Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2093/2005 de 15 de Febrero de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 15 de Febrero de 2006
  • Núm. Resolución: 00/2093/2005

Resumen

Huérfana de funcionario del Cuerpo de Seguridad, ingresado en 1932 y fallecido en 1936 en zona republicana, pensionista de la Ley 5/1979, artículo 4.2, que solicita otra pensión de orfandad por los servicios prestados por su padre como funcionario, a la que se deniega la aplicación del Título I de la Ley 37/1984, por ser incompatible con la de la Ley 5/1979. Al iniciarse la Guerra Civil se producen dos legalidades: a) la republicana, conforme a la cual el interesado falleció en acto de servicio y sus familiares pudieron haber pedido pensión extraordinaria, ya que no exige período de carencia; b) la del bando nacional, conforme a la cual el interesado dejó de prestar servicios el 18 de julio de 1936 y su fallecimiento no fue en acto de servicio, y por ello requería un período mínimo de 10 años de servicios para generar pensión en favor de familiares. La aplicación de la legislación de amnistía, Ley 46/1977, hubiese permitido reconocer al fallecido los meses de servicios desde julio hasta el fallecimiento pero, en ningún caso, hubiese completado el período de carencia, necesario para reconocerle pensión ordinaria al amparo del Estatuto de 1926. En conclusión sólo tiene derecho a la pensión de orfandad de la Ley 5/1979 y no procede declarar ninguna compatibilidad.

Descripción

        En la Villa de Madrid, a 15 de febrero de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Central, interpuesta por Dª. X, con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 28 de abril de 2005, sobre denegación de pensión de orfandad.

                                                           ANTECEDENTES  DE  HECHO

        PRIMERO: D. Y, nacido el ... de 1909, hijo de ... y de ..., ingresó en el Cuerpo de Seguridad y Asalto el ... de 1932 y falleció a consecuencia de la Guerra Civil el ... de 1936 en la zona republicana, y la Dirección General del Tesoro, por acuerdo de 29 de mayo de 1980 reconoció a Dª. Z, viuda del causante, pensión de viudedad con efectos de 1 de enero de 1976, al amparo de la Ley 5/1979, y fallecida el ... de 1984, la Dirección General de Gastos de Personal, por acuerdos de 12 de junio y 29 de octubre de 1986 y efectos de ... de 1985, reconoció a Dª. X pensión de orfandad al amparo de la citada Ley 5/1979, señalándose en el título "incompatible con cualquier pensión que pueda percibir por el mismo causante", y la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de 15 de marzo de 1999, revisó el señalamiento de 29 de octubre de 1986, por aplicación de la actualización individualizada de pensiones de la Ley 65/1997, indicándosele en el título: "3. Que la pensión que por la presente resolución se le reconoce es incompatible con cualquiera otra derivada del mismo causante, reconocida por la legislación general de Clases Pasivas o por la legislación especial de guerra, si bien la interesada podrá ejecutar la opción para el percibo entre la/s pensión/es anteriormente reconocida/s con el régimen de incompatibilidades que le/s corresponda y la que por la presente resolución se reconoce".

        SEGUNDO: Por escrito fechado el 8 de marzo de 2005 y presentado en la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas al día siguiente, Dª. X solicitó que se le reconociera la pensión ordinaria que pudiera corresponderle por los servicios prestados por su padre como Guardia en el Cuerpo de Seguridad y Asalto, al amparo de lo dispuesto en el Título I de la Ley 37/1984 y Estatuto de Clases Pasivas de 1926, declarándosela compatible con la de orfandad que tiene reconocida al amparo de la Ley 5/1979, con abono de las cantidades no prescritas. La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, dictó acuerdo de 28 de abril de 2005, en el que se decía: "A.- Resultando: 1.- Que, mediante instancia registrada en fecha 8 de Marzo de 2005, la interesada ha solicitado el reconocimiento de la pensión de orfandad que pudiera corresponderle en aplicación del Título I, de la Ley 37/1984, por la condición que ostentaba el causante del derecho como miembro del Cuerpo de Seguridad. 2.- Que la interesada tiene reconocida pensión de orfandad, por resolución de este Centro de fecha 15 de marzo de 1999, al amparo del art. 4.2 de la Ley 5/1979, por la condición del citado causante de Guardia del Cuerpo de Seguridad fallecido como consecuencia de la guerra. B.- Considerando.- 3: El causante de los derechos solicitados ingresó en el Cuerpo de Seguridad (Grupo Uniformado) el ... 1932 y cesó por fallecimiento el ... 1936. Pues bien, cuando, a partir de 1977, se publican las primeras normas de Indulto y Amnistía, encaminadas a reponer en sus derechos a los funcionarios que prestaron servicios al Gobierno de la República, al personal perteneciente a dicho Cuerpo, con independencia de su denominación, le fueron aplicados el R.D. 3357/1975 y la Ley 46/1977, que son las normas de Indulto y Amnistía correspondientes a los funcionarios civiles; y no se le aplicó el R.D.L. 6/1978, que fue el que repuso en sus derechos pasivos al personal militar profesional. La razón de ello estriba en que, como se ha expuesto, si no se toma en consideración la legalidad republicana durante el periodo de guerra (1936-1939), el Cuerpo de Seguridad antes y después de la misma tenía adscripción de Cuerpo Civil. 4.- Así se mantiene la legalidad hasta que se publica la Ley 37/1984, por la que se produce un cambio importante en los derechos a reconocer al personal de dicho Cuerpo. Y ello, porque a partir de su entrada en vigor, en cuanto que perteneciente a las Fuerzas de Orden Público, pasa a estar en su ámbito de aplicación, siendo esta Ley una norma de reconocimiento de derechos para el personal militar y no civil. La Ley 37/1984 tiene dos Títulos: el Primero es, de aplicación a los miembros profesionales de las Fuerzas e Institutos Armados, entendiendo por tales a los ingresados con anterioridad al 18 de julio de 1936; y el Segundo, de aplicación a los no profesionales, siendo estos los ingresados a partir del citado 18 de julio. De este modo, el personal del Cuerpo de Seguridad (Grupo Uniformado) que había ingresado con anterioridad a dicha fecha y que podía causar pensión por aplicación del R.D. 3357/1975, ahora podía causarla por inclusión en el Título Primero y solicitar la pensión de carácter militar correspondiente; y aquellos que habían ingresado con posterioridad al 18 de julio de 1936 y que podían causar pensión por aplicación de la Ley 46/1977, ahora su derecho se regulaba por el Título Segundo, en cuanto miembros no profesionales de las Fuerzas de Orden Público.(Ver Disposición Transitoria Segunda de la Ley 37/1984). 5.- En consecuencia con lo establecido por la Ley 37/1984, la Ley 33/1987, en su artículo 33.Tres, prohíbe el reconocimiento de derechos pasivos causados por el personal del Cuerpo de Seguridad, al amparo de la Ley 46/1977. Y ello se regula con fundamento en que, en cuanto personal ingresado con posterioridad al 18 de julio de 1936, los derechos pasivos que en lo sucesivo se solicitaran debían reconocerse conforme a lo dispuesto en el Título Segundo de la Ley 37/1984. Por el contrario, el personal perteneciente a dicho Cuerpo ingresado con anterioridad al 18 de julio de 1936, "que hubiera causado derechos pasivos por el R.D. 3357/1975, conforme a la Ley 37/1984 mantenía su consideración de profesional, si bien ya no como personal civil, sino como personal militar. 8.- Tanto la Ley 37/1984, en su artículo 3.2, como el Real Decreto 1033/1985 que la desarrolla, en su artículo 1.3, establecen que para reconocer las pensiones familiares causadas por los miembros profesionales de las Fuerzas e Institutos Armados que fallecieron como consecuencia de la guerra, hay que estar a lo dispuesto en la Ley 5/1979. De ello se evidencia que el legislador era conocedor de que los mejores derechos que dichos beneficiarios podían obtener estaban regulados en el artículo 4.2 de la Ley 5/1979. Es por ello, por lo que este Centro entiende que no procede acceder a la solicitud de la interesada de que se le reconozca una pensión al amparo del Título I de la Ley 37/1984. Y ello en razón de que la solicitud de pensión de orfandad, calculada en base al 25% del regulador del causante, no puede ser atendida; toda vez que, por aplicación de lo dispuesto en el art. 4.2 de la Ley 5/1979, la interesada tiene reconocida una pensión extraordinaria del 100% del regulador, reconocida por resolución de este Centro de 29 de octubre de 1986 y revisada por aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, por acuerdo de 15 de marzo de 1999. C.- Resolución.- "A la vista de cuanto antecede, esta Dirección General Resuelve: 1.- Denegar a la interesada el reconocimiento de una segunda pensión de orfandad, derivada de la pertenencia del causante del derecho al Cuerpo de Seguridad, y mantener su derecho conforme a la resolución de 15 de marzo de 1999, dictada en aplicación de lo dispuesto en la Ley 5/1979 y en la Ley 37/1984, para las pensiones de los familiares de los fallecidos como consecuencia de la guerra y que fueron profesionales de las Fuerzas e Institutos Armados al servicio de la República".

        TERCERO: Contra el anterior acuerdo, cuya fecha de notificación no consta acreditada, se interpone la presente reclamación mediante escrito presentado el 20 de mayo de 2005 en la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, en el que se solicita se declare el derecho de la interesada a percibir la pensión ordinaria de Clases Pasivas que pueda corresponderle por los servicios prestados por su padre como ... del Cuerpo de Seguridad (sic) con expresa declaración de la compatibilidad de esta pensión con la que percibe al amparo de la Ley 5/1979. Funda su petición en las siguientes alegaciones: A.- La interesada viene percibiendo pensión especial de guerra al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, por el fallecimiento durante la pasada guerra civil de su padre D. Y, Guardia del Cuerpo de Seguridad. Sin embargo, lo que solicitó el día 8 de marzo de 2.005 fue la pensión ordinaria que le pudiera corresponder por los servicios prestados por su padre al Estado. En este sentido, diversas resoluciones de ese Tribunal Económico Administrativo Central, entre las que se puede destacar la de 11-11-2004 (R.G.: 2651/04) declaran compatibles las pensiones especiales de guerra de orfandad causadas al amparo de la Ley 5/1979 con las pensiones ordinarias de clases pasivas de orfandad originadas por los mismos causantes por los servicios prestados al Estado de carácter militar, concedidas por el Ministerio de Defensa. Entiende la interesada que la misma doctrina le resulta aplicable al solicitar la pensión, esta vez de clases pasivas y de carácter ordinario, por los servicios prestados al Estado por su padre, bien al amparo del Estatuto de Clases Pasivas de 1.927, bien al amparo de la posterior legislación de clases pasivas que corresponda. B.- Reconoce la interesada que no resulta compatible la pensión que percibe al amparo de la Ley 5/1979 con la pensión especial de guerra que pudiera resultar de aplicación de la Ley 37/1984, por la remisión que ésta hace a aquélla para regular las pensiones especiales de guerra a favor de familiares de funcionarios civiles o militares fallecidos durante la pasada guerra civil, pero tiene que hacer hincapié en que lo que solicita no es una pensión especial de guerra, sino una pensión ordinaria de clases pasivas por los servicios prestados por su padre al Estado, a pesar de haberse equivocado en la legislación citada en su solicitud, pues de lo que no cabe duda es de que la interesada pedía un pensión ordinaria de clases pasivas por los servicios civiles o militares prestados al Estado por su padre. C.- En el mismo sentido, la resolución impugnada resulta contraria al principio de no discriminación previsto en el artículo 14 de la Constitución, aplicado a funcionarios militares y civiles, ya que según la doctrina sustentada por ese Tribunal Económico Administrativo, en el caso de pensiones ordinarias de clases pasivas de carácter militar resulta clara la compatibilidad con las pensiones especiales previstas en la Ley 5/1979, por lo que la misma doctrina debe sustentarse en relación con las pensiones ordinarias de clases pasivas generadas por personal civil.

        CUARTO: Constan en el expediente, entre otros, los siguientes documentos: A.- Certificación de la Inspección General de la Policía Armada, fechada el 19 de septiembre de 1979, que transcribe otra que dice: "D. ..., Teniente Coronel Inspector del Cuerpo de Seguridad y Asalto, Certifico: que D. Y, empleo de Guardia, falleció en acto de servicio el día ..., cuando operaba en la Columna en el frente de ... Y para que conste y surta efectos administrativos en nómina a los legales que determina la Circular de 26 de agosto último y Decreto de 11 del citado mes, publicado en la Gaceta del ..., expido y firmo la presente certificación en Madrid a ... de 1936", B.- Anexo IV -liquidación de sueldo, trienios y pagas extraordinarias realizado por la Inspección General de la Policía Nacional el 17 de abril de 1980, relativa a D. Y, que dice así:

(...)

        C.- Declaración de Dª. X, fechada el 20 de diciembre de 1985, en la que jura y promete por su honor que no percibe pensión alguna, ni por causa de su padre, ni por ninguna otra, del Estado, provincia, municipio, entes territoriales, organismos de los mismos ni Sistema de la Seguridad Social, ni remuneración pública o privada como consecuencia de trabajo personal.

                                                           FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

        PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la única cuestión planteada es si procede, o no, aceptar la pretensión de la reclamante, de que se le reconozca una pensión de orfandad civil al amparo del Estatuto de Clases Pasivas de 1926 y posterior legislación que corresponda aplicar como hija de funcionario del Cuerpo de Seguridad, y que la misma sea declarada de percepción compatible con la que tiene reconocida al amparo de la Ley 5/1979.

        SEGUNDO: D. Y, como funcionario del Cuerpo de Seguridad y Asalto, ingresado el ... de 1932, se hallaba incluido en el campo de aplicación personal del Régimen de Clases Pasivas, regulado por el Estatuto de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto de 22 de octubre de 1926, elevado a Ley por la de 9 de septiembre de 1931, y por el Reglamento aprobado por Real Decreto de 21 de noviembre de 1927. A partir del 18 de julio de 1936, a efectos de Clases Pasivas, la situación del interesado fue la siguiente: A.- Para la legalidad republicana, falleció en acto de servicio y le era de aplicación el artículo 67 del Estatuto, que decía: "Los empleados civiles, cualesquiera que sea el tiempo de servicio que hubieran prestado, que falleciesen a consecuencia directa de actos realizados en el cumplimiento de los deberes propios de sus cargos o de comisiones que, en virtud de obediencia debida, se hallasen desempeñando, siempre que entre el ejercicio de dichos deberes y la causa de su muerte exista una indudable relación de causa a efecto, dejarán a sus familias una pensión extraordinaria igual al sueldo que se hallasen disfrutando al ocurrir su fallecimiento". Por su parte, el artículo 70 decía: "Para la concesión de estas pensiones extraordinarias será condición precisa que la solicitud se formule dentro del plazo de un año, a contar desde el día que sobrevenga el fallecimiento y se legarán cualquiera que sea el tiempo de servicio que hubieran prestado los causantes". Conforme a la legalidad republicana, los familiares de D. Y pudieron, desde 1936 al 1 de abril de 1939, haber solicitado pensión extraordinaria a favor de familiares, conforme a los artículos citados, ante las autoridades republicanas. B.- De acuerdo con la legalidad del Movimiento Nacional, después del 1 de abril de 1939: a) a D. Y no se le consideraron servicios prestados al Estado desde el 18 de julio de 1936 hasta el momento de su fallecimiento; b) el fallecimiento no se hizo prestando servicios, por ello su causa no puede dar lugar a pensión extraordinaria; c) el interesado, como comprendido en el ámbito personal del Régimen de Clases Pasivas causaba pensión ordinaria a favor de familiares si reunía las condiciones exigidas para ello; d) las pensiones mínimas causadas por los empleados civiles y militares a favor de sus familiares se regulan en el artículo 37 y siguientes del Estatuto de 1926; e) las pensiones máximas a favor de las familias de empleados civiles y militares se regulan en los artículos 47 y 48. C.- Conforme al Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, artículos 2 -ámbito personal de cobertura- y artículo 3 -legislación reguladora- los derechos pasivos generados por D. Y se regularán por el Estatuto de Clases Pasivas de 1926 y su Reglamento.

        TERCERO: Respecto de los derechos pasivos mínimos, el Estatuto de 1926, en la redacción de la época del fallecimiento del causante decía: "Artículo 37. Los empleados civiles y militares que hubiesen prestado servicios al Estado durante tres años, por lo menos, en destinos que reúnan las condiciones que los artículos 25 a1 29 exigen para la adquisición de sueldo regulador, y contasen con más de diez años de servicios abonables con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24, causaran pensión temporal o vitalicia en favor de sus viudas o huérfanos; a falta de ellos, en favor de sus madres, si se encontrasen en estado de viudez y pobreza legal el día del fallecimiento de su hijo, y sólo en los casos a que se refieren los artículos 65 al 70, en favor del padre y de la madre de los causantes, conjunta o separadamente, en los términos y condiciones que establece el artículo 71". Artículo 38. "Los empleados civiles y militares que hubiesen prestado, con arreglo a lo establecido en el artículo 24, diez años de servicios efectivos al Estado, sin completar veinte, y consolidado, a tenor de los artículos 25 al 29, un sueldo regulador, causarán en favor de sus familias pensión temporal en la cuantía de los 15 céntimos anuales del expresado regulador, a contar desde el día siguiente al del fallecimiento del causante, por un número de años igual a los servidos por éste. La fracción de anualidad se computará como año entero al efecto preindicado. Ninguna de las pensiones a que se contrae el párrafo anterior podrá exceder de 3.000 pesetas anuales. Será condición indispensable para la concesión de las pensiones temporales a que se contrae este artículo que el causante, al fallecer, se hallase disfrutando sueldo, haber o pensión del Estado, o, en otro caso, que entre el día del cese de los últimos servicios abonables que haya prestado, con arreglo a este Estatuto, y el de su muerte no haya transcurrido mayor número de años que el que, a los efectos de pensión, procediera reconocerle. Quedan exceptuados de esta condición los casos en que el causante, al fallecer, se encontrase en situación de jubilado o retirado forzosamente por edad sin disfrutar haber pasivo por no contar con el mínimum de veinte años de servicios abonables que al efecto se requieren". Artículo 39. "Los empleados civiles y militares que hubiesen prestado. con arreglo a lo establecido en el artículo 24, veinte años de servicios efectivos al Estado y consolidado, a tenor de los artículos 25 al 29, un sueldo regulador, causarán en favor de sus familias pensión vitalicia en la cuantía de los 15 céntimos anuales del expresado regulador. Estas pensiones no podrán exceder de tres mil pesetas anuales".

        CUARTO: Respecto de los derechos pasivos máximos, decía el Estatuto de 1926, artículo 47: "Las viudas, huérfanos o, en su caso, las madres viudas pobres de los empleados civiles o militares ingresados al servicio del Estado desde 1 de enero de 1919, comprendidos en este capítulo, y que reúnan las condiciones que exigen los artículos 24 y 25 al 29, tendrán derecho, si los causantes completaron 10 años de servicios efectivos, a la pensión vitalicia de los 25 céntimos del sueldo regulador, sin que en ningún caso esta pensión pueda exceder de cinco mil pesetas anuales".

        QUINTO: Por lo expuesto, tanto si se considera que D. Y estaba sujeto al régimen de derechos pasivos mínimos como si había optado por los derechos pasivos máximos (que implicaba una cotización adicional del interesado) desde el punto de vista de la legalidad vigente en toda España a partir de 1 de abril de 1939, al fallecer no originó pensión a favor de sus familiares, pues tanto si se le considera funcionario civil como funcionario militar, no había cubierto diez años de servicios efectivos al Estado, conforme se demuestra por el Anexo IV, descrito en el antecedente de hecho cuarto, letra B. Por ello Dª. X al tiempo de fallecer su padre no tenía derecho a pensión ordinaria de orfandad al amparo del Estatuto de Clases Pasivas de 1926.

        SEXTO: La aplicación de la normativa sobre indulto y amnistía, dictada a partir de 1975, y singularmente la Ley 46/1977, de Amnistía, al caso de D. Y hubiese permitido: A.- reconocerle el tiempo transcurrido desde el 18 de julio de 1936 (inicio de la guerra civil) hasta el ... de 1936 (día de su fallecimiento) como tiempo servido al Estado, conforme se certifica en su Anexo IV descrito en el antecedente de hecho cuarto, letra A. B.- La percepción del haber pasivo que les hubiese correspondido a sus herederos (conforme al artículo 7, letras b) y c) de la citada Ley 46/1977), pero en ningún caso hubiese alcanzado los 10 años de servicios requeridos para originar derecho a pensión ordinaria a favor de familiares, al amparo del Estatuto de Clases Pasivas de 1926, si su fallecimiento no se consideraba acto de servicio. C.- La posible consideración de muerte en acto de servicio del fallecimiento del causante y, por ello, la consideración de pensión extraordinaria de Clases Pasivas la que originaba a sus familiares, conforme al citado artículo 47 del Estatuto de 1926. No consta que a los familiares se les reconociese esta pensión.

        SÉPTIMO: La publicación de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil, permitió reconocer pensiones distinguiendo entre causantes según hubiesen sido, o no, profesionales de las Fuerzas Armadas y de Orden Público. El artículo 4 de la Ley 5/1979, en su redacción actual, dice: "2. Las viudas, los hijos incapacitados desde antes de cumplir los 23 años de edad para atender a su subsistencia y los padres de los profesionales de las Fuerzas Armadas y de Orden Público, con los requisitos exigidos por la legislación general de Clases Pasivas, tendrán derecho a pensión equivalente al 200 por 100 de la base reguladora que correspondería en la actualidad al causante, atendiendo a su graduación y años de servicio que tuviera al momento de su fallecimiento. Para las huérfanas no incapacitadas desde antes de los 23 años, la pensión será del 100 por 100 de la base reguladora". Por su parte, el artículo 3 de la Ley 5/1979, in fine, decía: "las pensiones reconocidas al amparo de la presente ley serán compatibles con cualesquiera otras que puedan percibirse del Estado, provincia, municipio, Seguridad Social o de otros Entes Públicos o privados, siempre que no tengan fundamento en las mismas causas de las que por esta ley se establecen". Ahora bien, el Real Decreto 8/1980, de 26 de septiembre, añadió un párrafo a este artículo, que decía: "se considerará que tiene fundamento en las mismas causas toda pensión derivada del fallecimiento del mismo causante y satisfecha con cargo a los Presupuestos del Estado y Entes Territoriales o por el Sistema de la Seguridad Social". Finalmente, el citado artículo 3 de la Ley 5/1979, desde la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989, tiene la siguiente redacción: "2. Las pensiones reconocidas al amparo de la presente Ley serán compatibles con cualesquiera otras pensiones públicas, siempre que estas últimas no tengan fundamento en las mismas causas de las que por esta Ley se establecen. En todo caso, se exceptúan de la compatibilidad mencionada las pensiones extraordinarias del régimen de Clases Pasivas que hubieran sido causadas por la misma persona que cause las de la presente Ley y las pensiones referidas en los artículos 6 y 8 de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, que pudieran reconocerse a los beneficiarios de alguna de las establecidas en esta norma legal y que hubieran sido causadas por la misma persona que causara éstas".

        OCTAVO: En aplicación de la citada Ley 5/1979, primeramente, a Dª. Z, como viuda de D. Y, con efectos de ... de 1976, y con posterioridad a Dª. X, como hija, se les reconoció pensión de viudedad y orfandad, respectivamente, haciéndose mención de que conforme al artículo 3 de la citada Ley en su condición de pensión satisfecha con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sería incompatible con cualquier otra que se declarara en el Régimen de Clases Pasivas (ordinaria o extraordinaria) y, después de 1 de enero de 1989 con las pensiones extraordinarias de Clases Pasivas, es decir, con la que se hubiese podido reconocer al interesado si su fallecimiento se hubiese considerado en acto de servicio.

        NOVENO: La Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República, en su Título I, artículo 3.2, dice: "las viudas y familiares de los militares fallecidos como consecuencia de la guerra civil seguirán percibiendo sus pensiones con arreglo a lo establecido en la Ley 5/1979, de 18 de septiembre". Por su parte, la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, en su artículo 53 dice: "Tres. A partir de 1 de enero de 1988, de conformidad con las previsiones de los artículos 1 y 4 de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, no se reconocerán derechos pasivos al amparo  de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, a favor del Cuerpo de Seguridad y Asalto o de sus familiares". Es decir, que a partir de 1 de enero de 1988 a este Cuerpo se le aplica la normativa de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República. En consecuencia, las viudas y familiares de los fallecidos del Cuerpo de Seguridad y Asalto como consecuencia de la guerra civil seguirán percibiendo sus pensiones con arreglo a lo establecido en la Ley 5/1979 y no será de aplicación lo dispuesto en la Ley 37/1984 (artículo 3.2) y, como consecuencia, no serán reconocibles los hipotéticos derechos que se derivarían de la Ley 46/1977 y que se describen en el fundamento de derecho sexto anterior.

        DÉCIMO: La creación del Cuerpo de Seguridad, con sus dos ramas: uniformada y no uniformada, donde se integraban los Cuerpos de la Guardia Nacional Republicana (antigua Guardia Civil), Cuerpo de Seguridad y Asalto, Cuerpo de Vigilancia e Investigación y Milicias de Retaguardia, tuvo lugar, en zona republicana, con la publicación del Decreto de 29 de diciembre de 1936, del Ministerio de la Gobernación (Gaceta del 27, D.O. Guerra del 29), es decir, con posterioridad al fallecimiento de D. Y que, como Guardia del Cuerpo de Seguridad y Asalto, no siguió las vicisitudes administrativas de este Cuerpo y falleció como personal civil y no militar. No obstante, a efectos de Clases Pasivas, la legislación aplicable, tanto al personal civil como al militar, era la misma: Estatuto de 1926 y solamente variaba el órgano gestor, por ello, a estos efectos era indiferente la condición civil o militar del fallecido.

        UNDÉCIMO: Por las razones expuestas, procede denegar el reconocimiento de pensión ordinaria de Clases Pasivas a la interesada al amparo del Estatuto de 1926 y el de pensión de orfandad al amparo del Título I de la Ley 37/1984, por lo que no procede pronunciamiento alguno de compatibilidad con la pensión de orfandad al amparo de la Ley 5/1979 que tiene reconocida.

        VISTOS los preceptos citados y demás aplicables,

        EL TRIBUNAL CENTRAL, EN SALA ACUERDA
: Desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por Dª. X, contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 28 de abril de 2005, sobre denegación de pensión de orfandad, por las razones de la presente.

Cuerpos y fuerzas de seguridad
Pensión de orfandad
Amnistía
Orfandad
Período de carencia
Indulto
Pensión de viudedad
Régimen de Clases Pasivas
Prestaciones a favor de familiares
Gastos de personal
Fallecimiento del causante
Fecha de notificación
Recibo de salarios
Trienio
Pagas extraordinarias
Obediencia debida
Comisiones
Presupuestos generales del Estado
Cotizaciones adicionales
Viudedad
Entes públicos
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