Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2696/2002 de 24 de Septiembre de 2003

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 24 de Septiembre de 2003
  • Núm. Resolución: 00/2696/2002

Resumen

Prevalece el valor contemplado en las tablas de valoración aprobadas por el Ministerio de Economía y Hacienda frente al declarado a efectos del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte por el contribuyente teniendo en cuenta los precios fijados en contratos privados de compraventa, al no acreditar éstos la realidad del valor frente a la Administración y no aportarse ninguna otra prueba.

Descripción

         En la Villa de Madrid, a 24 de septiembre de 2003 en la reclamación económico administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en SALA, interpuesta por D. ..., en nombre y representación de la empresa ..., S. L., que declara como domicilio, a efectos de notificaciones, en ..., contra el acuerdo de liquidación del Área Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 20 de mayo de 2002, número de referencia ..., por el concepto Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, e importe de 228.966,27 euros.

                                   ANTECEDENTES DE HECHO

          PRIMERO.-
Con fecha 4 de abril de 2002, la Inspección de Hacienda del Estado del área de Aduanas e Impuestos Especiales, de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, levantó acta de disconformidad, A02, nº 70540532, por el concepto Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte referida a los ejercicios 1998 y 1999. La razón del acta es que la citada empresa matriculó con carácter definitivo en España diversos vehículos y en todos los casos, el valor consignado por el sujeto pasivo en las declaraciones presentadas es muy inferior al que resulta de aplicar los precios establecidos en las tablas de valoración de medios de transporte usados, aprobadas por el Ministro de Economía y Hacienda a efectos de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, vigentes en la fecha del devengo del Impuesto, una vez aplicados los oportunos porcentajes de depreciación en función de la antigüedad de cada vehículo. Por lo que se proponía practicar una liquidación del citado impuesto incrementando la base del impuesto por las diferencias entre lo declarado y los valores resultantes de la aplicación de las citadas tablas, resultando una deuda tributaria de 176.789,05 €, donde le corresponde una cuota de 141.793,37 €, y unos intereses de demora de 34.995,68 €.

         SEGUNDO.- En 18 de abril de 2002, la empresa interesada presentó escrito de alegaciones al acta, exponiendo que el valor de tablas no es representativo del verdadero valor de mercado de los vehículos objeto del acta; que la utilización de dichas tablas es una facultad que otorga la Ley al sujeto pasivo y nunca a la Administración, no constituyendo un medio de comprobación avalando este criterio las resoluciones de la Dirección General de Tributos de 27/10/97 y de 24/09/98; que la circunstancia de que una Orden Ministerial admita la aplicación de valores a efectos de un impuesto, puede constituir una vulneración del principio de legalidad. En 20 de mayo de 2002, la Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales, dictó acuerdo de liquidación mediante el cual se incrementaba la liquidación propuesta en el acta con la cuota y los intereses de demora correspondientes, derivado de la regularización de los vehículos matriculados desde el 26/06/97 hasta el 30/12/97, que figuran en la Diligencia de 21/01/02 y que no fueron regularizados en el Acta de disconformidad, por considerar admisible la alegación de la interesada de que la Resolución de 27/10/97 de la Dirección General de Tributos impide utilizar las tablas anteriores a las aprobadas por Orden Ministerial de 16/12/97, resultando una deuda tributaria de 228.966,27 €, donde le corresponde una cuota de 182.068,49 €, y unos intereses de demora de 46.897,78 €. La citada resolución se comunicó a la empresa interesada en 24 de mayo de 2002.

         TERCERO.- No conforme con la resolución anterior, la empresa interesada, presentó recurso económico-administrativo ante este Tribunal Económico Administrativo Central, en 10 de junio de 2002, insistiendo en sus alegaciones.

                                            FUNDAMENTOS DE DERECHO


          PRIMERO.- Concurren los requisitos respecto a competencia, legitimación y formulación en plazo, exigidos por el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas aprobado por Real Decreto 391/96 de 1 de marzo, que son presupuesto para la admisión a trámite del presente recurso, en el que la cuestión que se plantea es si el acuerdo de liquidación del Área Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 20 de mayo de 2002, número de referencia ..., Acta A02/70540532, por el concepto Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, resulta conforme a Derecho.

          SEGUNDO.- La cuestión planteada se concreta en determinar si la valoración practicada por la Administración para determinar la base imponible se ajusta a lo previsto en la legislación vigente.

          TERCERO.- A este respecto, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales establece en su artículo 65, apartado 1, letra  a) que estará sujeta al impuesto la primera matriculación definitiva en España de vehículos automóviles nuevos o usados, accionados a motor para circular por vías y terrenos públicos y en su artículo 69.b), que en los medios de transporte usados, la base imponible estará constituida por su valor de mercado en la fecha de devengo del impuesto y que los sujetos pasivos podrán utilizar, para determinar el valor de mercado, las tablas de valoración de medios de transporte usados aprobadas por el Ministro de Economía y Hacienda, a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que estuviesen vigentes en la fecha del devengo del impuesto y que la tasación pericial contradictoria a que se refiere la Ley General Tributaria no será de aplicación cuando se haga uso de lo previsto en el párrafo anterior.

        CUARTO.- Por otro lado, el artículo 52 de la Ley General Tributaria en su redacción dada por Ley 25/1995, de 20 de julio se indica: "1. El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible podrá comprobarse por la Administración Tributaria con arreglo a los siguientes medios: a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la Ley de cada tributo señale o estimación por los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. b) Precios medios en el mercado. c) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros. d) Dictamen de peritos de la Administración. e) Tasación pericial contradictoria. f) Cualesquiera otros medios que específicamente se determinen en la Ley de cada tributo". Por último, en las Ordenes Ministeriales que aprueban las tablas de valoración previstas en el citado artículo 69.b), desde la de 16 de diciembre de 1997, disponen que los precios medios de venta que se aprueban, serán utilizables como medios de comprobación a los efectos del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte.

        QUINTO.- En el caso que nos ocupa, el sujeto pasivo presentó unas declaraciones para la autoliquidación del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte basadas en las facturas de compraventa como demostrativas de los precios de mercado, muy distintos de los valores que se deducen de las tablas de valoración de medios de transporte usados aprobadas por el Ministro de Economía y Hacienda, a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, vigentes en la fecha del devengo del impuesto, contempladas en el apartado b del artículo 69 de la Ley de Impuestos Especiales. Habida cuenta que los precios fijados en los contratos privados de compraventa no acreditan la realidad del valor frente a terceros como la Administración, que el contribuyente no ha presentado ninguna prueba documental del valor de los vehículos en el momento del devengo y que la normativa prevé el uso de las tablas citadas en la valoración de los vehículos para determinar la base del impuesto que nos ocupa, se considera correcta la valoración practicada en la liquidación impugnada.

         Por lo expuesto,

         EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución del recurso interpuesto por ..., S. L. , contra el acuerdo de liquidación del Área Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 20 de mayo de 2002, número de referencia ..., Acta A02/70540532, por el concepto Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, ACUERDA: Desestimar la presente reclamación y confirmar la resolución reclamada en todos sus extremos.

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Autoliquidaciones tributarias
Prueba documental
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