Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2923/2006 de 24 de Julio de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 24 de Julio de 2007
  • Núm. Resolución: 00/2923/2006

Resumen

Se declara el derecho de la reclamante a que se retrotraiga la fecha de arranque de la pensión de orfandad reconocida al amparo de la Ley 5/1979, al no ser de aplicación el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 670/1987, que establece el plazo de prescipción de 4 años, sino el artículo 13 del Real Decreto 5/1993, que establece plazos de retroactividad de 5 años, que no han sido modificados por la Ley 62/2003.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 24 de julio de 2007, en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesta por D.ª A, con domicilio en ..., contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 22 de junio de 2006, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de 24 de febrero de 2006, sobre reconocimiento de pensión de orfandad coparticipada al amparo de la Ley 5/1979.

                                                 ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La Dirección General del Tesoro, por acuerdo de 12 de noviembre de 1981, reconoció a D. B pensión de orfandad al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la guerra civil, como hijo incapacitado de D. C, fallecido el ... de 1937 a consecuencia de la guerra civil, abonable desde ... de 1976, constando en el expediente que el pensionista falleció el ... de 1998 y que la madre del pensionista y esposa del causante había fallecido el ... de 1958.

SEGUNDO: D.ª A, nacida el ... de 1931, casada el ... de 1953 y viuda desde el ... de 1995, por escrito presentado el 11 de marzo de 1999, solicitó la pensión de orfandad que pudiera corresponderle al amparo de la Ley 5/1979, como hija de D. C, haciendo constar su deseo de coparticipar en la pensión que había percibido su hermano D. B, y la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de 21 de mayo de 1999, denegó la pensión solicitada y el citado acuerdo, que consta notificado a la interesada con fecha 28 de mayo de 1999, según aviso de Correos, devino firme por consentido al no ser impugnado en tiempo y forma.

TERCERO: Con fecha 27 de abril de 2005, D.ª D, viuda desde el ... de 2003, solicitó la pensión que pudiera corresponderle como hija de D. C al amparo de la Ley 5/1979, y con fecha 3 de enero de 2006 D.ª A volvió a solicitar coparticipar con su hermana D.ª D en la citada pensión de orfandad. La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por sendos acuerdos de 24 de febrero de 2006, reconoció a las dos hermanas pensión de orfandad coparticipada al amparo de la Ley 5/1979, con efectos económicos para D.ª A desde ... de 2002 y cuantía 56,86 € íntegros mensuales, y desde ... de 2003 de cuantía 28,43 € íntegros mensuales para D.ª D, con efectos de ... de 2003.

CUARTO: Contra el anterior acuerdo, que consta notificado el 6 de marzo de 2006 según aviso de Correos, D.ª A interpuso recurso de reposición en el que solicitaba se modificase el acuerdo recurrido reconociéndosele el derecho a percibir pensión desde ... de 1998, mes siguiente al del fallecimiento de su hermano, y la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por resolución de 22 de junio de 2006, desestimó el citado recurso en base a los siguientes fundamentos: SEGUNDO: Establece el art. 13.1 del R.D. 5/1993 de 8 de enero, que "los actos que indebidamente hubieran denegado la titularidad de una pensión o que reconociendo tal derecho asignaran a la misma una cuantía inferior a la que legal o reglamentariamente corresponda, serán revisables por medio de resolución motivada, adoptada de oficio o a solicitud del interesado, con la finalidad de corregir las contradicciones existentes entre dichos actos y la normativa aplicable". Y que "en tales casos los efectos económicos de las revisiones que se efectúen tendrían, como máximo, una retroactividad de cuatro años (art. 59. Uno de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social) contados desde el primer día del mes siguiente a aquél en que se instó la revisión por el interesado o se adopte de oficio el acuerdo de modificación correspondiente". TERCERO: En el presente caso la interesada instó la revisión del acto, que indebidamente denegó su derecho a la pensión de orfandad, mediante solicitud de fecha 3 de enero de 2006, por lo que la resolución impugnada se ajusta a derecho al reconocer unos efectos retroactivos de la pensión desde el 1 de febrero de 2002, no siendo atendible la pretensión de la recurrente de retrotraer los efectos económicos al mes siguiente al fallecimiento de su hermano D. B, ... de 1998, pues cuando instó la revisión habían transcurrido más de cuatro años desde este evento y había alcanzado firmeza el acto que indebidamente le denegó la pensión el ... de 1999.

QUINTO: Contra la anterior resolución, cuya fecha de notificación no consta acreditada, la interesada interpone la presente reclamación mediante escrito dirigido al Director General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, presentado el 6 de julio de 2006 en la Delegación de Economía y Hacienda de ..., en el que se limitaba a interponerla, y al que adjuntaba otro escrito dirigido a este Tribunal Central en el que solicitaba: "que previos los trámites reglamentarios se sirva disponer lo conveniente a fin de que se modifique el acuerdo que se recurre, reconociéndome el derecho a percibir la pensión de orfandad con efectos económicos de ... de 1998". Para fundar su petición alegaba: "que el pasado día 29 de junio de 2006, he recibido escrito de referencia ..., dándome conocimiento de la resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto con fecha 24 de febrero de 2006, denegándome el mismo, al considerar que no tengo derecho a que se me abonen los atrasos de la pensión de Ley 5/1979 desde el mes de ... de 1998, y considerándome perjudicada con el citado acuerdo, elevo el presente escrito en calidad de reclamación económico-administrativa, en tiempo y forma teniendo que hacer constar: que la citada pensión de orfandad fue percibida por mi hermano D. B hasta la fecha de su fallecimiento, el ... de 1998, como huérfano incapacitado; con fecha ... de 1999 la que suscribe solicitó la pensión de orfandad, y la misma me fue denegada por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas con fecha 25 de mayo de 1999, basándose dicha denegación en que el derecho a la pensión de orfandad era preferente para el huérfano incapacitado, cosa completamente ilógica, ya que cuando yo solicité la pensión mi hermano había fallecido, por tanto considero me corresponde el derecho a percibir la pensión de orfandad desde el mes siguiente al fallecimiento de mi hermano, o como mucho desde la fecha de solicitud de la pensión por mi parte. Considero que si la Administración cometió un error, el mismo debe ser subsanado, y la única forma sería abonándome las mensualidades que se me adeudan, y que considero que en justicia me corresponden, ya que el error no fue en ningún momento mío, sino de la Administración".

                                                       FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si procede, o no, modificar la fecha de efectos del acuerdo de 24 de febrero de 2006.

SEGUNDO: La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de 21 de mayo de 1999, denegó a la interesada pensión de orfandad al amparo de la Ley 5/1979, que no fue recurrido en reclamación económico-administrativa, por lo que devino firme por consentido, al no ser impugnado en tiempo y forma. Por ello, salvo los supuestos legalmente previstos, no se pueden tramitar nuevas solicitudes pues ello supondría la reapertura de procedimientos heterodoxos de una vía impugnatoria cerrada por el paso del tiempo, contraviniendo la obligatoriedad de los plazos y el principio de seguridad jurídica.

TERCERO: Limitándonos a la estricta vía administrativa, antes de acudir a la Audiencia Nacional, los actos firmes solo pueden recurrirse de tres maneras: a) Por recurso ordinario de revisión, contemplado en el Real Decreto 5/1993, de 8 de enero, sobre revalorización y complementos de Clases Pasivas para 1993 y otras normas en materia de Clases Pasivas, cuya resolución compete a la Dirección General de Gastos de Personal y Pensiones Públicas; b) Por recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, cuya resolución compete a este Tribunal Central, y c) A través del artículo 14.6 del Texto Refundido de Clases Pasivas, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, que señala en qué casos las solicitudes de los interesados no deben considerarse recursos.

CUARTO: Conforme al citado Real Decreto 5/1993, artículo 13 -Revisión de actos administrativos en materia de Clases Pasivas: "1. Los actos que indebidamente hubieran denegado la titularidad de una pensión o que reconociendo tal derecho asignaran a la misma una cuantía inferior a la que legal o reglamentariamente corresponda, serán revisables por medio de resolución motivada, adoptada de oficio o a solicitud del interesado, con la finalidad de corregir las contradicciones existentes entre dichos actos y la normativa aplicable. En tales casos los efectos económicos de las revisiones que se efectúen tendrán como máximo una retroactividad de cinco años contados desde el primer día del mes siguiente a aquél en que se instó la revisión por el interesado o se adopte de oficio el acuerdo de modificación correspondiente. 2.- Será también procedente la revisión en aquellos casos en los que con posterioridad a la resolución del expediente se aporten a la Administración, por cualquier medio, nuevos documentos o elementos probatorios que acrediten hechos ignorados o insuficientemente justificados en el momento de dicha resolución. En este supuesto, si las nuevas pruebas se aportaran dentro de los cinco años siguientes al nacimiento del derecho, se acordará la modificación del inicial acuerdo que tendrá efectos económicos a contar desde el referido momento. Si la presentación se efectuara con posterioridad a los indicados cinco años, la modificación que se acuerde producirá efectos desde el día primero del mes siguiente al de la solicitud de la revisión". En el presente caso la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas ha entendido que se daban las circunstancias del número 1, y que se había denegado indebidamente la titularidad de la pensión de orfandad. Por ello el Centro Gestor reconoció pensión a la interesada modificando el sentido del acuerdo denegatorio del año 1999.

            QUINTO: Conforme a lo previsto en el citado artículo 13, número 1, presentada la solicitud de la interesada de 3 de enero de 2006, los efectos del señalamiento de pensión al amparo del Real Decreto citado tendrán como máximo una retroactividad de cinco años, es decir, que en el presente caso la retroactividad alcanza hasta el 1 de febrero de 2001. No obstante lo anterior el Centro Gestor considera que la retroactividad debe extenderse hasta el 1 de febrero de 2002 (cuatro años antes), debiendo presumirse que por aplicación del artículo 59.Uno de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que dice así: "Artículo 59. Modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. Uno. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 7 del texto refundido de la ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, que quedan redactados en los siguientes términos: 2. El derecho a la titularidad de las prestaciones de Clases Pasivas podrá ejercerse en cualquier momento posterior a la ocurrencia del hecho que lo cause, de acuerdo con lo que se dice en el apartado 2 del artículo anterior. No obstante, si el reconocimiento del derecho a la titularidad de las prestaciones no pudiera efectuarse, por causa imputable al interesado, dentro de los cuatro años contados a partir del día en que éste se ejercitó, caducarán todos los efectos derivados de la petición deducida, y los efectos económicos de ese derecho sólo se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la subsanación por el interesado de los defectos a él imputables. Igualmente, si el derecho se ejercitase después de transcurridos cuatro años contados a partir del día siguiente al de su nacimiento, los efectos económicos del mismo sólo se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de presentación de la oportuna petición. 3. El derecho al cobro de las prestaciones de Clases Pasivas podrá ejercerse en cualquier momento posterior al de reconocimiento del derecho a la titularidad de las mismas, conforme lo dispuesto en el apartado 2 del precedente artículo. Sin perjuicio de ello, caducarán los efectos de aquél por el no ejercicio del derecho durante cuatro años, contados a partir del arranque del derecho a la titularidad de las prestaciones y por falta de presentación, dentro del mismo plazo, de la documentación necesaria para la inclusión en nómina. En estos casos la rehabilitación en el cobro o la inclusión en nómina se hará con efectos económicos del primero del mes siguiente al de ejercicio de ese derecho o al de la presentación de la indicada documentación. Dos. El plazo de caducidad a que hace referencia el artículo 7.2 y 3 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, en la redacción dada por el apartado uno del presente artículo, no resulta de aplicación a los supuestos en que el interesado haya ejercitado el derecho a la titularidad de las prestaciones de Clases Pasivas o el derecho al cobro de las mismas con anterioridad a 1 de enero de 2004". Se trata, ahora, de ver si los plazos del Real Decreto 5/1993 han sido, o no, alterados por la nueva redacción del artículo 7 del Texto Refundido de 1987, y de su lectura, tanto su versión original como su modificación de 2003, en su comparación con el Real Decreto 5/1993, se deduce que ambos contemplan supuestos distintos y que el Real Decreto 5/1993 actúa como excepción a las reglas del Texto Refundido de 1987, por lo que si desde la modificación de 2003 se entendía que procedía una modificación de plazos en materia de retroactividad, prescripción y caducidad de los derechos pasivos debió hacerse, también, una modificación expresa del Real Decreto 5/1993 en este sentido y no se ha hecho, por lo que se entienden vigentes los plazos de cinco años del citado Real Decreto.

        SEXTO: Por último señalar que publicado el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto 670/1987, de 30 de abril, su Disposición Adicional Séptima dice: "Para las pensiones especiales de guerra que se reconozcan al amparo de las Leyes 35/1980, de 26 de junio, 6/1982, de 29 de marzo y 5/1979, de 18 de septiembre, y del Decreto 670/1976, de 5 de marzo, a partir de la fecha de entrada en vigor de este texto, continuará rigiendo como legislación supletoria la legislación de Clases Pasivas vigente a 31 de diciembre de 1984, con las modificaciones recogidas en este Texto", modificaciones que según su artículo 3.2 se recogen en su Título II, que comprende los artículos 54 al 64, y este remite en materia de competencias a lo dispuesto en el Capítulo II del Subtítulo I del Título I de este Texto que será de aplicación al reconocimiento y concesión de los derechos pasivos causados con arreglo a la legislación de Clases Pasivas vigente a 31 de diciembre de 1984 y en general a los procedimientos administrativos correspondientes. El citado Capítulo II, Subtítulo I del Título I comprende los artículos 11 a 17 ambos incluidos. Por ello, queda excluido de aplicarse a las pensiones especiales de guerra que se deriven de la Ley 5/1979 el artículo 7 del Texto Refundido de 1987, que regula el ejercicio de los derechos pasivos con sus modificaciones posteriores, por lo que sigue siendo el artículo 17 del Decreto 1120/1966, de 21 de abril, la normativa aplicable y que habla de períodos de retroactividad, prescripción o caducidad de cinco años, sin que sea de aplicación el artículo 7 del Texto Refundido de Clases Pasivas de 1987 en su redacción original (cinco años) o en la modificación introducida por el artículo 59 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al artículo 7 del Texto Refundido de 1987, fijando períodos de 4 años. Por ello, con base en el artículo 17 del Decreto 1120/1966, siguiendo la línea argumental del Centro Gestor de considerar influido el Real Decreto 5/1993 por los plazos del Texto Refundido de 1987, habría que considerar cinco años y no cuatro.

        SÉPTIMO: Por lo expuesto, en casos como el presente, en tanto no se modifiquen los plazos fijados en el Real Decreto 5/1993, los efectos del artículo 13.1 se retrotraerán cinco años y para D.ª A los efectos del reconocimiento de su pensión de orfandad deben retrotraerse al 1 de febrero de 2001 (cinco años) y no al 1 de febrero de 2002 (cuatro años), que es la que se indica en el señalamiento impugnado por la interesada y que debe corregirse en este punto. Por lo expuesto, procede retrotraer la fecha de efectos del señalamiento de 24 de febrero de 2006 al 1 de febrero de 2001.

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, ACUERDA: Estimar en parte la reclamación económico-administrativa interpuesta por D.ª A, contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 22 de junio de 2006, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de 24 de febrero de 2006, sobre reconocimiento de pensión de orfandad coparticipada al amparo de la Ley 5/1979, que se confirma, salvo la fecha de efectos que habrá de ajustarse a lo señalado en los fundamentos de la presente.

Pensión de orfandad
Fecha de notificación
Seguridad jurídica
Gastos de personal
Actos firmes
Recibo de salarios
Revisión de los actos administrativos
Plazo de caducidad
Caducidad
Prescripción y caducidad

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 62/2003 de 30 de Dic (Medidas fiscales, administrativas y del orden social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 313 Fecha de Publicación: 31/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 520/2005 de 13 de May (Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revision en via administrativa) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 126 Fecha de Publicación: 27/05/2005 Fecha de entrada en vigor: 27/06/2005 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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