Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1968/2006 de 27 de Septiembre de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 27 de Septiembre de 2006
  • Núm. Resolución: 00/1968/2006

Resumen

Se confirma la denegación de la pensión de orfandad solicitada por la reclamante, de estado civil viuda e hija de un obrero de las Minas de Almadén, pues la legislación reguladora de sus derechos pasivos no es el Régimen de Clases Pasivas del Estado, sino la legislación especial correspondiente y según el artículo 2 de la Real Orden de 12 de octubre de 1920 tendrán derecho a la pensión las hembras mientras conserven su estado de solteras y las que se casen perderán definitivamente su derecho.

Descripción

           En la Villa de Madrid, a 27 de septiembre de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Central, interpuesta por D.ª ..., con domicilio en ..., contra presunta desestimación del recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 1 de diciembre de 2005, por el que se le denegó la pensión de orfandad solicitada.

                                                      ANTECEDENTES  DE  HECHO

        PRIMERO: D.ª ..., de estado civil viuda desde el ... de 2004, mediante instancia presentada el 8 de noviembre de 2005 en la Delegación de Economía y Hacienda de ..., solicitó coparticipar en la pensión de orfandad causada por su padre, D. ..., obrero de las Minas de Almadén fallecido el ... de 1930, y que había causado en favor de su viuda una pensión de gracia desde el día ... de 1930, con arreglo a la Real Orden de 12 de octubre de 1920.

        SEGUNDO: Por acuerdo de ... de 2005, el Centro Gestor le denegó el reconocimiento de la pensión solicitada, pues conforme al número 2 de la Real Orden de 12 de octubre de 1920 y al artículo 321 del Reglamento para el Régimen interior del Establecimiento de las Minas de Almadén, aprobado por Real Orden de 28 de enero de 1928, tendrán derecho a pensión los huérfanos mientras conserven el estado civil de solteros. Los huérfanos que se casen perderán definitivamente sus derechos, y D.ª ... contrajo matrimonio el ... de 1949. Contra este acuerdo, que le fue notificado el 31 de enero de 2006, interpuso recurso de reposición ante el Centro Gestor con fecha 9 de febrero, en el que exponía que a sus hermanas, al quedar viudas en los años 1990 y 1999 respectivamente, se les reconoció pensión, y en los acuerdos de concesión se dice: "sin perjuicio del derecho que puede asistir a otros familiares del causante".

        TERCERO: Entendiendo presuntamente desestimado el recurso, formuló la presente reclamación mediante escrito presentado en la Delegación de Economía y Hacienda el 10 de marzo de 2006, en el que reitera que a sus hermanas se les ha reconocido la pensión por lo que deberá aplicársele el mismo criterio, y acompaña copia de las resoluciones de concesión en su favor.

        CUARTO: Con fecha 9 de mayo de 2006 el Centro Gestor dictó acuerdo desestimatorio del recurso, en el que en esencia se dice que el citado Centro venía reconociendo las citadas pensiones en aplicación del artículo 59 del Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado por entender que a las pensiones remuneratorias causadas por los obreros de las Minas de Almadén les era de aplicación supletoria la legislación general de Clases Pasivas, y por ello reconoció a sus hermanas la pensión, pero a partir de la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 25 de septiembre de 2004 (sic) cambió su criterio de conformidad con lo en ella establecido, y como quiera que la recurrente se casó el 22 de mayo de 1949, su derecho a pensión se extinguió, conforme a la Real Orden de 12 de octubre de 1920 y artículo 321 del Reglamento para el Régimen Interior del Establecimiento de las Minas de Almadén, aprobado por Real Orden de 28 de enero de 1928.

                                                             FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

          PRIMERO:
Concurren los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la misma, en la que la única cuestión planteada es si la hoy reclamante tiene o no derecho a la pensión de orfandad solicitada.

        SEGUNDO: Este Tribunal Central en la resolución a que ha hecho referencia el Centro Gestor, ha mantenido el siguiente criterio: Mientras el Centro Gestor entiende que es de aplicación la legislación de Clases Pasivas por considerar que el causante está incluido en su ámbito de cobertura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2.a) del Texto Refundido de Clases Pasivas, que establece que se regularán por la legislación de Clases Pasivas vigente a 31 de diciembre de 1984, con las modificaciones que se recogen en el Título II del mismo texto, los derechos pasivos causados por el personal "...mencionado en las letras a) a e), ambas inclusive, y g) del número 1 del precedente artículo 2 que con anterioridad al 1 de enero de 1985 haya fallecido o haya sido declarado jubilado o retirado", debe examinarse si, en efecto, es de aplicación tal legislación y para ello procede analizar si el causante de la pensión está incluido en el citado artículo 2.1 que se refiere a: "a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado. b) El personal militar profesional, sea o no de carrera, y el personal militar de las Escalas de Complemento y Reserva Naval. c) Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia. d) Los funcionarios de carrera de las Cortes Generales. e) Los funcionarios de carrera de otros órganos constitucionales o estatales, siempre que su legislación reguladora así lo prevea. g) El personal mencionado en las precedentes letras que preste servicio en las diferentes Comunidades Autónomas como consecuencia de haber sido transferido al servicio de las mismas..." y aunque el Centro Gestor no especifica cuál de los casos reseñados es el que afecta al causante, pueden descartarse por inadecuadas las letras b, c, d y g, quedando por analizar las letras a y e, y así en lo que respecta a la letra a, que hace referencia a los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado ha de señalarse que son aquellos empleados sometidos a la legislación de Función Pública que a lo largo del tiempo ha regido en nuestro país. Así, la Ley de 22 de julio de 1918, de Bases de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado, dispone que su acceso será por oposición y su separación sólo por cese previo expediente gubernativo recurrible en vía contencioso-administrativa, regulando al personal técnico y administrativo y estableciendo las bases de la legislación de desarrollo de los modos de ascenso, excedencias, traslados, tomas de posesión, retribuciones, situaciones administrativas, etc., normativa esta que en modo alguno reguló la prestación de servicios de los obreros de las Minas de Almadén. La legislación posterior, como la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado aprobada por Decreto 315/1964, además de seguir en la línea expuesta, incluyó una definición en su artículo 1º: "Los funcionarios de la Administración Pública son las personas incorporadas a la misma por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho administrativo". Finalmente, la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública reordena los cuerpos y escalas hasta entonces existentes tanto en el Estado como en sus organismos autónomos, citándolos de manera exhaustiva, pero no incluye al denominado Cuerpo de Obreros de las Minas de Almadén. Así pues, no resulta adecuado entender que el causante se encuentra incluido en la letra a) del artículo 2.1 del Texto Refundido 670/87. En cuanto a la letra e) , tampoco puede entenderse que el causante estuviese incluido en ella porque no era funcionario de carrera de "otros órganos constitucionales o estatales", precisamente porque la legislación reguladora que le afectaba establecía su condición de personal laboral sometido a la legislación social. Sentado lo anterior y dado que el causante no era funcionario de ninguna Administración Pública, no está incluido en el ámbito personal de cobertura de la legislación de Clases Pasivas del Estado aunque la pensión reconocida a su viuda y posteriormente a sus huérfanas, se satisfaga por el Ministerio de Hacienda. Por otra parte, la disposición adicional primera del Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 1926, dispone que "los haberes pasivos causados por los obreros de Almadén, tanto los de retiro  como los de Montepíos y las llamadas pensiones de gracia, continuarán rigiéndose por sus disposiciones especiales". Estas pensiones especiales han tenido incluso normas de ese  carácter en lo que a actualizaciones se refiere. Así, la Ley 57/1960 sobre pensiones mínimas estableció un mínimo de 750 pesetas mensuales "para todas las pensiones de retiro o jubilación concedidas o que se concedan en lo sucesivo a favor de los empleados militares o civiles del Estado a los que pudiera corresponder pensión inferior conforme a la legislación aplicable en cada caso", pero determinó que "Quedan exceptuadas del aumento dispuesto en el número anterior las pensiones denominadas Remuneratorias"; asimismo quedaron excluidas de los beneficios de la actualización reconocida en la Ley 82/1961, si bien se estableció que los mínimos de la Ley 57/1960 "se aplicarán... a las pensiones denominadas remuneratorias"; y el Decreto 864/1967, dictado para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Derechos Pasivos de 1966, que regulaba la actualización de las pensiones de Clases Pasivas como consecuencia de las modificaciones de las retribuciones de activo, por aplicación de porcentajes medios de aumento, excluyó de su ámbito de aplicación "las pensiones reconocidas en cuantía fija con carácter de remuneratorias, causadas por Obreros retirados de las Minas de Almadén y Arrayanes".

        CUARTO: A la vista de lo expuesto ha de concluirse que las pensiones de orfandad  que puedan causar los obreros de las Minas de Almadén, son unas pensiones especiales que, si bien se señalan por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y se satisfacen con cargo al crédito correspondiente de la Sección 07 de los Presupuestos Generales del Estado, no se encuadran en la legislación general de Clases Pasivas, sino que se regulan por sus disposiciones especiales, siendo la legislación aplicable la Real Orden de 12 de octubre de 1920 y el Reglamento para el Régimen Interior del Establecimiento de las Minas de Almadén de 1928, cuyos artículos 2 y 321, respectivamente, preceptúan "Las viudas y huérfanos de los obreros de Almadén no incorporados a Montepío y que fallezcan a consecuencia de accidente de trabajo, por efecto de los gases mercuriales o después de haber prestado diez años de servicios por lo menos o el número de jornales equivalente, computados éstos en la forma prevenida en las Ordenanzas de 1º de enero de 1865, tendrán derecho a la pensión de gracia de 50 céntimos de peseta diarios, con sujeción a las siguientes condiciones ... d) Tendrán derecho a la pensión las viudas mientras no contraigan nuevo matrimonio; los huérfanos varones, hasta que cumplan la edad de dieciocho años o ganen jornal en las minas, y las hembras, mientras conserven su estado de solteras y las viudas y las huérfanas que se casen perderán definitivamente su derecho". Habiendo contraído matrimonio la hoy reclamante en el año 1949 perdió definitivamente su derecho a la pensión, siendo inoperante el criterio con el que el Centro Gestor hubiese podido decidir otros casos análogos, pues a este Tribunal le corresponde únicamente revisar los sometidos a su conocimiento al efecto de pronunciar la declaración pertinente respecto a ser o no conforme a Derecho, como queda realizado.

        Por lo expuesto

        EL TRIBUNAL CENTRAL, EN SALA, ACUERDA:
Desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por D.ª..., contra la presunta desestimación del recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 1 de diciembre de 2005, denegatorio de la pensión de orfandad solicitada, que se confirma.

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