Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1929/2005 de 02 de Febrero de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 02 de Febrero de 2007
  • Núm. Resolución: 00/1929/2005

Resumen

Procede la aplicación a la entidad de los beneficios fiscales establecidos para el "Forum Universal de las Culturas Barcelona 2004". No existe falta de aportación de documentos, pues la certificación del Consorcio Organizador no incluye la mención de la puesta en funcionamiento y si se necesitaba debía haberse requerido en el trámite de subsanación, lo que no se hizo. En cuanto a la resolución de aprobación y calificación del Consorcio, no resulta de aportación obligada en el caso concreto, pues se refiere a otro tipo de inversiones, los gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual. Tampoco puede admitirse que, pese a la sentencia del Tribunal Supremo de 20-1-2004 que anula el párrafo segundo del artículo 2.1 del Real Decreto 1070/2002, al considerar que existe extralimitación del Reglamento al excluir de los beneficios fiscales a las empresas suministradoras de servicios, la Ley 49/2002 (que entró en vigor el 25-12-2002) haya dado cobertura legal a dicha exclusión en su artículo 27.3 primero a). La entidad reclamante inició unas inversiones que, de acuerdo con la Ley 14/2000, sí podían acogerse a los beneficios fiscales y en ese momento no habían sido aprobados ni el Real Decreto 1070/2002, ni la Ley 49/2002, por lo que existían unas expectativas de derecho, vinculadas a unas inversiones ya realizadas, o cuanto menos iniciadas, que no pueden verse truncadas por una ley posterior.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 2 de febrero de 2007 vista la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por la entidad X, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, con N.I.F. ..., y en su nombre y representación por D. ... con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acto administrativo de la Oficina Nacional de Inspección de denegación de beneficios fiscales, de fecha 22 de marzo de 2005, sin cuantía.

                                                  ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 3 de marzo de 2005, la entidad reclamante presentó solicitud de reconocimiento previo de los beneficios fiscales aplicables al "Forum Universal de las Culturas, Barcelona 2004". Dicha solicitud tuvo entrada en la Oficina Nacional de Inspección de la A.E.A.T. el 7 de marzo de 2005. En dicha solicitud se hace constar que la sociedad XY, S.L. (entidad absorbida por la reclamante mediante escritura pública de 25-10-2004) realizó una inversión en elementos del inmovilizado material, consistente en la construcción de ..., en el término municipal de ... Se acompaña a la solicitud los siguientes documentos:

- Copia de la escritura pública de fusión por absorción.

- Memoria descriptiva de las características de la inversión.

- Certificado emitido por el Consorcio Organizador del Forum Universal de las Culturas Barcelona 2004, de 29 de julio de 2004, que certifica que la inversión se ha realizado en cumplimiento de los planes y programas de actividades del Consorcio.

- Copia de la sentencia del Tribunal Supremo de 20-1-2004, que anula el párrafo segundo del artículo 2.1 del Real Decreto 1070/2002.    

        SEGUNDO.- El Jefe de la Oficina Nacional de Inspección dictó en fecha 22 de marzo de 2002 acuerdo por el que se deniega la solicitud anterior "ya que, de acuerdo con la normativa vigente en el momento en que se realizaron, las inversiones no pueden entenderse realizadas en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidas por el Consorcio Organizador del Forum Universal de las Culturas, Barcelona 2004". Son dos los motivos de denegación de la solicitud esgrimidos:

        - Que de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 1070/2002, las inversiones deben entrar en funcionamiento antes de 1 de julio de 2004; sin embargo, no consta en la certificación del Consorcio Organizador aportada la fecha de puesta en funcionamiento. Tampoco aporta el solicitante la Resolución de aprobación y calificación del citado Consorcio, prevista en el artículo 3 de dicho Real Decreto. En consecuencia, no se han aportado la documentación y justificantes establecidos.

- Que pese a la sentencia del Tribunal Supremo de 20-1-2004 que anula el párrafo segundo del artículo 2.1 del Real Decreto 1070/2002, al considerar que existe extralimitación del Reglamento al excluir de los beneficios fiscales a las empresas suministradoras de servicios, la Ley 49/2002 (que entró en vigor el 25-12-2002) ha venido a dar cobertura legal a dicha exclusión en su artículo 27.3 primero a) (considerandos cuarto a sexto del acuerdo denegatorio).    

        Dicho acuerdo fue notificado a la interesada el 1 de abril de 2005.  

TERCERO.-
Disconforme con el citado acuerdo, la entidad ha interpuesto en fecha 19 de abril de 2005 reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central. Puesto de manifiesto el expediente, formula, en síntesis, las siguientes alegaciones:

1.- Con fecha 8 de noviembre de 2002, la Dirección General de ... emitió acta de puesta en servicio del ... y de los elementos comunes de ... aportando a este Tribunal Central copia de la misma.

2.- La Disposición Adicional Quinta de la Ley 14/2000 (ley especial) debe prevalecer sobre el artículo 27 de la Ley 49/2002 (ley general).

3.- Principio de cosa juzgada. Cuando el Tribunal Supremo dicta la sentencia, ya había entrado en vigor la Ley 49/2002, por lo que el Alto Tribunal podía haber confirmado la legalidad del precepto reglamentario en base a dicha Ley, y sin embargo no lo hizo, anulándolo.

4.- Principio de que nadie puede ir contra sus propios actos. En el modelo de declaración del Impuesto sobre Sociedades, la Administración toma el plazo de 5 años para aplicar la deducción recogido en la D.A. 5ª de la Ley 14/2000, y no el plazo de 10 años del artículo 27.3 de la Ley 49/2002. En la composición del Consorcio organizador del Forum, no se respeta la Ley 49/2002, al no haber ningún representante del Ministerio de Hacienda.

5.- El artículo 27.3 de la Ley 49/2002 excluye las redes de servicios de ... (...), pero no ..., que constituyen instalaciones de producción de ...

                                                       FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en única instancia de la presente reclamación económico-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo la cuestión a resolver si procede o no el reconocimiento a la reclamante de los beneficios fiscales aplicables al "Forum Universal de las Culturas, Barcelona 2004".

SEGUNDO.- La Disposición Adicional 5ª de la Ley 14/2000 regula los beneficios fiscales aplicables con motivo del "Forum Universal de las Culturas, Barcelona 2004", estableciendo, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"(...)

Dos. 1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades podrán deducir de la cuota íntegra del impuesto el 15 por 100 de las inversiones que, efectuadas en los términos municipales de Barcelona y Sant Adriá del Bessós, se realicen en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos por el Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 y consistan en:


        a) Elementos del inmovilizado material nuevos, sin que, en ningún caso, se consideren como tales los terrenos.

        (...)

Seis. El disfrute de los beneficios fiscales previstos en la presente disposición requerirá el reconocimiento previo de la Administración tributaria sobre su procedencia en la forma que reglamentariamente se determine.

        A tal efecto a la solicitud de reconocimiento deberá acompañarse certificación expedida por el Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 de que las inversiones con derecho a deducción se han realizado en cumplimiento de sus planes y programas de actividades así como de las demás circunstancias previstas en esta disposición.

        Posteriormente, la Administración tributaria comprobará la concurrencia de las circunstancias o requisitos necesarios para el goce de los beneficios fiscales, practicando, en su caso, la regularización que resulte procedente de la situación tributaria de los sujetos pasivos.

        (...)

        Ocho. 1. La presente disposición tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2004.

        2. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en la presente disposición adicional".

        En desarrollo de dicha disposición, se dictó el Real Decreto 1070/2002, de 18 de octubre (BOE de 31-10-2002), el cual dispone:

"Artículo 2.º Inversiones en elementos del inmovilizado material y en obras de rehabilitación de edificios y otras construcciones.

        1. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado dos.1 de la disposición adicional quinta de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades podrán deducir de la cuota íntegra del impuesto el 15 por ciento de las inversiones que, efectuadas en los términos municipales de Barcelona y Sant Adriá del Bessós se realicen en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos por el Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 y consistan en elementos del inmovilizado material nuevos, sin que, en ningún caso, se consideren como tales los terrenos.

        Se entenderá que no están realizadas en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos por el Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 las inversiones efectuadas por las empresas suministradoras para la instalación o ampliación de servicios de telecomunicaciones, tendido eléctrico, abastecimiento de agua, gas u otros suministros.

        (...)

4. A efectos de la aplicación de estos incentivos, se entenderá que las inversiones a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores se enmarcan en los planes y programas de actividades establecidos por el Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 cuando hayan entrado en funcionamiento antes del 1 de julio de 2004 y hayan obtenido la correspondiente certificación acreditativa a que se refiere el artículo 8.º de este Real Decreto".

        El párrafo segundo del artículo 2.1 anterior fue anulado por Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2004, por ser contrario al ordenamiento jurídico y concretamente incurso en extralimitación respecto de la disposición adicional que desarrolla, en cuanto excluye de los beneficios fiscales a las empresas suministradoras de servicios. Entiende el Alto Tribunal que dicho párrafo incurre en una doble extralimitación: "En primer lugar, se extiende la exclusión, que la Ley limitó a la compra de terrenos, a las inversiones que realicen las empresas de suministros en la instalación o ampliación de sus redes y en segundo lugar, introduce una presunción iuris et de iure, es decir de las que no admiten prueba en contrario, lo que está reservado a la Ley, sin que ésta habilite para hacerlo en el desarrollo reglamentario" .

        Por su parte, el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, regula en su artículo 27, con carácter general, los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público, estableciendo lo siguiente:

        "1. Son programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público el conjunto de incentivos fiscales específicos aplicables a las actuaciones que se realicen para asegurar el adecuado desarrollo de los acontecimientos que, en su caso, se determinen por Ley.

        2. La Ley que apruebe cada uno de estos programas regulará, al menos, los siguientes extremos:

        a) La duración del programa, que podrá ser de hasta tres años.

        b) La creación de un consorcio o la designación de un órgano administrativo que se encargue de la ejecución del programa y que certifique la adecuación de los gastos e inversiones realizadas a los objetivos y planes del mismo.

        En dicho consorcio u órgano estarán representadas, necesariamente, las Administraciones públicas interesadas en el acontecimiento y, en todo caso, el Ministerio de Hacienda.

        Para la emisión de la certificación será necesario el voto favorable de la representación del Ministerio de Hacienda.

        c) Las líneas básicas de las actuaciones que se vayan a organizar en apoyo del acontecimiento, sin perjuicio de su desarrollo posterior por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente en planes y programas de actividades específicas.

        d) Los beneficios fiscales aplicables a las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los límites del apartado siguiente.

        3. Los beneficios fiscales establecidos en cada programa serán, como máximo, los siguientes:

        Primero. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas en régimen de estimación directa y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente podrán deducir de la cuota íntegra del impuesto el 15 por 100 de los gastos e inversiones que, en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente, realicen en los siguientes conceptos:

        a) Adquisición de elementos del inmovilizado material nuevos, sin que, en ningún caso, se consideren como tales los terrenos.

        Se entenderá que no están realizadas en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente las inversiones efectuadas para la instalación o ampliación de redes de servicios de telecomunicaciones o de electricidad, así como para el abastecimiento de agua, gas u otros suministros (...)."
        
TERCERO.- La Oficina Nacional de Inspección denegó la solicitud de reconocimiento previo de los beneficios fiscales, en primer lugar, por no haberse aportado la documentación y justificantes establecidos, al no constar en la certificación del Consorcio Organizador aportada la fecha de puesta en funcionamiento (puesta en funcionamiento que debía ser anterior a 1 de julio de 2004). Tampoco aporta el solicitante la Resolución de aprobación y calificación del citado Consorcio, prevista en el artículo 3 de dicho Real Decreto.

Este Tribunal Económico-Administrativo Central discrepa del criterio seguido por la Oficina Nacional de Inspección en relación con las cuestiones anteriores. El Real Decreto 1070/2002 impone en su artículo 2 el requisito de que las inversiones entren en funcionamiento antes de 1 de julio de 2004. Sin embargo, la mención a la fecha de entrada en funcionamiento de la inversión no se incluye en el contenido mínimo de las certificaciones del Consorcio organizador, contenido que establece el artículo 8.2 del reglamento. Dicho precepto sólo se refiere a la descripción de la inversión o actividad, e importe total de la inversión realizada, extremos ambos que sí constan en el certificado aportado. Entendemos que la Oficina Nacional de Inspección debió requerir a la reclamante que completara la documentación presentada, aportando  justificante de la fecha de puesta en funcionamiento de la inversión. Dicho trámite de subsanación se contempla expresamente en el artículo 7.5 del Real Decreto 1070/2002 ("El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa del órgano competente en este procedimiento será de treinta días naturales desde la presentación de la correspondiente solicitud. El cómputo de dicho plazo se suspenderá, cuando se requiera al interesado que complete la documentación presentada, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y la presentación de la documentación requerida"), y con carácter general en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de RJAP-PAC. Por el contrario, no dio oportunidad a la interesada de aportar tal justificante, siendo aportado el mismo en fase de reclamación ante este TEAC.

Mayor reproche merece que la ONI señale en el resultando quinto de su acuerdo que "el solicitante no aporta la Resolución de aprobación y calificación del citado Consorcio, prevista en el artículo 3 del ya citado Real Decreto 1070/2002". Dicha Resolución de aprobación y calificación, documento también expedido por el Consorcio organizador, pero distinto de la certificación antes referida, no resulta de aportación obligada en absoluto en el caso que nos ocupa, pues se refiere a otro tipo de inversiones, los gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual, contemplados en el artículo 3 del Real Decreto, y no a inversiones en el inmovilizado material como la realizada por la reclamante.

CUARTO.- El segundo motivo de denegación de los beneficios fiscales esgrimido por la Oficina Nacional de Inspección tiene su base en el artículo 27.3 primero a) de la Ley 49/2002. Considera la ONI que, pese a la sentencia del Tribunal Supremo de 20-1-2004 que anula el párrafo segundo del artículo 2.1 del Real Decreto 1070/2002, al considerar que existe extralimitación del reglamento al excluir de los beneficios fiscales a las empresas suministradoras de servicios, la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ha venido a dar cobertura legal a dicha exclusión.    

        Debemos determinar, por tanto, si existe o no soporte legal para excluir la inversión realizada (...) de los incentivos fiscales aplicables al "Forum Universal de las Culturas".

        La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, supuso la derogación de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general. Como novedad, la Ley 49/2002 crea un "marco jurídico al que deberán ajustarse los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público que pueda establecer por Ley, fijando su contenido máximo, duración y reglas básicas" (exposición de motivos de la Ley), marco que se recoge en el artículo 27. Hasta ese momento, cada Ley que declaraba un acontecimiento de interés público regulaba los concretos beneficios fiscales y condiciones aplicables a dicho acontecimiento. Es el caso de la D.A. 5ª de la Ley 14/2000 (Forum Universal de las Culturas, Barcelona 2004) o de otras anteriores (D.A. 9ª Ley 55/1999, Salamanca Capital Europea de la Cultura 2002; etc.). La Ley 49/2002 entró en vigor el 25 de diciembre de 2002, surtiendo efectos las disposiciones relativas al Impuesto sobre Sociedades para los períodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de la ley (disposición final 3ª).

Con posterioridad a la Ley 49/2002, se han declarado nuevos acontecimientos de interés general como el Año Santo Jacobeo 2002 (D.A. 2ª Ley 53/2002), los declarados por la Ley 62/2003 (XV Juegos del Mediterráneo Almería 2005, D.A. 6ª; IV Centenario del Quijote, D.A. 20ª; Copa América 2007, D.A. 34ª) y otros posteriores. Tales leyes posteriores se suelen remitir al marco del artículo 27 de la Ley 49/2002, limitándose a regular los extremos señalados en el artículo 27.2 (duración del programa, etc.).

Llevando a cabo una interpretación conjunta y sistemática de las normas en conflicto, podemos extraer las siguientes conclusiones:

1ª. La D.A. 5ª de la Ley 14/2000, que es la norma legal que regula los beneficios fiscales para el "Forum Universal", no contiene ninguna limitación de las inversiones en el inmovilizado material que pueden acogerse a la misma, a excepción de los terrenos. Su vigencia es de 1 de enero de 2002 a 31 de diciembre de 2004.

2ª. Sí se recogen mayores limitaciones, tal y como hemos visto, en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, el cual excluye las inversiones consistentes en la instalación o ampliación de redes de servicios de telecomunicaciones o de electricidad, así como para el abastecimiento de agua, gas u otros suministros. Sin embargo, entendemos que la aplicación de la Ley 49/2002 se proyecta a futuro, sobre eventos de interés público que se vayan estableciendo por Ley, fijando el contenido máximo de los beneficios fiscales, pero no a los anteriores, como el "Forum Universal de las Culturas", ya regulado por su propia Ley.

La solución a adoptar pasa por preservar el principio de seguridad jurídica de la reclamante. De este modo, no podemos pasar por alto que la entidad reclamante inició unas inversiones que, de acuerdo con la Ley 14/2000, sí podían acogerse a los beneficios fiscales (según consta en el acta de puesta en servicio aportada, la Dirección General de ... autorizó la ... el 26-4-2001). En ese momento, no habían sido aprobados ni el R.D. 1070/2002, de 18 de octubre, ni la Ley 49/2002. Con posterioridad, se aprobó el citado R.D. 1070/2002, que excluía las inversiones de las empresas suministradoras, extralimitándose en ese aspecto respecto de la Ley 14/2000. Dicho reglamento fue impugnado por una entidad del ..., ante el Tribunal Supremo, en defensa de esas expectativas de derecho nacidas de la Ley 14/2000. Debe tenerse en cuenta igualmente que el acta, antes citada, de puesta en servicio de la inversión es de 8 de noviembre de 2002, fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley 49/2002, el 25 de diciembre de 2002. Por lo tanto, resulta incierta la afirmación de la ONI de que las inversiones son posteriores a la entrada en vigor de dicha Ley (considerando sexto del acuerdo). Entendemos, en definitiva, que existían unas expectativas de derecho, vinculadas a unas inversiones ya realizadas, o cuanto menos iniciadas, que no pueden verse truncadas por una ley posterior.

        Por otra parte, debemos poner de manifiesto los términos acotados en que se encuentra redactado el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, refiriéndose a "inversiones efectuadas para la instalación o ampliación de redes de servicios de telecomunicaciones o de electricidad, así como para el abastecimiento de agua, gas u otros suministros" ; redacción muy similar a la del artículo 2.1 (anulado) del R.D. 1070/2002: "inversiones efectuadas por las empresas suministradoras para la instalación o ampliación de servicios de telecomunicaciones, tendido eléctrico, abastecimiento de agua, gas u otros suministros". Al referirse a redes y tendidos, no sería descabellado entender, como señala la reclamante, que en cualquier caso las inversiones excluidas son en realidad las referidas a instalaciones de distribución o transporte ...; no a instalaciones de producción, como es el caso de ...

Intuimos que, en el fondo, subyace la cuestión de si las inversiones realizadas por empresas suministradoras de servicios pueden considerarse vinculadas o no a tales eventos de interés general. Si el organismo competente, el Consorcio organizador del "Forum Universal", hubiera considerado que ... no se ajusta a los planes y programas de actividades, no hubiera otorgado la certificación. Sin embargo, otorgó la certificación, no pudiendo la Oficina Nacional de Inspección revisar tal cuestión, pues a quien corresponde otorgar dicha certificación es al citado Consorcio. De acuerdo con el procedimiento establecido, la Administración Tributaria debería examinar que existe tal certificación y que concurren los demás requisitos (fecha de entrada en funcionamiento, etc.), pero no que la inversión se realiza en cumplimiento de los planes y programas, pues ese requisito ya lo certifica el Consorcio organizador y para eso está la certificación. De lo contrario, no sería necesario su concurso, decidiendo la propia Administración Tributaria sobre tal cuestión.  

Debemos finalmente citar al Tribunal Supremo que, en la referida sentencia de 20-1-2004, señala que "lo que no puede hacerse es anticipar ese juicio, con carácter general y negativo para toda una serie de empresas, cuyo concurso no puede presumirse innecesario para llevar a cabo el acontecimiento cultural que se desea favorecer mediante el beneficio tributario...". Se está refiriendo el TS a las empresas suministradoras de servicios, y como señala el Alto Tribunal, sus inversiones sí pueden considerarse necesarias o realizadas en el marco de las actividades del acontecimiento en cuestión.  

        En consecuencia, debemos estimar las alegaciones de la reclamante y anular el acuerdo impugnado.

POR LO EXPUESTO,

EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA,
vista la presente reclamación económico-administrativa, ACUERDA: Estimar la reclamación interpuesta, debiendo anularse el acuerdo impugnado y dictarse uno nuevo que reconozca a la reclamante el derecho a la aplicación de los beneficios fiscales establecidos para el "Forum Universal de las Culturas, Barcelona 2004".

Beneficios fiscales
Inversiones
Inmovilizado material
Escritura pública
Cuota íntegra
Sujetos pasivos Impuesto sobre Sociedades
Interés publico
Abastecimiento de agua
Sociedad Unipersonal
Entidades sin animo de lucro
Fusión por absorción
Sociedad de responsabilidad limitada
Elementos comunes
Declaración Impuesto de Sociedades
Electricidad
Presunción iuris et de iure
Prueba en contrario
Contribuyentes del IRPF
Estimación directa
Establecimiento permanente
Días naturales
Actividades económicas
Contribuyentes del IRNR
Impuesto sobre sociedades
Seguridad jurídica
Fundaciones
Período impositivo

Ley 49/2002 de 23 de Dic (Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 308 Fecha de Publicación: 24/12/2002 Fecha de entrada en vigor: 25/12/2002 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 62/2003 de 30 de Dic (Medidas fiscales, administrativas y del orden social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 313 Fecha de Publicación: 31/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 53/2002 de 30 de Dic (Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 313 Fecha de Publicación: 31/12/2002 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2003 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1994 de 24 de Nov (Fundaciones e incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general) DEROGADO PARCIALMENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 282 Fecha de Publicación: 25/11/1994 Fecha de entrada en vigor: 26/11/1994 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 55/1999 de 29 de Dic (Medidas fiscales, administrativas y del orden social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 312 Fecha de Publicación: 30/12/1999 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2000 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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