEAC, el día 17 de marzo de 2004, por lo que considera que se trata de procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la nueva LGT (58/2003) y del RD 520/2005, y que ello determina que deba considerarse como reclamación económico-administrativa al plantear el acto de ejecución cuestiones nuevas, siendo competente para su resolución el TEAR de ...

SÉPTIMO.- Esta cuestión de competencia fue resuelta por este Tribunal Central en fecha ... de 2007 acordando que la normativa aplicable al incidente de ejecución planteado es la vigente en el momento de su interposición, el 6 de marzo de 2007, lo que determina la remisión al artículo 68.1 del Real Decreto 520/2005, según el cual: "Si el interesado está disconforme con el nuevo acto que se dicte en ejecución de la resolución, podrá presentar un incidente de ejecución que deberá ser resuelto por el tribunal que hubiese dictado la resolución que se ejecuta". En consecuencia, se acuerda desestimar la cuestión de competencia declarando que corresponde al Tribunal Económico-Administrativo Central resolver el incidente de ejecución planteado.

OCTAVO.- La entidad ha presentado escrito en el que concreta sus alegaciones frente al acto impugnado, que pueden resumirse en las siguientes:

1. Caducidad del nuevo acuerdo sancionador. En este sentido ofrece dos posibles interpretaciones:

- Que resulte de aplicación el plazo genérico previsto en el artículo 104.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo cual determinaría que, habiendo transcurrido más de seis meses desde "los diez días posteriores a la fecha de la resolución" que se ejecuta (aplicación del artículo 102 del RD 391/1996) se produzca la caducidad del expediente.

- Que resulte de aplicación el artículo 66.2 del RD 520/2005, que establece el plazo de un mes para que se ejecuten las resoluciones económico-administrativas, plazo que se ha incumplido también en el presente caso.

2. Aplicación de la reducción de la sanción prevista en el artículo 188.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Sostiene que en el acto de ejecución de la Resolución del TEAC "se dicta una nueva sanción" por lo que "sería procedente la aplicación de la reducción del 25% por ser firme la sanción (cosa juzgada), y no existir reclamación o recurso alguno contra la misma".

                                                FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-
Este Tribunal es competente para conocer del incidente que se examina, que ha sido interpuesto por persona legitimada de conformidad con lo prevenido en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa

Las cuestiones que debemos examinar en el presente incidente son dos: posible caducidad del procedimiento sancionador y aplicación de la reducción de las sanciones prevista en el artículo 188.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

SEGUNDO.- La resolución de este Tribunal Central, recaída en el recurso de alzada nº ..., se dictó el ... de 2006. Según consta en el expediente, se notificó a la entidad ..., S.L. el 16 de marzo de 2006 y se envió al TEAR de ... el 20 de julio de 2006 para que tramitara su ejecución. El 3 de octubre se remite al órgano gestor para que dicte el acuerdo de ejecución de la mencionada Resolución, lo cual realiza el 21 de febrero de 2007 y notifica a la entidad interesada el 6 de marzo de 2007.

El plazo en el que deben ejecutarse las resoluciones económico-administrativas está previsto en el artículo 66.2 del RD 520/2005, de 13 de mayo, según el cual:

«Los actos resultantes de la ejecución de la resolución de un recurso o reclamación económico-administrativa deberán ser notificados en el plazo de un mes desde que dicha resolución tenga entrada en el registro del órgano competente para su ejecución».

El establecimiento de este plazo específico determina que no resulte aplicable, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, el régimen previsto en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En el artículo 214 de la LGT, dentro del Título V dedicado a la "Revisión en vía administrativa", se contienen una serie de remisiones a las normas comunes de los procedimientos tributarios, en materias tales como la capacidad, la representación, la prueba o las notificaciones. En el apartado tres de dicho artículo se especifica que: "A efectos del cómputo de los plazos de resolución previstos en este título será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 104 de esta ley". Del artículo 214 y, en particular, de este apartado tres extraemos dos consecuencias:

En primer lugar, que los plazos de resolución aplicables en la "revisión en vía administrativa" serán los que específicamente se prevén en el Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en las normas que lo desarrollan. Como ya hemos señalado, es el artículo 66.2 del RD 520/2005, de 13 de mayo, el que estable el plazo de un mes para que se notifiquen los actos de ejecución correspondientes a las resoluciones dictadas en vía económico-administrativa.

En segundo lugar, que la remisión a las normas comunes de las actuaciones y procedimientos tributarios en la aplicación de los tributos se limita en este caso a lo dispuesto en el artículo 104.2, que contiene una regla específica en relación con el cómputo de los plazos, y señala que: "A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución. Los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente y las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución".

Por consiguiente, el plazo que reglamentariamente se establece para que los órganos de gestión procedan a la ejecución de las resoluciones económico-administrativas es de un mes, según prevé el artículo 66.2 del RD 520/2005, de 13 de mayo.

TERCERO.- Por otro lado, la normativa que regula la "Revisión en vía administrativa" no prevé ningún efecto específico para los casos de incumplimiento de este plazo, sin perjuicio de que, en su caso, resultara aplicable la norma que limita la exigencia de intereses de demora a favor de la Administración, prevista en el artículo 26.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y que es aplicable a "todos los plazos fijados en esta ley", es decir, sin distinguir entre plazos relativos a la aplicación de los tributos o a la revisión en vía administrativa.

Por ello, debemos rechazar esta primera alegación de la recurrente.

CUARTO.- Por lo que respecta a la aplicación de la reducción de la sanción prevista en el artículo 188.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria debemos tener presente la Disposición Transitoria Tercera de dicha ley en la que se prevé que dicha reducción "También se aplicará (...) cuando a partir de la entrada en vigor de esta ley se efectúe el ingreso de las sanciones recurridas con anterioridad y se desista, antes del 31 de diciembre de 2004, del recurso o reclamación interpuesto contra la sanción y, en su caso, del recurso o reclamación interpuesto contra la liquidación de la que derive la sanción".

Esta norma contempla los casos en que esté pendiente de resolución una reclamación o recurso que se haya interpuesto contra un acuerdo sancionador y/o contra el acuerdo de liquidación del que se haya derivado el anterior, antes de la entrada en vigor de la LGT, el 1 de julio de 2004. Establece la norma dos requisitos para la aplicación de la reducción: que se desista de la/s reclamación/es antes del 31 de diciembre de 2004 y que se efectúe el ingreso de la sanción, precisando el RD 2063/2004 que el plazo de ingreso será el previsto en el artículo 62.2 de la LGT y que se computará "desde el día siguiente al de la notificación de la comunicación que efectúe el órgano competente una vez haya recibido el acuerdo del órgano administrativo, económico-administrativo o el auto judicial de archivo de actuaciones".

Por tanto, para que resultara aplicable esta reducción del 25 por 100 de la sanción, la entidad debería, en primer lugar, haber desistido del recurso de alzada que interpuso el 17 de marzo de 2004 frente a la resolución del TEAR de ..., que estaba pendiente de resolución cuando entró en vigor la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. De hecho, con la finalidad de aplicar esta reducción de la sanción de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera de dicha ley, la entidad presentó el 29 de diciembre de 2004 un escrito desistiendo del recurso de alzada, si bien revocó posteriormente dicho desistimiento. Este escrito de revocación lo fundamentaba la entidad "por resultar más favorable al reclamante la aplicación del artículo 191.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  que la reducción del 25 % de la antigua sanción". Por tanto, no se cumple en este caso el requisito de desistimiento previsto en la LGT, por lo que no puede aplicarse la reducción del 25 por 100 prevista en su artículo 188.3.

Abundando en este asunto, tampoco puede considerarse que el acto dictado por el órgano gestor con fecha 21 de febrero de 2007 sea un acto derivado de un procedimiento sancionador independiente y que, por tanto, resulte de aplicación la reducción pretendida. En efecto, la Resolución de este Tribunal Central, estimaba parcialmente el recurso de alzada, pero ello no supuso la retroacción del procedimiento sancionador a un momento anterior al acuerdo resolutorio, lo cual podría dar lugar a que la Administración realizara nuevas actuaciones, en el marco de un nuevo procedimiento sancionador, y tuviera que dictarse un nuevo acto. El artículo 188.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria se refiere a la exigencia de que no se interponga recurso o reclamación contra el acto de liquidación o el acuerdo sancionador; el acto que ahora se impugna se dicta en ejecución de una Resolución del TEAC, que ha declarado que la sanción impugnada se ajusta a derecho si bien, dadas las circunstancias concurrentes y efectuada la comparación por este Tribunal, resulta más favorable para el sujeto infractor la aplicación retroactiva de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En consecuencia, procede desestimar también esta pretensión y declarar conforme a derecho el acuerdo impugnado.

En virtud de lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en Sala, en el incidente de ejecución interpuesto por ..., S.L. con CIF ... y en su nombre y representación por D. ..., contra el acuerdo de fecha 21 de febrero de 2007 dictado por el Jefe de la Oficina Técnica de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en ... que, en ejecución de la Resolución de este Tribunal Económico-Administrativo Central de 15 de febrero de 2006, fija la sanción impuesta al sujeto infractor en un importe de 181.158,64 euros ACUERDA desestimarlo confirmando el acuerdo impugnado.

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