Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2955/1999 de 30 de Noviembre de 2000

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 30 de Noviembre de 2000
  • Núm. Resolución: 00/2955/1999

Resumen

No se acoge la alegación de los declarados responsables subsidiarios en virtud del artículo 40.1 de la L.G.T., referida a la supuesta falta de poder de la persona que suscribió las actas de Inspección en nombre de la sociedad obligada principal, puesto que ésta nunca cuestionó este extremo, a pesar de las numerosas actuaciones recaudatorias posteriores originadas en dichas actas en las que se intervino y que se realizaron con su conocimiento formal, lo que en todo caso implicaría la ratificación por parte de la sociedad de lo actuado en nombre (artículo 1.259 del Código Civil).

Descripción

FUNDAMENTOS DE DERECHOPRIMERO.- Concurren en el presente recurso de alzada, los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuestos procedimentales para la admisión a trámite del mismo, en el que la cuestión que en definitiva se plantea, es la de la adecuación o no a Derecho de los acuerdos de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de                 de la Agencia Tributaria, que declaró a los ahora recurrentes responsables subsidiarios del pago de determinadas deudas tributarias pendientes de la entidadSEGUNDO.- Según se ha expuesto anteriormente, en el presente recurso de alzada, se pretende la anulación de las Actas de Inspección de las que traen causa las deudas derivadas en base a mantener que la persona qpe representó a la entidad obligada principal suscribiendo las Actas de conformidad, carecía de facultades para ello.La carencia de facultades, se argumenta a su vez desde una doble vertiente, sosteniendo por una parte que la persona que concedió la autorización a un tercero para representar ante la Inspección a la entidad            no tenía atribución para conceder por si sólo  dicha  representación,  sino que tenía que haber obrado mancomunadamente con otro Consejero y manteniendo por otra parte, que en todo caso, dicha autorización no puede reputarse válida al no constar en documento público.Respecto de la primera de las cuestiones enunciadas, referente a la posibilidad o no de considerar válida la autorización otorgada por uno sólo de los Consejeros, es de señalar que de la documentación obrante en el expediente se deducen las siguientes circunstancias de hecho: a) que la Junta General de                   celebrada el 30 de noviembre de 1992, acordó entre otros extremos la modificación y adaptación de sus Estatutos, quedandoredactado su artículo l4º referente al "Organo de Administración" de la siguiente manera: "La gestión y representación de la Sociedad corresponderá a un Consejo de Administración nombrado por la Junta General. Serán funciones del Organo de Administración dirigir los negocios sociales, administrar el patrimonio social y representar a la sociedad"; b) que en la misma Junta General, se procedió a la designación de los cargos del Consejo de Administración, acordando los siguientes nombramientos:"Presidente:Vicepresidente:Secretario:Tesorero:Vocal:Consejeros Delegados: Se delegan todas las facultades del Consejo de Administración  excepto las indelegables según la Ley, en todos los miembros del Consejo para que sean ejercitadas conjuntamente por al menos dos cualesquiera de ellos".TERCERO.- El artículo 26, del Reglamento de Inspección de los Tributos que regula la "capacidad de obrar" ante la Inspección, determinando en su apartado 2, que "por las personas jurídicas de naturaleza pública o privada deberán actuar las personas que ocupen al, actuar la Inspección los órganos a quienes corresponda su representación, por disposición de la Ley o por acuerdo válidamente adoptado". Ello  plantea la cuestión de si                    tenía por sí sólo capacidad para actuar ante la Inspección en nombre de                concediendo autorización a un tercero para que representara a la Sociedad, o si, en virtud de lo acordado en la Junta General celebrada el 30 de noviembre de 1992, y pese a su condición de Presidente del Consejo de Administración su capacidad estaba condicionada a actuar conjuntamente con otro miembrodel Consejo. En relación con el tema suscitado, es oportuno observar que del examen del expediente no se deduce que en ningún momento posterior a la formalización de las Actas de Inspección de las que traen causa las deudas derivadas a los declarados responsables subsidiarios, la sociedad  hubiera cuestionado el tema referente a la posible falta de capacidad de la persona que actuó en nombre de la mencionada empresa ante la Inspección y eso a pesar de que, según se deduce del examen del expediente, con posterioridad a la incoacción de dichas Actas, se produjeron numerosas actuaciones por parte de la Administración Tributaria, encaminadas a obtener de la mencionada empresa el pago del importe de las correspondientes liquidaciones con conocimiento formal del obligado tributario. Ello implica una aceptación tácita por parte de la sociedad                   de la posibilidad de que el Presidente de su Consejo de Administración actuara por sí sólo en nombre de la sociedad para autorizar a una tercera persona para representarla,  es decir la ratificación de lo actuado (artículo 1259 del Código Civil), por lo que debe considerarse que la autorización otorgada a la persona que representó a la empresa ante la Inspección fue admitida en su momento por el obligado tributario principal constituyendo la admisión o aceptación una facultad personalisima no susceptible de ser cuestionada por otros posibles obligados tributarios.CUARTO.- Alegan por otra parte los recurrentes, que la autorización extendida por          a favor de un tercero para actuar ante la Inspección en nombre de la entidad          carece de validez al no haber sido otorgada en documentopúblico.Respecto de esta cuestión, es de señalar que el articulo 27 del Reglamento de Inspección de los Tributos, regulador de la materia referente a la "representación voluntaria", dispone en el último párrafo de su apartado 1 que "La representación podrá ser conferida tanto por los mismos obligados tributarios como por sus representantes legales o quienes ostenten la representación propia de las personas morales, podrá ser otorgada a favor de personas jurídicas o de personas fisicas con capacidad de obrar suficiente". Por otra parte, y en el apartado 3, determina lo siguiente:"Para suscribir las actas que extienda la Inspección de los Tributos y para los demás actos que no sean de mero trámite por afectar directamente a los derechos y obligaciones del obligado tributario, la representación deberá acreditarse válidamente.En particular, se entenderá acreditada la representación en los siguientes casos:a) Cuando su existencia se haya hecho figurar expresamente en la correspondiente declaración tributaria comprobado a menos que después se haya revocado la representación conferida dando cuenta expresamente a la Administración.b) Cuando la representación conferida resulte concluyentemente de los propios actos o de la conducta observada por el obligado tributario en relación directamente con las actuaciones inspectoras.c) Si consta en documento privado el poder otorgado, respondiendo el apoderado con su firma, al aceptar la representación de la autenticidad de la de su poderdante".De lo expuesto se deduce que para autorizar a una determinada persona -o que represente a otra, fisica o juridica ante la Inspección de Tributos, no es preciso que tal autorización conste en documento público, sino que ésta puede acreditarse mediante cualquiera de los medios regulados en la norma transcrita. Pues bien, en el presente caso y según se deduce del examen del expediente existe constancia de que el 26 de octubre de 1992,  actuando como apoderado de la entidad                     extendió y suscribió autorización en el impreso normalizado al efecto, para que  le representara ante la Inspección de la Agencia Tributaria para cumplimentar el requerimiento que se le había hecho de "comprobación de situación tributaria". En el mismo impreso consta una diligencia cumplimentada y suscrita por                   , aceptando la autorización y haciendo constar que la finca del autorizante es auténtica. En consecuencia debe concluirse por afirmar que, en el presente caso la autorización concedida a un tercero por actuar ante la Inspección en nombre del obligado tributario se adecuó a lo previsto en la normativa tributaria reguladora de la "representación voluntaria" para comparecer ante la Inspección por lo que la autorización concedida al respecto debe considerarse válida, lo cual conduce a la total desestimación del presente recurso, ya que por lo demás no se aprecia en el expediente de gestión ningún defecto de fondo o de forma que pudiera ser determinante de su anulación. Por lo expuesto, ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución al presente recurso de alzada, ACUERDA:  Desestimarlo confirmando la resolución impugnada.

Consejo de administración
Responsabilidad
Acta de inspección
Obligado tributario
Denominación social
Órganos de administración
Inspección tributaria
Deuda tributaria
Documento público
Acta de conformidad
Capacidad de obrar
Persona jurídica
Patrimonio social
Falta de capacidad
Representación voluntaria
Persona física
Declaraciones Tributarias
Documento privado