Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1915/2006 de 28 de Marzo de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 28 de Marzo de 2007
  • Núm. Resolución: 00/1915/2006

Resumen

En un reintegro del complemento de mínimos percibido hay que distinguir entre declaración de derechos y obligaciones (art. 16.2 del Texto Refundido de 1987) y liquidación y obligación de reintegro (art.16.1 del Texto Refundido de 1987) que es una simple operación matemática. Todos los actos deben ser motivados y en el presente caso la motivación es confusa al mezclar los dos tipos de acuerdo, por lo que se anula lo actuado y debe retrotraerse el expediente al momento procedimental previo para que el Centro Gestor aclare, primero, cuales son los derechos de la interesada (con audiencia previa), y luego, una vez firme el acuerdo, exija en su caso el reintegro de lo indebidamente percibido.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 28 de marzo de 2007 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesta por D.ª ..., con domicilio en ... contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 27 de marzo de 2006, sobre liquidación de haberes y reintegro de cantidades indebidamente percibidas.

                                                 ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de 24 de mayo de 1989, reconoció a D.ª ... pensión vitalicia en favor de padre/madre del Régimen de Clases Pasivas desde ... de 1986, como madre de D. ..., soltero, funcionario del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, fallecido el ... de 1986.

SEGUNDO: Con fecha 28 de octubre de 2005, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, como Caja Pagadora de Clases Pasivas de ..., adoptó el siguiente acuerdo: "He de poner en su conocimiento que con efectos de 1/11/2005 se procede por parte de este centro directivo a dar de baja el importe del complemento económico que percibe en su pensión de F. Civil debido a que Vd. es perceptor de Rentas por importe de 6.672,52€ según información proporcionada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, circunstancia que hace incompatible el percibo de complemento económico, según establece el artículo 43 del Real Decreto Ley 11/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica, en materia de pensiones públicas, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. Todo ello sin perjuicio del reintegro que pudiera derivarse del percibo indebido de dicho complemento con anterioridad al presente mes. Contra este acuerdo podrá interponerse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación reclamación económica-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central; o potestativamente en el mismo plazo y con carácter previo, recurso de reposición ante esta Dirección General, órgano al que, en todo caso, deberán ir dirigidas tanto la reclamación como el recurso, de conformidad con los artículos 222, 223 y 235 de la Ley 53/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ". El anterior acuerdo fue notificado a la interesada el 15 de noviembre de 2005, según aviso de Correos.

TERCERO: Por escrito presentado el 11 de enero de 2006, la interesada expone: que no percibe el complemento económico desde noviembre de 2005. Mediante carta me solicitan certificación renta 2003 y 2004, y en prueba de ello se adjuntan los siguientes documentos cert. Renta 2003 y 2004 y solicita "me sea abonado de nuevo el complemento económico".

CUARTO: Con fecha 1 de febrero de 2006, la Caja Pagadora de ..., en oficio fechado el 31 de enero, en trámite de audiencia en el expediente de reintegro de pagos indebidos de Clases Pasivas, comunicó a la interesada lo siguiente: "Como consecuencia de revisión del concepto complemento para mínimos por exceder la cuantía legalmente establecida; se ha comprobado que se han producido PAGOS INDEBIDOS derivados de la pensión de Familiar Civil de la que VD. es titular. Por consiguiente, en virtud de lo establecido en los artículos 15 y 16 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de Abril, en el 22 del Decreto 1120/1966, en el Real Decreto 1.134/97, de 11 de Julio y demás preceptos concordantes, que determinan la obligación de los perceptores de las prestaciones de Clases Pasivas de reintegrar al Tesoro Público las cantidades indebidamente percibidas, se ha incoado el oportuno procedimiento de reintegro de los pagos indebidos. Terminada la instrucción del procedimiento, de la que resulta una propuesta de liquidación del reintegro que asciende a la cantidad de 2.160,50 Euros, (así como el señalamiento de su pensión en 179,83 Euros, y complemento para mínimos de 53,66 Euros mensuales) y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner de manifiesto el expediente de reclamación de reintegro por el plazo de 15 días en las oficinas de esta Unidad de Clases Pasivas, sitas en la CALLE ...(horario de atención al público desde las 9 a las 14 horas), donde podrá examinar el expediente y, dentro del plazo indicado, formular las alegaciones y presentar cuantos documentos y pruebas estime pertinentes en justificación de las mismas. Del mismo modo, se le informará personalmente acerca de las actuaciones que deberá realizar VD. para efectuar el reintegro, así como solventar cuantas dudas y problemas pueda planteársele en relación con el mismo". No consta en el expediente que la interesada formulase escrito alguno.

            QUINTO: Por acuerdo de 27 de marzo de 2006, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, como Caja Pagadora de ..., exigió a D.ª ... el reintegro de 2.160,50 € por percepciones indebidas del complemento para mínimos. Dice así el acuerdo: "Como consecuencia de revisión del concepto complemento para mínimos por exceder la cuantía legalmente establecida, se ha comprobado que se han producido PAGOS INDEBIDOS derivados de la/s siguiente/s pensión/es:

Titulo de pensión                    Fecha de arranque              Cuantía inicial

Familiar Civil                        ... de 2005                                     176,30€

Complementos para mínimos                                                      264,80€

De la/s que es titular D./D° ..., Número de Identificación Fiscal, ... domicilio en ... Y vistos los preceptos legales de general aplicación y en concreto, Art. 22 del Decreto 1120/1966 de 21 de abril, 80 del Decreto 2427/1966 de 13 de agosto, los Arts. 15 y 16 del R.D. Legislativo 670/87 de 30 de abril, Leyes de Presupuestos año 2006 y anteriores, la Orden Ministerial de 10 de mayo de 1989, la Resolución de 20 de Octubre de 1994 de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y el Real Decreto 1.134/1997, de 11 de julio, por el que se regula el procedimiento de reintegro de percepciones indebidas, se procede a efectuar la siguiente:

           Liquidación de Haberes

            (...)

A reintegrar: 2.160,50 € I.R.P.F. (0%): 0,00

Cuantía a reintegrar: 2.160,50 €. De la que resulta una cuantía a reintegrar al Tesoro Público de 2.160,50; Euros; quedando señalada/s la/s pensión/s de Clases Pasivas como, a continuación se indica:

TÍTULO DE PENSIÓN                                 CUANTÍA MENSUAL

Familiar Civil        179,83 €

Complemento para mínimos           53,66 €

Por todo lo expuesto, ESTA DIRECCIÓN GENERAL HA RESUELTO lo siguiente: 1°.- Efectuar, con arreglo a las nuevas circunstancias que motivan la presente RESOLUCIÓN, el/los nuevos señalamientos de la/s pensión/es de Clases Pasivas de la/s que Vd. es titular en la/s cuantía/s mensual/es que resulta/n de la liquidación señalada, que se incluirán en su nómina a partir del mes de Marzo de 2006. 2°.- Proceder a la reclamación del reintegro de 2.160,50 Euros- que asimismo, resulta de la liquidación mencionada. En relación con el expediente de referencia y una vez efectuado el preceptivo Trámite de Audiencia en cumplimiento de lo establecido en el art. 84 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin haber realizado alegaciones, el reintegro deberá efectuarlo en cualquier entidad financiera colaboradora mediante el documento de ingreso modelo 069 que se adjunta, en el plazo de UN MES contado a partir de la fecha de la presente notificación. Una vez efectuado el reintegro deberá aportar a esta Unidad (...), como justificante del ingreso realizado, el ejemplar "para la Administración" una vez validado. Transcurrido el plazo mencionado sin tener constancia del ingreso, este Centro Directivo descontará en la nómina de la pensión que percibe como Familiar Civil, la cantidad de 1961,40 Euros., comenzando en el mes de Mayo de 2006 y finalizando en el de Abril de 2011 (60 Meses), por un importe mensual de 32,69 Euros, debiendo reintegrar, en el plazo de un mes, en un único ingreso la diferencia, 199,10 Euros, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1.134/1997, de 11 de julio. Transcurrido el plazo mencionado sin tener constancia del ingreso este Centro Directivo remitirá a la DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA el expediente, a fin de que proceda a su cobro. Contra esta Resolución podrá interponerse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central o potestativamente en el mismo plazo y con carácter previo, recurso de reposición ante esta Dirección General, órgano al que, en todo caso, deberán ir dirigidas tanto la reclamación como el recurso, de conformidad con los artículos 222, 223 y 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria".

SEXTO: Contra el anterior acuerdo, cuya fecha de notificación consta acreditada el 8 de abril de 2006 según aviso de Correos, la interesada por escrito presentado en este Tribunal Central el 25 de abril de 2006, interpone reclamación alegando: "que no está conforme con la resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de fecha de salida 29 de marzo de 2006, cuya copia acompaña, interponiendo reclamación en el T.E.A.C.". Concedido plazo para formular alegaciones y proponer pruebas, presentó escrito el 25 de septiembre de 2006, en el que alega: "Tras haber presentado el pasado 26 de abril de 2006 un escrito solicitando la no supresión del cobro de una pensión de Clases Pasivas por causa del fallecimiento de su hijo don ... y en respuesta a la petición solicitada por ustedes de presentar ante su organismo un segundo recurso a tal efecto. Solicita: Que a través de la presente súplica le sea concedida la citada pensión, por cuya futura remuneración renunció al cobro de los últimos seis meses de la prestación por desempleo que le correspondía a doña ..., ya que le indicaron que dicha pensión sería de carácter Vitalicio, lo cual es de suma importancia dado que doña ... actualmente cuenta con una edad de 69 años y no puede optar a incorporarse al mercado laboral, teniendo además a su cargo a su hijo don ..., diagnosticado de ...".

                                                   FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si la exigencia del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por la interesada se halla, o no, ajustada a Derecho

        SEGUNDO: De acuerdo con el artículo 16.1, párrafo primero, del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, "las cantidades indebidamente percibidas por los beneficiarios de las prestaciones de Clases Pasivas habrán de reintegrarse al Tesoro por ellos o sus derechohabientes y si no lo fuesen serán exigibles por la vía de apremio, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden en que hubiera podido incurrirse", y en el punto 2 del mismo artículo se establece que "no podrá exigirse el reintegro de lo indebidamente percibido al perceptor de las correspondientes cantidades, sin previa revisión o reforma del acto o acuerdo que hubiera dado origen al pago de tales cantidades".

        TERCERO: De lo anteriormente expuesto se deduce la existencia de dos actos administrativos diferentes uno, previo, de declaración de derechos y de obligaciones, y otro, posterior, de liquidación de esos derechos u obligaciones, y en ambos casos, con exigencia de audiencia previa al interesado antes de dictar el acuerdo definitivo. Esta diferenciación se manifiesta de manera confusa en el presente caso, pues en el acuerdo de 28 de octubre de 2005, descrito en el antecedente de hecho segundo, se justifica de manera sucinta la baja en el percibo del complemento económico que la interesada percibe pero sin señalar, claramente, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que motivan su resolución, en la que después se apoyará la liquidación de cantidades indebidamente percibidas; que en el trámite de audiencia se concreta en 2.160,50 €, señalándole el complemento para mínimos de 53,66 € mensuales, y en el acuerdo definitivo de 27 de marzo de 2006, descrito en el antecedente de hecho quinto, se concretan, además del reintegro indebido, cuáles son los derechos a percibir distinguiendo entre 2006 (a percibir 53,66 € mensuales) y 2005 (a percibir 46,07 €) cuando tales derechos deberían quedar fijados, previamente, en un acuerdo debidamente motivado del que luego el procedimiento de liquidación y obligación de reintegro fuese el resultado de un mero cálculo matemático.

        CUARTO: La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al hablar de los requisitos de los actos administrativos, dispone que su contenido se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y-será determinado por los fines de aquellos y adecuado a los mismos (artículo 53), siendo motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho aquellos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos (artículo 54.1.a)), y la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo y, además de contener la decisión, expresarán los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados pudieran ejercitar cualquier otro que estimen oportuno (artículo 89.1 y 3). Además, y con carácter general, el artículo 3.2 de la citada Ley 30/1992 indica que las Administraciones Públicas, en su actuación, se rigen por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. La Ley 58/2003, al hablar de la revisión en vía administrativa en su artículo 215, motivación de las resoluciones, dice: "1. Las resoluciones de los procedimientos especiales de revisión, recursos y reclamaciones regulados en este titulo deberán ser motivadas, con sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho. 2. También deberán motivarse los actos dictados en estos procedimientos relativos a las siguientes cuestiones: a) La inadmisión de escritos de cualquier clase presentados por los interesados.; b) La suspensión de la ejecución de los actos impugnados, la denegación de la suspensión y la inadmisión a trámite de solicitud de suspensión; c) La abstención de oficio para conocer o seguir conociendo del asunto por razón de la materia; d) La procedencia o improcedencia de !a recusación, la denegación del recibimiento a prueba o de cualquier diligencia ella y la caducidad de la instancia; e) Las que limiten derechos subjetivos de los interesados en el procedimiento; f) La suspensión de! procedimiento o las causas que impidan la continuación del mismo".

        QUINTO: Aunque lo señalado en el art. 215 de la Ley 58/2003 no es obligatorio para los acuerdos o resoluciones de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, en su doble condición de Centro Gestor de Clases Pasivas y Caja Pagadora de ..., de modo que sólo puede alegarse, y así se hace aquí, ad exemplum, es lo cierto que la libertad formal, que permite la Ley 30/1992 para los actos administrativos, en general, y para las resoluciones que ponen fin a un procedimiento, en concreto, no ampara la informalidad por lo que no se puede impedir que se analicen los aspectos formales del actuar administrativo para comprobar si éste se ajusta, o no, a la finalidad perseguida y si la inexistencia de formas o sus defectos impiden que aquel pueda considerarse ajustado a las exigencias legales, cuando las haya, y al servicio del ciudadano, a quien se dirige. En el presente caso,  con fecha 27 de marzo de 2006 la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas manifestó su voluntad de que "como consecuencia de revisión del concepto de complemento para mínimos por exceder la cuantía legalmente establecida se ha comprobado que se han producido pagos indebidos..." obligando al reintegro de percepciones indebidas por cuantía de 2.160,50 €". En definitiva estamos ante una liquidación de haberes (amparada por el artículo 16.1 del Texto Refundido de 1987), lo que significa que, como tal liquidación, es la expresión cifrada de la cuenta o saldo, que la recurrente tenía con la Administración, es decir, que la liquidación presupone un acuerdo previo de la Administración señalando derechos y deberes que la liquidación cuantifica, o sea, reduce a cifras, que es lo que exige el artículo 16.2 del citado Texto Refundido de 1987.

        SEXTO: Conforme a lo señalado en el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los actos administrativos que limiten derechos subjetivos serán motivados con sucinta referencia a los hechos y a los fundamentos de derecho, pudiendo los defectos de forma determinar la anulabilidad del acto cuando de lugar a la indefensión de los interesados, según el artículo 63 de la citada Ley, al revisarlos antes de poner fin a la vía administrativa y, en el presente caso, la liquidación de pensión efectuada por el Centro Gestor se limita a ser la expresión cifrada de un acuerdo previo cuyos antecedentes de hecho se recogen de manera fragmentaria, y de unos fundamentos de derecho que tampoco se desarrollan, por lo que la base fáctica y argumental del acuerdo de liquidación impugnado, que debe ser previa a éste, no consta en él y aunque se apoye en supuesto de hecho o de derecho que pueden ser conocidos, tanto por el interesado como por el Centro Gestor, deben constar por escrito, primero en el acuerdo exigido por el artículo 16.2 del Texto Refundido de 1987 y luego en la liquidación exigida al amparo del 16.1 para que, en su momento, este Tribunal Central pueda apoyar su actuación revisora en datos objetivos y no en conjeturas; por todo lo cual, abundando en lo ya dicho, procede anular la liquidación y reintegro del complemento para mínimos impugnadas, retrotrayendo el expediente al momento procedimental anterior al del acuerdo de 28 de octubre de 2005 para que el Centro Gestor dicte dos acuerdos diferentes conforme a lo antes señalado.

        Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Estimar en parte la reclamación económico-administrativa interpuesta por D.ª ..., contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 27 de marzo de 2006, sobre liquidación de haberes y reintegro de cantidades indebidamente percibidas, que se anula, debiendo el Centro Gestor dictar nuevos actos conforme a los fundamentos de la presente.


Pago indebido
Audiencia previa
Recibo de salarios
Régimen de Clases Pasivas
Presupuestos generales del Estado
Liquidación provisional del impuesto
Número de identificación fiscal
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Modelo 06. Impuesto Medios de Transporte
Entidades financieras
Derecho subjetivo
Fecha de notificación
Prestación por desempleo
Pensiones de Clases Pasivas
Procedimiento de apremio
Responsabilidad
Interés legitimo
Requisitos de los actos administrativos
Ciudadanos
Revisión en vía administrativa
Procedimientos especiales de revisión
Suspensión de la ejecución
Abstención
Caducidad de la instancia
Recusación
Voluntad
Indefensión

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RD-Ley 11/2004 de 23 de Dic (Se modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, en materia de pensiones públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 312 Fecha de Publicación: 28/12/2004 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2005 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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