Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2396/2004 de 28 de Septiembre de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 28 de Septiembre de 2006
  • Núm. Resolución: 00/2396/2004

Resumen

La norma del artículo 43 del Tratado de la Unión Europea, tal como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la interpreta en la sentencia de 12 de diciembre de 2001 (asunto C-324/00), Sentencia Lankhorst, referida a una norma del Impuesto de Sociedades alemán, es contraria a la regla de subcapitalización contenida en el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley 43/1995), en la redacción previa a la modificación por la Ley 62/2003. Se estima la reclamación económico-administrativa contra la denegación por la AEAT de una solicitud de rectificación de autoliquidación y consiguiente devolución de ingresos en base a dicha sentencia.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 28 de septiembre de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Central, interpuesta por Don ..., en nombre y representación de ..., S.A. (NIF: ...), con domicilio para notificaciones en ..., contra resoluciones, primero presunta y luego expresa, siendo ésta de 3 de mayo de 2004, del Jefe de la Unidad Central de Gestión de Grandes  Empresas de la O.N.I.-A.E.A.T., por la que se deniega la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada por la entidad, referida a la del ejercicio 2000, impuesto sobre Sociedades, siendo la cuantía de la reclamación 3.607.148,43 € (600.179.000 pesetas) de base imponible.

                                                       ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por escrito presentado el 13 de febrero de 2004, dirigido a la Administración de ..., de la AEAT, la reclamante (en lo sucesivo, ...) solicitó -al amparo de la D.A. 3ª del R.D. 1163/1990-, la rectificación de la declaración del IS, ejercicio 2000, consistente en la eliminación de los ajustes practicados en la misma por aplicación de la norma de subcapitalización (art. 20, Ley 43/1995), ajuste positivo por importe de 600.179.000 pesetas (3.607.148,43 €), correspondiente a la parte de los intereses considerada dividendos, por préstamos concedidos por ..., entidades no residentes vinculadas con la reclamante. Como consecuencia de dicho ajuste, la base negativa del ejercicio ascendía a 2.494.810.000 pesetas (14.994.110,08 €).

Expresaba que consideraba dicho ajuste improcedente a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de diciembre de 2002 (asunto C-324/00, Sentencia Lankhorst, que entendió que la norma alemana de subcapitalización, similar a la española, constituía una restricción de la libertad de establecimiento consagrada en el artículo 43 del Tratado de las C.C.E.E., al implicar una diferencia de trato entre filiales residentes, según que su sociedad matriz esté o no domiciliada en Alemania; lo que no está justificado por razón de la lucha contra la evasión fiscal, dado que no respeta el principio de proporcionalidad.

Siendo ambas normas análogas, el criterio del Tribunal de Justicia debe desplegar su eficacia respecto al artículo 20 LIS, con base en la primacía del ordenamiento comunitario.

Por otra parte, la conclusión de la sentencia se ha incorporado a la LIS mediante la adición de un nuevo apartado 4 a su art. 20 por medio de  la Ley 62/2003, que expresa que la norma sobre subcapitalización no será aplicable cuando la vinculada sea residente en otro Estado miembro de la Unión Europea (salvo que resida en un territorio calificado de paraíso fiscal).

Así, pues, la norma que ... aplicó en su declaración ha devenido inaplicable por un pronunciamiento comunitario, por ello de rango superior, procede la eliminación del ajuste y por tanto el consecuente incremento de la base imponible negativa del IS del ejercicio 2000, que queda en definitiva en -3.094.989.000 pesetas (18.601.258,51 €); así como un total de bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros de 6.456.403.730 pesetas (38.803.767,92 €), si bien como consecuencia de la inspección de los ejercicios 1996 a 1998 realizada en 2002, el importe de las bases negativas se redujo en 1.464.849.627 pesetas (8.803.923,57 €), por lo que el total a compensar en ejercicios futuros sería de 4.991.554.102 pesetas (29.999.844,35 €); aunque -señalaba- la liquidación derivada de la inspección estaba impugnada ante este Tribunal Central, que aun no se había pronunciado.

Terminaba diciendo que la solicitud se presentaba en tiempo y forma, dentro del plazo de cuatro años de prescripción a que se refiere la D.A. 3ª del R.D. 1163/1990, en relación con el art. 64 de la LGT de 1963.

Por todo lo cual, solicitaba la rectificación antedicha de la declaración del IS correspondiente al ejercicio 2000.

SEGUNDO: El 26 de mayo de 2004 tuvo entrada en este TEAC escrito a él dirigido en el que ... exponía que, según lo previsto en el artículo 6.3 del R.D. 1163/1990, habiendo pasado más de tres meses entendía desestimada presuntamente su petición y entendiendo la resolución presunta contraria a derecho interponía contra ella reclamación económico-administrativa. Sin renunciar a la puesta de manifiesto (según expresaba) realizaba unas alegaciones que venían a reiterar lo expuesto en la solicitud inicial, añadiendo la cita de algunas opiniones doctrinales. Terminaba solicitando que se acordase la rectificación de su declaración correspondiente al año 2000, según lo expuesto.

TERCERO: El 3 de mayo de 2004 el Inspector Jefe de la U.C.G.G.E., de la O.N.I., dictó acuerdo expreso de desestimación de la solicitud de rectificación de la autoliquidación, con el argumento de que el apartado 4 añadido al art. 20 de la Ley 43/1995 por la Ley 62/2003, "que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2004, no es aplicable al ejercicio 2000 tal como pretende la entidad".

CUARTO: Notificado el acuerdo a ... el 28 de mayo de 2004, el siguiente 3 de junio de 2004 ésta presentó reclamación económico-administrativa ante este TEAC.

Por providencia de 25 de octubre de 2004 se acumularon ambas reclamaciones -R.G. 2396-04 y 2535-04-, poniéndose de manifiesto el expediente de su razón por otra de la misma fecha.

QUINTO: El 15 de noviembre de 2004, ... presentó escrito de alegaciones, en el que después de reproducir lo que ya había expresado en trámites e instancias anteriores se oponía a la motivación de la resolución expresa de la O.N.I. por entender que era manifiestamente errónea, por cuanto la sociedad nunca pretendió que la modificación de la Ley 43/95 introducida por la Ley 62/2003 se aplicase al ejercicio 2000, sino que entendía y entiende que es la postura del Tribunal de Justicia de las C.C.E.E. en el caso "Lankhorst" la que debía desplegar su eficacia respecto a la norma de subcapitalización del art. 20 de la Ley 43/1995, vigente en el ejercicio 2000.

Por lo demás, la solicitud de rectificación de la autoliquidación se hizo en tiempo y forma, cumpliendo la Disposición Adicional Tercera del R.D. 1163/1990, que especifica que "podrá hacerse una vez presentada la correspondiente declaración-liquidación o autoliquidación, y antes de haber practicado la Administración la liquidación definitiva o, en su defecto, de haber prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación".

Y, finalmente, dentro del plazo de cuatro años del art. 64 LGT de 1963, vigente cuando se presentó la declaración del IS, y hoy del art. 66 de la Ley 58/2003.

Por todo lo expuesto, solicitaba la anulación del acuerdo de la O.N.I. mencionado, y que se acordase la rectificación de dicha declaración, eliminando de la misma el ajuste por subcapitalización por importe de 600.179.000 pesetas (3.607.148,43 €), con lo que resultaría una base imponible negativa del ejercicio de 18.601.258,51 €.

                                                        FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Este Tribunal Central es competente para conocer de las presentes reclamaciones, presentadas en forma y con legitimación al efecto.

SEGUNDO: La cuestión planteada no es, en efecto, y en esto la Sala le da la razón a la reclamante, la posible aplicación retroactiva de la modificación introducida en el artículo 20 de la Ley 43/1995 (adición de un nuevo apartado, nº 4), que no ha sido pretendida por la sociedad, sino si antes de dicha modificación la norma sobre subcapitalización del citado art. 20 era inaplicable cuando la matriz no residente lo era en otro Estado miembro de la Unión Europea, dado que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su Sentencia de 12 de diciembre de 2002 (asunto C-324/00, caso "Lankhorst") concluyó que la norma contenida en el artículo 8 bis de la Ley del IS alemán era contraria al principio de libertad de establecimiento establecido en el artículo 43 del Tratado Constitutivo de 25 de marzo de 1957 (según redacción del Tratado de Ámsterdam), conforme al cual "quedarán prohibidas las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro"; siendo de advertir que dicha norma es sustancialmente igual en su contenido a la que se discute de la LIS.

Art. 8 bis de la Körperschaftsteuergesetz:

"Fondos recibidos en préstamo de los accionistas:

1. La retribución de los recursos ajenos que una sociedad de capital, sujeta sin limitación al impuesto, haya obtenido de un socio que carece de crédito fiscal, que haya poseído en el curso del ejercicio económico una participación sustancial en el capital de la sociedad, se considerará constitutiva de un reparto de beneficios encubierto cuando:

.......

2º. Se haya acordado una retribución calculada según un porcentaje del capital y los recursos ajenos tripliquen durante el ejercicio el valor de la participación de dicho socio, a menos que la sociedad hubiera podido obtener estos recursos ajenos de un tercero en iguales condiciones, o si se trata de recursos ajenos prestados para financiar operaciones bancarias habituales".

Art. 20 LIS (redacción inicial):

"Subcapitalización.

1. Cuando el endeudamiento neto remunerado, directo o indirecto, de una entidad, excluidas las entidades financieras, con otra u otras personas o entidades no residentes en territorio español con las que esté vinculada, exceda del resultado de aplicar el coeficiente 3 a la cifra del capital fiscal, los intereses devengados que correspondan al exceso tendrán la consideración de dividendos.

2. Para la aplicación de lo establecido en el apartado anterior, tanto el endeudamiento neto remunerado como el capital fiscal se reducirán a su estado medio a lo largo del período impositivo.

Se entenderá por capital fiscal el importe de los fondos propios de la entidad, no incluyéndose el resultado del ejercicio.

3. Cuando medie un convenio para evitar la doble imposición y a condición de reciprocidad, los sujetos pasivos podrán someter a la Administración tributaria, en los términos del artículo 16.6 de esta Ley, una propuesta para la aplicación de un coeficiente distinto del establecido en el apartado 1. La propuesta se fundamentará en el endeudamiento que el sujeto pasivo hubiese podido obtener en condiciones normales de mercado de personas o entidades no vinculadas".

Apartado 3 redactado por la Ley 24/2001:

"Los sujetos pasivos podrán someter a la Administración tributaria, en los términos del artículo 16.6 de esta Ley, una propuesta para la aplicación de un coeficiente distinto del establecido en el apartado 1. La propuesta se fundamentará en el endeudamiento que el sujeto pasivo hubiese podido obtener en condiciones normales de mercado de personas o entidades no vinculadas.

Lo previsto en este apartado no será de aplicación a las operaciones efectuadas con o por personas o entidades residentes en países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales".

Apartado 4 añadido por la Ley 62/2003:

"Lo previsto en este artículo no será de aplicación cuando la entidad vinculada no residente en territorio español sea residente en otro Estado miembro de la Unión Europea, salvo que resida en un territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal".

TERCERO: La solución que se adopte requiere pronunciarse sobre dos extremos: 1º) La primacía del Derecho comunitario sobre el de los Estados miembros de la Unión Europea. 2º) La posición del Tribunal Central en los litigios en los que se invoca dicha primacía y frente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al resolver sobre un asunto en el que la misma está implicada.

CUARTO: La primacía del Derecho comunitario.

Ya en los primeros tiempos de la andadura comunitaria, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo TJ) se pronunció muy claramente sobre el particular, así, en la conocida Sentencia "Costa v/ Enel", de 15 de julio de 1964, señaló que "el tratado de la CEE ha instituido un orden jurídico propio integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros al entrar en vigor el Tratado, que se impone a sus jurisdicciones"; añadiendo: "la preeminencia del Derecho comunitario está confirmada por el artículo 189 [hoy art. 249 de la versión consolidada del Tratado de Roma] ...; esta disposición, que no está acompañada de ninguna reserva, no tendría alcance si un Estado pudiera unilateralmente anular los efectos por un acto legislativo oponible a los textos comunitarios"; "al derecho nacido del tratado, surgido de una fuente autónoma, no podría, pues, en razón de su naturaleza específica original, oponérsele jurídicamente un texto interno, cualquiera que fuese, sin perder su carácter comunitario y sin que se cuestionase la base jurídica de la propia Comunidad".

Entre otros muchos pronunciamientos en el mismo sentido, la Sentencia de 4 de junio de 1992, "Debus" (C-13/91 y Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO. PERSONAL LABORAL/91), estableció que "basta con recordar la jurisprudencia reiterada según la cual el juez nacional encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones de Derecho comunitario, tiene la obligación de velar por que dichas normas surtan pleno efecto, dejando de aplicar, si fuera preciso, por su propia autoridad, cualquier disposición contraria de la legislación nacional, incluso posterior, sin que tenga que solicitar o que esperar la previa supresión de ésta por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional (sentencia de 9 de marzo de 1978, "Simmenthal", Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA. PERSONAL LABORAL/77)".

Puede citarse también la Sentencia de 18 de septiembre de 2003 ("Morellato"; C-416/00), según la cual "los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a garantizar la plena eficacia del artículo 30 del tratado [al que se refería el asunto] dejando inaplicadas, por propia iniciativa, las disposiciones internas incompatibles con dicho artículo".

Nuestro Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre la cuestión en muchas ocasiones. Así, por ejemplo, en la Sentencia de 11 de septiembre de 1995 (nº 130): "España es Estado miembro de las Comunidades Europeas desde el 1 de enero de 1986, de conformidad con las previsiones del artículo 93 de la Constitución Española y, por tanto, sujeto a las normas del ordenamiento comunitario que poseen efecto directo para los ciudadanos y tienen primacía sobre las disposiciones internas". Matizando, además -Sentencia de 22 de marzo de 1991 (nº 64)- que "la tarea de garantizar la recta aplicación del Derecho comunitario europeo por los poderes públicos nacionales es, pues, una cuestión de carácter infraconstitucional".

Por su parte, el Tribunal Supremo ha destacado -así, por ejemplo, la Sentencia de 13 de julio de 2004- que "el principio de primacía del Derecho comunitario implica la prevalencia del Derecho comunitario sobre el Derecho interno en caso de conflicto. El ordenamiento jurídico comunitario, surgido de una fuente autónoma distinta de las de los Estados miembros, se integra en los ordenamientos internos. En Derecho español esta operatividad comporta la nulidad de las disposiciones de carácter general que se opongan al ordenamiento comunitario".

QUINTO: En cuanto a la posición de este Tribunal Central, es claro que en principio su competencia se contrae a la revisión de los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones tributarias -art. 213 LGT-, así como a la aquellos otros actos a los que se refiere la Disposición Adicional Undécima de la misma LGT. No le compete, por lo mismo, enjuiciar la legalidad de una disposición de carácter general, ni la constitucionalidad de una Ley. No es este el momento de discurrir sobre cuestiones que, sin embargo, no son tan obvias, como, por ejemplo, la oposición entre un reglamento y una ley, puesto que "la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa ..." (art. 9.3 C.E.) y "la Administración pública ... actúa ... con el  sometimiento pleno a la Ley y al Derecho"  (art. 103.1 C.E.); y si bien es cierta la vigencia del principio de jerarquía (art. 103.1 cit.), en cuanto a su función revisora, los órganos económico-administrativos "actuarán con independencia funcional en el ejercicio de sus competencias" (art. 228.1 LGT).

Ahora bien, en el presente supuesto, no se trata de que este Tribunal Central haya de pronunciarse sobre si la norma discutida del artículo 20 de la Ley 43/1995 se opone o no al Derecho comunitario, -cuya supremacía ya hemos visto que está fuera de discusión-, lo que, en su caso, podría dar lugar a que, de acuerdo con el artículo 234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (versión consolidada), este órgano plantease una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia (ya que aun siendo un Tribunal administrativo, el propio Tribunal de Justicia reconoce la capacidad de recurrir por esta vía ante él, en cuanto se trate de un órgano que reúna las notas comunes de la jurisdicción -creación por ley; carácter de permanencia; respeto de la contradicción; decisión en derecho y obligatoriedad de sus fallos-, o sea, de un órgano que funcionalmente actúa como un órgano jurisdiccional, incluso si actúa en el marco de un sistema de "jurisdicción retenida" (así, Sentencia de 30 de julio de 1966 "Vaasen-Göbbels, C-61/75, entre otras).

Se trata de otra cosa: de que el TJ ha declarado que se opone al Derecho comunitario una norma de la Ley del I.S. alemán, análoga a la del tan citado artículo 20 LIS.

Es decir, que el TJ, que "garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del presente Tratado" (artículo 220 Tratado C.E.), ha establecido que la norma comunitaria, en este caso el artículo 43 del Tratado C.E., "debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición como la contenida en el artículo 8º bis de la Ley del I.S." (alemán).

Sobre esta base, hallan plena aplicación los mandatos del TJ, tales como los transcritos más arriba, relativos a la obligación del juez nacional (concepto que en esta sede ha de entenderse en el sentido amplio ya expresado, relativo, no al encuadramiento orgánico, sino a la similitud funcional) de aplicar por su propia autoridad y en el marco de su competencia, el Derecho comunitario.

A lo que habría que añadir la necesaria vinculación del aplicador de éste a la interpretación realizada por el órgano que es, según el Tratado constitutivo de la C.E., su máximo intérprete. Este Tribunal Central no puede desconocer los pronunciamientos del TJ (y menos en cuestiones básicas como la presente), ni debe obligar al contribuyente a proseguir un itinerario para el logro de previsibles pronunciamientos judiciales que con su resolución puede evitar.

SEXTO: Es cierto, como se ha señalado por alguna doctrina, que los argumentos del TJ son unilaterales en cuanto contemplan sólo la tributación de la filial cuya matriz es una no residente y no la que se pueda producir en ambas consideradas conjuntamente, por virtud de la regla de la subcapitalización y que ésta, además tiene por finalidad asegurar la libre competencia, pero aun así, el TJ considera como argumentos fundamentales de su postura los siguientes:

a) "Según reiterada jurisprudencia, si bien la fiscalidad directa es competencia de los Estados miembros, éstos deben sin embargo ejercerla respetando el Derecho comunitario y, en particular, deben abstenerse de toda discriminación basada en la nacionalidad." (Pfo. 26).

b) En cuanto a la restricción que implica la norma sobre subcapitalización, "por lo que respecta a la tributación de los intereses pagados por filiales a su sociedad matriz como retribución de recursos ajenos, dicha restricción introduce una diferencia de trato entre filiales residentes según  que su sociedad matriz esté o no domiciliada en Alemania". (Pfo. 28). "Dicha diferencia de trato ... constituye un obstáculo a la libertad de establecimiento, en principio prohibido por el artículo 43 CE". (Pfo. 32).

c) "Es preciso recordar la jurisprudencia reiterada según la cual la disminución de ingresos fiscales no constituye una razón imperiosa de interés general que pueda justificar una medida contraria, en principio, a una libertad fundamental" (Pfo. 36). Además, "es preciso señalar que la normativa controvertida en el litigio principal no tiene por objeto específico excluir de una ventaja fiscal los montajes puramente artificiales cuyo objetivo sea eludir el peso de la obligación fiscal alemana, sino que contempla, en general, cualquier situación en la que la sociedad matriz tenga, sea cual fuere el motivo, su domicilio fuera de la República Federal de Alemania.

Por éstas y las demás razones que desarrolla en su fallo, concluye el Tribunal que "el art. 43 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición como la contenida en el artículo 8º bis, apartado 1, punto 2, de la Körperschaftsteuergesetz (Ley del Impuesto sobre Sociedades)".

SÉPTIMO: Resulta de todo lo que va escrito que este Tribunal Central no puede hacer otra cosa sino, por aplicación de la jurisprudencia del TJ, llegar a la misma conclusión y entender la norma del artículo 43 del Tratado de C.E. tal como dicho Tribunal la interpreta, como contraria a la regla de subcapitalización contenida en el artículo 20 de la Ley 43/1995.

Hay que señalar, además, en cuanto a la eficacia de las sentencias del TJ, que de su propia doctrina se deducen varios principios, entre ellos -tal como los recoge la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2004; recurso nº 52/2002), que cuando sus sentencias constaten "la incompatibilidad de una norma nacional con el Derecho comunitario, no están revestidas de una especie de eficacia supratemporal que permita hacer abstracción de las diversas situaciones jurídicas nacionales, de hecho y de derecho, a las que eventualmente resulten aplicables. Por el contrario, su eficacia debe ser referida a aquellas situaciones jurídicas que, según el Derecho interno, sean aún susceptibles de controversia o de revisión y que, por ello, puedan someterse a la decisión de un órgano jurisdiccional".

"Esta conclusión es plenamente aplicable al ejercicio del derecho a obtener la devolución de ingresos tributarios indebidos cuando, se derive de la incompatibilidad del tributo interno con el Derecho comunitario. Una jurisprudencia constante, a partir de las sentencias Rewe y Comet 6, ha subrayado tanto la obligación de los Estados miembros de devolver aquellos ingresos, en cuanto contrapartida del derecho de los contribuyentes a su reembolso, como el sometimiento de este derecho a las condiciones de ejercicio habituales en el ordenamiento jurídico de cada Estado."

Ello conduce a hacer dos precisiones:

Primera, que de acuerdo con la Disposición Adicional Tercera del R.D. 1163/1990, aquí aplicable, tal como señala ..., la solicitud de rectificación de la autoliquidación ha de hacerse antes de haber prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Pues bien, puesto que la declaración del ejercicio discutido se presentó en plazo en el siguiente, es claro que no había pasado el plazo de 4 años establecido en el artículo 66, computado tal como prevé el artículo 67, ambos de la LGT a la sazón vigente, cuando ... dedujo su solicitud el 13 de febrero de 2004.

Segunda, que como establece la misma D.A. Tercera, la solicitud podrá hacerse "antes de haber practicado la Administración la liquidación definitiva". Sobre este extremo, por lo que hace a los ejercicios a los que ésta y las demás reclamaciones que se resuelven en esta misma fecha se refieren, no consta en este Tribunal ninguna otra reclamación relativa a los mismos. Tampoco se referían a ellos los expedientes R.G. ..., resuelto el 8 de abril de 2005, que versa sobre los ejercicios 1996, 1997 y 1998; y el R.G. ..., resuelto acumuladamente con el anterior, que si bien se refería al ejercicio 2002 trataba sólo de la desestimación (que se impugnaba) de una solicitud de rectificación de la autoliquidación de tal año, por razón de una modificación de la cuantía de las bases negativas a compensar provenientes de ejercicios anteriores por cuestiones que nada tienen que ver con la que en esta reclamación nos ocupa.

No obstante, ha de advertirse que el fallo de este Tribunal Central sólo tendrá virtualidad si la solicitud de rectificación de la autoliquidación se hizo antes de que la Administración hubiese practicado liquidación definitiva por el Impuesto sobre Sociedades, por el ejercicio al que dicha solicitud se ceñía; tal como resulta de la D.A. 3ª del R.D. 1163/1990, ya citada.

No en otro caso.

Finalmente, este Tribunal no prejuzga sobre la exactitud o corrección de la cuantía de la rectificación pretendida, que obviamente queda sujeta a la comprobación que la Administración considere pertinente realizar, en su caso.

OCTAVO: Por lo demás, aunque es verdad que la modificación del artículo 20 de la Ley 43/1995 por la Ley 62/2003 no tiene efecto retroactivo, la exclusión que el nuevo párrafo 4 hace de la aplicación de la regla de subcapitalización en aquellos casos en que la entidad vinculada no residente en territorio español lo sea en otro Estado miembro de la Unión Europea (salvo que resida en un territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal), es evidente que obedece a la necesidad de adaptar la norma a la jurisprudencia del TJ (aunque la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003 no explica la causa de la modificación legal, sino que simplemente la reseña). Aunque hubiera cabido otra solución, como ampliar la regla de subcapitalización a las filiales de residentes en España, el legislador optó por eliminarla en el ámbito de la Unión Europea.

En su virtud, este Tribunal Central, resolviendo en SALA y única instancia, ACUERDA: 1º) ARCHIVAR la reclamación R.G. 2396-04, 2º) ESTIMAR la reclamación R.G. 2535-04, anulando el acuerdo desestimatorio de la solicitud de rectificación de autoliquidación que venía impugnado, en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Séptimo precedente.

Derecho Comunitario
Impuesto sobre sociedades
Comunidades europeas
Base imponible negativa
Libertad de establecimiento
Estado miembro de la Unión Europea
Paraíso fiscal
Capital fiscal
Sociedad matriz
Rectificación de la autoliquidación tributaria
Entidades no residentes
Evasión fiscal
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Deuda tributaria
Convenio colectivo de empresa
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Declaraciones-autoliquidaciones
Sociedad de capital
Ejercicio económico
Operaciones bancarias
Entidades financieras
Entidades no residentes en territorio español
Intereses devengados
Reparto de beneficios
Convenios de doble imposición internacional
Fondos propios
Período impositivo
Voluntad unilateral
Ciudadanos
Poderes públicos
Constitucionalidad
Principio de legalidad
Sanciones tributarias
Cuestiones prejudiciales
Libre competencia
Disminución de ingresos
Ingreso fiscal
Ingresos tributarios indebidos
Reembolso

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 62/2003 de 30 de Dic (Medidas fiscales, administrativas y del orden social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 313 Fecha de Publicación: 31/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley Orgánica 9/1998 de 16 de Dic (Se autoriza la ratificacion por España del Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la UE, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 301 Fecha de Publicación: 17/12/1998 Fecha de entrada en vigor: 18/12/1998 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Instrum. de ratificación de 29 de Dic de 1992 (Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7/02/1992) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 11 Fecha de Publicación: 13/01/1994 Fecha de entrada en vigor: 01/11/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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