Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1650/2005 de 04 de Mayo de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 04 de Mayo de 2006
  • Núm. Resolución: 00/1650/2005

Resumen

Al tratarse de una sanción no tributaria la que es objeto de recaudación por la AEAT resulta aplicable la normativa administrativa y no el artículo 35 de la Ley 1/1998. La resolución sancionadora adquirió firmeza según el artículo 109 de la Ley 30/1992 y por tanto era ejecutiva, de conformidad con el artículo 138 de la Ley 30/1992, por lo que resultaba procedente la iniciación del procedimiento de apremio con la expedición de la correspondiente providencia de apremio. En cuanto a la suspensión de la sanción solicitada en el recurso contencioso-administrativo, los órganos de la vía económico-administrativa carecen de competencia para conocer de tales cuestiones al tratarse de materia no revisable en vía económico-administrativa.

Descripción

      En la Villa de Madrid, a 4 de mayo de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en recurso de alzada, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por la DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle San Enrique, 17, de Madrid, contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Local de ..., de fecha 16 de diciembre de 2004 (Reclamación ...), en materia de procedimiento de apremio. Importe: 180.300 €.

                                                 ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: La Delegación de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con fecha 4 de noviembre de 2003 expide la Providencia de Apremio, con clave de liquidación ..., por el concepto de Multas y sanciones gubernativas-2003 infracción normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por importe de 180.300 € (150.250 € de principal y 30.050 € por recargo de apremio). Contra esta Providencia de Apremio, confirmada en recurso de reposición, se interpone reclamación el 10 de marzo de 2004 ante el Tribunal Económico-Administrativo de ..., alegando que no procede dicha Providencia de apremio al haber impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia la sanción originaria y haber solicitado la suspensión de la misma. Este Tribunal, en resolución a esta reclamación, dicta acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2004 (Reclamación ...), por el que declara "estimar la reclamación, y declarar suspendido el acto administrativo impugnado, hasta tanto se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de ..." al considerar que "TERCERO.- En el caso que nos ocupa, nos hallamos en presencia de una sanción en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo con imposición de multa de 150.250 €, que fue recurrida en alzada, y también ante este Tribunal con petición de suspensión, por importe la deuda en apremio de 180.300 €. Además, se ha aportado documentación acreditativa de la interposición, con fecha 30 de julio de 2003, de recurso contencioso-administrativo ante el TSJ ..., en cuyo escrito de impugnación se solicita la suspensión. Y si bien no ha sido aportada garantía alguna, se adjunta certificado del ..., sucursal ... de ..., en el que se hace constar que la reclamante ..., S.L., que gestiona la promoción de viviendas denominada "..." está experimentando de forma constante fuertes saldos negativos, debido a las tensiones de tesorería que sufre dicha promoción, siendo el saldo de su cuenta corriente en dicha entidad, n° ..., de 84.249,21 €, de saldo deudor. Alegando la representación letrada que la ejecución del acto administrativo impugnado, mientras se dilucida la legalidad en sede judicial, supondría la imposición de enormes perjuicios a la reclamante de carácter irreparable e irreversible. Por lo que, conforme al criterio que se viene manteniendo por los Tribunales de Justicia y por el TEAC en las sentencias relacionadas en el Fundamento de Derecho anterior, y de acuerdo a la línea que viene manteniendo este Tribunal, en el caso de infracciones administrativas con imposición de sanciones que, aun cuando hayan agotado la vía administrativa, no sean firmes, por haber sido recurridas en vía jurisdiccional, hasta tanto se pronuncie el TSJ ... sobre la suspensión solicitada, se acuerda estimar procedente la suspensión".

        SEGUNDO: Contra el citado acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo ... de 16 de diciembre de 2004 (Reclamación ...) la DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA interpone el presente recurso de alzada por escrito que tiene entrada en el Registro de este Tribunal Central el día 3 de febrero de 2005, alegando, en el momento procesal, después de exponer los hechos que han dado lugar a esta reclamación, que en la misma la Sociedad interesada solicita: 1) La anulación de la Providencia de apremio al estimar que la liquidación originaria/sanción debería reputarse suspendida cautelarmente en vía contencioso-administrativa; y 2) La suspensión del acto administrativo impugnado.

Respecto a lo primero, "dado que dicha sanción no tiene naturaleza tributaria, ha de acudirse al Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Procedimientos para la imposición de sanciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, en cuyo artículo 24.1 se dispone que "Las resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa serán inmediatamente ejecutivas": No resultan por tanto aplicables, al contrario de lo que señala la resolución impugnada, los artículos 35 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, ni tampoco el artículo 74.11 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-administrativas, al no ser recurrible la sanción en dicha vía, ni por tanto el artículo 81 del anterior Reglamento de Procedimiento, aprobado por Real Decreto 1999/1981, de 20 de agosto.

Pues bien, habiendo sido desestimado el recurso de alzada presentado por la interesada contra la resolución de la Dirección General de Trabajo de 24 de febrero de 2003, por la que se acordó la imposición de una sanción en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y habiéndose puesto fin a la vía administrativa, ..., S.A. interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de ..., solicitando, además, la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, no teniéndose constancia de que dicho Tribunal se haya pronunciado todavía sobre esta cuestión. Las medidas cautelares en la vía contencioso-administrativo (en este caso la suspensión de la sanción recurrida) han de sustanciarse mediante incidente cautelar en pieza separada (artículo 131 LJCA), de forma que, en el presente supuesto, en tanto el Tribunal que haya de resolver (Tribunal Superior de Justicia de ...) no se pronuncie sobre las mismas, y sin perjuicio de lo que finalmente acuerde, tanto sobre la conformidad o no a Derecho de la sanción impuesta, como sobre la procedencia de acordar la suspensión de su ejecución en tanto se sustancia el recurso contencioso, la sanción es inmediatamente ejecutiva y debe desplegar sus efectos. Por ello, ha de considerarse ajustada a Derecho, a juicio de este Departamento, la providencia de apremio dictada sobre aquélla".

          Respecto a lo segundo; suspensión del acto impugnado (Providencia de apremio), "se abrió pieza separada de suspensión, número ..., que fue resuelta el 16 de diciembre de 2004, por remisión a la resolución objeto del presente recurso de alzada (resolución de 16 de diciembre de 2004- reclamación número ...), acordando "admitir a trámite la petición de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, y declarar la suspensión del mismo, hasta tanto se pronuncie al respecto el Tribunal Superior de Justicia de ...". A pesar de que es en el seno de la pieza separada donde debe resolverse la suspensión del acto administrativo impugnado, el Tribunal Económico-administrativo reproduce las mismas consideraciones en la resolución ..., objeto del presente recurso. No va a discutirse, no obstante, por parte de este Departamento la decisión relativa a la admisión a trámite y suspensión de la providencia de apremio impugnada. Sin embargo, sí va a efectuarse la siguiente consideración. El artículo 76 del Reglamento de Procedimiento contiene las condiciones y requisitos que han de concurrir en el interesado para que resulte procedente la suspensión de la ejecución de los actos impugnados, en este caso, una providencia de apremio. Pues bien, una vez concedida la suspensión, es el propio Reglamento de Procedimiento el que determina su duración, al señalar en su artículo 74.11 que se mantendrá "durante la sustanciación del procedimiento económico-administrativo en todas sus instancias"; estando solamente prevista su prolongación en vía contencioso-administrativa en el supuesto contemplado en el segundo párrafo del propio artículo 74.11 (artículo 233.8 primer párrafo de la nueva Ley General Tributaria, dado que el acto impugnado es una providencia de apremio)"; para solicitar se estime el recurso de alzada formulado.

           TERCERO: De este recurso de alzada se ha dado traslado a la Sociedad interesada que ha comparecido por escrito con entrada en el registro del Tribunal de ... el día 13 de mayo de 2005, manifestando su conformidad con el contenido del acuerdo recurrido, entendiendo que le avalan numerosas disposiciones que enumera y a Sentencias que también recoge; solicitando su confirmación.

           CUARTO:
Del expediente administrativo se deducen los siguiente datos y documentos: 1).- La Delegación Provincial de Trabajo con fecha 24 de febrero de 2003 (Expediente ...), por infracción de las normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo sanciona a la Sociedad de referencia con una multa de 150.250 €. Este acuerdo es confirmado, en recurso de alzada, por Resolución de 8 de julio de 2003 de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Trabajo (Expediente ...). Contra esta Resolución se interpone recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia, solicitando la suspensión de la sanción.

                                                            FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO: Concurren en el presente recurso de alzada los requisitos de competencia, legitimidad y plazo establecidos para las actuaciones en esta vía para su toma en consideración por este Tribunal Central.

        SEGUNDO: Al ser el objeto de esta reclamación la impugnación de una Providencia de apremio, hemos de señalar que el artículo 99.1 del Reglamento General de Recaudación, en relación con el artículo 138 de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963), establece que "cabrá impugnación del procedimiento de apremio por los siguientes motivos: a) prescripción, b) anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación; c) pago o aplazamiento en periodo voluntario; y d) defecto formal en el título expedido para la ejecución. Se entiende por defecto formal la omisión o error en los datos del título que impidan la identificación del deudor o de la deuda apremiada, la falta o error sustancial de la liquidación del recargo de apremio y la falta de indicación de haber finalizado el periodo voluntario".

        TERCERO: La Sociedad reclamante alega la suspensión cautelar de la sanción, al ser impugnada la misma en vía contencioso-administrativo, cuando se expidió la Providencia de Apremio que ahora impugna.

        Respecto de lo así alegado, hemos de señalar que el artículo 94 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común establece que los actos de la Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en los artículos 111 y 138 y en los casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior.

Por su parte el artículo 111 establece que "la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado", no obstante se podrá suspender dicho acto cuando concurran una serie de circunstancias; y el artículo 138 de dicha Ley, al regular la "resolución"en el procedimiento sancionador, dispone en su apartado 3 que "la resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa"; por otro lado, el artículo 109, referido al "fin de la vía administrativa,  señala que "ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos de alzada (antes ordinarios); b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2; c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario; d) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

        CUARTO: En el presente caso, de conformidad con las disposiciones transcritas, la entidad reclamante interpuso, recurso de alzada contra la Resolución sancionadora de la Delegación Provincial de Trabajo que le imponía una sanción de 150.250 € por infracción de las normas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, y que su resolución le fue notificada, contra cuyo acuerdo interpuso el correspondiente recurso contencioso-administrativo; por lo que la resolución sancionadora adquirió firmeza (artículo 109) y, por ello, era ejecutiva (artículo 138) y por tanto, procedente la iniciación del procedimiento de apremio con la expedición de la correspondiente Providencia de Apremio.

            QUINTO: Por último, sobre lo solicitado, o así entendido por el Tribunal, en relación con la  solicitud de suspensión de la sanción, señalar que los órganos de esta vía económico-administrativa carecen de competencia para conocer de tales cuestiones al tratarse de materia no revisable en esta vía económico-administrativa.

           SEXTO: En consecuencia, procede, con la estimación del presente recurso de alzada, anular el acuerdo recurrido, confirmando la Providencia de apremio impugnada.

          Por lo expuesto,
        
        EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en resolución al recurso de alzada interpuesto por la DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo de ..., de fecha 16 de diciembre de 2004 (Reclamación ...), en materia de procedimiento de apremio. Importe: 180.300 €. ACUERDA: Estimarlo, anulando el acuerdo recurrido y confirmando la Providencia de apremio impugnada.

Providencia de apremio
Acto administrativo impugnado
Administración Tributaria del Estado
Procedimiento de apremio
Realización forzosa
Recargo de apremio
Suspensión de la ejecución del acto
Imposición de multa
Intervención de abogado
Cuenta corriente
Ejecución de los actos administrativos
Saldo deudor
Sociedad de responsabilidad limitada
Infracciones administrativas
Cuotas de cotización
Suspensión de la ejecución
Falta de notificación
Procedimiento sancionador
Omisión
Error sustancial

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 939/2005 de 29 de Jul (Reglamento General de Recaudación) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 210 Fecha de Publicación: 02/09/2005 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2006 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Real Decreto 928/1998 de 14 de May (Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 132 Fecha de Publicación: 03/06/1998 Fecha de entrada en vigor: 03/06/1998 Órgano Emisor: Ministerio De Trabajo Y Asuntos Sociales

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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