Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2841/2005 de 07 de Noviembre de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 07 de Noviembre de 2006
  • Núm. Resolución: 00/2841/2005

Resumen

Contra la providencia de apremio se alega la suspensión con fundamento en el artículo 111 de la Ley 30/1992, (redacción dada por la Ley 4/1999), que establece que la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no haya dictado resolución expresa al respecto. Sin embargo, la Ley 30/1992 no es de aplicación al recurso de reposición previo a la reclamación económico-administrativa regulado en el Real Decreto 2244/1979, como establece la Disposición Adicional Quinta de la citada Ley 30/1992. Por ello, al no haber aportado garantía bastante al interponer el recurso de reposición, no cabe aceptar la suspensión cautelar de la liquidación originaria. No concurre ninguno de los motivos de oposición al apremio previstos en el artículo 138.1 de la LGT (Ley 230/1963 redacción dada por la Ley 25/1995).

Descripción

          En la Villa de Madrid, a 7 de noviembre de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en recurso de alzada, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por ..., S.A., y en su nombre y representación por D. ... con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 29 de abril de 2005, recaído en la reclamación nº ..., en asunto relativo a providencia de apremio, por importe de 270.888,62 €.

                                                       ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: Con fecha 8 de mayo de 2003, le fue notificada a la interesada la providencia de apremio, con la clave de liquidación ..., emitida por la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ..., en concepto de Impuesto de Sociedades Acta de los ejercicios 1999 y 2000, por importe incluido recargo de apremio de 270.888,62 €.

        SEGUNDO: Frente a la citada providencia de apremio, la interesada interpone reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Regional de ... alegando la suspensión cautelar de la liquidación toda vez que la providencia de apremio se emitió antes de que se resolviera la solicitud de suspensión instada al interponer recurso de reposición  contra la liquidación originaria, solicitud que la interesada fundamentó en el artículo 111 de la Ley 30/1992, y que fue rechazada expresamente el 4 de junio de 2003, con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio impugnada.

        TERCERO: Con fecha 29 de abril de 2005, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... dictó resolución desestimando la reclamación y confirmando la providencia de apremio impugnada y contra esta resolución notificada el 13 de junio de 2005, la interesada interpone el presente recurso de alzada el 12 de julio de dicho año, manifestando lo mismo que hiciera en su reclamación económico-administrativa en primera instancia, así como la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, la ejecutividad de los actos administrativos, el artículo 111 de la Ley 30/1992, que establece que si la Administración no resuelve en plazo se entiende concedida la suspensión, y las medidas cautelares que se adoptan en el seno de la jurisdicción contencioso-administrativa.

                                                      FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO: Concurren los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite del presente recurso de alzada.

        SEGUNDO: El artículo 138.1 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de Julio, establece que "Contra la procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: a) Pago o extinción de la deuda; b) Prescripción; c) Aplazamiento; d) Falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma". Por su parte el artículo 99.1 del Reglamento General de Recaudación de 20 de diciembre de 1990 dispone que cabrá impugnación del procedimiento de apremio por los siguientes motivos: a) Prescripción; b) Anulación, suspensión, o falta de notificación reglamentaria de la liquidación; c) Pago o aplazamiento en período voluntario; y d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución. Se entiende por defecto formal la omisión o error en los datos que impidan la identificación del deudor o de la deuda apremiada, la falta o error sustancial de la liquidación del recargo de apremio y la falta de indicación de haber finalizado el período voluntario".

        TERCERO: El artículo 11 del Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, por el que se reglamenta el recurso de reposición previo al económico-administrativo, establece: "1. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes.....2. No obstante, podrá suspenderse la ejecución del acto impugnado mientras dure la sustanciación del recurso, aplicando lo establecido en el Capítulo VI del Título IV del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por el Real Decreto 1.999/1981, de 20 de agosto.........". Según ha señalado este Tribunal Económico-Administrativo Central, entre otra resolución la de 24 de octubre de 1998, "la remisión efectuada por el artículo 11 del Real Decreto 2.244/1979 al Capítulo VI, Título IV del Reglamento de Procedimiento,...ha de concretarse en el nuevo marco normativo exclusivamente en el artículo 75, dado que el artículo 11 del Real Decreto 2.244/1979 se remitía concretamente a un Reglamento, el Reglamento de Procedimiento de 1981 y a la regulación en él contenida en materia de suspensión, que como ya se ha señalado, contemplaba únicamente la suspensión con alguna de las garantías en él recogidas, suspensión que hoy regula el artículo 75 del vigente Reglamento, sin que se hallara en el espíritu del Reglamento de Procedimiento de 1996 la ampliación en el ámbito del recurso de reposición de los tipos de garantías susceptibles de generar la suspensión, es decir, la aplicación del artículo 76 al recurso de reposición,...Asimismo, la inaplicación del artículo 76 del Reglamento de 1996 al recurso de reposición encuentra respaldo en el hecho de que si la remisión comprendiera el artículo 76, ello supondría otorgar a los órganos de gestión competentes para la resolución del recurso de reposición, competencia para resolver sobre dicha suspensión, competencia que carece de respaldo legal ya que no se encuentra contemplada en el Reglamento de Procedimiento, el cual regula la suspensión del artículo 76 únicamente en el marco de las reclamaciones económico-administrativas atribuyendo la competencia para resolver sobre dicha suspensión exclusivamente a los Tribunales Económico-Administrativos, ni en la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases de Procedimiento Económico-Administrativo, modificada por la Ley 25/1995, de 20 de julio". Por su parte el vigente Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, aprobado por el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, dispone en su artículo 75: "1. Quedará automáticamente suspendida la ejecución del acto administrativo impugnado desde el momento en que el interesado lo solicite y aporte garantía bastante conforme a las reglas del presente artículo....2. La solicitud de  suspensión, a la que se acompañarán los documentos justificativos de la garantía constituida y copia de la reclamación económico-administrativa interpuesta y del acto recurrido en ella, se dirigirá al órgano de recaudación competente. 3. Si la solicitud acredita la existencia de la reclamación y adjunta garantía bastante, la suspensión se entenderá acordada desde la fecha de tal solicitud. Si la garantía aportada no es bastante por no ajustarse en su naturaleza o cuantía a lo dispuesto en este artículo o por no reunir los requisitos necesarios para su eficacia, se concederá  al interesado un plazo de diez días para subsanar los defectos. "El que la solicitud de suspensión determine una situación interina durante la cual se entiende preventivamente concedida aquélla, tiene su apoyo en vía económico-administrativa en el artículo 81.12 del anterior Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas ....", pero este Reglamento fue derogado por el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, que aprobó el Reglamento actualmente vigente. Y como ha señalado en numerosas ocasiones este Tribunal Central (resolución de fecha 10 de octubre de 2001, recaída en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio), la única previsión de suspensión cautelar o previa contenida en el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas de 1996 es la de su artículo 76.7 en relación con los efectos del acuerdo de admisión a trámite de una solicitud de suspensión dictado por un Tribunal Económico-Administrativo.

CUARTO:
La interesada alega la suspensión con fundamento en el artículo 111 de la Ley 30/1992 redactado conforme a la Ley 4/1999 que establece en su apartado 1) como criterio general que la interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, y continúa diciendo: 3 La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto, pero esta Ley 30/92 no es de aplicación al recurso de reposición previo a la reclamación económico-administrativa regulado en el Real Decreto 2244/79, y así se establece en la Disposición Adicional Quinta de la citada Ley 30/92. Por ello al no haber aportado la interesada garantía bastante al interponer el recurso de reposición no cabe aceptar sus argumentaciones tendentes a alegar la suspensión cautelar de la liquidación originaria, y en consecuencia procede la desestimación del presente recurso de alzada.

        Por lo expuesto,

ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Desestimar el presente recurso de alzada y confirmar la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... impugnada.

Providencia de apremio
Recargo de apremio
Procedimiento de apremio
Falta de notificación
Administración Tributaria del Estado
Impuesto sobre sociedades
Derecho a la tutela judicial efectiva
Ejecutividad de los actos administrativos
Jurisdicción contencioso-administrativa
Realización forzosa
Omisión
Error sustancial
Ejecución de los actos administrativos
Acto administrativo impugnado

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 939/2005 de 29 de Jul (Reglamento General de Recaudación) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 210 Fecha de Publicación: 02/09/2005 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2006 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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