Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2479/2004 de 18 de Mayo de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 18 de Mayo de 2006
  • Núm. Resolución: 00/2479/2004

Descripción

          En la Villa de Madrid, a 18 de mayo de 2006 vista la reclamación económico-administrativa que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en virtud del recurso de alzada interpuesto por D. ..., y otros, con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... de fecha 25 de marzo de 2004, recaída en el expediente nº ..., por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los ejercicios de 1996-1997-1998, y sanción, cuantía de 161.390,48 € la mayor.

                                                    ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: Por la Dependencia de Inspección de la Delegación de ... fue incoada, con fecha de 28 de junio de 2002, acta modelo A.02 número ..., al interesado y su esposa, por el concepto y periodos citados, en la que se manifiesta que: la fecha de inicio de las actuaciones fue el día 5 de diciembre de 2000, y a efectos del plazo máximo de 12 meses de duración de las actuaciones no se deben computar 395 días, por retraso en la aportación de documentación, desde el día 15 de enero de 2001 hasta el 14 de febrero de 2002. En el curso de las actuaciones se han extendido diligencias de fecha: 20-12-2000, 15-01-2001, 14-01-01, 22-03-01, 25-04-01, 19-10-01, 31-10-01, 21-11-01, 19-12-01, 17-01-02, 11-06-02 y 26-06-02; que el contribuyente desarrolla una actividad económica consistente en "ganadería ..., y actividad forestal de ...", y que de la comprobación realizada resulta que procede incrementar las bases imponibles declaradas como consecuencia del rendimiento neto de la actividad empresarial al aumentar los ingresos declarados y de la falta de justificación de los gastos reflejados en su declaración. Se ha declarado la actividad de venta de ... como explotación familiar procediendo liquidar la misma como rendimiento individual al figurar el contribuyente como titular de la misma, practicando liquidación por importe de 161.390,48 € comprensiva de cuota e intereses de demora.

SEGUNDO: Efectuado el preceptivo informe al acta, el interesado presenta escrito de alegaciones en fecha 12 de julio de 2002, manifestando en síntesis, que: A) El expediente es ilegible por lo que se veta el derecho a alegar lo que convenga a su derecho, de ahí que se solicite una copia legible de todo el expediente, incluido las diligencias; B) Que se han superado con creces el plazo de 12 meses establecido en el derecho positivo para la actuación inspectora pues aunque existan excepciones a este plazo, tales como las demoras imputables al contribuyente la actuación inspectora ha de propulsarse de oficio; C) La falta de motivación de las actas cuando dichas actas deben de recoger los hechos concretos de los que emanan la propuesta de liquidación para salvaguardar el derecho del contribuyente a poder valorar dichas actuaciones y a poder recurrir frente a ellas.

TERCERO: En fecha 25 de octubre de 2002, se dicta acto administrativo de liquidación tributaria confirmando la propuesta contenida en el acta, notificación de 4 de noviembre; asimismo, con fecha 28 de junio de 2002, previa autorización de la Inspectora-Jefe, se acordó el inicio del expediente sancionador de conformidad con lo establecido en el art. 34 de la Ley 1/1998, al considerar que los hechos puestos de manifiesto en el curso de las actuaciones podrían ser constitutivos de infracción tributaria grave tipificada en el art. 79 a) de la LGT, imponiendo una sanción del 50 por ciento e incrementada en 25 puntos por ocultación según los criterios de graduación previstos en el art. 82.1.d) de la citada Ley, dando lugar a la imposición de una sanción por importe de 94.023,72 euros mediante acuerdo de 28 de octubre de 2002, notificado al interesado en fecha 4 de noviembre siguiente.

CUARTO: Dichos acuerdos fueron recurridos por el interesado ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., reiterando los mismos argumentos que los efectuados ante la Inspección actuaria, y en fecha 25 de marzo de 2004, se dicta resolución desestimando la reclamación interpuesta y confirmando los acuerdos impugnados.

QUINTO: Contra la citada resolución, cuya fecha de notificación es de 6 de mayo de 2004, el reclamante interpone recurso de alzada ante este Tribunal Central, mediante escrito de fecha 21 de mayo siguiente, alegando en defensa de su derecho los mismos argumentos que en las anteriores instancias, tanto las relativas a: a) cuestiones de carácter formal y referidas a la negativa a dar copia del expediente administrativo, caducidad del expediente por haber transcurrido con exceso el plazo de 12 meses, y falta de motivación de las actas; y b) cuestiones de carácter material referentes a que la inspección no fundamenta el hecho de considerar como ingresos los abonos en el diario de cuenta corriente, así como, que la explotación de ... considera la inspección como de titularidad del contribuyente y no admite que se trata de una explotación familiar cuyos rendimientos se reparten entre toda la familia, y por último, en lo que hace referencia a las subvenciones obtenidas la Inspección las considera renta debiendo ser rentas exentas; c) por último se opone a la sanción, en base al principio de la buena fe, y que como consecuencia de los defectos formales del acta de la que trae causa, procedería anular los acuerdos impugnados y en su caso, subsidiariamente, retrotraer el expediente hasta antes del momento en el que se veta al contribuyente respecto de su derecho de obtener copia del expediente.

                                                   FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO: Concurren en el supuesto objeto de estudio los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto básico para la admisión a trámite del presente recurso de alzada, en el que las cuestiones que se plantean consisten en: a) falta de obtención de copia del expediente; b) si se ha producido la caducidad alegada; c) falta de motivación del acta; d) procedencia de la liquidación practicada; e) procedencia de la sanción.

        SEGUNDO: En cuanto a la primera cuestión, el art. 33 ter establece en su apartado 2: "En todo caso, y con carácter previo a la formalización de las actas, se dará audiencia al interesado para que pueda alegar lo que convenga a su derecho en relación con la propuesta que se vaya a formular. Con ocasión de este trámite, el contribuyente podrá obtener, a su costa, copia de los documentos que figuren en el expediente y que hayan de ser tenidos en cuenta a la hora de dictar la resolución". Que el interesado manifiesta, ante la negativa de la Inspección de facilitarle la copia de todo el expediente, se le ha ocasionado una evidente indefensión lo que le impide efectuar convenientemente las alegaciones en defensa de su derecho y por lo tanto solicita la nulidad de la liquidación impugnada. Que el art. 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, establece que "1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados". El Tribunal Supremo en Sentencia de 8 de junio de 1982 señala que hay que ser conscientes de que el procedimiento, tanto para elaborar un acto administrativo como para una disposición de carácter general, es importante, en cuanto es garantía, tanto para los administrados como para la Administración, pero sin dejar de ser un mero instrumento, y no un fin en si mismo, lo que justifica el que los vicios de procedimiento no sean tomados en consideración cuando no se produce indefensión de los afectados por el mismo, o el resultado conseguido, a pesar de tales vicios, es el correcto y el debido. Que este Tribunal Central ha examinado la documentación que forma parte del expediente, y se observa que carece de fundamento la petición de copia por parte del interesado dado que aquella se reduce a: 1) documentación diversa aportada por el propio interesado tal como movimientos de cuentas corrientes, contratos con servicios ..., facturas, listado de movimientos de ..., nacimientos y ventas, escritura de compraventa, fotocopia de documento de ... por el que se le conceden ayudas ..., etc....., y 2) diligencias firmadas por el representante del recurrente que se expiden por duplicado quedando un ejemplar en poder del compareciente, lo que implica, evidentemente tener pleno conocimiento del contenido de las mismas, por lo que carece de fundamento la alegada indefensión, y que, tal y como manifiesta el acuerdo de inspección, la solicitud de copia legible más parece una maniobra dilatoria del procedimiento que un medio para hacer una mejor defensa de su derecho, por lo que no existe motivo para que se proceda a la anulación de la liquidación impugnada.

        TERCERO: Por lo que se refiere a la caducidad alegada al haberse excedido el plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras. La Ley 1/98 de Derechos y Garantías de los contribuyentes vino a establecer un plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras, el artículo 29 establece: "1. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos deberán concluir en el plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las mismas.(...)2. A los efectos del plazo previsto en el apartado anterior, no se computarán las dilaciones imputables al contribuyente, ni los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente. 3. La interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras, producida por causas no imputables al obligado tributario, o el incumplimiento del plazo a que se refiere el apartado 1, determinará que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de tales actuaciones. 4. A los efectos de los apartados anteriores, se entenderá que las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación concluyen en la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de dichas actuaciones." Y el Reglamento General de la Inspección de los Tributos se refiere a este plazo en el artículo 31: "Las actuaciones de comprobación, investigación y las de liquidación se llevarán a cabo en un plazo máximo de doce meses contados desde la fecha en que se notifique al obligado tributario el inicio de tales actuaciones hasta la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de las mismas, salvo que se acuerde la ampliación de dicho plazo en la forma prevista en el artículo 31 ter de este Reglamento. A efectos de este plazo, no se computarán las dilaciones imputables al obligado tributario ni los períodos de interrupción justificada en los términos que se especifican en el artículo 31 bis de este Reglamento". El reclamante plantea que se ha incumplido este plazo teniendo en cuenta el cómputo que efectúa de las dilaciones imputables al contribuyente y la fecha de inicio y finalización de las actuaciones inspectoras. Del expediente remitido se desprende que las actuaciones se iniciaron mediante comunicación notificada a los obligados el 5 de diciembre de 2000, y el en acta se recoge una dilación imputable al contribuyente, así como en el acuerdo de liquidación, en concreto la de 15 de enero de 2001 hasta el 14 de febrero de 2002 por no aportación de determinada documentación, el reclamante manifiesta que, básicamente en ese período no ha habido ninguna dilación imputable al contribuyente, dado que en dicho período se practicaron diversas diligencias y se aportó nueva documentación y que si bien en las diligencias se advirtió al obligado de los efectos de la falta de aportación de la documentación sin embargo dicha advertencia carece de objeto dado que la documentación solicitada no se tuvo luego en cuenta en la propuesta de liquidación contenida en el acta. No obstante lo alegado, en relación a este período, el retraso viene determinado, primero, por que en diligencia de 20 de diciembre de 2000 se solicitó información sobre "los movimientos bancarios en todas sus cuentas por recoger los mismos el funcionamiento de la actividad", dicha documentación no fue aportada en la diligencia de 15 de enero de 2001, sino que hasta el 14 de febrero de 2002 fecha en la que o se aporta el movimiento de determinada cuenta bancaria. En las diligencias expedidas, durante el curso de la actuación inspectora, el actuario deja constancia del requerimiento de determinada documentación al obligado e indica que la no aportación o la aportación parcial de la información solicitada, así como su incomparecencia se considerará dilación imputable al contribuyente, y por tanto no se computará en el plazo establecido en el art. 29.1 de la Ley 1/1998 de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. A este respecto conviene destacar el contenido del artículo 31 bis del RGIT que dispone: " 2. A su vez, se considerarán dilaciones imputables al propio obligado tributario, el retraso por parte de éste en la cumplimentación de las solicitudes de información, requerimientos o comparecencias formuladas o solicitadas por la inspección dentro del ámbito de sus competencias, así como el aplazamiento o retraso de las actuaciones solicitado por el propio contribuyente en los casos en que se considere procedente. Las solicitudes que no figuren íntegramente cumplimentadas no se tendrán por recibidas a efectos de este cómputo hasta que no se cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al interesado. A efectos de dicho cómputo, el retraso debido a dilaciones imputadas al contribuyente se contará por días naturales. (...). 4. La interrupción del cómputo del plazo de duración de las actuaciones inspectoras no impedirá la práctica de las que durante dicha situación pudieran desarrollarse". Por tanto de conformidad con la norma expuesta la no aportación de la documentación requerida si constituye dilación imputable al contribuyente, y no impide que durante dicho período de tiempo se realicen otras actuaciones por la Inspección tal y como así consta en el expediente en el que la Inspección continúa con su actividad que queda plasmada en las correspondientes diligencias reseñadas en el antecedente de hecho primero de la presente resolución. Expuesto lo que antecede, habría que descontar en el cómputo del período de actuaciones 395 días. El período de actuaciones se extendió desde el día 5 de diciembre de 2000 hasta el 25 de octubre de 2002, fecha en que se dictó el acto de liquidación y que es la que hay que tomar a estos efectos porque así lo prevé expresamente la norma aplicable, en concreto el artículo 3 del Reglamento respecto del cómputo del plazo indica: "Las actuaciones de comprobación, investigación y las de liquidación se llevarán a cabo en un plazo máximo de doce meses contados desde la fecha en que se notifique al obligado tributario el inicio de tales actuaciones hasta la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de las mismas(...)" y también lo indica el artículo 29 de la Ley 1/98 en su último apartado: "A los efectos de los apartados anteriores, se entenderá que las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación concluyen en la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de dichas actuaciones". Luego, se extendieron por un período de 673 días de los que, descontados 395, quedan 278 días, no habiéndose por tanto superado el plazo de 12 meses previsto en la norma. Por lo que deben desestimarse las pretensiones de la reclamante.

        CUARTO:
Por lo que se refiere a la falta de motivación del acta impugnada, el art.47 del Reglamento General de Inspección de los Tributos de 25 de abril de 1986, concordante con el art. 145 de la LGT señala en su apartado 2.d) que "en las actas de Inspección que documenten el resultado de sus actuaciones se consignarán:....d) Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al sujeto pasivo o retenedor, con expresión de los hechos y circunstancias con trascendencia tributaria que hayan resultado de las actuaciones inspectoras o referencia a las diligencias donde se hayan hecho constar"; debiendo señalarse que, examinada el acta de referencia, se desprende de la misma que no sólo no se vulnera el contenido del precepto antes referido tal y como alega el reclamante ya que constan los elementos esenciales del hecho imponible y su atribución al sujeto pasivo, sino que, además, en modo alguno se causó indefensión al interesado pues, siendo el acta de disconformidad, fueron observados todos los trámites procedimentales exigibles, constando el informe ampliatorio emitido por el actuario, en el que se recoge detalladamente la actuación ahora impugnada, pudiendo alegar todo lo que estimó conveniente en defensa de su derecho en el correspondiente trámite de alegaciones, cosa que hizo, tal y como queda acreditado en el expediente.

        QUINTO: En cuanto a las cuestiones de fondo, relativas a: 1) que la inspección no fundamenta el hecho de considerar como ingresos los abonos en el diario de cuenta corriente, es el propio interesado, tal y como se pone de manifiesto en el informe del expediente y en la comparecencia de 15 de enero de 2001, en la que manifiesta que las subvenciones se reciben por ingresos bancarios, por lo que partiendo de esta afirmación, la inspección ha tenido en cuenta los extractos de movimientos bancarios a los efectos de computar los ingresos por subvenciones; en cuanto a los gastos el actuario ha tenido en cuenta los datos aportados por el contribuyente, admitiendo aquellos de los que existe soporte documental o de los que se acredita el pago a través de los extractos bancarios aportados. Por tanto, debemos de desestimar esta alegación; 2) por lo que se refiere a que la explotación de ... considera la inspección como de titularidad del contribuyente y no admite que se trata de una explotación familiar cuyos rendimientos se reparten entre toda la familia; del examen de la documentación aportada al expediente se observa que el reclamante, aparece en el censo como titular de las actividades agrícolas en régimen de estimación directa y está incluido en el IVA en el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, es titular de todas las subvenciones que le han concedido el M° de Agricultura y ..., asimismo, es titular de las devoluciones de IVA recibidas como consecuencia del 4% de compensación de IVA de las exportaciones de ... de las ventas efectuadas en los ejercicios 1996 y 1997, por estar en el régimen especial de Agricultura, Ganadería y Pesca, en todas las facturas tanto las emitidas, como las recibidas figura como titular de la explotación el Sr. ..., por lo que, no habiendo aportado prueba de que dicha explotación es de carácter familiar a pesar de habérselo solicitado el inspector actuario en diversas diligencias, procede desestimar dicha alegación; 3) Por último, el interesado manifiesta que no se puede ir en contra de un acto administrativo, como es la certificación de haberse cumplido las condiciones de inversión para la obtención de una subvención, por lo que dichos ingresos estarían exentos. No obstante, dicha alegación debe de ser también desestimada por no aportar los justificantes de los gastos e inversiones, pues tal y como manifiesta el acuerdo de liquidación, los actos administrativos a los que alude el contribuyente, conceden ayudas para "las inversiones que se realicen" y no subordina esta concesión a que la inversión se haya ya realizado, es más el contrato con ..., S. L., es un contrato de ejecución futura, por tanto, ninguno de los documentos aportados prueban que el gasto se haya efectuado en los ejercicios objeto de comprobación, por tanto en ausencia de un justificante que acredite lo manifestado por el contribuyente, y de conformidad con el artículo 114 de la LGT, el que haga valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo, debemos desestimar esta alegación.

        SEXTO: Una vez expuesto lo anterior, por lo que se refiere a la calificación del expediente como infracción tributaria grave y la sanción impuesta al 50%, el artículo 77 de la Ley General Tributaria, según redacción dada por la Ley 25/1995, dispone en su apartado 1 que: "Son infracciones tributarias, las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las Leyes. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia". Que, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y, por reflejo, la doctrina y la jurisprudencia administrativa, han venido desechando, de forma reiterada, la implantación del principio de responsabilidad objetiva en el ámbito tributario. Así se ha venido pronunciando reiteradamente el citado Tribunal, desechando la posibilidad de que la conducta del sujeto pasivo pueda ser constitutiva de infracción tributaria cuando se halle amparada por una interpretación jurídica razonable (STS 29 febrero 1988, entre otras). Este Tribunal Económico Administrativo Central, ha venido, asimismo, manteniendo en forma reiterada la vigencia del principio de la culpabilidad en el ámbito del Derecho Tributario Sancionador, sosteniendo que "la apreciación de la culpabilidad en la conducta del sujeto infractor es una exigencia que surge directamente de los principios constitucionales" (Resoluciones 21 octubre 1987, entre otras).; En este sentido pues, se ha admitido que la interpretación razonable o el error pudieran ser causas excluyentes de la culpabilidad, pero ello ha de ser precisado a fin de no amparar el abuso de la interpretación jurídica y del error de hecho y de derecho por parte de los obligados tributarios. Por ende la invocación de estas causas no operan de modo automático como excluyentes de la culpabilidad sino que han de ser ponderadas caso por caso, en función de las circunstancias concurrentes, de tal modo que excluyan la calificación de la conducta como negligente, ya sea por la existencia de una laguna legal, ya por no quedar clara la interpretación de la norma o porque la misma revista tal complejidad que el error haya de reputarse invencible. En este sentido se manifiesta el mismo Tribunal Supremo que, en sentencia de 19 de diciembre de 1997 indica que no basta que exista una discrepancia jurídica, sino que es preciso, además, que la misma tenga el necesario grado de razonabilidad o fundamentación, en todo supuesto de infracción, bastaría la aportación de cualquier tipo de alegación contraria a la sustentada por la Administración para que conductas objetivamente sancionables quedaran impunes. Que en el presente expediente, los hechos regularizados en el acta impugnada, y de los que se deriva la sanción impugnada, no se estima por este Tribunal la existencia de lagunas o dudas interpretativas en las normas aplicadas, apreciando la culpabilidad de la reclamante en los hechos anteriores y estando tipificada su conducta como infracción tributaria en el art.79 de la LGT, procede confirmar la calificación del expediente como infracción grave; En cuanto a la sanción impuesta se observa que la sanción mínima del 50% ha sido incrementada en 25 puntos, según el art.82.1.d) de la LGT y art.20.3 del RD 1930/1998 ya que la disminución, en la deuda tributaria, que se deriva de los datos ocultados, excede del 75%. Dicho precepto contempla como criterio de graduación la ocultación a la Administración, mediante la falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones incompletas o inexactas, de los datos necesarios para la determinación de la deuda tributaria, derivándose de ello una disminución de ésta. Es evidente que en el caso que nos ocupa se ha producido tal circunstancia, por ello, no cabe sino reconocer que tal criterio ha sido correctamente aplicado al caso, debiendo pues confirmar la sanción recurrida.

SEPTIMO: No obstante lo anterior debe tenerse en cuenta que la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, ha venido a establecer una importante reforma del régimen sancionador en materia tributaria, tanto en lo que afecta a la cuantía de las sanciones como a sus criterios de graduación, respecto al configurado en la normativa anterior, en la que se baso el acto sancionador de que se trata. Así, la Disposición Transitoria 4ª establece: "Esta ley será de aplicación a las infracciones tributarias cometidas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte mas favorable para el sujeto infractor y la sanción impuesta no haya adquirido firmeza. 2. La revisión de las sanciones no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizara por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos, previa audiencia del interesado."; Que, el artículo 191 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, establece: 1. Constituye infracción tributaria dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo, salvo que se regularice con arreglo al artículo 27 o proceda la aplicación del párrafo b) del apartado 1 del artículo 161, ambos de esta ley. También constituye infracción tributaria la falta de ingreso total o parcial de la deuda tributaria de los socios, herederos, comuneros o partícipes derivada de las cantidades no atribuidas o atribuidas incorrectamente por las entidades en régimen de atribución de rentas. La infracción tributaria prevista en este artículo será leve, grave o muy grave de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes ............ 1.. 3. La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros v exista ocultación ........... La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley".

De acuerdo y en aplicación de los preceptos expuestos y a la vista de los antecedentes de hecho que en su día se tuvieron en cuenta por la Inspección para aplicar y graduar la sanción en el expediente, la sanción que con arreglo a la nueva normativa corresponde, a juicio de este Tribunal, no resulta de aplicación retroactiva la normativa sancionadora contenida en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre por no ser más favorable que la contenida en la Ley 25/1995 de 20 de julio por lo que procede confirmar la calificación del expediente y la sanción impuesta del 75%.

        POR LO EXPUESTO

        EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA,
conociendo el recurso de alzada interpuesto por D. ..., y otros, contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... de fecha 25 de marzo de 2004, recaída en el expediente nº ..., por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los ejercicios  de 1996-1997-1998, y sanción, ACUERDA: desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución impugnada.

Indefensión
Actividad inspectora
Caducidad
Obligado tributario
Cuenta corriente
Dilaciones imputables al obligado tributario
Inspección tributaria
Fecha de notificación
Liquidación provisional del impuesto
Infracciones tributarias
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Ocultación
Infracción tributaria grave
Actividades económicas
Actividades empresariales
Rendimientos netos
Actividad forestal
Intereses de demora
Expediente sancionador
Liquidaciones tributarias
Audiencia del interesado
Buena fe
Impuesto sobre el Valor Añadido
Desviación de poder
Pesca
Deuda tributaria
Cuentas bancarias
Inversiones
Días naturales
Acta de inspección
Acta de disconformidad
Cuestiones de fondo
Estimación directa
Censo
Actividad agrícola
Documentos aportados
Responsabilidad objetiva
Principio de responsabilidad
Principios constitucionales
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