Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2445/2005 de 30 de Mayo de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 30 de Mayo de 2007
  • Núm. Resolución: 00/2445/2005

Resumen

Es correcta la derivación de responsabilidad por sucesión en la actividad, de acuerdo con el artículo 72 de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963) en el caso concreto. Existe identidad de socios y administradores de las sociedades, como pertenecientes a un mismo grupo familiar, junto con los hechos de que estuvieran dedicadas a la misma actividad, con idénticas relaciones comerciales y con casi exactamente los mismos trabajadores.

Descripción

         En la Villa de Madrid, a 30 de mayo de 2007, en el recurso de alzada que pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central interpuesto por la DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA, con domicilio a efectos de notificaciones en Madrid, calle San Enrique nº 17, contra la resolución de 28 de enero de 2005 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., que estima en parte la reclamación interpuesta contra el acuerdo de 26 de agosto de 2002, de declaración de responsabilidad por importe de 1.626.118,38 €.

                                               ANTECEDENTES  DE  HECHO

        PRIMERO: Por acuerdo de 26 de agosto de 2002 del Jefe de la Dependencia Regional Adjunto de Recaudación de la Delegación Especial de ... de la Agencia Tributaria, se declaró a X, S.L. responsable subsidiaria por sucesión en la actividad de las sociedades Y, S.L. (declarada fallida el 19 de abril de 1996), Z, S.L. (declarada fallida el 15 de septiembre de 1997), W, S.L. (declarada fallida el 27 de noviembre de 1998), y T, S.L. (declarada fallida el 22 de abril de 1999), siendo el alcance de la responsabilidad el importe citado en el encabezamiento.

        SEGUNDO: El 21 de mayo de 2002 se había notificado a X, S.L. el inicio del procedimiento de declaración de responsabilidad subsidiaria en base a lo establecido en el artículo 72 de la Ley 230/1963 General Tributaria. Dictado el acuerdo de 26 de agosto de 2002 de derivación de responsabilidad, fue notificado a la interesada el siguiente día 22 de noviembre. Del acuerdo de derivación se destacan los siguientes extremos: "En el presente supuesto, aunque no se ha formalizado un acto expreso de transmisión jurídica, se aprecian numerosas circunstancias indicativas de la concurrencia del segundo supuesto de los considerados anteriormente (se refiere a la sucesión de facto): 1) D. A y su entorno familiar (Hijos y Cónyuge), van constituyendo diversas sociedades, dedicadas todas a la misma actividad, tal y como se desprende de su objeto social declarado, como del epígrafe de I.A.E. que proceden a darse de alta. 2) Las mencionadas sociedades, dejan de presentar las autoliquidaciones correspondientes a Retenciones e I.V.A. de los ejercicios en que permanecen activas, o bien se produce la presentación de autoliquidaciones de los conceptos señalados, efectuadas con imposibilidad de pago. 3) Se produce un trasvase de trabajadores entre las sociedades señaladas........", "El periodo de vida de las sociedades es corto, una vez que transcurren dos o tres años de su constitución, las deja inactivas sin que se produzca la disolución y liquidación de éstas, para con posterioridad constituir, o en su caso dedicar a la actividad de montajes, empresas ya existentes constituidas con otros objeto social, con el único fin de continuar la actividad económica (...) desarrollada anteriormente por las sociedades que deja inactivas, produciéndose el trasvase de los trabajadores así como de las relaciones comerciales, dejando, al igual que en el caso de las sociedades que deja sin actividad económica, de efectuar el ingreso en la Hacienda Pública del I.V.A. así como de las retenciones, correspondientes a los ejercicios en que permanecen activas. En la actualidad, y una vez inactivas las sociedades constituidas anteriormente, se ha creado una única sociedad X, S.L. cuya plantilla está formada por trabajadores provenientes de las cuatro sociedades constituidas con anterioridad, así como idénticas relaciones comerciales que las llevadas a cabo con las cuatro sociedades anteriores, con el fin de desarrollar la actividad de ..., ejercida con anterioridad, por las sociedades deudoras. La actividad desarrollada por D. A y su entorno familiar, a través del "Modus Operandi" señalado, supone una competencia desleal, con respecto al resto de las personas físicas/jurídicas que realizan la actividad económica de ..., toda vez que la efectúa, a través de un plan preconcebido y dirigido a la falta de ingreso de los tributos que gravan dicha actividad. Todas estas circunstancias son reveladoras de la existencia de una sucesión por parte de X, S.L. en la actividad que desarrollan las entidades deudoras.......y suponen la concurrencia de los requisitos expresados por la Audiencia Nacional (sentencias de 25 de marzo y 30 de abril de 1999)...".

        TERCERO: Contra el acuerdo de derivación se interpuso reclamación económico-administrativa ... ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., mediante escrito de 3 de diciembre de 2002. El Tribunal Regional dictó resolución de 28 de enero de 2005 en cuyo fallo se acuerda "Estimar en parte la presente reclamación, anulando el acuerdo impugnado en cuanto declara al reclamante responsable subsidiario del pago de las deudas de las entidades Y, S.L., Z, S.L. y W, S.L. y confirmándolo en cuanto le declara responsable subsidiario, por sucesión en el ejercicio de la actividad de la entidad T, S.L. del pago de las deudas a cargo de dicha entidad referidas en el último Fundamento de Derecho de la presente resolución por su importe conjunto de 84.449,94 euros, y anulándolo en cuanto a las restantes de acuerdo con lo expuesto en el mismo Fundamento de Derecho". El Tribunal argumenta que respecto de las deudas de Y, S.L. y Z, S.L., la acción para dirigirse a X, S.L. como responsable subsidiario había prescrito, por el transcurso del plazo legalmente establecido sin actuaciones intermedias susceptibles de interrumpirlo, cuando se inició el procedimiento para declarar dicha responsabilidad.

        CUARTO: En cuanto a W, S.L. y T, S.L. seguimos al Tribunal Regional en la siguiente exposición: "SEXTO:.....la Administración entiende que la entidad aquí reclamante sucedió en el ejercicio de la actividad de montajes que desarrolló primero W, S.L. y después, como sucesora de ésta, T, S.L. no obstante lo cual no consta que esta última sociedad haya sido declarada formalmente responsable subsidiaria de las deudas de aquélla, que se atribuyen directamente a la aquí reclamante como sucesora de la sucesora. Admitiendo que ello pueda hacerse por razones de economía procedimental, pues poco sentido tendría ya intentar el cobro de las deudas de la primera sociedad frente a la segunda cuando ésta ha sido ya declarada fallida por las deudas por ella misma generadas, lo que aquí interesa es examinar si cabe entender producida la sucesión empresarial en los términos en que ésta lleva aparejada la responsabilidad subsidiaria que se exige a la aquí reclamante. Y a tal objeto, lo que se afirma en el acuerdo impugnado es que W, S.L. constituida en 17 de mayo de 1994 por Doña B y su hijo Don C, que poco después apoderaron al cónyuge de aquélla y padre de éste Don A para actuar en nombre de la sociedad, tras dejar impagadas sus deudas tributarias, cesó en su actividad en fecha que no llega a precisarse pero parece situarse entre 1996....y 1997. La entidad que supuestamente le sucedió (T, S.L.) había sido constituida bastante tiempo antes (en marzo de 1990), siendo sus socios fundadores los tres sujetos antes mencionados y encontrándose en alta en el censo del Impuesto sobre Actividades Económicas desde enero de 1994. A dicha sociedad se le exigen, como deudas propias, las derivadas de actas formalizadas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (retenciones del trabajo) de 1994-1995 y por el Impuesto sobre el Valor Añadido de 1995 además de un buen número de deudas derivadas de autoliquidaciones formuladas sin ingreso entre el tercer trimestre de 1993 y el segundo de 1997, además de varias sanciones por infracciones tributarias simples. Sorprende que, en estas condiciones, ningún razonamiento se haga al objeto de constatar que T, S.L. sucedió a W, S.L. cuando con los datos expuestos lo que parece es que tales entidades coexistieron en el tráfico por mucho que su capital estuviese de hecho en las mismas manos y que tuvieran proveedores y clientes similares (extremo este sobre el que ningún detalle se ofrece). Lo que sí se detalla es la relación de trabajadores que prestaron sus servicios tanto en una como en otra sociedad, pero sin que llegue a precisarse ni la forma, ni el sentido, ni el momento en que tales trabajadores dejaron de prestar sus servicios en una de las entidades para pasar a prestarlos en la otra. En estas condiciones, negándose por otra parte que haya habido  traspaso patrimonial alguno de activos de una a otra sociedad (ante lo que razona el órgano de recaudación en el sentido de considerar que las sociedades implicadas carecían de elementos de activo material como corrobora el hecho de que nada pudiera serles ejecutado), este Tribunal no puede tener por acreditada, con un mínimo nivel de certidumbre, la existencia de la pretendida sucesión empresarial, pues aparte la coincidencia en la titularidad última de una y otra entidad (hecho discutible pero no necesariamente indicativo de sucesión) el único elemento de peso es la coincidencia sustancial entre la plantilla de una y otra sociedad, que demás de ser por sí insuficiente aparece incompletamente indicada dado que ni se precisa si tales trabajadores pasaron de W, S.L. a T, S.L. (cuando bien pudo ser al contrario, dado que esta última sociedad estaba activa cuando la supuesta cedente ni siquiera se había fundado) ni, lo que es peor, se indica la fecha en que los indicados trabajadores pasaron de una a otra empresa, dato este normalmente revelador, de pasar el grueso de la plantilla de una a la otra en un corto lapso temporal, de la cesación de una y consecuente inicio de la otra en el ejercicio de una misma actividad. De manera que siendo la Administración la obligada a acreditar que concurren los presupuestos para entender producida «de facto» la sucesión empresarial que la habilita para perseguir el cobro de las deudas frente a la sucesora, la actuación instructora llevada a cabo en el presente caso y su reflejo en el acuerdo impugnado resultan insuficientes, debiendo por ello anularse el acuerdo impugnado en cuanto responsabiliza a la entidad reclamante del pago de las deudas de la entidad W, S.L. por importe global de 175.936,55 €, al no quedar acreditado que dicha sociedad fuese sucedida en el ejercicio de su actividad por la entidad T, S.L. a la que supuestamente sucedió la aquí reclamante. SÉPTIMO: Finalmente, el acuerdo impugnado afirma que la reclamante, ya de forma directa, sucedió en el ejercicio de su actividad económica a la entidad T, S.L. afirmación que se apoya en la concurrencia de las mismas circunstancias ya comentadas con anterioridad y que la reclamante niega sobre la base de afirmar que ningún elemento adquirió a las sociedades a las que se afirma sucedió, y que los medios materiales (determinados vehículos) con los que desarrolla su actividad fueron adquiridos a partir del segundo semestre de 1998 mediante contratos de leasing de los que aporta copia. Sin embargo, es de destacar que cuando la reclamante, en sus alegaciones, afirma no haber sucedido a las empresas antiguas, cita como tales a las tres primeras a que se ha venido haciendo referencia y no a la cuarta (T, S.L.). Y lo que se afirma al respecto en el acuerdo impugnado es que dicha sociedad cesó en su actividad en el tercer trimestre de 1997 (último periodo por el que presentó declaración por el Impuesto sobre el Valor Añadido con resultado a ingresar) y que la entidad aquí recurrente se constituyó en 23 de diciembre de 1997, hechos indiscutidos por la reclamante que, unidos al hecho de que es igualmente indiscutido que existe coincidencia casi exacta entre la plantilla de una y otra sociedad, llevan a este Tribunal a considerar que, efectivamente, la entidad aquí reclamante se fundó para el ejercicio de la misma actividad que venía desarrollando la deudora sucediéndola en la misma a finales de 1997, sin que la adquisición por la reclamante de nuevos elementos de activo material a partir del segundo semestre de 1998, esto es, meses después de que iniciase su actividad, desvirtúe dicha apreciación. En definitiva, aunque no consta que exista un negocio jurídico formalizado entre la sociedad deudora y la aquí reclamante encaminado al traspaso de su actividad mercantil, las indudables coincidencias que entre una y otra cabe apreciar son relevantes, a juicio de este Tribunal, para entender producido el supuesto de hecho contemplado en el art. 72 de la Ley General Tributaria a través de lo que el Tribunal Económico-Administrativo Central llama en la resolución antes citada sucesión de ipso. A continuación, y en cuanto a la extensión de la responsabilidad sí apreciada por el Tribunal Regional por sucesión empresarial, se argumenta que las deudas correspondientes a retenciones a cuenta de rendimientos del trabajo no deben derivarse, como tampoco las sanciones por infracciones tributarias simples. En cuanto a las deudas derivadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido, no deben derivarse las sanciones impuestas por la presentación fuera de plazo de las correspondientes autoliquidaciones.

        QUINTO: Notificada la resolución del Tribunal Regional a la Administración tributaria en fecha que no consta, el Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria interpone recurso de alzada contra la misma mediante escrito de 7 de marzo de 2005. En posterior escrito de alegaciones indica en primer lugar que la única cuestión que es objeto de discusión es si puede considerarse suficientemente acreditada en el expediente la sucesión en la actividad de la entidad interesada respecto de W, S.L. A continuación alega, resumidamente, que de la aplicación conjunta de los artículos 4__h6_0083art>72 de la Ley General Tributaria y 13 del Reglamento General de Recaudación pueden derivarse tres situaciones que permiten la derivación de responsabilidad: 1) existencia de un título de transmisión documentado, 2) sucesión de hecho de una empresa a otra, en la que la ausencia de título jurídico no es obstáculo para la apreciación del hecho sucesorio, y 3) la señalada en el artículo 13.2 del Reglamento, cuando se produce la adquisición de elementos aislados. El Departamento de Recaudación considera que se aprecian circunstancias indicativas de la concurrencia de la segunda y tercera de las situaciones citadas, a saber: coincidencia de actividades desarrolladas por ambas sociedades (de alta en el mismo epígrafe ... del IAE, igual objeto social en sus estatutos sociales); domicilio social de ambas en ...; proximidad temporal entre el cese de una y el inicio de la otra; relación familiar entre socios y administradores de ambas sociedades; coincidencias entre trabajadores (un porcentaje considerable pasó de W, S.L. a X, S.L. El Departamento de Recaudación añade que en el presente supuesto no ha existido propiamente una sucesión en cadena de W, S.L. a T, S.L. y de ésta a X, S.L., sino que más bien esta última ha sucedido directamente a aquellas dos sociedades. Cita dos sentencias de la Audiencia Nacional, de 25 de marzo y de 30 de abril de 1999, a las que también se refiere el acuerdo de derivación, en las que se recoge el criterio de que la continuidad en el tracto no debe interpretarse como inmediatez en la sucesión. Finalmente, el Departamento de Recaudación considera que todo lo alegado ha de entenderse sin perjuicio de las conclusiones que, en cuanto al alcance de la responsabilidad, puedan derivarse de la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2000.

        SEXTO: Del recurso de alzada interpuesto se dio traslado a X, S.L. que remitió escrito de alegaciones con fecha 27 de junio de 2005, en el que argumenta resumidamente que en el acuerdo de derivación constan tres grupos de deudas de W, S.L. sanciones por infracciones simples, sanciones y deudas IVA, y sanciones y deudas IRPF-retenciones. Entiende que las sanciones simples no pueden ser derivadas al sucesor, como tampoco las retenciones por IRPF, que expresamente reconoce el propio Departamento de Recaudación. En cuanto a las deudas por IVA, el representante de la entidad indica lo siguiente: 1) el recurso de alzada introduce un hecho nuevo, no incluido en el acuerdo de derivación, afirmando que T, S.L. es coetánea con W, S.L. y por tanto cambia el orden de la cadena de sucesiones, afirmando sin prueba alguna que la sucesora de W, S.L. es X, S.L. Pero no existe ninguna conexión entre estas dos últimas por cuanto X, S.L. es constituida en ..., no en ..., el único socio es D. D, que aunque hijo de socios de anteriores sociedades, nunca ha pertenecido ni ejercido funciones de administración en cualquiera de las anteriores sociedades. Añade que en el recurso de alzada se dice pero no se prueba que  ha existido un traspaso de elementos de las anteriores sociedades a X, S.L. lo que no es cierto, como se indica en el párrafo tercero de las conclusiones del propio acuerdo de derivación, que el interesado reproduce. Concluye su escrito de alegaciones solicitando que se desestime el recurso de alzada y se confirme íntegramente el acuerdo dictado por el Tribunal Regional.

        SÉPTIMO: De las dos sociedades cuyas deudas se derivan a X, S.L. y de esta última se recogen a continuación los siguientes datos:

-1) W, S.L.: fue constituida el día 17 de mayo de 1994, su objeto social era la realización de toda clase de estructuras y forjados. El capital social fue suscrito por D. C y D.ª B, que se designan como administradores solidarios. En septiembre de 1995 otorgan un poder de representación de la sociedad a D. A. La sociedad se da de alta en el epígrafe ... El último año en que presenta documentación relativa al Impuesto sobre Sociedades es 1996. Ante la inexistencia de bienes o/y derechos susceptibles de traba y/o embargo con los que hacer frente a sus deudas tributarias, se le declaró fallida el día 27 de noviembre de 1998. Domicilio social: ...

-2) T, S.L.: fue constituida el día 15 de marzo de 1990, su objeto social declarado era la promoción, construcción y compraventa de pisos y locales. El capital social fue suscrito por D. C, D.ª  B y D. A, designándose los dos últimos como administradores solidarios. La sociedad se da de alta en el epígrafe ... con fecha 3 de enero de 1994. La última autoliquidación presentada con ingreso fue el tercer trimestre de IVA de 1997. Ante la inexistencia de bienes o/y derechos susceptibles de traba y/o embargo con los que hacer frente a sus deudas tributarias, se le declaró fallida el día 22 de abril de 1999. Domicilio social: ...

-3) X, S.L.: fue constituida el día 23 de diciembre de 1997, su objeto social declarado es toda clase de ..., así como la construcción en general. La sociedad se da de alta en el epígrafe ... El socio fundador fue D. E, nombrándose en el acto de constitución como administrador único de la sociedad. Dos meses después de su constitución (escritura pública de 26 de febrero de 1998) vende la totalidad de sus participaciones a D. D, que pasa a ser también el administrador único de la sociedad. D. A pasó a formar parte de la plantilla, figurando así mismo como autorizado en las tarjetas de crédito concedidas por la entidad financiera Banco .... Domicilio social inicial estaba en ..., y se traslada a ... el 7 de diciembre de 1998 (según Junta General de esa fecha).

                                              FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

        PRIMERO
: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite del recurso de alzada interpuesto, en el que la cuestión planteada consiste en determinar si es conforme a derecho derivar las deudas tributarias de W, S.L. a X, S.L., y ello porque el Departamento de Recaudación sólo impugna la resolución del Tribunal Regional en lo que se refiere a esta cuestión, y porque X, S.L. lo que pretende es que esa resolución se confirme.

        SEGUNDO: La identidad de socios y administradores de ambas sociedades -como pertenecientes a un mismo grupo familiar-, W, S.L. y X, S.L., junto con los hechos de que estuvieran dedicadas a la misma actividad, con idénticas relaciones comerciales y con casi exactamente los mismos trabajadores, son las circunstancias que determinan que sea conforme a derecho imputar las deudas de la primera a la segunda. La identidad de socios y administradores es en el presente caso, contra lo que afirma el Tribunal Regional, no sólo indicio sino elemento fundamental de la sucesión; otra cosa sería admitir en el presente caso un increíble comportamiento disociado en las personas físicas afectadas. El criterio del Tribunal Regional sería correcto si esa identidad fuera sólo de personas, que no tuvieran capacidad alguna de gestión, ni real ni legal, en las sociedades. Esta identidad de socios y administradores en un mismo grupo familiar lo impregna todo, de tal modo que es a su luz a la que han de verse los hechos: la constitución de distintas sociedades con el mismo objeto social y en una misma zona; el dejarlas sin actividad y sin proceder a su disolución, como obliga la normativa reguladora; dejar impagadas las deudas tributarias evitando la existencia de activos embargables; trasvase de empleados,....todo ello de la forma que resulte lo menos detectable y lo más difusa posible, precisamente porque respecto de las sociedades afectadas se detenta toda la capacidad de decisión y ejecución. Las normas que regulan la derivación de deudas tributarias por sucesión en la actividad presuponen la sucesión no sólo entre entidades distintas, sino también entre propietarios y administradores distintos. De ahí que sea necesario que se produzcan ciertos hechos para determinar que tal sucesión existe. Pero en el presente caso, al ser la propiedad y la administración de un mismo grupo familiar, la exigencia de esos hechos no puede hacerse como si se tratase de una sucesión entre sociedades plenamente distintas, criterio que se desarrolla a continuación.

        TERCERO: El momento temporal de la sucesión entre las dos sociedades, y contra lo que afirma el representante de X, S.L., el Departamento de Recaudación no ha introducido ningún hecho nuevo al considerar que no he existido propiamente una sucesión en cadena de W, S.L. a T, S.L. y de ésta a X, S.L., sino que la última ha sucedido directamente a las otras dos. Se trata más bien de una interpretación algo distinta de los hechos de la que hace el acuerdo de sucesión del modo en que se ha producido la sucesión, puesto que este acuerdo habla de sucesión secuencial, refiriéndose a todas las empresas. Este Tribunal Central entiende que esa cuestión no es fundamental para determinar la derivación de responsabilidad, y ni siquiera se decanta por una de ellas. Precisamente por las características del caso, el hecho de que la sucesión entre W, S.L. y X, S.L. se produjera en parte o totalmente a través de T, S.L. carece de relevancia; el hecho, este sí, de tener la facultad de decidir sobre todos los extremos, uno de los cuales ha sido no disolver las sociedades anteriores (desdibujándose así uno de los términos temporales necesarios para establecer si ha habido solapamiento o secuencia) y otro la facultad de crear sociedades de forma solapada y sucesiva (respondiendo a un plan preconcebido y desarrollado a lo largo del tiempo), es lo que resulta de fundamental importancia.

        CUARTO: La actividad desarrollada es otro de los elementos necesarios para determinar si procede la derivación de responsabilidad. Y en el presente caso ninguna de la partes pone en cuestión que ambas sociedades, y asimismo T, S.L. tenían la misma, por lo que no es necesario más que constatar este hecho. En cuanto a la zona geográfica de la actividad, el representante de X, S.L. dice que ésta fue constituida en ..., no en ..., por lo que no hay conexión entre ella y W, S.L. Pero el Departamento de Recaudación lo que señala como coincidente es el domicilio social en ..., que consta documentado en el expediente, y que considera acertadamente otra circunstancia indicativa de que se ha producido la sucesión en la actividad.

        QUINTO: El Tribunal Regional destaca en su resolución que sorprende que el acuerdo de derivación no precise la forma, ni el sentido, ni el momento en que los trabajadores de W, S.L. pasaron a formar parte de la plantilla de X, S.L. y si pasaron en algún momento por T, S.L. Esto, junto con la negación de que haya habido traspaso patrimonial alguno, hacen que el citado Tribunal no pueda tener por acreditada la sucesión, pues la coincidencia en la titularidad de las entidades no es necesariamente indicativo de la sucesión. Esto último ya ha sido objeto de pronunciamiento por este Tribunal Central, por lo que ahora interesa referirse a los trabajadores. Evidentemente, el acuerdo de sucesión podría haber sido más completo si hubiese indicado además de la casi total identidad de plantillas, las fechas de altas y bajas de cada trabajador en cada una de ellas. Pero el caso es que tanto si los trabajadores de W, S.L. pasaron en el mismo momento o en momentos distintos a X, S.L., y tanto si entre una y otra empresa estuvieron en alguna o algunas de las otras que en esta resolución se citan, la conclusión hubiese sido la misma: La mayor parte de los trabajadores, la casi totalidad, de W, S.L., entidad con actividad entre dos y tres años entre 1994 y 1997, trabajaron asimismo en T, S.L., entidad con actividad entre 1990 y 1997, y se incorporaron a X, S.L., entidad sucesora de la actividad de las anteriores y en la que continúan en la actualidad, salvo los movimientos normales y habituales de altas y bajas por razones distintas. Ante la identidad de propietarios y administradores que ya se ha comentado no es relevante el movimiento intermedio de trabajadores, porque de haberlo no puede desvirtuar la conclusión del trasvase de las sucesoras a las sucedidas.

        SEXTO: En cuanto a que no se ha producido traspaso patrimonial alguno, es éste un hecho que ninguna parte discute, pero no porque sea indicativo de que no ha habido sucesión, sino porque no había patrimonio alguno que transmitir. Otra cosa sería que de haber habido patrimonio que transmitir, éste se hubiera realizado de otra manera, a terceros. Finalmente, en cuanto a la identidad de relaciones comerciales de las entidades, es cuestión que ninguna parte discute, aunque este Tribunal Central comparte el criterio de que el acuerdo de derivación pudo extenderse sobre ellas. Así pues, ha de concluirse que las deudas tributarias de W, S.L. deben derivarse a X, S.L. como sucesora en la actividad, con el mismo alcance expresado en la resolución del Tribunal Regional respecto de las deudas de T, S.L., esto es, quitando del importe a derivar las deudas tributarias que sean por sanciones simples y por retenciones a cuenta del I.R.P.F.

        Por lo expuesto,

        ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución al presente recurso de alzada ACUERDA: Estimarlo, anulando la resolución del Tribunal Regional impugnada en cuanto declara que X, S.L. no es responsable de la deudas de W, S.L. con el alcance que se indica en el fundamento anterior.


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