Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2956/2005 de 31 de Mayo de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 31 de Mayo de 2006
  • Núm. Resolución: 00/2956/2005

Resumen

No procede la petición de abono de intereses por demora en la jubilación y en el señalamiento de la pensión correspondiente, ya que no hay en la legislación de Clases Pasivas ni en la vigente, ni en la derogada, una norma que establezca el reconocimiento de interés de demora para el supuesto de retraso en el señalamiento de las pensiones, en general, o de las de jubilación, que sea similar al artículo 3.b) de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de derechos y garantías de los contribuyentes. Ahora bien, si lo que el interesado pretende es que le abonen intereses en concepto de indemnización, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley 30/1992, no es competencia ni del Centro Gestor, ni del Tribunal Económico-Administrativo, sino que el interesado debe plantear la reclamación de indemnización ante la Administración u órgano de la misma donde se haya producido el mal funcionamiento. En el presente caso ante el órgano de jubilación (Diputación) o ante el Registro Central de Personal.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 31 de mayo de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesta por D. ..., con domicilio en ..., contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 25 de mayo de 2005, sobre denegación de abono de intereses por demora en la jubilación y en el señalamiento de la pensión correspondiente.

                                               ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El 9 de diciembre de 2004, D. ... presentó escrito en la Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda de ..., en el que solicitaba el reconocimiento de la pensión del Régimen de Clases Pasivas, con efectos de 22 de marzo de 2001, y la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas solicitó a la Diputación Foral de ... la remisión del Documento J, iniciación de oficio del procedimiento de reconocimiento de pensión de jubilación del Régimen de Clases Pasivas del Estado, cuya última versión, fechada el 4 de marzo de 2005, dice que D. ..., nacido el ... de 1936, perteneciente al Cuerpo ..., Grupo A, número de Registro de Personal ..., transferido a la Diputación Foral de ... y en situación de excedencia voluntaria desde ... de 1989, fue jubilado forzoso por cumplimiento de la edad de 65 años, con efectos de ... de 2001, por resolución de la referida Diputación Foral de ... de 2004, que le certificó un total de 26 años, 2 meses y 5 días de servicios efectivos al Estado, conforme al siguiente desglose:

        (...)
                                                                
TOTAL    26     2     5     0

SEGUNDO: Por acuerdo de 1 de abril de 2005, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas reconoció al interesado pensión ordinaria de jubilación forzosa por cumplimiento de la edad reglamentaria, con efectos económicos de ... de 2001, primer día del mes siguiente al del hecho causante, de 1.442,99 € de cuantía íntegra mensual, en base a los siguientes datos:

A.- Servicios efectivos al Estado tomados en consideración en el momento del nacimiento del derecho a la pensión:

        (...)
                                                                
TOTAL     26      2     4

B.- Cálculo de la pensión en el año 2001:
                                                            
TOTAL   20.201,85  

Reguladores de la Ley de Presupuestos de 2001 actualizados conforme a la disposición adicional sexta de la Ley de Presupuestos para 2002.

Cuantía anual para 2001: 20.201,85 euros.

Revalorizaciones:

Cuantía anual para 2001: 20.201,85 euros.

Cuantía mensual para 2001: 1.442,99 euros.

TERCERO: Por escrito fechado el 14 de mayo de 2005, sin pie de dirección, certificado en Correos el 14 del mismo mes y recibido el día 18 siguiente en la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, D. ... solicita que junto con la liquidación de atrasos se proceda a liquidar los intereses correspondientes al importe neto de cada mensualidad vencida por el tiempo transcurrido entre su devengo y la fecha efectiva del pago al interés legal vigente en cada momento, exponiendo los siguientes fundamentos:  A.- Ha habido un retraso injustificado de casi cuatro años en la tramitación de los procedimientos de jubilación y reconocimiento de pensión. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 6° del Real Decreto 172/1988 por el que se regulan los Procedimientos de jubilación y concesión de pensión de jubilación de funcionarios civiles del Estado, corresponde al órgano de jubilación iniciar de oficio el procedimiento seis meses antes de que se cumpla la edad de jubilación forzosa. En mi caso y en mi condición de funcionario transferido a la Diputación Foral de Guipúzcoa, correspondía a la misma la iniciación del expediente como órgano competente. A tal fin, y de acuerdo con lo previsto en el art. 4°.3, el Registro Central de Personal del Ministerio para las Administraciones Públicas debió suministrar anticipadamente, a la Diputación, la información necesaria de los funcionarios que fueran a jubilarse por edad. Por otra parte, el art. 2°.2 define el procedimiento de concesión de pensión de jubilación como el conjunto de actuaciones administrativas conducentes al reconocimiento de la pensión, al señalamiento inicial de la pensión correspondiente y a la inclusión en una nómina pagadera a su favor de la primera mensualidad de tal pensión y de los atrasos que, excepcionalmente, pudieran existir por este concepto. La referencia a los atrasos como una situación excepcional, es completamente lógica porque el mismo Real Decreto, en su art. 3, obliga a tramitar coordinadamente ambos procedimientos en el supuesto de jubilación forzosa por edad. De esta manera, en el supuesto de un funcionamiento normal de la Administración en general y en particular del Registro Central de Personal, la Diputación, con la colaboración de dicho Registro hubiera iniciado el procedimiento jubilación a su debido tiempo, esto es se hubiera iniciado el ... de 2000 y tramitado conjuntamente con el procedimiento de concesión de la pensión, de forma que el ... de 2001, fecha a la que se remontan los atrasos, se hubiera ya incluido en nómina la primera mensualidad devengada. Mi derecho a percibir la pensión se devengó el ... de 2001. Según dispone el Rdl. 670/1987 que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas, en su art.7, el reconocimiento de los derechos habrá de instarse por los propios interesados, salvo en los supuestos en que, reglamentariamente se determine la incoación de oficio del procedimiento correspondiente. Según hemos expuesto en el punto anterior, en el supuesto de jubilación forzosa por razón de edad, el procedimiento debió iniciarse de oficio y tramitarse conjuntamente con el de jubilación. Por consiguiente el retraso en iniciar el procedimiento es imputable exclusivamente a la Administración. Por otra parte, el art. 20 de dicho Real Decreto, dispone que las pensiones de jubilación se devengarán el primer día del mes siguiente al de la jubilación o retiro del funcionario, en mi caso, el ... de 2001. Conforme con ello, el pasado 28 de abril, el Jefe de la Unidad de Clases Pasivas de la Delegación de Economía y Hacienda en ... me informa de la inclusión en la nómina del mes de ... de la liquidación, a la vista de la cual hay que concluir que entre las fechas en que se devengaron estos haberes pasivos y la fecha efectiva en que se van a percibir se ha producido una demora injustificada con el consiguiente perjuicio económico que, de acuerdo con la jurisprudencia, debe compensarse con el abono de los intereses corridos durante el tiempo transcurrido entre el momento del devengo y el del pago. Justifica esta pretensión en lo establecido en el art. 45 de la Ley General Presupuestaria y en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

CUARTO: La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de 25 de marzo de 2005, resolvió denegar el reconocimiento de intereses de demora solicitados en base a los siguientes fundamentos: A.- El artículo 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establece que "Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley, sobre cantidad debida, desde que el acreedor reclame por escrito el cumplimiento de la obligación". En el caso presente el reconocimiento de la obligación se produjo el día 1 de abril de 2005, y su importe fue incluido en la nómina el mes de mayo de 2005, por lo que no han transcurrido los tres meses requeridos por la norma. En efecto, ni el cumplimiento de la edad reglamentaria, ni la jubilación del interesado por el órgano competente, tienen un contenido económico determinado, sino que constituyen los presupuestos habilitantes para proceder a la jubilación, o al reconocimiento de la pensión correspondiente. Por ello, el verdadero reconocimiento de obligación se produce una vez que esta Dirección General determina, con base en la resolución de la Diputación Foral de ..., el derecho a pensión de jubilación, cuantificando el contenido de la obligación, mediante resolución de 1 de abril de 2005. B.- La demora en la tramitación del expediente de reconocimiento de pensión de jubilación, a parte de no ser tal en el presente caso, pues los plazos se suspendieron por la solicitud de documentación determinante, solo si transcurre el plazo máximo de 3 meses establecido en el art 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común produce el efecto de poder entender resuelto de forma positiva el expediente y la eventual exigencia de responsabilidad al funcionario responsable. C.- Esta Dirección General no puede pronunciarse sobre los perjuicios causados al interesado por el retraso en su jubilación por parte de la Diputación General de ..., por no ser asunto de su competencia. No obstante se señala como el apartado cuarto de la Resolución, de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se modifican los procedimientos de jubilación del personal civil incluido dentro del ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado establece que los procedimiento de jubilación forzosa por edad se iniciarán de oficio pero que "en el supuesto de que algún funcionario que se encontrare en situación distinta de la de servicio activo no reciba la propuesta de resolución de jubilación forzosa, deberá dirigirse al órgano de jubilación competente a efectos de iniciación del procedimiento".

QUINTO: Contra el anterior acuerdo, cuya fecha de notificación no consta acreditada en el expediente, con fecha 14 de julio de 2005 el interesado presentó escrito en la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de ..., en el que interponía reclamación económico-administrativa acompañando copia del acuerdo recurrido y escrito de alegaciones en el que reitera los argumentos ya recogidos en el antecedente de hecho tercero anterior. Por escrito presentado el 7 de marzo de 2006, el interesado reitera en la súplica y alegaciones referidas.

                                                       FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la única cuestión planteada consiste en determinar si procede, o no, reconocer al interesado intereses de demora.

        SEGUNDO: Según el artículo 1100 del Código Civil "incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista: 1) cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente...". Y señala el artículo 1.108 del Código Civil: "si la obligación consistiera en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en el interés legal". Por otra parte, conforme a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, BOE del 27, las obligaciones de la Hacienda Pública estatal nacen de la Ley, de los negocios jurídicos y de los hechos o actos que, según derecho, las generen (art. 20) y las obligaciones de pago sólo son exigibles de la Hacienda Pública cuando resulten de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, de sentencia judicial firme o de operaciones presupuestarias legalmente autorizadas (art. 21), por lo que, en el presente caso, careciendo el interesado de una declaración judicial favorable, hay que determinar, en primer lugar, si hay una norma legal que establece el pago de intereses en caso de demora en el señalamiento de pensiones o en el pago de pensiones ya señaladas con cargo a la Sección 07 -Clases Pasivas del Presupuesto General del Estado, y en caso de no existir, si es posible, por otra vía, acceder a su pretensión.

        TERCERO: No hay en el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, una norma que establezca el reconocimiento de interés de demora para el supuesto de retraso en el señalamiento de las pensiones, en general, o de las de jubilación, como es el caso de la pensión del interesado, en concreto. No hay en la legislación de Clases Pasivas ni en la vigente ni en la derogada, norma similar al artículo 3.b) de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de derechos y garantías de los contribuyentes, que dice: "constituyen derechos generales de los contribuyentes los siguientes: ...b) derecho a obtener en los términos previstos en la presente ley, las devoluciones de ingresos indebidos y las devoluciones de oficio que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo, 58.2.c) de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto. A su vez la Ley General Tributaria (artículo 58.2.c) decía: "en su caso, también formarán parte de la deuda tributaria: ... c) el interés de demora, que será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en que aquél se devengue, incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente". Por su parte, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sustituyó a la de 1963, en su artículo 58.2.a) dice: "Además, la deuda tributaria estará integrada, en su caso, por: a) el interés de demora". Pero tanto la Ley 230/1963 como la Ley 58/2003 se refieren a los contribuyentes y no a los beneficiarios de prestaciones de Clases Pasivas.

        CUARTO:         Por lo expuesto, al no haber en la legislación de Clases Pasivas una norma legal que ampare la emisión de una resolución administrativa favorable a las pretensiones del interesado, la actuación de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas no reconociendo intereses de demora en el señalamiento de la pensión de jubilación ordinaria del interesado se halla ajustada a derecho, pues es el órgano competente a estos efectos, conforme a los artículos 11 y 64 del Texto Refundido de Clases Pasivas del Estado de 1987, quien debe realizar el reconocimiento de los derechos pasivos o la concesión de prestaciones de los funcionarios civiles, como es el caso presente.

        QUINTO: Sin título administrativo o sentencia judicial en la que se reconozcan intereses de demora, la única manera de pagárselos se hubiese dado en el supuesto de retrasos de la Administración a la hora de hacer efectivo el pago de la liquidación y alta en nómina hecha en la Caja Pagadora de Clases Pasivas donde el interesado percibe sus haberes, en este caso la de ..., según el antecedente de hecho tercero, letra B. Todo ello conforme: a lo establecido en el artículo 45 del Real Decreto 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, según el cual: "si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública dentro de los 3 meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación habrá de abonarse el interés señalado en el artículo 36, párrafo 2 de esta Ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor reclame por escrito el cumplimiento de la obligación"; al artículo 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en vigor desde el 1 de enero de 2005, y en el mismo sentido el art. 45 del derogado Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que establece "si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley (interés legal), sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación". En conclusión, para que la Administración incurra en demora, es preciso que concurran dos requisitos: 1) transcurso de tres meses desde la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, y 2) reclamación por escrito del acreedor de la Administración a esta. En el presente caso, la Caja Pagadora de Clases Pasivas de ... hizo efectivo el abono de las liquidaciones de atrasos antes de que el interesado reclamase por escrito el pago de lo señalado en el señalamiento de pensión de 1 de abril de 2005, según indica el Centro Gestor en acuerdo de 25 de mayo de 2005, expuesto en el antecedente de hecho cuarto, si bien hay que indicar que contra el alta en nómina y liquidación de atrasos que hacen las Cajas Pagadoras se debe recurrir ante los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y no ante este Tribunal Central. Por lo expuesto, no se dan las condiciones señaladas por la Ley para el abono de intereses por demora en el pago de obligaciones ya reconocidas.

        SEXTO: Por otro lado, si lo que el interesado pretende es que se le abonen intereses en concepto de indemnización, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, a cuyo tenor "Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos", admitiendo, que la demora en el reconocimiento de la pensión al interesado, constituyera una lesión en  el derecho del hoy reclamanha de estarse al párrafo 2º del citado artículo que precisa "En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas", así como al artículo 142, a cuyo tenor "Los procedimientos de responsabilipatrimonial... se resolverán por el Ministro respectivo, el Consejo de Ministros si una Ley así lo dispone...", de lo que se deduce la incompetencia, tanto del Centro Gestor como de este Tribunal, para conocer de tal petición. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la citada Ley 30/1992, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas deberá remitir la petición del interesado al órgano administrativo competente del Ministerio de Economía y Hacienda.

           SÉPTIMO: En el mismo sentido expuesto en el fundamento de derecho anterior, el interesado debe plantear la reclamación de indemnización ante la Administración u órgano de la misma donde se haya producido el mal funcionamiento. En el presente caso ante el órgano de jubilación (Diputación de ...) o ante el Registro Central de Personal. Por lo que respecta a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, el escrito de solicitud de pensión se presentó el 9 de diciembre de 2004 y la última versión del Documento J expedido por la Diputación Foral de ... se fechó el 4 de marzo de 2005, siéndole reconocida pensión por acuerdo de ... de 2005, lo que no se corresponde, en absoluto, con un mal funcionamiento del Centro Gestor de Clases Pasivas.

        Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA,   ACUERDA:  Desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por D. ..., contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 25 de mayo de 2005, sobre denegación de abono de interés por demora en la jubilación, y en el señalamiento de la pensión correspondiente, que se confirma.

Prestación de jubilación
Jubilación forzosa
Intereses de demora
Recibo de salarios
Régimen de Clases Pasivas
Intereses legales
Reclamación de indemnización
Responsabilidad
Excedencia voluntaria
Iniciación de oficio
Funcionarios civiles del Estado
Edad de jubilación
Actuación administrativa
Perjuicio económico
Haberes pasivos
Presupuestos generales del Estado
Perjuicios económicos
Tramitación del expediente
Deuda tributaria
Secretarías de Estado
Servicio activo
Fecha de notificación
Indemnización de daños y perjuicios
Negocio jurídico
Interés legal del dinero
Devolución de ingresos indebidos
Jubilación ordinaria
Fuerza mayor

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 47/2003 de 26 de Nov (General presupuestaria) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 284 Fecha de Publicación: 27/11/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2005 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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