Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1959/2002 de 22 de Enero de 2003

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 22 de Enero de 2003
  • Núm. Resolución: 00/1959/2002

Resumen

De la apreciación conjunta de la prueba se deduce la existencia de un planeamiento urbanístico y de un Proyecto de Urbanización. Como este último supone por sí mismo un instrumento de ejecución del planeamiento y se habían comenzado las obras del citado Proyecto de Urbanización, se está ante unos terrenos "en curso de urbanización" por lo que no es aplicable la exención del artículo 20.Uno. 20 de la Ley del IVA y es procedente la tributación por dicho Impuesto.

Descripción

           En la Villa de Madrid, a 22 de enero de 2003 en el recurso de alzada que ha de resolver este Tribunal Económico-administrativo Central, en Sala, interpuesto por D. ..., en nombre y representación de la entidad X, S. A., con domicilio a efectos de notificaciones en c/ ..., contra la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de 30 de abril de 2.001, en el expediente ... relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio de 1.996 y cuantía de 23.243.668 pesetas (139.697,26 € )

                                     ANTECEDENTES DE HECHO

             Primero.-
Con fecha 9 de mayo de 1996 X, S. A. adquirió de Y, S. A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario de ..., D. ..., unos terrenos sitos en el término municipal de ..., por cuya transmisión la vendedora emitió factura repercutiendo el IVA al 16%, resultando una cuota de 305.524.816 pesetas (1.836.241,13 €). Entregado tanto el precio como el impuesto repercutido, con fecha 30 de septiembre se otorga escritura de carta de pago y cancelación de condición resolutoria y la entidad vendedora emite la correspondiente factura.

            Con fecha 24 de julio de 1997 la Inspección Regional de la Delegación Especial en ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria incoa Acta A02 nº 611679530 a la sociedad inmobiliaria entendiendo que la entrega de los terrenos había sido una operación exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido, al amparo del artículo 20.Uno.20ª de la Ley 37/1992, por lo que procedía considerar la operación sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y, desde luego, no deducible el IVA soportado. Esta es la cuestión fundamental que se contempla en el acta en la que se hace constar que "por la compraventa mencionada se repercutió el IVA al 16%, en la cuantía de 305.524.816 pesetas" (1.836.241,13 €); que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor añadido, la citada compraventa estaba sujeta al Impuesto, pero que según el artículo 20.Uno.20º de la misma Ley estaba exenta, al tratarse de unos terrenos que no tienen la consideración de edificables; que "por tanto, no procede la repercusión del Impuesto por tal compraventa y, en consecuencia, no procede la devolución de ese importe indebidamente soportado"; que, en función de las consideraciones anteriores se rehace el cálculo correspondiente al citado ejercicio proponiendo una liquidación según la cual, en vez de obtener un saldo a compensar o a devolver, la sociedad inmobiliaria habría de pagar 19.881.338 pesetas (119.489,25 €) en concepto de cuota y 3.362.330 pesetas (20.208,01 €) en concepto de intereses, es decir, un total de 23.243.668 pesetas (139.697,26 €). La liquidación consiguiente, dictada el 17 de octubre del citado año de 1997, confirma la propuesta de la Inspección.

          Contra la expresada liquidación se interpone recurso de reposición que es desestimado por resolución de 2 de diciembre de 1997, en la que se comienza por expresar que en la fecha de la transmisión, los terrenos cuya tributación se discutía no tenían la consideración de solares ni la de terrenos aptos para la edificación, según se desprendía del Informe emitido por el Gabinete Técnico de la Agencia Tributaria sobre este concreto extremo, y mas adelante se manifiesta que los citados terrenos tampoco se encontraban en curso de urbanización, si bien sobre este punto no se pronuncia el Informe técnico antes citado. Se notifica a la entidad interesada el 18 de diciembre, interponiéndose reclamación ante el Tribunal Económico-administrativo Regional de ... el 24 del mismo mes, en la que se reiteran las alegaciones formuladas en el recurso de reposición insistiendo en que la entrega no está exenta por tratarse de terrenos en curso de urbanización.

           El Tribunal Regional dicta resolución desestimatoria el 30 de abril de 2001, que no se notifica hasta el 8 de febrero de 2002, al no haberse tenido en cuenta el cambio de domicilio a efectos de notificaciones que se había comunicado al Tribunal en el escrito presentado el 15 de octubre de 2001. Se formula recurso de alzada el 12 de febrero siguiente.

            Segundo.- De la documentación que figura en el expediente, a propósito de la naturaleza de los terrenos transmitidos por Y, S. A. a la sociedad inmobiliaria se desprenden los siguientes hechos.

           -
Que el Plan Parcial del polígono "...", en el que están situados los terrenos, fue aprobado por el Ayuntamiento de ... el ... de 1980, siendo publicado en el BOE nº..., de ...

           -
Que con fecha ... de 1989 la ... de la Comunidad aprobó la Modificación del Plan Parcial citado, si bien condicionado a la entrega de determinada documentación, trámite que parece haberse cumplimentado en el mes de marzo siguiente.

          -
Que con fecha ... de 1990 se concedió licencia municipal para ejecutar las obras de urbanización del Plan Parcial. Así se reconoce en la resolución del recurso de reposición.

          -
Que según informes emitidos por el arquitecto municipal en mayo de 1993, en dicha fecha se estaba realizando la comprobación del replanteo del proyecto de urbanización del Plan Parcial, estando las obras de urbanización en fase de movimiento de tierras. Así lo acredita el Informe emitido por el ... del Ayuntamiento de ...  con fecha 25 de noviembre de 1997. La propia resolución desestimatoria del recurso de reposición afirma que en la fecha en que se emite (2 de diciembre de 1997) "no están completadas" las obras de urbanización.

         -
Que las citadas obras de urbanización se comenzaron a ejecutar efectivamente por la empresa Z, S. A.                                       

         -
Que el Plan General de Ordenación Urbana fue aprobado por el Ayuntamiento el ... de 1990, estableciéndose en su Disposición Transitoria Tercera que los promotores del Plan Parcial deberían presentar el Texto Refundido del citado Plan Parcial en un plazo máximo de seis meses; que así se hizo, remitiéndose a ..., que puso determinados reparos al mismo, por lo que hubo de reiterarse el envío una vez solventados. El Arquitecto del Ayuntamiento afirmaba en Informe de 7 de mayo de 1997 que una vez aprobado el citado Texto Refundido "el planeamiento será ejecutivo y podrá ser edificado simultáneamente por contarse también con Proyecto de Urbanización definitivamente aprobado".
                           
FUNDAMENTOS DE DERECHO

          Primero.-  
Este Tribunal Económico-administrativo Central es competente, por razón de la materia y de la cuantía, para conocer del presente recurso, interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Procedimiento para las Reclamaciones Económico-administrativas, centrándose la cuestión que se plantea en determinar si la entrega de los terrenos realizada por Y, S. A. estaba sujeta y exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, debía tributar por este último impuesto como transmisión patrimonial onerosa.

          Segundo.- El artículo 20.Uno 20º de la Ley 37/1992 establece que estarán exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido las entregas de terrenos rústicos y demás que no tengan la condición de edificables, especificando que a tales efectos se consideran edificables "los terrenos calificados como solares por la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y demás normas urbanísticas, así como los demás terrenos aptos para la edificación por haber sido ésta autorizada por la correspondiente licencia administrativa."

          Añade a continuación que "la exención no se extiende a las entregas de los siguientes terrenos aunque no tengan la condición de edificables: a) las de terrenos urbanizados o en curso de urbanización, realizadas por el promotor de la urbanización, excepto los destinados exclusivamente a parque y jardines públicos  o a superficies viales de uso público"

         Figura en el expediente el Informe emitido el 9 de julio de 1997 por el Arquitecto del Gabinete Técnico y de Valoraciones de la Delegación Especial en ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a cuyo tenor "las parcelas del Plan Parcial "..." no tenían a fecha 30-09-96 la consideración de solar ni la de terreno apto para la edificación, por no disponer de licencia de obras para edificar aunque se solicitase del Ayuntamiento, dado que el planeamiento no era ejecutivo al estar el expediente paralizado, pendiente de subsanar reparos ante la ...". Queda, por tanto, despejada en sentido negativo la primera de las circunstancias a las que la norma vincula la sujeción al IVA; indudablemente no se está ante terrenos que, en la fecha de la entrega, tuviesen la condición de edificables. Así lo expresa con rotundidad el Informe del Gabinete Técnico y de Valoraciones de la Agencia.

          Es preciso a continuación determinar si se trata de terrenos que estuviesen "en curso de urbanización", y debe notarse que en este punto el Informe técnico citado no se pronuncia.

           Tercero.- El hecho de que ni las Directivas Comunitarias ni la Ley del Impuesto establezcan lo que debe entenderse por "terrenos en curso de urbanización", ha motivado que se hayan dado diversas interpretaciones al precepto citado: la que entiende que la norma exige para otorgar tal calificación que se estén realizando actos de ejecución material, y la que parte de la base de que el proceso urbanístico comienza desde que el terreno se encuentra incluido en un Plan Parcial de Ordenación Urbana y éste haya sido aprobado. Ahora bien, la característica o nota común a ambas posturas es la exigencia de que haya comenzado el proceso de producción de suelo edificable; la divergencia se produce cuando se entiende que basta para ello que se haya aprobado un instrumento de planeamiento urbanístico frente a la postura de quienes exigen que hayan dado comienzo la obras de urbanización.              

           Para  dirimir la cuestión expuesta es preciso profundizar en el estudio de los principios informadores del planeamiento urbanístico porque la normativa fiscal utiliza términos que han precisado el Derecho administrativo y la jurisprudencia urbanística. Entre esos principios:

         - que, de conformidad con el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, de 26 de junio de 1992, los Planes Parciales generalmente desarrollan los Planes Generales de Ordenación tan solo en cuanto al suelo urbanizable, porque respecto del suelo urbano lo normal es que el Plan General contenga por sí mismo la ordenación detallada de aquel. En cambio, en el suelo urbanizable programado el Plan General define las líneas básicas o la estructura general de la ordenación urbanística, siendo necesario un instrumento que la concrete y desarrolle. Por eso, el Plan Parcial supone la culminación del planeamiento urbanístico y, una vez aprobado, hace posible la fase de ejecución de la urbanización. En el caso presente, como se relata en los Antecedentes de Hecho, el polígono en el que están situados los terrenos contaba con Plan Parcial, aprobado en el año de 1980 y publicado en el BOE nº ... de ... del año citado.

          - que, según el precepto anteriormente invocado, un Plan Parcial delimita un área de planeamiento dentro del Plan General; asigna los usos pormenorizados de las distintas zonas que comprende; hace el señalamiento de las reservas de terrenos para parque y jardines, zonas deportivas y de recreo, centros culturales y docentes, templos, centros asistenciales y sanitarios y demás servicios de interés público; realiza el trazado de la red de comunicaciones del sector y su enlace con la prevista en el Plan General; realiza el trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica y demás servicios previstos en el Plan; evalúa económicamente el coste de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización; establece el plan o las etapas de ejecución de la urbanización; y, finalmente, establece el sistema de actuación de las citadas obras de urbanización.

           - que, según tiene declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, un Plan Parcial de Ordenación "no puede contradecir las previsiones del Plan General so pena de incurrir en nulidad, precisamente porque los Planes Parciales tienen su eficacia supeditada a la del Plan General que trata de desarrollar y del que dependen, al que se encuentran vinculados, no siendo sino una consecuencia del mismo, al que se tiene que subordinar en su desarrollo práctico y legal, sin posibilidad de contradecirlo o modificarlo."

           - que, en definitiva, el planeamiento determina el modelo territorial y establece las previsiones adecuadas para alcanzar dicho modelo, pero necesita de instrumentos que hagan posible la transformación deseada del territorio, que ejecuten el planeamiento; esta es, cabalmente, la función del Proyecto de urbanización, al que se refiere el artículo 92 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, que, como ha reiterado el Tribunal Supremo, no participa de la naturaleza de instrumento de ordenación, es decir, ya no es planeamiento sino "ejecución de lo que por vía general e indiscriminada se establece en los Planes" y "escalón ejecutivo del programa ordenador que los Planes propiamente dichos contienen"; es un  "puro proyecto técnico de obras" y su formulación solo es posible partiendo de la existencia del correspondiente Plan Parcial. Consta en el expediente que el Polígono "...", al que pertenecen los terrenos en cuestión,  contaba con Proyecto de Urbanización y que con fecha 28 de febrero de 1990 se concedió por el Ayuntamiento licencia para ejecutar las obras de urbanización del Plan Parcial. Es mas, figura en el expediente Informe del arquitecto municipal estableciendo la realización en mayo de 1993 del replanteo del Proyecto de urbanización, e igualmente consta haberse realizado movimiento de tierras como parte de las obras de urbanización, y que éstas se estaban llevando a cabo por la empresa Z, S. A.                                            

          - que, como se desprende del artículo 149 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, una de las determinaciones que han de contener los Planes Parciales correspondientes a urbanizaciones privadas es la del sistema de actuación para la ejecución de las obras de urbanización, siendo uno de ellos el de Compensación. Dentro de dicho sistema, la Junta de Compensación se configura como una entidad urbanística de carácter administrativo, cuya aprobación por el Ayuntamiento determina, entre otras consecuencias, la afección directa de los terrenos pertenecientes al polígono o unidad de actuación al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema de actuación y la atribución a la misma de facultades dispositivas sobre las fincas pertenecientes a los propietarios, miembros de la Junta.

             Del estudio de la documentación que contiene el expediente brota una duda que no despeja el Informe ampliatorio de la Inspección. Por una parte se afirma que la aprobación municipal del Plan Parcial del Polígono al que pertenecen los terrenos es de 1980, que la notificación y aprobación "definitiva" del mismo se realizó el 31 de enero de 1981 (así se expresa en la resolución desestimatoria del recurso de reposición), y que se realizó mas tarde una Modificación del citado Plan que fue aprobada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma en marzo de 1989. Por otra, en un Informe del Arquitecto municipal, de 7 de mayo de 1997, se expresa que el Plan General aprobado por el Ayuntamiento el ... de 1990 determinaba en una de sus Disposiciones Transitorias que los promotores del Plan Parcial habrían de presentar el texto refundido del mismo, es decir, su adaptación a aquél, como así se había hecho, remitiéndose el Plan General a la Comisión Territorial de Urbanismo, que puso determinados reparos al mismo, por lo que hubo de reiterarse el envío una vez solventados, y que "una vez aprobado el citado texto refundido, el planeamiento será ejecutivo y podrá ser edificado simultáneamente por contarse también con proyecto de urbanización definitivamente aprobado". Siendo el Plan Parcial, como queda expuesto, desarrollo del Plan General de Ordenación, y pacífica la determinación de la fecha de aprobación en 1981 del Plan Parcial correspondiente al polígono "...", cabe concluir de lo expuesto que, diez años mas tarde, se redactó un nuevo Plan General de Ordenación Municipal, sin que se desprenda de la documentación emitida por el Ayuntamiento que la adaptación al mismo de aquel anterior Plan Parcial hubiese llevado consigo la suspensión de las licencias de obra en lo que respecta a las correspondientes a la urbanización del citado polígono, puesto que hay certificaciones del año 1993 de la empresa urbanizadora, e Informes emitidos por el topógrafo y el arquitecto municipales, que acreditan la realización del replanteo y de obras de urbanización en el año citado.

          En todo caso, de la apreciación conjunta de la prueba, se deduce la existencia en el ejercicio en que se realizó la adquisición de los terrenos por parte de la entidad recurrente de un planeamiento urbanístico y de un plan de urbanización, y que este último supuso, por sí mismo, y, a mayor abundamiento, por las obras en que se iba materializando, la ejecución del planeamiento urbanístico. En otras palabras, que se está ante unos terrenos "en curso de urbanización" porque lo contrario supondría, en este caso, vaciar de contenido la excepción a la exención que se contiene en el artículo 20.Uno.20º de la Ley 37/1992. A todo lo expuesto debe añadirse que así lo entendía el Ayuntamiento cuando por acuerdo de fecha 12 de noviembre de 1992estableció el pago del "equivalente en metálico del 10% del aprovechamiento medio previsto en el Proyecto de Compensación", condicionando a su entrega el otorgamiento de la licencia de edificación.

         Cuarto.-  La entrega de los terrenos se realiza por una entidad, la entonces Y, S. A., a la que X, S.A. se los había adjudicado en pago de deudas contraídas con la entidad financiera. Dicha entidad tiene la condición de empresario, a tenor del artículo 5 de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, pero la tiene igualmente de promotor, porque la titularidad de los terrenos en curso de urbanización, comporta el derecho a pertenecer a la Junta de Compensación del Polígono y, desde luego, la adquisición de aquellos subroga al adquirente en la naturaleza y condiciones que tenía el anterior propietario; así se hace constar en la escritura que formaliza la dación en pago de deudas y consiguiente adjudicación. Una prueba adicional de su condición de promotor es el hecho, al que anteriormente se ha hecho referencia, de haber abonado Y, S. A. al Ayuntamiento de ... el importe "equivalente en metálico del 10% del aprovechamiento medio previsto en el Proyecto de Compensación".    

Quinto.- De todo lo expuesto se desprende que las entregas están sujetas al  Impuesto sobre el Valor añadido, que no les abarca la exención del artículo 20.Uno 20º de la Ley 37/1992, que, por tanto, no deben tributar por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por la modalidad de "transmisiones patrimoniales onerosas". Consecuentemente es deducible para la entidad recurrente, adquirente de los terrenos, el IVA soportado en su adquisición, y tiene derecho a la devolución del mayor ingreso que haya satisfecho por tal concepto así como de lo que haya podido pagar por Transmisiones Patrimoniales Onerosas en su condición de adquirente, con los intereses correspondientes en ambos casos.  

          En su virtud,

           EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, visto el recurso de alzada interpuesto por X, S. A. contra la resolución dictada por el  Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de 30 de abril de 2.001, en la reclamación ... relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al ejercicio de 1.996 y cuantía de 23.243.668 pesetas (139.697,26 €) ACUERDA: Estimarla, anular la resolución recurrida y la liquidación impugnada, que debe sustituirse por otra en la que se tengan en cuenta los pronunciamientos que se contienen en el Fundamento de Derecho Quinto de la presente resolución.

Impuesto sobre el Valor Añadido
Obras de urbanización
Proyectos de urbanización
Planeamiento urbanístico
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Administración Tributaria del Estado
Solares
Escritura pública
Carta de pago
Suelo y ordenación urbana
Condición resolutoria
Traslado de domicilio
Suelo urbanizable
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Planes parciales de ordenación
Plan general de ordenación urbana
Licencias municipales
Licencias administrativas
Suelo urbanizado
Actos jurídicos documentados
Uso público
Licencia de obras
Actos de ejecución
Ordenación urbanística
Suelo urbano
Alcantarillado
Junta de compensación
Dueño
Interés publico
Energía eléctrica
Abastecimiento de agua
Comisiones
Cumplimiento de las obligaciones
Entidades financieras
Dación en pago
Suspensión de la licencia
Otorgamiento de la licencia
Cesión de bienes pro solvendo
Resolución recurrida
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