Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2115/2006 de 28 de Marzo de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 28 de Marzo de 2007
  • Núm. Resolución: 00/2115/2006

Resumen

La reclamante afiliada a la Seguridad Social y en situación de baja, sufre atentado terrorista y el Ministerio del Interior le concede indemnización al amparo de la Ley 32/1999 de solidaridad con las víctimas del terrorismo, por hallarse afectada por una incapacidad permanente absoluta. Solicita pensión al Régimen General de la Seguridad Social al amparo del Real Decreto 1576/1990, se deniega la solicitud pues tras una nueva revisión médica no está afecta de ninguna incapacidad absoluta. Solicita pensión de Clases Pasivas al amparo del Real Decreto 851/1992, alegando que no tiene protección de un Régimen Público de Seguridad Social, pero el Real Decreto 851/1992 otorga pensiones extraordinarias en favor de quienes no tengan derecho a ellas en cualquier régimen público de Seguridad, lo que no ocurre en el presente caso en que la interesada no tiene derecho porque no reúne los requisitos establecidos en el Real Decreto 1576/1999, en cuyo campo de aplicación está incluida, al ser afiliada al Régimen General de la Seguridad Social.

Descripción

        En la Villa de Madrid, a 28 de marzo de 2007, en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesta por D. ..., Habilitado de Clases Pasivas, en nombre y representación de D.ª ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 16 de marzo de 2006, sobre denegación de pensión extraordinaria derivada de acto de terrorismo, solicitada al amparo del Real Decreto 851/1992.

                                                       ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D.ª ..., representada por el Habilitado de Clases Pasivas D. ..., con fecha 16 de noviembre de 2004, presentó escrito en la Delegación Especial de Economía y Hacienda de ..., dirigido a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, en el que solicitaba pensión extraordinaria por acto de terrorismo, al amparo del Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, alegando: "que el día ... de 1997 sufrió un atentado terrorista, como consecuencia del mismo y previa valoración del INSS de ... se le valoró el grado de incapacidad como Incapacidad Permanente Absoluta, y el Ministerio del Interior por resolución de fecha 16 de enero de 2001, le indemnizó de conformidad con la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo (se adjunta fotocopia simple de la resolución, doc. Núm. 1); que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, solicito pensión extraordinaria de Invalidez, toda vez que por la Seguridad Social no tengo derecho a pensión alguna, pues causé baja en la Seguridad Social el ... de 1981 (se adjunta fotocopia simple de Informe de Vida Laboral, doc. Núm. 2)".

        SEGUNDO: Con fecha 16 de marzo de 2006, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas dictó el siguiente acuerdo: "Instruido el expediente de reconocimiento de pensión extraordinaria de incapacidad causada por acto de terrorismo a favor de D.ª ..., D.N.I.: ..., y de conformidad con los siguientes: HECHOS. I.- Dña. ..., fue víctima del atentado terrorista perpetrado el ... de 1997 en ..., sufriendo daños calificados de "estrés postraumático". II. Por resolución de Ministerio del Interior de 16 de enero de 2001, y en aplicación de la Ley 32/99, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, se reconoció a la interesada la indemnización correspondiente, con base en dictamen emitido el 14 de noviembre de 2000 por el Equipo de Valoración de Incapacidades de la Dirección Provincial del INSS de ..., que informó que la interesada se hallaba afecta de una "incapacidad permanente absoluta". III.- En fecha 26 de julio de 2002, la interesada solicitó de la Dirección Provincial del INSS en ..., la pensión extraordinaria por incapacidad adquirida en acto de terrorismo, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1576/1990, de 7 de diciembre. Dicha solicitud fue denegada, puesto que sometida a un nuevo dictamen médico por el Equipo de Valoración de Incapacidades de ..., éste informó el 17 de diciembre de 2002, que no se hallaba afecta de ningún tipo de incapacidad permanente. IV.- Mediante escrito de 16 de noviembre de 2004, la interesada solicitó a esta Dirección General, la pensión extraordinaria que pudiera corresponderle de la regulada en el Título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por lo que se regulan determinada pensiones extraordinarias causada por actos de terrorismo. Para completar el expediente, esta Unidad solicitó de distintos centros la documentación oportuna, recibiendo la última de ellas (copia de dictámenes de E.V.I. de 14 de noviembre de 2000 y 17 de diciembre de 2002), el 28 de enero de 2006. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Título II, Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas es el órgano competente para resolver la solicitud planteada. II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del citado Real Decreto 851/1992, también incluido en su Título II, "tendrán derecho a las pensiones extraordinarias en los términos y condiciones reguladas en este título quienes: sufran lesiones permanentes invalidantes o fallezcan como consecuencia de actos de terrorismo cuando no sean responsables de dichos actos y (...) no tengan derecho a prestaciones de la misma naturaleza por idéntica causa en cualquier régimen público de Seguridad Social". III.- La interesada no se encuentra incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto 851/1992, y sí en el del Real Decreto 1576/1990, de 7 de diciembre, que regula las pensiones extraordinarias en el Sistema de Seguridad Social, puesto que se encontraba afiliada a dicho Sistema en el momento de sufrir el atentado, por lo que el órgano competente para el reconocimiento de la pensión solicitada es el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta circunstancia no se contradice con el hecho de habérsele denegado la pensión solicitada puesto que lo fue no por quedar fuera de su ámbito de aplicación, sino por no reunir el suficiente grado de incapacidad. IV.- A mayor abundamiento es de señalar que la interesada no se halla afectada por lesiones permanentes e invalidantes, de conformidad con el dictamen médico emitido por el E.V.I de ... el 17 de diciembre de 2002. Esto es así aún cuando haya percibido indemnización por el Ministerio del Interior por dicha causa, puesto que la misma fue acordada con base en anterior dictamen del mismo E.V.I, que debe entenderse contradicho y anulado por el emitido en fecha posterior. En consecuencia, esta Dirección General RESUELVE.: Denegar a Dña. ... la solicitud de reconocimiento de pensión extraordinaria derivada de acto terrorista. Contra esta Resolución podrá interponerse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central o potestativa mente en el mismo plazo y con carácter previo, recurso de reposición ante esta Dirección General, órgano al que, en todo caso, deberán ir dirigidas tanto la reclamación como el recurso, de conformidad con los artículos 222, 223 y 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

TERCERO: Contra el anterior acuerdo, que consta notificado el 5 de abril de 2006 según aviso de Correos, D. ..., en nombre y representación de la interesada, interpone la presente reclamación mediante escrito presentado el 11 de abril de 2006 en la Delegación de Economía y Hacienda de ..., en el que se limitaba a interponerla, y concedido plazo para formular alegaciones y proponer pruebas, con fecha 10 de octubre de 2006 presentó escrito en el que solicita se declare el derecho a pensión extraordinaria derivada de acto de terrorismo a favor de D.ª ... Para apoyar su derecho formula las siguientes alegaciones: "A.- Consta acreditado en el expediente administrativo y asimismo en los HECHOS de la resolución denegatoria, que mi representada fue víctima de un atentado terrorista perpetrado el día ... de 1.997. Consta igualmente acreditado que en base al dictamen emitido el 14 de noviembre de 2.000 por el EVI de ... que calificó las lesiones de mi representada como de "incapacidad permanente absoluta" fue indemnizada por resolución del Ministerio del Interior en aplicación de la Ley 32/99, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo. Asimismo, se relatan otras vicisitudes en los puntos III y IV del relato de los HECHOS, que se dan por reproducidos, por no ser relevantes en la presente litis. SEGUNDA: No estamos conforme con los Fundamentos de Derecho en que se basa la resolución denegatoria por lo siguiente: Mi representada (desconociendo la legislación al efecto) no solicitó pensión extraordinaria al INSS, al amparo de lo dispuesto en el RD 1576/1990, de 7 de diciembre, simplemente se limitó a solicitar PENSION DE INVALIDEZ como consecuencia del Dictamen evaluador del EVI de 14/11/2000, que calificó sus lesiones como "incapacidad permanente absoluta", sin embargo fue sometida a un nuevo dictamen médico, nueva valoración que no esta contemplada en la legislación al efecto, pues si ya se le había calificado de incapacidad permanente absoluta, con fecha 14/11/2000, el nuevo dictamen no es ajustado a derecho. Con independencia de esta actividad realizada por mi mandante en orden a obtener pensión pública por el atentado, dada la incapacidad con que fue calificada, del INSS, lo cierto es que a la vista de la literalidad del artículo 12 del R.D. 851/1992, tiene todos los requisitos para que la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas le conceda la pensión extraordinaria regulada en dicho Real Decreto. No compartimos la tesis del Fundamento de Derecho III, sobre la competencia en resolver, puesto que ya el INSS le denegó el derecho, por tanto insistimos en que mi representada SI se encuentra incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto 851/1992. Tampoco podemos compartir el contenido del Fundamento de Derecho IV, porque no está contemplado en la normativa vigente la revisión de la calificación de la incapacidad, pues de prosperar la tesis de la DGCP mi representada tendría que devolver el importe de la indemnización de la Ley 32/99 en base al nuevo dictamen contradictorio, de fecha 17/12/2.002, rompiendo con ello el principio de seguridad jurídica. Por todo lo expuesto, al Tribunal SUPLICO, que teniendo por presentado este escrito, con los documentos que se citan y acompañan, y por realizadas la alegaciones pertinentes revoque el acuerdo denegatorio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, y en consecuencia declare el derecho a PENSIÓN EXTRAORDINARIA derivada de acto de terrorismo a mi representada DOÑA ...".

CUARTO: Constan en el expediente, entre otros, los siguientes documentos: a) informe de vida laboral de la interesada al día 22 de septiembre de 2004, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, que acredita el número de afiliación: ... y en alta un total de 1.141 días (3 años, 1 mes y 15 días), con arreglo al siguiente desglose:

        (...)

b) Resolución de 16 de enero de 2001, del Ministerio del Interior, reconociendo a la interesada indemnización de conformidad con la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo; c) oficio de 4 de marzo de 2005 del Director Provincial del INSS de ..., dirigido al Servicio de Pensiones Generales de Jubilación del Centro Gestor de Clases Pasivas, que dice: "'En contestación a su escrito que ha tenido entrada en esta Dirección Provincial con fecha 24.02.2005, por el que se formula consulta relativa sobre los posibles derechos derivados del acto de terrorismo sufrido por D.ª ..., le informamos que mediante resolución de este Instituto de fecha 16.01.2003, y en procedimiento iniciado a instancia de la interesada, le fue denegado el acceso a la pensión extraordinaria de incapacidad establecida en el R. D. 1576/90, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión en el Sistema de la Seguridad Social de pensiones extraordinarias motivadas por actos de terrorismo. La referida denegación fue motivada por no alcanzar las lesiones alegadas un grado suficiente de disminución de capacidad laboral como para ser constitutivas de una incapacidad permanente, conforme a la normativa que regula tal materia en el Sistema de la Seguridad Social.

                                                   FUNDAMENTOS DE DERECHO

           PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la única cuestión planteada consiste en determinar si procede o no el reconocimiento de la pensión solicitada al amparo del Título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, BOE del 1 de agosto.

           SEGUNDO: El citado Título II establece el "régimen jurídico de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo en favor de quienes no tengan derecho a ellas en cualquier régimen público de la Seguridad Social", disponiendo el artículo 12: "1. Causarán derecho a las pensiones extraordinarias en los términos y condiciones regulados en este título quienes: a) sufran lesiones permanentes invalidantes o fallezcan como consecuencia de actos de terrorismo cuando no sean responsables de dichos actos, y b) no tengan derecho a prestaciones de la misma naturaleza por idéntica causa en cualquier régimen público de la Seguridad Social", con lo que la situación protegida por la norma es el hecho de haber sufrido lesiones permanentes invalidantes o haber perdido la vida como consecuencia de acto de terrorismo, y si bien tanto las lesiones como el fallecimiento resultan de la situación fáctica y del expediente que debe instruirse al efecto por el Ministerio del Interior, el otro término de la situación protegida: no tener derecho a prestaciones de la misma naturaleza por idéntica causa en cualquier régimen público de Seguridad Social, obliga, previamente, a comprobar esta circunstancia puesto que las obligaciones en materia del Régimen de Clases Pasivas del Estado son de naturaleza subsidiaria: nacen en ausencia de otro obligado del Sistema público de la Seguridad Social, conforme se indica en la exposición de motivos del citado Real Decreto 851/1992.

TERCERO: El Real Decreto 1576/1990, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión en el Sistema de la Seguridad Social de pensiones extraordinarias motivadas por actos de terrorismo, publicado en el BOE de 8 de diciembre de 1990, y anterior al citado Real Decreto 851/1992, en su artículo 1º, Régimen Jurídico, dice: "quienes estando afiliados al Sistema de la Seguridad Social se encuentren o no en situación de alta en algunos de sus Regímenes, y sean víctimas de un acto de terrorismo, tendrán derecho a causar las pensiones extraordinarias previstas en el número cuatro del artículo 64 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, en la redacción dada al mismo por la disposición adicional decimosexta de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de acuerdo con lo que se dispone en el presente Real Decreto". Por su parte, en la exposición de motivos del citado Real Decreto 1576/1990, también se incide en la dualidad: Clases Pasivas del Estado y restantes Regímenes del Sistema de la Seguridad Social.

CUARTO: En el presente caso, D.ª ... se hallaba afiliada al Régimen General de la Seguridad Social con el número ..., según se recoge en el antecedente de hecho cuarto, aunque no se hallase en alta, circunstancia esta que no afecta a la aplicación del Real Decreto 1576/1990, conforme indica su artículo primero. Así lo prueba el hecho de que el INSS, Gestor del Régimen General de la Seguridad Social, admitiese la solicitud de la interesada y no se declarase incompetente para conocerla, y luego, entrando a conocer del fondo del asunto, denegase la pensión solicitada, conforme se indica en el antecedente de hecho cuarto, letra c), por no alcanzar las lesiones alegadas un grado suficiente de disminución de capacidad laboral, conforme a la normativa que regula tal materia en el Sistema de Seguridad Social.

QUINTO: Por lo expuesto, procede confirmar el acuerdo del Centro Gestor que declara excluida a la interesada del ámbito protector del Régimen de Clases Pasivas, sin entrar a conocer si la interesada se halla o no incapacitada según uno u otro informe de los equipos que valoran las incapacidades, pues ello supondría considerar a la interesada amparada por el Real Decreto 851/1992 y, sin embargo, se halla excluida de su ámbito personal de aplicación, por serle aplicable el Real Decreto 1576/1990.

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta en nombre y representación de D.ª ..., contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 16 de marzo de 2006, sobre denegación de pensión extraordinaria derivada de acto de terrorismo solicitada al amparo del Real Decreto 851/1992, que se confirma.

Terrorismo
Incapacidad
Víctimas del terrorismo
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Incapacidad permanente absoluta
Régimen General de la Seguridad Social
Grado de incapacidad
Pensiones de Clases Pasivas
Incapacidad permanente
Responsabilidad
Baja en la seguridad social
Cuantía de la indemnización
Seguridad jurídica
Tesorería General de la Seguridad Social
Capacidad laboral
Régimen de Clases Pasivas
Fondo del asunto
Presupuestos generales del Estado

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 4/1990 de 29 de Jun (Presupuestos Generales del Estado para 1990) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 156 Fecha de Publicación: 30/06/1990 Fecha de entrada en vigor: 30/06/1990 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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