Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2651/2005 de 31 de Mayo de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 31 de Mayo de 2007
  • Núm. Resolución: 00/2651/2005

Resumen

No resulta aplicable el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores del Capítulo VIII del Título VIII de la LIS (Ley 43/1995) a la operación de fusión por absorción de una sociedad con traspaso a favor de la absorbente de todo su patrimonio social, que queda extinguida sin necesidad de liquidación, ya que no se aprecia la existencia de un motivo económico válido, dada la inactividad de la sociedad absorbida, en la que más del 95% del total del activo correspondía a los terrenos, así como que dichos terrenos no se afectaron a ninguna actividad económica de la entidad y permanecieron inactivos en el patrimonio desde la fusión hasta que se procedió a su venta.

Descripción

         En la Villa de Madrid, a 31 de mayo de 2007, en reclamación económico-administrativa que, en única instancia (recurso per saltum), pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por la entidad X, S.A. (N.I.F.: ...), como sucesora de Y, S.A. (N.I.F.: ...), y en su nombre y representación D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el Acuerdo de liquidación dictado por el Inspector Regional Adjunto de la Delegación Especial de ... de la AEAT correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del periodo 2000 y de cuantía de 643.989,27 €.

                                                         ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 18 de enero de 2005, la Inspección formalizó acta de disconformidad A02 nº ... por el Impuesto sobre Sociedades y periodo 2000, en la cual se hacía constar, en síntesis: 1º) La fecha de inicio de las actuaciones fue el día ... A los efectos del plazo máximo de duración de las actuaciones establecido en el artículo 150.1 de la Ley 58/2003, del total tiempo transcurrido hasta la fecha del acta no se deben computar 64 días. 2º) Mediante escritura pública, de ..., Y, S.A. fue absorbida por Z, S.A. sociedad que con fecha 20/07/2001 modificó su denominación social por la actual de X, S.A.

En la escritura de fusión se manifestó la voluntad de acogerse al régimen fiscal especial de fusiones previsto en el Capitulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades. A efectos contables, todas las operaciones realizadas por Y, S.A. a partir del 23/02/2000, se entendían realizadas por la sociedad absorbente. Con fecha, 28/02/2000 se comunicó a la Administración tributaria la opción del obligado tributario de acogerse al citado régimen fiscal especial. Con anterioridad a la fusión, Y, S.A. era propietaria de 2 terrenos en ...; uno urbano valorado en su contabilidad por 180.291.293 pesetas (1.083.572,49 €) y otro rústico, contabilizado por 2.702.760 pesetas (16.243,91 €). En fecha 10/10/2000, la sociedad absorbente vendió las dos fincas anteriores, junto con otra de su propiedad. A 31/12/1999, Y, S.A. disponía de unas bases imponibles negativas pendientes de compensar de 24.361.639 pesetas (146.416,40 €), en tanto que la sociedad absorbente disponía también de bases imponibles negativas en idéntica circunstancia por 792.983.074 pesetas (4.765.924,26 €). La operación de fusión por absorción se realizó con fines exclusivos de fraude o evasión fiscal. La verdadera motivación de la operación de fusión fue eludir la tributación de la plusvalía que se pudiera poner de manifiesto con ocasión de la posterior transmisión de los terrenos propiedad de Y, S.A. al poder utilizar las bases imponibles negativas de Z, S.A., muy superiores a las de Y, S.A. y, en consecuencia, eliminar la tributación en sede de la absorbida. Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 110.2 de la Ley 43/1995 se pierde el derecho al régimen fiscal especial, debiendo la Administración regularizar en sede de la disuelta aplicando el artículo 15 de la Ley 43/1995. Se corrige la plusvalía por la corrección monetaria regulada en el artículo 15.11 de la Ley 43/1995 y se compensan las bases imponibles negativas que estaban pendientes de compensar. 3º) A efectos sancionadores, se entiende que la conducta del contribuyente se basó en una interpretación razonable de la norma. 4º) La deuda a ingresar asciende a 787.155,83 €.

SEGUNDO.- Se acompaña a dicha acta el preceptivo informe ampliatorio en el cual se desarrolla más minuciosamente el contenido de la misma, haciéndose constar, entre otras consideraciones: El capital social de Y, S.A. a 17/11/1999, era de 130.015.000 ptas. (781.405,89 €) dividido en 26.003 acciones de 5000 ptas. de valor nominal cada una, siendo su único accionista W, NV.

El 18/11/1999, Z, S.A. realizó una ampliación de capital de 380.000.000 ptas. (2.283.846,00) por medio de la puesta en circulación de 38.000 acciones de 10.000 ptas. de valor nominal cada una, que fueron suscritas en su totalidad por W, NV mediante la aportación de las 26.003 acciones que representaban la totalidad del capital social de Y, S.A. De esta manera, Z, S.A. se convirtió en accionista único de Y, S.A. Del balance de esta sociedad a 31/12/1998 se desprende que estaba en una situación de desequilibrio patrimonial, ya que sus fondos propios totalizaban 225.330.998 ptas. (1.354.266,57 €) y su capital social era de 494.520.000 ptas. (2.972.125,06 €)

Mediante escritura pública, de 23/02/2000, Y, S.A. fue absorbida por Z, S.A. que, como se ha dicho en el punto anterior, se había convertido en accionista único de la entidad absorbida.

En 1999, Y, S.A. era propietaria de 2 terrenos, que constituían algo más del 95 por ciento del total del activo, sin que se ejerciera ninguna explotación económica ni dispusiera de empleados. La última declaración presentada por Y, S.A. por el Impuesto sobre Sociedades fue la del ejercicio 1998.

No habiendo transcurrido 8 meses desde la operación de fusión, la absorbente Z, S.A. vendió las 2 fincas anteriores junto con otra de su propiedad. En la declaración correspondiente al periodo 2000, dicha entidad compensó en su totalidad la base imponible previa positiva no resultando cuota a ingresar.

TERCERO.- En fecha 27 de mayo de 2005 se dictó por el Inspector Regional Adjunto de la Delegación Especial de ... de la AEAT Acuerdo de liquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del periodo 2000 a X, S.A. como sucesora de Y, S.A. dicho Acuerdo rectifica a la baja el valor de mercado de las fincas, resultando una deuda a ingresar de 643.989,27 €.

La notificación al interesado se produjo en fecha 30 de mayo de 2005.

CUARTO.- Contra dicho Acuerdo, la entidad recurrente ha interpuesto en fecha 23 de junio de 2005 reclamación económico-administrativa, ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, alegando en síntesis: 1º) Es de aplicación el Régimen Especial previsto en el Capítulo VIII del título VIII de la Ley 43/1995. Inexistencia de fraude o evasión fiscal. La entidad Z, S.A. amplió capital para evitar su disolución por desequilibrio patrimonial, convirtiéndose en el socio único de Y, S.A. Lo lógico era proceder a la fusión para solventar dicho desequilibrio, y ahorrar costes innecesarios, ya que Y, S.A. no tenía actividad económica y su continuidad suponía el cumplimiento de ciertas obligaciones de gestión, contables y fiscales. También otra causa de la fusión fue la venta de los terrenos adquiridos junto con los ya existentes al estar situados en el Polígono Industrial ... Y, S.A. no presentó declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2000. 2º) Resulta de aplicación la redacción original del artículo 110.2 de la Ley 43/1995, ya que la fusión se realizó en el año 2000, cuando no estaba en vigor la Ley 14/2000 y es improcedente el análisis sobre la existencia de motivos económicos válidos en la operación. No obstante, en esta operación, sí existen motivos económicos válidos. La consulta de la DGT nº 106/2004 señala que evitar los gastos improductivos de una sociedad inactiva es por sí sólo un motivo económico válido. Si bien puede considerarse que los terrenos propiedad de Y, S.A. adquiridos con la fusión no contribuyen directamente a la fabricación de ..., la adquisición de dichos terrenos fue determinante para que Z, S.A. pudiera vender los terrenos de su propiedad, situados en el mismo Polígono Industrial y que habían sido adquiridos nueve años antes, venta realizada de forma conjunta y a un mismo vendedor con posterioridad a la fusión, momento a partir del cual Z, S.A. tuvo la propiedad de todos los terrenos. 3º) No existe fraude o evasión fiscal. La falta de tributación de la operación es consecuencia derivada de la operación realizada, no siendo la falta de tributación la única finalidad o la finalidad principal de realización de la fusión. La existencia de un ahorro fiscal en modo alguno puede ser determinante de fraude o evasión fiscal. 4º) La Administración tiene que probar la ausencia de motivos económicos válidos y se ha basado en una presunción. Por fraude o evasión fiscal, la doctrina entiende las conductas por las que se oculta la Hacienda Pública la realización de hechos imponibles, bien mediante una violación frontal y directa de la norma a través de actuaciones, con cierta apariencia de cumplimiento de la norma, que, sin embargo, tratan de engañar y ocultar a la Administración tributaria la realización del hecho imponible. Prueba de que no ha existido fraude o evasión fiscal es el hecho de que la Inspección señala la inexistencia del elemento subjetivo de la infracción tributaria.

QUINTO.- En fecha 27 de mayo de 2005 se dictó por el Inspector Regional Adjunto de la Delegación Especial de ... de la AEAT Acuerdo de liquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del periodo 2000 a X, S.A. (N.I.F.: ...). En dicho Acuerdo, la Inspección realizó un ajuste negativo de 278.544.048 pesetas (1.674.083,44 €) a la base declarada de 131.863.030 pesetas (792.512,77 €), resultando una base imponible comprobada de -146.681.018 pesetas (-881.570,67 €) como consecuencia del acuerdo de liquidación mencionado en el Antecedente de Hecho Tercero de la presente Resolución de este Tribunal. La notificación al interesado se produjo en fecha 30 de mayo de 2005. La entidad presentó reclamación económico-administrativa ante el TEAR de ...

                                                           FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.- Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en única instancia de la presente reclamación económica-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo la cuestión a resolver, en esencia, si se ajusta a Derecho el acuerdo de liquidación impugnado.

SEGUNDO.- El interesado alega que es de aplicación el citado Régimen Especial de Fusiones.

        La Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades (IS), dedica el Capítulo VIII del Título VIII a la regulación del Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores. Esta norma derogó la Ley 29/1991 que incorporó al ordenamiento jurídico español las normas comunitarias que sobre esta materia se contenían en la Directiva 90/434/CEE , de 23 de julio de 1990 del Consejo.

        La regulación de este Régimen comienza con la definición en el artículo 97 de la Ley 43/1995 de las operaciones que pueden originar su aplicación, así el apartado primero de este precepto afirma:

        Tendrá la consideración de fusión la operación por la cual: a) Una o varias entidades transmiten en bloque a otra entidad ya existente, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, sus respectivos patrimonios sociales, mediante la atribución a sus socios de valores representativos del capital social de la otra entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad, b) Dos o más entidades transmiten en bloque a otra nueva, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, la totalidad de sus patrimonios sociales, mediante la atribución a sus socios de valores representativos del capital social de la nueva entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por 100 del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad. c) Una entidad transmite, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, el conjunto de su patrimonio social a la entidad que es titular de la totalidad de los valores representativos de su capital social.

        El artículo 110.2 de la Ley 43/1995 señala: "Cuando como consecuencia de la comprobación administrativa de las operaciones a que se refiere el artículo 97 de esta ley, se probara que las mismas se realizaron principalmente con fines de fraude o evasión fiscal, se perderá el derecho al régimen establecido en el presente Capítulo y se procederá por la Administración Tributaria a la regularización de la situación tributaria de los sujetos pasivos".

        El artículo 110.2 de la Ley 43/1995, ha sido interpretado, respecto de la redacción contenida en el artículo 11 de la Directiva 90/434, según Sentencia de 17 de julio de 1997 del TJCE, en el sentido de que, para comprobar si la operación contemplada tiene como objetivo principal, o como uno de sus principales objetivos, el fraude o la evasión fiscal, las autoridades nacionales competentes deben proceder, en cada caso, a un examen global de dicha operación. Tal examen debe ser susceptible de control jurisdiccional. Conforme a la letra a) del apartado 1 del artículo 11 de la Directiva, los Estados miembros pueden establecer que el hecho de que la operación contemplada no se haya efectuado por motivos válidos constituye una presunción de fraude o de evasión fiscal. A ellos les corresponde determinar los procedimientos internos necesarios para tal fin, respetando el principio de proporcionalidad (...) c) El concepto de motivo económico válido con arreglo al artículo 11 de la Directiva 90/434 debe interpretarse en el sentido de que es más amplio que la búsqueda de una ventaja puramente fiscal, como la compensación horizontal de pérdidas. La ley 14/2000, modificó para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2001, la redacción del artículo 110.2, plasmando en el mismo la mención a la existencia de motivos económicos válidos como un elemento que determina la aplicación del Régimen especial. Ahora bien, ello no impide, dada la escueta redacción inicial del artículo 110.2, acudir como criterio de interpretación al texto contenido en la sentencia mencionada.

Es preciso analizar y examinar el conjunto de la operación para concluir sobre si es aplicable o no el Régimen Especial de Fusiones, dada la redacción del artículo 110.2 de la Ley 43/1995.

        En este caso, la entidad Z, S.A. (la entidad recurrente, ya que en la diligencia de fecha 28 de junio de 2004 se señala que "Z, S.A. cambió su denominación por la actual de X, S.A. en fecha 20 de julio de 2001") en el año 2000, según escritura de 23 de febrero de 2000, realiza la fusión por absorción de la sociedad Y, S.A. con traspaso a favor de la absorbente de todo su patrimonio social, que queda extinguida sin necesidad de liquidación, derivado del balance de fusión cerrado a 21 de diciembre de 1999, que fue aprobado por la Junta General Universal de la entidad recurrente. En el activo de este balance se refleja como Inmovilizaciones Materiales un importe de 182.994.053 pesetas, siendo la cifra total del activo de 192.169.586 pesetas.

No es un hecho objeto de discusión en el presente caso que la entidad Y, S.A. era propietaria de 2 terrenos, que constituían algo más del 95,22 % (182.994.053 / 192.169.586 ) del total del activo, sin que ejerciera ninguna explotación económica alguna, sin estar dada de alta en el IAE ni dispusiera de empleados. La última declaración presentada por Y, S.A. por el Impuesto sobre Sociedades fue la del ejercicio 1998. La propia entidad recurrente ha alegado en la presente reclamación que: "Y, S.A. no tenía actividad económica".

        La inactividad de Y, S.A. condiciona la posibilidad de apreciar la existencia de un motivo económico válido para justificar la aplicación del citado Régimen Especial de Fusiones, especialmente teniendo en cuenta que los terrenos aportados no se afectaron a ninguna actividad económica de la entidad recurrente y que permanecieron inactivos en el patrimonio de esta última entidad desde la fusión hasta que se procedió a su venta en fecha 10 de octubre de 2000, es decir a los 7 meses y 27 días de dicha fusión.  

        La argumentación del interesado, en el sentido de entender que el motivo económico válido fue el ahorro de costes, no es compartida por este Tribunal Central ya que los citados costes deben ser insignificantes al no tener actividad alguna la entidad Y, S.A. y, además, para la eliminación de los citados costes la entidad Y, S.A. podía haber procedido directamente a su disolución y liquidación sin tener que integrar su patrimonio en la entidad recurrente mediante una fusión. Lo indiscutible es que dicho hecho no supone un motivo económico con entidad suficiente como para justificar la citada fusión desde el punto de vista mercantil, especialmente teniendo en cuenta que los terrenos aportados en la fusión por Y, S.A. no se afectaron a actividad económica alguna de la entidad recurrente. De hecho, la propia entidad ha manifestado en el presente reclamación que : "(...) Si bien puede considerarse que los terrenos propiedad de Y, S.A. adquiridos con la fusión no contribuyen directamente a la fabricación de ... (...)".

El interesado también alega que otro motivo económico válido de la fusión fue la adquisición de dichos terrenos para que Z, S.A. pudiera vender los terrenos de su propiedad, situados en el mismo Polígono Industrial. Este Tribunal no comparte la apreciación del interesado ya que no existía ningún impedimento para que los citados terrenos fueran vendidos por Y, S.A. a la misma entidad que adquirió todos los terrenos a la entidad recurrente. Además, tampoco la entidad recurrente necesitaba realizar la citada fusión ya que podría perfectamente haber adquirido los terrenos directamente a la entidad Y, S.A. y, de esta forma, evitarse el proceso más complejo que supone una fusión.

El interesado también alega que otro motivo económico válido fue el solventar el desequilibrio patrimonial en que se encontraba la entidad Z, S.A. que amplió capital para evitar su disolución, convirtiéndose en el socio único de Y, S.A. Este Tribunal no comparte la alegación del interesado ya que el hecho de que la entidad recurrente ampliara capital para evitar su disolución desde el punto de vista mercantil es totalmente independiente de que se decida o no posteriormente realizar una fusión. Por tanto, el citado desequilibrio patrimonial sólo obligaría en su caso a una ampliación de capital para equilibrar el patrimonio neto de la entidad pero en ningún caso a realizar una fusión después de dicha ampliación de capital y cuando ya estaba equilibrada la situación patrimonial de la entidad, especialmente en este caso en el cual el tiempo transcurrido entre dicha ampliación de capital y la fusión fue de tan sólo 3 meses y 5 días.

Este Tribunal considera que el verdadero motivo de la realización de la fusión fue la consecución de una menor carga tributaria en virtud de los siguientes argumentos: 1º) Antes de realizar la ampliación de su capital la entidad Z, S.A. las entidad Y, S.A. y la entidad recurrente son vinculadas en aplicación del artículo 16 de la Ley 43/1995, ya que la entidad W, NV es el accionista único de dichas entidades, que está vinculada con Z, S.A. y Y, S.A. 2º) Después de realizada la ampliación de capital de Z, S.A., esta entidad se convirtió en el accionista único de la entidad Y, S.A. y la entidad W, NV continuó siendo accionista único de la entidad Z, S.A. permaneciendo la citada vinculación entre las tres entidades. 3º) Al realizarse la fusión, los terrenos de la entidad Y, S.A. integraron en el patrimonio de la entidad recurrente, los cuales permanecieron inactivos en el patrimonio de esta última entidad desde la fusión hasta que se procedió a su venta en fecha 10 de octubre de 2000, es decir a los 7 meses y 27 días de dicha fusión. Después de la fusión y en el momento de la venta de los terrenos continuaba la vinculación entre la entidad recurrente y la entidad W, NV 4º) La entidad recurrente se acogió al Régimen especial de Fusiones. La entidad Y, S.A. no presentó declaración del Impuesto sobre Sociedades del periodo 2000 y la entidad recurrente no ingresó cuota alguna en la declaración del Impuesto sobre Sociedades del periodo 2000 por la plusvalía de los citados terrenos al transmitirlos debido a la compensación de bases imponibles negativas. 5º) De lo expuesto con anterioridad, se desprende que la fusión se realizó para aplicar el citado Régimen Especial y, de esta forma, no tributar la renta producida en sede de la entidad Y, S.A. por aplicación del artículo 15 de la Ley 43/1995 (cuyas bases imponibles negativas pendientes de compensar eran de 24.361.639 pesetas (146.416,40 €)), e integrar la renta en sede de la entidad recurrente ya que, debido a la existencia de bases imponibles negativas pendientes de compensar de 792.983.074 pesetas (4.765.924,26 €) no tributaría por cuota tributaria alguna. 6º) Para la venta de los citados terrenos, la entidad recurrente no necesitaba realizar la citada fusión ya que podría perfectamente haber adquirido los terrenos directamente a la entidad Y, S.A. o incluso, mucho más sencillo, haberse puesto de acuerdo ambas entidades para vender los terrenos al mismo comprador y, de esta forma, evitarse el proceso más complejo que supone una fusión, resultando llamativo el escaso tiempo transcurrido entre cada operación realizada, no apreciándose verdaderos motivos económicos y empresariales de la citada fusión. 7º) La propia entidad ha manifestado en la presente reclamación que: "(...) La falta de tributación de la operación es consecuencia derivada de la operación realizada, no siendo la falta de tributación la única finalidad o la finalidad principal de realización de la fusión. (...)" (página 17 de las alegaciones del interesado).

La Resolución de este Tribunal Central de fecha 4 de febrero de 2005 (RG: 318/2001) en un caso similar, ya señaló: "(...) El análisis de las circunstancias expuestas anteriormente, pone de manifiesto que en la controvertida operación de fusión no existe un motivo económico válido que justifique la misma, sino meramente fiscal: la posibilidad de compensar como consecuencia de la fusión la base imponible negativa de la sociedad absorbente. (...)".

La entidad alega que la Administración tiene que probar la ausencia de motivos económicos válidos y se ha basado en una presunción.

Del expediente de gestión, se desprende que la Inspección realizó la comprobación necesaria para probar que, en este caso, no existían motivos económicos válidos para realizar la fusión y que ésta se realizó con el fin de no tributar por la revalorización de los terrenos. Este Tribunal considera que la Inspección probó suficientemente sus conclusiones, sin que en ningún momento se haya causado indefensión al interesado ni un traslado de la carga de la prueba, ni éste haya probado lo contrario.

El interesado alega que el hecho de no imponer sanción es suficiente para entender que no existió fraude o evasión fiscal.

Este Tribunal no comparte esta alegación ya que el acto de imposición de una sanción requiere la concurrencia de una serie de circunstancias que concluyan con la existencia de dolo o culpa ya que el artículo 183 de la Ley 58/2003 establece: "Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley".

En este caso, la Inspección dictó Acuerdo de liquidación al considerar no aplicable el Régimen Especial de Fusiones, pero este hecho no supone, por sí sólo, que tenga que imponerse sanción tributaria por la conducta.

El hecho de que la Inspección concluyera que la operación de fusión se realizó con una finalidad únicamente de elusión fiscal es debido a todo lo expuesto a lo largo de la presenta Resolución y, como ya se ha expuesto, la imposición de sanción requiere una acción u omisión de la entidad que vaya más allá de que una serie de operaciones se hayan realizado sin motivo económico válido.

El interesado alega la existencia de la consulta de la Dirección General de Tributos con número 106/2004. En relación a dicha consulta, es preciso señalar que no es de aplicación a este caso ya que los hechos descritos no son los mismos que los ya descritos en el presente expediente. De hecho, la contestación de dicha consulta especifica que: "(...) No obstante, la presente contestación se realiza conforme a la información proporcionada por la consultante, sin tener en cuenta otras circunstancias no mencionadas y que pudieran tener relevancia en la determinación del propósito principal de la operación proyectada, de tal modo que podrían alterar el juicio de la misma, lo que podrá ser objeto de comprobación administrativa a la vista de la totalidad de las circunstancias previas, simultáneas y posteriores concurrentes en la operación realizada. (...)" Además, la citada contestación no vincula a este Tribunal Central en virtud del artículo 89 de la Ley 58/2003.

En virtud de todo lo expuesto con anterioridad, este Tribunal Central considera probado que la operación de fusión se realizó principalmente con fines de fraude o evasión fiscal y sin motivos económicos válidos, por tanto, no resulta aplicable el Régimen Especial de Fusiones regulado en el Capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades.

POR LO EXPUESTO,

        EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el recurso de alzada interpuesto por la entidad X, S.A. N.I.F.:  ...), como sucesora de Y, S.A. (N.I.F.: ...), y en su nombre y representación D. ..., contra el Acuerdo de liquidación dictado por el Inspector Regional Adjunto de la Delegación Especial de ... de la AEAT correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del periodo 2000 y de cuantía de 643.989,27 €, ACUERDA: 1º) Desestimar  la reclamación interpuesta. 2º) Confirmar el citado Acuerdo de liquidación.


Impuesto sobre sociedades
Evasión fiscal
Fraude
Valor nominal
Accionista
Sociedad absorbente
Capital social
Base imponible negativa
Actividades económicas
Fusión por absorción
Desequilibrio económico
Plusvalías
Sucesor
Patrimonio social
Escritura pública
Aumento de capital
Aportaciones de activos
Canje de valores
Traspaso
Base imponible negativa pendiente
Explotación económica
Sociedad absorbida
Declaración Impuesto de Sociedades
Acta de disconformidad
Valores representativos del capital social
Único socio
Obligado tributario
Denominación social
Voluntad
Fondos propios
Valor de mercado
Infracciones tributarias
Violación
Período impositivo
Impuesto sobre Actividades Económicas
Patrimonio neto
Compensación de bases imponibles negativas
Cuota tributaria
Carga de la prueba
Indefensión
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