Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2019/2004 de 14 de Junio de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 14 de Junio de 2006
  • Núm. Resolución: 00/2019/2004

Resumen

Cuando el IVA repercutido se incluye en declaraciones-liquidaciones posteriores a la fecha del devengo no resulta aplicable el régimen de recargos por ingreso extemporáneo establecido en el artículo 61.3 de la LGT de 1963 (Ley 230/1963 redacción Ley 25/1995), procediendo la infracción tributaria tipificada en el artículo 79 de la citada LGT de 1963, siempre que haya existido culpabilidad como ocurre en el caso concreto. Son compatibles las sanciones aplicadas en base a lo dispuesto en el artículo 79.a) y 79.d) de la LGT (Ley 230/1963). Ahora bien, respecto a la sanción impuesta de acuerdo con lo previsto en el artículo 79.a) de la LGT (Ley 230/1963), hay que tener en cuenta la regulación de la nueva LGT (Ley 58/2003), por resultar el tratamiento de ésta más favorable para el sujeto pasivo, según la D.T. 4ª.1 de la misma. Por lo que respecta a la sanción impuesta en base a lo dispuesto en el artículo 79.d) de la LGT (Ley 230/2003) debe mantenerse, ya que la aplicación de la nueva LGT (Ley 58/2003) no resulta más favorable.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 14 de junio de 2 006 en el recurso de alzada, que pende ante este Tribunal Central, en Sala, interpuesto por D.ª ..., con NIF ..., en nombre y representación de ..., con NIF ..., con domicilio en calle ..., contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de 19 de febrero de 2004, por la que se desestimó la reclamación económico-administrativa interpuesta contra la desestimación del recurso de reposición interpuesto a su vez con el Acuerdo de imposición de sanciones dictado por la Inspectora Jefe de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por los ejercicios 2000 y 2001, expediente sancionador derivado de las actuaciones inspectoras que dieron lugar a la incoación del Acta de Conformidad ..., y concepto IVA, resultando un importe sancionador de 262.876,37 € (43.738.948 pesetas).

                                                           ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-
De los antecedentes de hecho que obran en el expediente resultan acreditados los siguientes hechos:

        1- De las actuaciones de investigación y comprobación llevadas a cabo por la Inspección resultó la necesidad de modificar las bases imponibles declaradas, al no haber consignado el obligado en sus declaraciones la totalidad de ingresos facturados y contabilizados, según el devengo en el año 2000. El sujeto pasivo repercutió las cuotas devengadas correspondientes a las bases imponibles descubiertas por la Inspección. Como consecuencia de las actuaciones desarrolladas se incoó el Acta A01 ...

        2- Con fecha 3 de julio de 2002, previa autorización de la Inspectora-Jefe, se acordó por el instructor actuario el inicio de expediente sancionador por considerarse los hechos constatados como constitutivos de infracción tributaria grave, según resulta de la aplicación de los artículos 79 a) y d) de la Ley General Tributaria de 1963.

        3- La Resolución del expediente sancionador incoado fue dictada por la Inspectora Jefe de la Oficina Técnica de ... el 28 de agosto de 2002, ratificándose la propuesta de sanción efectuada por el instructor.

        4- Según expuso el Fundamento de Derecho Segundo de la Resolución de la Oficina Técnica: "De acuerdo con el art. 79 a) de la LGT constituye infracción tributaria grave: "Dejar de ingresar, dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria, salvo que se regularice con arreglo al artículo 61 de esta Ley o proceda la aplicación de lo previsto en el artículo 127 también de esta Ley". De acuerdo con el art. 79 d) de la LGT se tipifica como infracción tributaria grave "Determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos de impuesto, a deducir o compensar en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros". Como consecuencia de dichas conductas el sujeto pasivo ha dejado de ingresar por el concepto IVA, la cantidad de 55.792.188 pesetas en el 2T del 2000, y 6.424.532 pesetas en el 3T del 2000. Asimismo acreditó improcedentemente a compensar las siguientes cantidades: 1.007.812 pesetas en el 2T del 2000 y 775.468 pesetas en el 3T del 2000".

        5- Los sanciones aplicadas fueron las del art. 88.3 LGT de 1963, multa pecuniaria del 75 % sobre las cantidades que hubieran dejado de ingresarse, y del 88.1 de mismo texto, multa pecuniaria del 15 % sobre las cantidades indebidamente acreditadas. Como criterio de gradación de la sanción se observó el de ocultación a la Administración de los datos necesarios para la determinación de la deuda tributaria, por un incremento total de 25 puntos porcentuales a aplicar sobre la base de 75% puntos de sanción del art. 88.3 LGT.

        6- Se aplicó la reducción del 30% de la cuantía de la sanción por conformidad con la propuesta de regularización practicada, de acuerdo con el artículo 82.3 de la LGT.

        7- Contra este acto de imposición de sanción el interesado interpuso recurso de reposición, que fue desestimado por el Inspector de la Oficina Técnica por Resolución de 30 de octubre de 2002.

SEGUNDO.- Notificada la desestimación del recurso de reposición el 13 de noviembre de 2002, el interesado interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Regional de ..., en el que solicitaba la anulación del acuerdo sancionador, indicando en particular que llevó a cabo la inclusión espontánea de las cuotas de IVA repercutido, en la declaración del último trimestre del año 2000.

TERCERO.- El Tribunal Regional, mediante la Resolución aquí impugnada procedió a la desestimación de la reclamación planteada al entender que no cabe la aplicación del régimen de recargos por ingreso extemporáneo establecido por la LGT de 1963, por haber sido necesaria la actuación de la Inspección para detectar la omisión producida. Asimismo, examinó el elemento de culpabilidad y la imposibilidad de justificación de la conducta observada por el contribuyente. Por último, se mantiene el criterio de ocultación que como agravante de la sanción se había aplicado por la Inspección.

CUARTO.- Notificada esta Resolución, el interesado interpuso el pertinente recurso de alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central el 26 de marzo de 2004, en el que se alegó, en síntesis:

        - Inexistencia de infracción del artículo 79.a) de la LGT, por haberse procedido a la regularización de la situación tributaria sin que medie requerimiento y por existir interpretación razonable del artículo 61.3 de la misma Ley. Abundando en lo anterior, el interesado indica que la Sociedad regularizó extemporáneamente pero de manera voluntaria en el cuarto trimestre del ejercicio 2000 unos ingresos que correspondían al segundo y tercer trimestre; por ello al final del periodo de referencia la situación quedó regularizada.

        - Vulneración del principio non bis in idem. No nos encontramos ante dos hechos, sino que la acreditación improcedente sería la consecuencia lógica de la situación irregular posteriormente regularizada.

        - Desproporcionalidad (sic). La sanción impuesta es desproporcionada y pone en peligro la propia existencia de la empresa.

        - Inexistencia de ocultación. No puede utilizarse este concepto como conducta típica y como criterio de graduación.

QUINTO.- En último lugar mencionar que puesto de manifiesto el expediente a los efectos procedentes, presentó ulterior escrito de alegaciones en el que se ratificó en las alegaciones anteriormente expresadas, solicitando, en su caso, la aplicación de la norma más favorable al interesado.

                                                       FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso de alzada ha sido promovido en tiempo y forma por persona legitimada para hacerlo y este Tribunal Económico-Administrativo Central es competente para conocerlo de conformidad con lo establecido en el vigente Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo.

La cuestión objeto de controversia es si fue procedente la sanción liquidada por ser inexactas las declaraciones-liquidaciones tributarias, como señala en el acuerdo recurrido la Inspección, o no lo fue, debiendo aplicarse el recargo único al tratarse de un ingreso por declaración, anterior a la actuación inspectora, como señala la entidad reclamante.

SEGUNDO.- Dispone el artículo 79 de la Ley General Tributaria de 1.963, según su redacción aplicable al caso, que es la vigente a la entrada en vigor de la reforma introducida por la Ley 25/1.995, de 20 de julio, que constituyen infracciones graves, entre otras conductas, dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria, salvo que se regularice con arreglo al artículo 61 de la propia Ley o proceda la aplicación de lo previsto en el artículo 127 de la misma norma.

Es cuestión pacífica en el presente expediente que el sujeto pasivo dejó de ingresar, dentro de los plazos establecidos por la normativa del Impuesto, determinadas cuotas correspondientes a los meses del ejercicio 2.000 que se citan en los antecedentes de hecho, cuotas que fueron incluidas e ingresadas en virtud de una declaración posterior, pero sin hacer constar en la citada declaración que las cantidades consignadas en exceso, por corresponder a períodos anteriores, se ingresaban fuera de los mencionados plazos. La entidad reclamante, considera que, a pesar de ello, no se dan los requisitos necesarios para calificar su conducta como de infracción tributaria grave.

Dispone el artículo 61.3 de la Ley General Tributaria de 1.963 que "los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, así como las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, sufrirán un recargo del 20 por 100 con exclusión de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse pero no de los intereses de demora. No obstante, si el ingreso o la presentación de la declaración se efectúa dentro de los tres, seis o doce meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación de ingreso, se aplicará un recargo único del 5, 10 ó 15 por 100 respectivamente con exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse".

Como ha señalado ya este Tribunal Central, en otras en sus Resoluciones de 9 de mayo de 2.001 (R.G. 4259/99) y 12 de septiembre de 2.001 (R.G. 2600/99), "la reforma operada por la Ley 25/1.995 ha venido a clarificar y a dotar de una mayor perfección técnica a la regulación de los ingresos realizados fuera de plazo sin requerimiento previo. Con la nueva redacción de los preceptos va a ser necesario, para evitar la imposición de sanción por infracción tributaria, ajustarse a ciertos requisitos. Así, en supuestos como los que plantea el presente expediente, habrá de proceder a la regularización de la situación tributaria del sujeto pasivo, lo que pasa necesariamente por la presentación de una declaración veraz, en la que se pongan en relación la cuotas ingresadas extemporáneamente con los períodos a que corresponden. Lo contrario supone la ocultación a la Administración de información, por medio de la presentación de una declaración inexacta, con la que el contribuyente, pasando por alto las reglas de devengo del Impuesto, evita la aplicación del régimen de recargos y también la interrupción de la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

A mayor abundamiento, la evolución normativa posterior ha venido a confirmar la exigencia de regularización. Así, la norma citada en desarrollo de la Ley General Tributaria en materia sancionadora, el Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, ha seguido la línea marcada por la primera, al establecer en su artículo 4 que "a efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 61 de la Ley General Tributaria, no se impondrán sanciones pro infracciones tributarias al que regularice su situación tributaria antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones tendentes a la determinación de las deudas tributaria s objeto de regularización".

Por consiguiente, con la norma aplicable, según redacción establecida por la Ley 25/1.995 no basta con ingresar, ha de regularizarse la situación tributaria provocada por una anterior declaración-liquidación o la ausencia de la misma, y ello supone cumplir con los requisitos lógicos que exige la comparación entre ambas declaraciones-liquidaciones, relacionándolas, o si no hubo una anterior, identificar el período a que se corresponde la declaración extemporánea. Estos requisitos son, en síntesis, los siguientes:

Que se presente la correspondiente declaración-liquidación o autoliquidación omitida o bien una declaración complementaria que rectifique la anterior formulada en plazo. En ambos casos deberá hacerse constar expresamente el período impositivo a que se refieren las bases y cuotas del Impuesto que son objeto de regularización.

Que la declaración sea extemporánea, es decir, que su presentación se realice una vez finalizados los plazos previstos por la normativa reguladora de los distintos tributos.

Que de la declaración-liquidación o autoliquidación presentada resulte una deuda tributaria a ingresar.

Que la presentación se efectúe de manera espontánea, sin que haya mediado requerimiento previo de los órganos de la Administración tributaria".

En términos análogos, el artículo 179.3 de la Ley General Tributaria 58/2.003, de 17 de diciembre, dispone que "los obligados tributarios que voluntariamente regularicen su situación tributaria o subsanen las declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes presentadas con anterioridad de forma incorrecta no incurrirán en responsabilidad por las infracciones tributarias cometidas con ocasión de la presentación de aquéllas. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 de esta Ley y de las posibles infracciones que puedan cometerse como consecuencia de la presentación tardía o incorrecta de las nuevas declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes".

Por consiguiente, no habiéndose producido regularización voluntaria por parte de la entidad reclamante, en la medida en que ha sido precisa la actuación de comprobación de los órganos de la Administración Tributaria para determinar las cuotas que se corresponden a cada período de declaración, no puede exonerarse al sujeto pasivo de responsabilidad por infracción tributaria, conforme determinó el acto administrativo impugnado.

Pero es más, como ha señalado también este Tribunal Central (así, en resolución de 2 de abril de 2.003, R.G. 7344/00) si incluyésemos el supuesto de hecho que se ha producido en el expediente que examinamos (autoliquidaciones presentadas en plazo hábil para el ingreso de las cuotas devengadas en el último periodo de liquidación del año, pero conteniendo cuotas devengadas en meses anteriores dentro de las mismas) en la interpretación del artículo 61.3 de la Ley General tributaria de 1.963, "nos alejaríamos de su interpretación gramatical pues cada declaración-liquidación es un documento individual e independiente y no dos, y ampliando tal interpretación estaríamos frustrando la finalidad del mismo precepto, ya que como reza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto, en su sentencia de 13 de noviembre de 1.995, entre otras, "el carácter masivo de las relaciones tributarias y la lógica limitación de medios materiales y humanos de la Administración Tributaria justifican el recurso a este tipo de medidas de estimulación". En efecto si admitiésemos la autoliquidación única temporánea parcialmente (de cuotas devengadas en el período) y extemporánea parcialmente (de cuotas devengadas en períodos anteriores que se regularizan) estaríamos permitiendo el encubrimiento documental y formal de estas regularizaciones, dificultando la gestión de la Administración y primando estas conductas confusas".

En un sentido análogo, considerando que la conducta que examinamos constituye infracción tributaria tipificada en el artículo 79.a) de la Ley General Tributaria, se ha reiterado este Tribunal Central, entre otras, en su resolución de 6 de febrero de 2.002.

TERCERO.- En cuanto a la culpabilidad debe señalarse que la Ley General Tributaria de 1.963, en la redacción que le otorga la Ley 25/1.995, y posteriormente la Ley 1/1.998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, constituyeron avances en el proceso de asimilación del régimen sancionador administrativo al régimen penal, siguiendo las pautas marcadas por el Tribunal Constitucional en sus sentencias, entre otras, 55/1.982, de 26 de julio, y 76/1990, de 26 de abril. El elemento de la culpabilidad y su requisito básico, que es la imputabilidad, entendida como la capacidad de actual culpablemente, están presentes en nuestro ordenamiento jurídico fiscal, como la prueba la afirmación contenida en el artículo 77.1 de la Ley General Tributaria de 1.963, a cuyo tenor las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia, porque, en palabras del Tribunal Constitucional, "ello significa con toda evidencia, de un lado, que el precepto está dando por supuesta la exigencia de culpabilidad en los grados de dolo y culpa o negligencia grave; y de otro, que más allá de la simple negligencia los hechos no pueden ser sancionados".

En términos análogos se pronuncia la actual Ley General Tributaria 58/2.003, de 17 de diciembre, en sus artículos 178 y 179.

De lo expuesto se desprende que la culpabilidad y la tipicidad se configuran así como los elementos fundamentales de toda infracción administrativa y también, por consiguiente, de toda infracción tributaria; y que el elemento subjetivo está presente cuando la Ley fiscal sanciona las infracciones tributarias cometidas por negligencia simple.

Conviene, por tanto, profundizar en el concepto de negligencia. Su esencia radica en el descuido, en la actuación contraria al deber objetivo de respeto y cuidado del bien jurídico protegido por la norma. Ese bien jurídico, en este caso, son los intereses de la Hacienda Pública y, a través de ellos, el progreso social y económico del país, intereses que se concretan en las normas fiscales, cuyo cumplimiento incumbe a todos los ciudadanos conforme establece el artículo 31 de la Constitución. En ese sentido se ha pronunciado en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo, en Sentencias, entre otras, de 9 de diciembre de 1.997, 18 de julio y 16 de noviembre de 1.998 y 17 de mayo de 1.999, en las cuales se hace referencia a la Circular de la Dirección General de Inspección Tributaria de 29 de feb4rero de 1.988 que, a su vez, se hace eco de la tendencia jurisprudencial de "vincular la culpabilidad del sujeto infractor a la circunstancia de que su conducta no se halle amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables, especialmente cuando la ley haya establecido la obligación, a cargo de los particulares, de practicar operaciones de liquidación tributaria".

La negligencia, por otra parte, como han señalado las sentencias del Tribunal Supremo anteriormente señaladas, no exige como elemento determinante para su apreciación un claro ánimo de defraudar, sino un cierto desprecio o menoscabo de la norma, una lasitud en la apreciación de los deberes impuestos por la misma.

Como resumen de lo expuesto, se reitera una vez más el criterio de este Tribunal Central, recogiendo la doctrina expuesta del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo, en la materia, en el sentido de que no puede hablarse de la infracción como una especie de responsabilidad objetiva o presunta, sino que la intencionalidad es esencial para que pueda apreciarse su existencia. En este aspecto se ha expuesto que sólo el error invencible supone una ausencia de culpabilidad, mientras que el vencible excluye el dolo pero no la culpa, debiendo el invencible alegarse y probarse por quien lo padezca, y teniendo en cuenta las circunstancias del infractor.

En el caso presente, el hecho de que la Ley era clara lo pone de manifiesto la circunstancia de que el acta incoada y la propuesta de sanción recogen el incumplimiento de la normativa expresada por parte de la entidad, pero excluyen controversia alguna sobre la cuota a ingresar, que fue satisfecha espontáneamente, en declaración-liquidación posterior a la de su devengo y mezclada en un sólo documento con la devengada en el período a que corresponde el documento, por la propia entidad.

Finalmente, la negligencia, como elemento subjetivo de la infracción, se concreta en la inducción a la confusión, ingresando con un solo documento las cuotas corrientes y las atrasadas.

Por ello ha de confirmarse la existencia de intencionalidad en la ocultación de datos y la procedencia de la graduación de la sanción en el total de la liquidación impugnada; por lo que también en este extremo han de rechazarse las pretensiones de la entidad reclamante.

CUARTO.- En cuanto a la alegada vulneración del principio propio del Derecho Penal, y por ende, del administrativo sancionador, del non bis in idem, que proscribiría la sanción por duplicado del mismo hecho, es necesario mencionar que la sanción impuesta diferencia con claridad dos tramos a la hora de imposición de la sanción:

        - la parte de cuota resultante de la realización de la operación de sustracción del IVA deducible del repercutido, que se dejó de ingresar por el sujeto;

        - la cantidad que como resultado de su conducta se incluyó en el modelo como a compensar, infringiendo así el precepto típico predeterminado legalmente.

Discrimina la resolución sancionadora, a la hora de concretar el importe de sanción a imponer, en dos tramos, de acuerdo con el comportamiento del sujeto. La no duplicidad queda patente si examinamos que el sujeto, al confeccionar sus declaraciones en primer lugar dejó de ingresar determinadas cantidades en los trimestres segundo y tercero del ejercicio 2000. No obstante, además de no ingresar, es decir, de no incluir en sus declaraciones las cantidades realmente devengadas que habrían determinado el resultado correcto que más tarde ha sido objeto de regularización, el sujeto incluyó en sus declaraciones en la casilla "a compensar" unas cuotas improcedentes. Si es necesario admitir que por coherencia con su decisión inicial de no incluir cuotas devengadas, lo usual es llevar esta decisión a término e incluir el resultado de su comportamiento (el exceso de IVA deducible sobre el repercutido) como a compensar, cabe razonar que con esta actitud también el sujeto se aseguraba de que la autoliquidación guardara una mínima apariencia de coherencia formal que evitara su selección inmediata por los servicios de gestión. Y este comportamiento encierra un actuar no sólo espurio, sino también tipificado en la normativa tributaria, como constitutivo de infracción grave, y al fin y a la postre, punible.

Debemos además traer aquí a colación el artículo 180.3 de la LGT de 2003, que abunda a futuro en la posibilidad de castigar la infracción consistente en dejar de ingresar junto con la de acreditar improcedentemente partidas a compensar, cuando indica que:

"3. La realización de varias acciones u omisiones constitutivas de varias infracciones posibilitará la imposición de las sanciones que procedan por todas ellas. Entre otros supuestos, la sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en el artículo 191 de esta ley será compatible con la que proceda, en su caso, por la aplicación de los artículos 194 y 195 de esta ley.

Asimismo, la sanción derivada de la comisión de la infracción prevista en el artículo 198 de esta ley será compatible con las que procedan, en su caso, por la aplicación de los artículos 199 y 203 de esta ley".

Por todo ello es necesario determinar que no se produjo en el acuerdo examinado una infracción del principio non bis in idem, por lo que es necesario ratificar la Resolución en este extremo.

QUINTO.- Conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta, apartado primero, de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, "esta ley será de aplicación a las infracciones tributarias cometidas con anterioridad a su entrada en vigor siempre que su aplicación resulte más favorable para el sujeto infractor y la sanción impuesta no haya adquirido firmeza. La revisión de las sanciones no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizará por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos, previa audiencia al interesado".

A la vista de lo dispuesto en la anterior disposición transitoria hemos de determinar, por tanto, si resulta de aplicación el nuevo régimen sancionador establecido en la Ley 58/2.003.

Por lo que se refiere a la infracción consistente en dejar de ingresar del artículo 79.a), frente a la Ley de 1.963, la nueva Ley General Tributaria de 2.003 recoge, de forma específica y concreta, en su artículo 191.6, dentro de la infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación, la conducta que examinamos en el presente expediente a fin de darle un tratamiento singular: "no obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, siempre constituirá infracción leve la falta de ingreso en plazo de tributos o pagos a cuenta que hubieran sido incluidos o regularizados por el mismo obligado tributario en una autoliquidación presentada con posterioridad sin cumplir los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 27 de esta ley para la aplicación de los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo. Lo previsto en este apartado no será aplicable cuando la autoliquidación presentada incluya ingresos correspondientes a conceptos y períodos impositivos respecto a los que se hubiera notificado previamente un requerimiento de la Administración Tributaria".

Conforme al apartado segundo del citado artículo 191, la sanción por infracción leve consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por 100, sin que, a diferencia de cuando se califica de grave o de muy grave, se apliquen los criterios de graduación que agraven la sanción previstos en el artículo 187.1 de la Ley. Esto es, la nueva Ley General Tributaria, con independencia de que exista o no ocultación en la conducta del sujeto infractor o se utilicen medios fraudulentos en la actuación infractora, la infracción se calificará "siempre" como leve por lo que a los efectos de este expediente, no debemos tener en cuenta la existencia de ocultación que si había sido considerada por la Inspección para determinar la cuantía de la sanción.

Por ello, de conformidad con la nueva Ley General Tributaria la infracción cometida por el sujeto infractor en este expediente debe ser sancionada con multa pecuniaria proporcional del 50 por 100, sobre la que se aplicará la reducción por conformidad que ya se tuvo en cuenta en el acuerdo sancionador impugnado, al haberse prestado por el sujeto pasivo su conformidad a la propuesta de regularización de su situación tributaria contenida en el Acta A01 a que dio lugar las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos.

Por lo que respecta a la sanción impuesta por el artículo 79.d) de la LGT de 1963, decir que con la nueva LGT de 2003 la sanción a imponer asciende hasta el 50 % de las cuotas indebidamente acreditadas. Por ello, la sanción de la conducta de acuerdo con la LGT de 2003 empeoraría la situación del sujeto en cuanto a la conducta del artículo 79.d). Teniendo en cuenta que la comparación entre normas debe hacerse tomando infracción por infracción, es necesario escoger la aplicación de la norma que favorezca al sujeto, por lo que en el caso que nos ocupa el tratamiento más gravoso que de acuerdo con la nueva legislación recibe el comportamiento antes regulado en el artículo 79.d) lleva a que se deba mantener la sanción impuesta, sin que sea de aplicación la LGT de 2003.

Así, la sanción del 79.a) de la LGT de 10963 habrá de recalcularse según la LGT de 2003, por resultar el tratamiento que ésta otorga más favorable al sujeto, sin perjuicio del mantenimiento de la sanción del 79.d) de acuerdo con lo que se resolvió en el expediente sancionador.

En virtud de lo expuesto,

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, en el recurso de alzada interpuesto por D.ª ..., con NIF ..., en nombre y representación de ..., contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de ..., de 19 de febrero de 2004, por la que se desestimó la reclamación económico-administrativa interpuesta contra la desestimación del recurso de reposición interpuesto a su vez con el Acuerdo de imposición de sanciones dictado por la Inspectora Jefe de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por los ejercicios 2000 y 2001, expediente sancionador derivado de las actuaciones inspectoras que dieron lugar a la incoación del Acta de Conformidad A01 ..., y concepto IVA, ACUERDA: desestimarla, sin perjuicio de adaptar el importe de la sanción a lo previsto en la nueva Ley General Tributaria 58/2.003, de 17 de diciembre, en la forma expuesta en el último fundamento de derecho.

Infracciones tributarias
Impuesto sobre el Valor Añadido
Deuda tributaria
Ocultación
Infracción tributaria grave
Expediente sancionador
Apercibimiento previo
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Declaraciones-autoliquidaciones
Intereses de demora
Administración Tributaria del Estado
Acta de conformidad
Acta de conformidad
Principio non bis in idem
Responsabilidad
Agravante
Omisión
Actividad inspectora
Declaración extemporánea
Dolo
Obligado tributario
Culpa
Período impositivo
Interrupción de la prescripción
Devengo del Impuesto
Declaración complementaria
Acto administrativo impugnado
Deducciones IVA
Inspección tributaria
Encubrimiento
Comisiones
Imputabilidad
Infracciones administrativas
Ciudadanos
Liquidaciones tributarias
Tipicidad
Ánimo defraudatorio
Responsabilidad objetiva
Error invencible
Audiencia del interesado
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