Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2848/2005 de 28 de Junio de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 28 de Junio de 2007
  • Núm. Resolución: 00/2848/2005

Resumen

Se confirma la regularización practicada por la Inspección en base al artículo 140 de la LIS (Ley 43/1995). En primer lugar, por registrar en los libros de contabilidad deudas inexistentes, en el caso concreto se trata de deudas a favor de su socio que reside en las Islas Vírgenes Británicas, sin que se hayan acreditado suficientemente dichas deudas, pues no se identifican los titulares de las cuentas desde las que proceden las transferencias realizadas. En segundo lugar, por adquisición con cargo a rentas no declaradas, pues existen operaciones relacionadas con dos inmuebles que no han sido declaradas

Descripción

En la Villa de Madrid, a 28 de junio de 2007, en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Central, interpuesto por X, S.L. (NIF: ...), y en su nombre y representación Don ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra Resolución de 30 de junio de 2005, del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., (reclamación nº ...), relativa al Impuesto sobre Sociedades y expediente sancionador, de los ejercicios 1998, 1999 y 2000, cuantía de 273.624,82 € y 177.469,69 €, respectivamente.

                                              ANTECEDENTES DE HECHO

        
PRIMERO: Con fecha 8 de enero de 2003, la Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de ..., incoó a la interesada acta de disconformidad, modelo A02, nº ..., por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1998/99/00. En ella se hacía constar, en síntesis, lo siguiente:

1º) Se han exhibido los libros-registros exigidos por la normativa aplicable en los que se observan las anomalías detalladas en los apartados siguientes.

        2º) La fecha de inicio de las actuaciones fue el día 19/02/02. A efectos del plazo máximo de 12 meses de duración de las actuaciones establecido en el artículo 29 de la Ley 1/98, del tiempo total transcurrido hasta la fecha del acta no se deben computar 253 días. En el curso de las actuaciones inspectoras se han extendido quince diligencias. Figura detalle de las mismas en el acta.

3º) El sujeto pasivo había presentado declaraciones con los siguientes datos:

                                                  Año 1998     Año 1999   Año 2000

Resultado contable                          -18              732                     0

Base imponible                                -18             -732      -1.477.801

Autoliquidación                                  0                  0                     0

4º) Los motivos por los que se regulariza la situación tributaria son los siguientes:

          a) Ejercicio 1998.

Según consta en escritura pública, con fecha 23-10-98, X, S.L. adquiere a los Sres. Don A y Doña B, la subparcela nº ... de la parcela nº ... de la Urbanización ..., en el término de ..., en la que se incluye una vivienda unifamiliar, por el precio de 30 millones de pesetas, importe que la parte vendedora declara recibidas con anterioridad. El Impuesto s/ Transmisiones Patrimoniales ascendió a 1.800.000 pesetas. No se aportan documentos acreditativos de los medios de pago

En la contabilidad de la entidad, en el Diario resumen del mes de octubre aparece reflejado el siguiente asiento:

         9.450.000 Terrenos y bienes naturales

        22.260.000 Construcciones
a Cta. Cte. Socios-Administradores 31.800.000

No se han acreditado suficientemente préstamos, deudas u otros conceptos que justifiquen la financiación de dicha inversión.

Se propone un incremento patrimonial por importe de 31.800.000 pesetas de acuerdo con lo previsto en el artículo 140 de la Ley 43/1995.

          b) Ejercicio 1999

1. La entidad realizó obras en la finca adquirida el 23-10-98 según factura emitida por la entidad Y, S.L. el 08-09-99 por importe de 1.278.973 pesetas más 16% de IVA lo que hace un total de 1.483.609 pesetas. No se contabiliza está operación. No se aportan documentos justificativos de los medios de pago. Solicitada información a la entidad Y, S.L. en virtud de lo establecido en el artículo 111 de la LGT se recibe documentación en la que consta que el pago de 1.483.609 pesetas fue hecho efectivo mediante dos transferencias de fecha 26-07-99 y 20-09-99 y por importe de 739.160 pesetas cada una, figurando como ordenantes ..., respectivamente.

2. La entidad tuvo los siguientes ingresos en la cuenta bancaria nº ... abierta en la entidad S y de la que es titular la reclamante:

- El 24-11-99 ingreso de 48.227.100 pesetas. Procede de la transferencia bancaria de S ... En el justificante de transferencia aportado por S figura como ordenante R sin que se especifique la sucursal ni el titular de la cuenta de R de la que se efectúa la transferencia. El concepto se define como "one of our clients". S declara no conocer más información que la citada en el justificante. En el Libro diario de noviembre se contabiliza esta operación; se carga a la cuenta de Bancos con abono a Ct. Cte. Socios -Administradores.

- El 11-12-99 ingreso de 25.930.010 pesetas. Procede de la transferencia bancaria de Q En el justificante de transferencia aportado por S figura como ordenante "a client" sin que se especifique el banco que efectúa la transferencia ni el titular de la cuenta de la que procede. El concepto se define como "ingrease of share capital on behalf of H ... Limited. S declara no conocer más información que la citada en el justificante. Q declara que se trata de una transferencia ordenada por un cliente sin identificar de P. Q declara ser un mero intermediario entre dicho banco y S, no disponiendo de más información. En el Libro diario de diciembre se contabiliza está operación; se carga a la cuenta de Bancos con abono a Ct. Cte. Socios -Administradores.

En este ejercicio se propone un incremento de la base imponible por importe de 75.640.719 pesetas de acuerdo con lo previsto en el artículo 140 de la Ley 43/1995 ya que no se han acreditado suficientemente los pagos realizados a la entidad Y, S.L. por importe de 1.483.609 pesetas, ni las entradas en la cuenta bancaria abierta nº ... en la entidad S por importe de 25.930.000 pesetas y 48.227.100 pesetas.

          c) Ejercicio 2000

1. La entidad tuvo los siguientes ingresos en la cuenta bancaria nº ... abierta en la entidad S:

- El 07-03-00 ingreso de 2.987.097 pesetas. Procede de la transferencia bancaria de S... En el justificante de transferencia aportado por S figura como ordenante N sin que se especifique la sucursal ni el titular de la cuenta de N desde la que se efectúa la transferencia. El concepto se define como "...". S declara no conocer más información sobre el origen de los fondos que la citada en el justificante. En el Libro diario de marzo se contabiliza está operación; se carga a la cuenta de Bancos con abono a Cta. Cte. Socios -Administradores.

- el 17-07-00 ingreso de 3.734.337 pesetas. Procede de la transferencia bancaria de S... En el justificante de transferencia aportado por S figura como ordenante N sin que se especifique la sucursal ni el titular de la cuenta de N desde la que se efectúa la transferencia. El concepto se define como "ingrease of share capital on behalf of H... Limited". S declara no conocer más información sobre el origen de los fondos que la citada en el justificante. En el Libro diario de julio se contabiliza está operación; se carga a la cuenta de Bancos con abono a Cta. Cte. Socios -Administradores.

        2. Adquisición de parcela identificada como ... en la que se incluye una vivienda unifamiliar a la sociedad M, S.L. situada en el término municipal de ... Se solicitó información a la entidad M, S.L. en virtud de lo establecido en el artículo 111 de la LGT. En esta operación no se justifica el medio de pago a M, S.L. del IVA ni la entrega de 331.537 pesetas a D. C para el pago del 0,5% del ITP y AJD de la citada compraventa. Todos los gastos e impuestos que se derivan de la operación son a cargo del comprador según consta en escritura.

3. Factura nº ... de fecha 11-05-00 expedida por la entidad Z, S.L. a la entidad reclamante por "reforma realizada en cocina ..., por importe de 1.360.800 pesetas. Esta operación no se contabiliza. Se aporta copia de abono de pago de fecha 17-05-00 por importe de 1.360.800 pesetas siendo el ordenante J, Limited.

        No se han acreditado suficientemente las entradas en la cuenta bancaria abierta nº ... en la entidad S por importe de 2.994.948 pesetas y 3.743.685 pesetas, ni se han justificado los pagos realizados por importe de 1.360.971 pesetas y 4.973.061 pesetas

Se propone un incremento de la base imponible por importe de 11.711.694 pesetas de acuerdo con lo previsto en el artículo 140 de la Ley 43/1995.

La deuda tributaria propuesta ascendió a 273.624,82 € de las cuales 235.441,43 € corresponden a la cuota y 38.1183,39 € a los intereses de demora.

        SEGUNDO: Tras el preceptivo informe ampliatorio emitido por el actuario en el que justifica la propuesta contenida en el acta y, habiendo transcurrido el plazo para alegaciones, con fecha 4 de junio de 2003, el Inspector Jefe dictó acuerdo de liquidación confirmando íntegramente la propuesta contenida en el acta.

Dicho acuerdo fue notificado a la entidad interesada el 12 de junio de 2003, según queda acreditado en el expediente.

        TERCERO: En cuanto al expediente sancionador, el 8 de enero de 2003 se acordó, previa autorización del Inspector Jefe, el inicio de expediente sancionador por infracción tributaria grave, tramitación abreviada, en relación con los hechos y circunstancias recogidos en el acta de disconformidad reseñados en el Antecedente de Hecho primero de la presente Resolución, mediante Acuerdo del instructor del expediente, notificado a la interesada el 10 de enero de 2003, incorporando asimismo la propuesta de resolución del expediente sancionador. Puesto de manifiesto el expediente y cumplido el plazo previsto para la formulación de alegaciones, el Inspector Jefe, en fecha 5 de junio de 2003, dictó acuerdo confirmando la propuesta, imponiendo una sanción por infracción tributaria grave del artículo 79 a) de la Ley General Tributaria del 75% (50% de sanción mínima, mas 25% por ocultación) y del artículo 79 d) de la LGT del 10%, resultando una sanción por importe total de 177.469,25 €. Se notifica a la interesada el 12 de junio de 2003.

CUARTO: Con fecha 27 de junio de 2003 la entidad interesada interpuso, contra el acuerdo de liquidación y contra el acuerdo sancionador, Reclamación económico-administrativa, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... En dicha reclamación se solicitaba la admisión de la misma y la puesta de manifiesto de los expedientes para la formulación de alegaciones.

        El Tribunal Económico-Administrativo Regional acordó en primera instancia el 30 de junio de 2005 desestimar la reclamación, confirmando los actos administrativos impugnados.

Dicha resolución fue notificada el 7 de julio de 2005 según consta en el acuse de recibo.

QUINTO: Disconforme con esta resolución se ha interpuesto con fecha 26 de julio de 2005, recurso de alzada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, alegando, en síntesis, lo siguiente: 1º) X, S.L. ha realizado inversiones que han sido financiadas mediante deudas contraídas con su único socio, la sociedad H... Limited. La Inspección no ha descubierto ningún activo de titularidad de la interesada que no estuviese registrado, simplemente ha resuelto que las deudas con su socio no son tales; 2º) Todas las cantidades recibidas de su único socio han sido registradas como préstamos o deudas. Se trata de cantidades recibidas y que son exigibles por su único socio. La Inspección no se ha molestado en verificar la residencia de las personas que han intervenido en las transferencias de fondos, ni ha solicitado colaboración de la Administración de terceros países, ni documentación relativa a H... Limited, socio único de la interesada, sólo se ha limitado a no creer la contabilización de dichas cantidades. Señala que aunque en ocasiones se actuara a través de intermediarios, el aportante era el socio. Hace referencia a la validez de los contratos privados citando artículos del Código Civil; 3º) Considera que el hecho de que la Sociedad tenga su domicilio en un lugar considerado como paraíso fiscal ha influido en la actuación inspectora; 4º) En cuanto a la sanción estima que no cabe imponer sanción alguna y solicita que se anule la misma.

                                                     FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO: Concurren en la presente reclamación los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto básico de su admisión a trámite, siendo las cuestiones planteadas: 1º) Si procede o no el incremento en la base imponible por deudas inexistentes y bienes no registrados en contabilidad y; 2º) Calificación del expediente a efectos sancionadores y, en su caso, sanción aplicable.

SEGUNDO: En cuanto a la primera cuestión planteada, los antecedente a tener en cuenta y que se derivan del presente expediente son los siguientes:

1.- Con fecha 15-07-96 se constituye en escritura pública la entidad X, S.L. El capital social es de 500.000 pesetas (50 participaciones) suscrito íntegramente por el único socio G, S.L., actuando como administrador de las dos entidades D. C de nacionalidad española y residente en ...

La sociedad tendrá por objeto "el alquiler y la compraventa de terrenos y edificaciones, su construcción, promoción y mantenimiento, la urbanización de terrenos y su venta, parcelación, edificación, restauración y rehabilitación".

2.- Con fecha 16-06-1997, mediante escritura pública, la entidad G, S.L. vende su participación en X, S.L. a la entidad H... Limited domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Interviene en nombre de ambas sociedades D. C.

3.- Con fecha 23-10-98 X, S.L. adquiere a Don A y Doña B, una vivienda unifamiliar, en el término de ..., por importe de 30 millones de pesetas, importe que la parte vendedora declara recibidos antes de la compra. El Impuesto s/ Transmisiones Patrimoniales ascendió a 1.800.000 pesetas. No se aportan documentos justificativos del pago de dicha compraventa. La entidad manifiesta que el importe de la compra fue entregado directamente por la entidad H... Limited a los Sres. A y B. Contablemente tiene reflejada una deuda en la cuenta nº 553 "Cta. Corriente con socios" por importe de 31.800.000 pesetas.

En el año 1999 se realizan obras en esta finca. Factura emitida por la entidad Y, S.L. el 08-09-99 por importe de 1.483.609 pesetas (1.278.973 pesetas más 16% de IVA) por "obra realizada en su chalet de ... No se contabiliza está operación. No se aportan documentos justificativos de los medios de pago. Solicitada información se recibe documentación en la que consta que el pago de 1.483.609 pesetas fue hecho efectivo mediante dos transferencias de fecha 26-07-99 y 20-09-99 y por importe de 739.160 pesetas cada una figurando como ordenantes ..., respectivamente.

4.- La entidad en el año 1999 y 2000 tiene ingresos en la cuenta bancaria nº ... abierta en la entidad S y de la que es titular. Estos ingresos proceden de:

          - transferencias de R por cuenta de "one of our clients"
          
- transferencias de Q por "ingrease of share         capital on behalf of H... Limited".
          
- transferencias de N en concepto de "...".
           
- transferencias de N en concepto de "ingrease of share capital on behalf of H... Limited".

En ningún caso se especifique la sucursal ni el titular de la cuenta desde la que se efectúa la transferencia.

Contablemente efectúa un cargo en la cuenta nº 572 "Bancos" y un abono en la cuenta nº 553 "Cta. Cte. Socios-Administradores".

        5.- Con fecha 20-01-00 X, S.L. adquiere a M, S.L. una vivienda situada en el término municipal de ..., por importe de 66.307.035 pesetas más 4.641.492 pesetas en concepto de IVA que la parte vendedera declara recibidos antes de la compra (total 70.948.527 pesetas). El pago de este importe se justifica de la siguiente forma: a) "transferencia a M, S.L. de fecha 25-11-99 por importe de 44.714.745 pesetas; b) "giro a nuestro cargo" de 19-01-00 por importe de 21.783.877 pesetas. En total figura un abono en la cuenta de "Bancos" por importe de 66.498.622 pesetas. No se justifica el pago de 4.449.905 pesetas; en la cuente nº 553 "Cta. Cte. Socios-Administradores figura un abono por dicho importe.

Tampoco se justifica el pago de 331.537 pesetas a D. C por el 0,5% del ITP y AJD de la compra anterior (66.307.035x 0,5%= 331.537) ni aparece contabilizado

        6.- Factura expedida por Z, S.L. por reforma realizada en cocina ..., factura nº 28/00 de fecha 11-05-00, por importe de 1.360.800 pesetas (incluido el IVA). Esta operación no se contabiliza. Se aporta copia de abono de pago de fecha 17-05-00 por importe de 1.360.800 pesetas siendo el ordenante J, Limited.

        7.- La Inspección incrementa la base imponible de acuerdo con lo previsto en el artículo 140 de la LIS ya que considera que existen activos no contabilizados (obras realizadas según presupuestos e impuestos como el ITP y AJD) y pasivos no acreditados (Cta. Corriente con socios).

TERCERO: El artículo 140 de la Ley 43/1995 dispone:

"Bienes y derechos no contabilizados o no declarados: Presunción de obtención de rentas.

1. Se presumirá que han sido adquiridos con cargo a renta no declarada los elementos patrimoniales cuya titularidad corresponda al sujeto pasivo y no se hallen registrados en sus libros de contabilidad. La presunción procederá igualmente en el caso de ocultación parcial del valor de adquisición.(...).

3. Se presumirá que el importe de la renta no declarada es el valor de adquisición de los bienes o derechos no registrados en libros de contabilidad, minorando en el importe las deudas efectivas contraídas para financiar tal adquisición, asimismo no contabilizadas. En ningún caso el importe neto podrá ser negativo.

La cuantía del valor de adquisición se probará a través de los documentos justificativos de la misma o, si no fuera posible, aplicando las reglas de valoración establecidas en la Ley General Tributaria.

4. Se presumirá la existencia de rentas no declaradas cuando hayan sido registradas en los libros de contabilidad del sujeto pasivo deudas inexistentes. (...)".

El citado artículo establece dos tipos de presunciones legales, por un lado, cuando existan elementos patrimoniales no contabilizados o que estándolo se haya ocultado parcialmente su valor y, por otro lado, cuando se hayan registrado deudas inexistentes.

En consecuencia, en la medida en que no pueda probarse la existencia de las deudas, el referido precepto legal considera las mismas como inexistentes, presumiendo la existencia de una renta no declarada por el importe de aquéllas.

En este caso, por un lado, existen abonos en la cuenta nº 553 "Cta. Cte. Socios-Administradores mediante los que se reconocen deudas a favor del socio único y, por otro, existen facturas de obras realizadas en inmuebles que no se han contabilizado.

La inspección considera que existen rentas del sujeto pasivo que no han sido declaradas ya que se han registrado en contabilidad deudas inexistentes y se ha ocultado parcialmente el valor de adquisición de elementos patrimoniales. Por su parte, la reclamante entiende que la deuda existe y aporta un contrato privado suscrito en octubre de 1998 con su socio, la entidad H... Limited, y sus sucesivas novaciones. No aporta ningún otro justificante.

En primer lugar procede analizar los supuestos que han dado lugar a regularización por la inspección y que han sido contabilizados.

Respecto a los abonos efectuados en la cuenta nº 553 "Cta. Cte. Socios-Administradores, procede, en primer lugar, analizar el abono realizado en octubre de 1998 en la cuenta nº 553 "Cta. Cte. Socios" por importe de 31.800.000 pesetas. La entidad manifiesta que esa deuda a favor del socio es real, ya que existe un préstamo del socio a la sociedad y lo justifica a través de un contrato privado de préstamo de fecha 27 de octubre de 1998 suscrito en ... entre la entidad H... Limited y X, S.L. En el se indica que la sociedad H... Limited ha hecho entrega con anterioridad a este acto, a la entidad X, S.L. como préstamo, la suma de 31.800.000 pesetas. Este préstamo se concierta para pagar a los Sres. A y B la compra de la vivienda sita en ...

Este Tribunal considera que no es suficiente el contrato privado para justificar la existencia efectiva de una deuda a favor del socio ya que no se ha aportado ningún justificante documental que acredite que efectivamente el pago del precio procede de H... Limited. En dicho contrato se indica que H... Limited ha entregado 30 millones de pesetas a los Sres. A y B, como precio de compra del inmueble adquirido por X, S.L. el 23-10-98 y 1.800.000 pesetas al Sr. C por el pago del Impuesto sobre la adquisición del citado inmueble, sin embargo, no se aporta ningún justificante documental que pruebe las manifestaciones recogidas en el citado contrato. En definitiva, no queda acreditada suficientemente la existencia de una deuda a favor del socio, al no probarse que efectivamente se ha realizado ese pago.

En cuanto a los ingresos en el año 1999 y 2000 en la cuenta bancaria nº ... abierta en la entidad S, cargos efectuados en la citada cuenta siendo la contrapartida la cuenta nº 553 "Cta. Cte. Socios"; la entidad alega que está acreditado que el socio ha efectuado esos pagos y aporta contratos privados de préstamo suscritos entre el socio y la reclamante. Estos contratos que aporta son sucesivas novaciones del contrato inicial suscrito en octubre de 1998 entre la reclamante y su único socio. En ellos sólo se indica que H... Limited hace entrega a la mercantil X, S.L. de los importes que se detallan. No se aportan más justificantes.

Sin embargo, los ingresos efectuados en la cuenta referida, abierta en S, no responden a aportaciones del socio. Así, consta en el expediente que la Inspección solicito información a la entidad S, en virtud de lo establecido en el artículo 111 de la LGT, del ordenante y cuentas de origen desde las que se realizaron estos ingresos. En la documentación aportada figura que en la citada cuenta se efectuaron los siguientes ingresos:

         - transferencias de R por cuenta de "one of our clients"
         
- transferencias de Q por "ingrease of share capital on behalf of H... Limited".

         -transferencias de N en concepto de "...".
         
-transferencias de N en concepto de "ingrease of share capital on behalf of H... Limited".

Asimismo, la entidad manifiesta que éstos son los únicos datos que tiene. En ningún caso se especifica la sucursal de la que proceden los fondos ni el titular de la cuenta desde la que se efectúa la transferencia. No queda aclarada la conexión entre H... Limited y el ordenante de las citadas transferencias. El sujeto pasivo no ha aportado ningún documento que justifique que esas transferencias fueron ordenadas por H... Limited.

Resulta evidente, que según la documentación que obra en el expediente, no ha quedado demostrada la existencia de una deuda a favor del socio, en consecuencia, no queda acreditada la existencia de una deuda efectiva.

Por tanto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 140. 4 de la Ley 43/1995 ("Se presumirá la existencia de rentas no declaradas cuando hayan sido registradas en los libros de contabilidad del sujeto pasivo deudas inexistentes") y lo dispuesto en el artículo 118.1 de la LGT -hoy artículo 108.1- ("Las presunciones establecidas por las Leyes tributarias pueden destruirse por la prueba en contrario, excepto en los casos en que aquellas expresamente lo prohíban"), reduciéndose la presente, a una cuestión probatoria y no habiéndose aportado por el sujeto pasivo justificantes suficientes que prueben la existencia real de una deuda a favor del socio (el contrato privado no es suficiente para avalar la existencia de las invocadas deudas), debe confirmarse la procedencia de los incrementos liquidados a tenor de los artículos descritos, debiéndose así desestimar las pretensiones de la interesada.

CUARTO: En segundo lugar, procede analizar los supuestos que han dado lugar a regularización por la inspección y que no han sido registrado contablemente. En concreto, las obras realizada por la entidad Y, S.L. (factura de 08-09-99) y por la entidad Z, S.L. (factura de 11-05-00).

Respecto a la factura emitida por la entidad Y, S.L. el 08-09-99 por importe de 1.483.609 pesetas (incluido el IVA) por "obra realizada en su chalet de ...", cabe señalar que dicha factura no está contabilizada aunque el inmueble donde se realizan las obras sí figura registrado en contabilidad. Según la citada factura estas obras se realizan según presupuesto del 01-09-99 y corresponden a caldera, depósitos de gasolina, radiadores, válvulas, tubos de chimenea, conexiones eléctricas, conexiones de agua, etc. Está factura no está contabilizada y su importe es considerado en el expediente como mayor valor de adquisición del inmueble, cuestión no discutida por la reclamante. El artículo 140. 1 de la Ley 43/1995 señala que "Se presumirá que han sido adquiridos con cargo a renta no declarada los elementos patrimoniales cuya titularidad corresponda al sujeto pasivo y no se hallen registrados en sus libros de contabilidad. La presunción procederá igualmente en el caso de ocultación parcial del valor de adquisición", y es evidente, que en este caso, al tener las obras realizadas la consideración de mayor valor del inmueble existe una ocultación parcial del valor de adquisición del mismo. Por otra parte, el importe considerado como renta gravable es el que consta en el documento justificativo de la operación ya que no se han acreditado la existencia de deudas contraídas para financiar dicha operación; solicitada información a la entidad Y, S.L. en virtud de lo establecido en el artículo 111 de la LGT se recibe documentación en la que consta que el pago de 1.483.609 pesetas fue hecho efectivo mediante dos transferencias de fecha 26-07-99 y 20-09-99 y por importe de 739.160 pesetas cada una figurando como ordenantes ..., respectivamente, sin que conste quien es el titular de la cuenta de la que proceden los fondos ni la sucursal. Por tanto, se confirma la regularización practicada por la Inspección.

Igualmente, se confirma lo efectuado por la Inspección respecto a la Factura expedida por Z, S.L. por "reforma realizada en cocina ...", factura nº 28/00 de fecha 11-05-00, por importe de 1.360.800 pesetas (incluido el IVA), operación que no se contabiliza mientras que el inmueble donde se realiza la obra sí está registrado contablemente. El importe de esta factura se considera en el expediente mayor valor del inmovilizado, cuestión no discutida por la reclamante, por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140.1 de la LIS se presume la obtención de una renta al existir ocultación parcial del valor de adquisición del elemento patrimonial. Respecto al pago de esta factura se aporta copia de abono de pago de fecha 17-05-00 por importe de 1.360.800 pesetas siendo el ordenante J, Limited, sin que se especifique ni el titular de la cuenta ni la sucursal desde la que se efectúa el pago. Por tanto, no se ha acreditado la existencia de ninguna deuda contraída para financiar dicha operación, y la renta gravable es el importe total que consta en el documento justificativo.

La reclamante no ha desvirtuado los hechos en que se funda la inspección para regularizar la situación tributaria, por lo que se confirma la regularización efectuada por la Inspección.

QUINTO: Por último, dentro de las regularizaciones realizadas por la inspección en el ejercicio 2000, figura una por importe de 4.973.061 pesetas en la que se incluyen de 331.537 pesetas por el 0,5% del ITP y AJD correspondiente a la adquisición de la vivienda sita en ... y 4.641.524 pesetas por el IVA de la citada vivienda.

En cuanto al pago de 331.537 pesetas a D. C por el 0,5% del ITP y AJD de la compra a M, S.L. de una vivienda situada en el término municipal de ... señalar que este pago no está contabilizado. El ITP y AJD se considera mayor valor de adquisición del inmueble, existe, por tanto una ocultación parcial del valor de adquisición de dicho elemento, por lo que procede la regularización efectuada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140.1 de la Ley 43/1995.

En cuanto al pago de 4.641.524 pesetas por el IVA de la citada vivienda consta en el expediente que con fecha 20-01-00 X, S.L. adquiere a M, S.L. una vivienda situada en el término municipal de ..., por importe de 66.307.035 pesetas más 4.641.492 pesetas en concepto de IVA que la parte vendedera declara recibidos antes de la compra (total 70.948.527 pesetas). El pago de este importe se justifica de la siguiente forma: a) "transferencia a M, S.L." de fecha 25-11-99 por importe de 44.714.745 pesetas; b) "giro a nuestro cargo" de 19-01-00 por importe de 21.783.877 pesetas. En total figura un abono en la cuenta de "Bancos" por importe de 66.498.622 pesetas. No se justifica el pago de 4.449.905 pesetas; en la cuente nº 553 "Cta. Cte. Socios-Administradores figura un abono por dicho importe. Efectivamente existe una deuda reconocida a favor del socio que no está acreditada ya que no se justifica suficientemente la misma, no se aporta documento alguno que confirme efectivamente el pago realizado por el socio. Sin embargo, según consta en el expediente, contablemente, como consecuencia de la anterior operación,  el importe por el que figura la cuenta 553 "Cta. Cte. Socios" es de 4.449.905 pesetas, y no de 4.641.492 pesetas, que es lo que regularizó la inspección y confirmó después el Tribunal Regional.

Por tanto, se confirma la presunción de una renta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 140.4 de la Ley 43/1995 por importe de 4.449.905 pesetas y no procede la regularización efectuada por importe de 191.619 pesetas (4.641.524 pesetas-4.449.905 pesetas), diferencia entre el importe regularizado por la inspección y el que realmente procede.

SEXTO: Finalmente, en cuanto a la calificación del expediente a efectos sancionadores, el artículo 77 de la Ley General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 10/1985, de 26 de abril, establecía en su apartado 1: "Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las Leyes. Las infracciones son sancionables incluso a título de mera negligencia", redacción que se mantiene tras la modificación parcial de la Ley General Tributaria por la Ley 25/1995, de 20 de julio. No obstante, y aún habiendo desaparecido en la redacción del precepto toda alusión a la voluntariedad, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad a la Ley 10/85, tal omisión no puede considerarse como la introducción en el ámbito del Derecho Tributario sancionador de un principio de responsabilidad objetiva. La intencionalidad y el grado en que ésta se produce en cada caso ha de ser tenida en cuenta como elemento determinante en la aplicación de las normas que conforman el Derecho Administrativo Sancionador, una de cuyas parcelas es, precisamente, el Derecho Tributario Sancionador, en cuyo ámbito nos estamos moviendo. En efecto, tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, por reflejo, la doctrina y jurisprudencia administrativas, han venido desechando, de forma reiterada, la implantación de este principio de responsabilidad objetiva en el ámbito tributario. En consecuencia, para determinar la responsabilidad tributaria será preciso examinar, en cada caso, la participación del sujeto infractor en las conductas tipificadas en la norma sancionadoras o, lo que es lo mismo, la existencia del elemento intencional o voluntad de defraudar a la Administración. Así, el artículo 77.4 de la LGT , en la redacción dada por la Ley 25/1995, establece que "4. Las acciones u omisiones tipificadas en las Leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos: a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario. b) Cuando concurra fuerza mayor. c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se tomó la misma. d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. En particular se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el contribuyente haya presentado una declaración veraz y completa y haya practicado, en su caso, la correspondiente autoliquidación, amparándose en una interpretación razonable de la norma." Asimismo, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone en su artículo 183 que "1. Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley. 2. Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves y muy graves. 3. Las infracciones y sanciones en materia de contrabando se regirán por su normativa específica", estableciendo expresamente en su artículo 179 "Principio de responsabilidad en materia de infracciones tributarias" apartado 2 que "2. Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los siguientes supuestos: a) Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.b) Cuando concurra fuerza mayor. c) Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reunión en que se adoptó la misma. d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos, se entenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración tributaria competente en las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieren los artículos 86 y 87 de esta ley. Tampoco se exigirá esta responsabilidad si el obligado tributario ajusta su actuación a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a una consulta formulada por otro obligado, siempre que entre sus circunstancias y las mencionadas en la contestación a la consulta exista una igualdad sustancial que permita entender aplicables dichos criterios y éstos no hayan sido modificados. e) Cuando sean imputables a una deficiencia técnica de los programas informáticos de asistencia facilitados por la Administración tributaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias".

SEPTIMO: En el presente supuesto, la inspección incrementa la base imponible en aplicación de lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 43/1995, por deudas inexistentes y activos no registrados parcialmente.

Pues bien, como ha quedado reseñado, la entidad, por un lado, ha reflejado contablemente deudas inexistentes y, por otro, ha contabilizado activos por importe inferior al que correspondía, ante estas circunstancias, no se observa, que la conducta de la interesada esté amparada en ninguna causa que la exima de responsabilidad y, en particular, en una interpretación razonable de las normas aplicables. A la vista de las circunstancias expuestas debe concluirse que no es posible exonerar de responsabilidad a la obligada tributaria. Se confirma la sanción impuesta en el año 1998 y 1999.

En cuanto a la sanción impuesta en el año 2000 hay que tener en cuenta lo señalado en el último párrafo del Fundamento de Derecho Quinto de la presente resolución, en el que se anula la regularización efectuada por importe de 191.619 pesetas, por lo que al anularse la regularización por el citado importe no procede la sanción que corresponde al mismo.

En la resolución del Tribunal Regional, se indica que la nueva Ley General Tributaria, Ley 58/03, no es más favorable para el sujeto infractor.

        POR LO EXPUESTO:

        EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, conociendo el presente recurso de alzada, ACUERDA: 1º) Estimarlo parcialmente; 2º) Anular la resolución impugnada sustituyéndola por otra en la que se tenga en cuenta lo dispuesto en el último párrafo del Fundamento de Derecho Quinto y en el Fundamento de Derecho Séptimo.

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