Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3076/2005 de 14 de Febrero de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 14 de Febrero de 2007
  • Núm. Resolución: 00/3076/2005

Resumen

Procede el acuerdo de declaración de responsabilidad subsidiaria al reclamante, pese a la presunta celebración de Junta General en la que se acordó el cese del Consejo de Administración, pues los miembros del mismo siguieron ejerciendo funciones de administración y el nuevo nombramiento de Administrador Único no vincula a la Hacienda Pública (tercero de buena fe) sino desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública. Tampoco el posible desconocimiento del idioma y de la normativa legal supone en sí causa exonerante de su responsabilidad.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 14 de febrero de 2007 en la reclamación que, en recurso de alzada, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesto por D. A, con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el Acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 24 de mayo de 2005, dictado en la Reclamaciones ... y ... acumuladas, en materia de responsabilidad subsidiaria por administrador. Importe: 31.779.970 pesetas (191.001,47 €).

                                                            ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: La Delegación Especial de ... (Dependencia de Recaudación) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por Resolución de 23 de octubre de 2001 declara responsable subsidiario, entre otros, a D. A, del pago de las deudas tributarias contraídas por la mercantil ..., S.A., declarada fallida el 29 de agosto de 2001, en importe total de 31.779.970 pesetas (191.001,47 €) por el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido-Actas 1995-1997 e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas-Actas 1995, en aplicación del párrafo primero del artículo 40.1 de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963), en la redacción dada por la Ley 10/1985, de 26 de abril; no exigiéndose las sanciones al estar suspendidas de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 1/98 de 26 de febrero, de acuerdo con el siguiente desglose:

Liquidación                                                                           Importe principal

...-I.V.A.-Actas 1995-1997 .....................20.829.276 pesetas (125.186,47 €)

...-I.R.P.F.-Actas 1995                                    10.950.694 pesetas (65.815 €)

   Total .....................................................31.779.970 pesetas (191.001,47 €)

Contra este acuerdo se interpuso el reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... alegando, en síntesis lo siguiente: 1) que fue nombrado Vocal del Consejo de Administración de la Sociedad deudora el 5 de junio de 1992 y cesó el 13 de mayo de 1993 en que fue nombrado Administrador único; que este cese se inscribió en 1998, lo cual no puede perjudicar al causante, porque se trata de un trámite que corresponde sólo al nuevo administrador; 2) que la Sentencia de 10 de mayo de 1999 del Tribunal Supremo declara la falta de responsabilidad de quién ha cesado y está desvinculado de la gestión de la Sociedad deudora; 3) que durante su cargo no tuvo responsabilidad en las deudas tributarias, que desconocía y 4) que no se prueba por la administrativo la culpa o negligencia del administrador.

Esta reclamación se tramita con el nº ...

        SEGUNDO: Con fecha 19 de febrero de 2002 la Delegación Especial de ... (Dependencia Regional de Recaudación) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria expide las Providencias de apremio correspondientes a las deudas de referencia, con un 20 % por recargo de apremio, por importes totales de 78.978 € (65.815 € de principal y 13.163 € por recargo de apremio) y de 150.223,76 € (125.186,47 € de principal y 25.037,29 € por recargo de apremio), respectivamente.

Contra estas Providencias de apremio se interpusieron reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., alegando la suspensión de las liquidaciones originarias. Estas reclamaciones se tramitan con los nº ... y ..., respectivamente.

        TERCERO: El Tribunal Regional, en resolución a estas reclamaciones, que acumula, dicta acuerdo de fecha 24 de mayo de 2005 (Reclamaciones ... y ...) por el que las desestima, "confirmando los actos administrativos impugnados".

        CUARTO: Contra el citado acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., notificado el 14 de junio de 2005, el interesado interpone para ante este Tribunal Económico-Administrativo Central el presente recurso de alzada por escrito que tiene entrada en el Registro de dicho Tribunal Regional el día 14 de julio del mismo año, reiterando las alegaciones expuestas en primera instancia, consistentes en el cese como administrador y en su falta de culpa.

QUINTO: Analizado el expediente administrativo, se deducen los siguientes datos y documentos:

1).- La Sociedad ..., S.A. (deudora principal) fue constituida mediante escritura pública el día 4 de octubre de 1985 por D. B, Dª. C y D. D, en Junta General de accionistas se nombra:

Presidente- D. B.

Secretario - Dª. C y

Vocal - D. D.

2).-
En Junta General extraordinaria universal celebrada el 5 de junio de 1992 se acuerda nombrar un Consejo de Administración formado por

        Presidente- D. B.

Secretario - D. D y

Vocal - D. A.

De estos acuerdos se otorga escritura pública el 18 de junio de 1992 que se inscribe en el Registro Mercantil el 15 de febrero de 1993.

3).-
En Junta General extraordinaria universal celebrada el 13 de mayo de 1993 se acuerda el cese del Consejo de Administración y se nombra Administrador único a D. B. De estos acuerdo se otorga escritura pública el 17 de diciembre de 1997 que se inscribe en el Registro Mercantil el 10 de marzo de 1998.

4).-
La Sociedad ..., S.A. tiene pendiente de pago a la Hacienda Pública el importe de 161.824.582 pesetas (972.585,33 €), según el siguiente desglose:

        (...)

Total ....................................161.824.582 pesetas (972.585,33 €).

5).-
Acuerdo de fecha 23 de octubre de 2001 la Dependencia de Recaudación de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por el que se le deriva, entre otros, a D. A la responsabilidad de las deudas de la mercantil ..., S.A., en importe total de 31.779.970 pesetas (191.001,47 €) por el concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido-Actas 1995-1997 e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas-Actas 1995, y las Providencias de apremio correspondientes a estas deudas requeridas, objetos de la presente reclamación.

                                                       FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO: Concurren en el presente recurso de alzada los requisitos de competencia, legitimidad y plazo establecidos para las actuaciones en esta vía para su toma en consideración por este Tribunal Central.

        SEGUNDO: La cuestión que se plantea en este recurso consiste en decidir si es o no ajustado a Derecho el Acuerdo recurrido y, en consecuencia, si el reclamante D. A era o no responsable subsidiario de las deudas de la Sociedad deudora/fallida ..., S.A.

        TERCERO: Al respecto el artículo 40.1 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 10/1985, de 26 de abril establece que: "1. Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de las mismas que no realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hiciesen posibles tales infracciones.

Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades los administradores de las mismas.

Lo previsto en este precepto no afectará a lo establecido en otros supuestos de responsabilidad en la legislación tributaria en vigor".

Establece pues, la Ley General Tributaria dos causas de imputación de responsabilidad: 1) Las infracciones cometidas por la sociedad administrada; y 2) El cese de la actividad por la sociedad.

En cuanto a la primera se exige la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Comisión de una infracción tributaria por la sociedad administrada; b) Condición de administrador al tiempo de cometerse la infracción; y c) Una conducta en el administrador que se relacionen con el propio presupuesto de la infracción en los términos señalados en dicho articulo 40.1, reveladora de no haber puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de la obligación tributaria, extendiéndose la responsabilidad al importe de la sanción en el caso de infracción simple y a la totalidad de la deuda tributaria en el caso de infracción grave; exigiéndose respecto a la segunda causa, es decir, el cese de actividad de la sociedad administrada: a) La cesación de hecho de actividad de la persona jurídica teniendo la misma obligaciones tributarias pendientes; y b) La condición de administrador al tiempo del cese.

        CUARTO: El problema se centra en comprobar si el reclamante reúne o no los requisitos para ser el responsable subsidiario de parte de las deudas pendientes de la referida Sociedad fallida, es decir, si era o no administrador de dicha Sociedad al tiempo de cometerse las correspondientes infracciones tributarias.

Al respecto, el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio establece que "Los actos sujetos a inscripción sólo serán oponibles a terceros de buena fe desde su publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil. Quedan a salvo los efectos propios de la inscripción"; para continuar señalando en el apartado 4 del mismo artículo que "La buena fe del tercero se presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito, el acto inscrito y no publicado o la discordancia entre la publicación y la inscripción". En el presente caso, la Hacienda Pública no conocía tal circunstancia sino incluso lo contrario; consta en el expediente administrativo que con posterioridad a la Junta de 13 de mayo de 1993 D. B actuaba en su condición de "Presidente" del Consejo de Administración de la Sociedad (y no como Administrador único) y el reclamante, cuanto menos, estaba autorizado para disponer de los fondos en las cuenta corrientes abiertas a nombre de la Sociedad deudora hasta los años 1996 y 2000 en distintas instituciones de crédito.

Este Tribunal Central, a la vista de los hechos documentados en el expediente administrativo (recogidos en el Hecho Quinto de este acuerdo) considera que en el reclamante se dan las circunstancias requeridas por las normas antes transcritas de permanecer como Administrador de la Sociedad durante el tiempo (15 de febrero de 1993 a 10 de marzo de 1998) cuyas infracciones tributarias han dado lugar a la deuda requerida, pues pese a la presunta celebración de Junta General el 13 de mayo de 1993 en la que se acordó el cese del Consejo de Administración, los miembros del mismo siguieron ejerciendo funciones de administración como tales, por lo que el nuevo nombramiento de Administrador Único no vincula a la Hacienda Pública (tercero de buena fe) sino hasta el 10 de marzo de 1998 fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de fecha 17 de diciembre de 1997 y ello determina el supuesto de responsabilidad mencionado, ya que concurren los requisitos exigidos para ello.
           
QUINTO: Asimismo, habría que añadir, respecto del tema de la posible ausencia de culpabilidad del declarado responsable, y una vez declarada su condición de administrador en el tiempo en que se cometieron las correspondientes infracciones tributarias;  que de acuerdo con lo determinado en el artículo 127 de la Ley de Sociedades Anónimas, los administradores, por el mero hecho de serlo, tienen la obligación de desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante legal, por lo que el posible desconocimiento del idioma y de la normativa legal, no es en sí, causa exonerante de su responsabilidad, por lo que resulta de procedente aplicación al caso del antes citado párrafo primero del artículo 40.1 de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963) y cuyo procedimiento se ha seguido el establecido en el artículo 14 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por  dado que la Sociedad deudora fue declarada fallida, se puso de manifiesto el expediente y se dictó acuerdo de derivación de responsabilidad que contenía los elementos esenciales de la liquidación, la cantidad a que alcanzaba la responsabilidad, los medios de impugnación, así como el lugar, plazo y forma de ingreso.  
           
SEXTO: En relación con las Providencias de apremio impugnadas, el artículo 99.1 del citado Reglamento General de Recaudación establece que "cabrá impugnación del procedimiento de apremio por los siguientes motivos: a) prescripción, b) anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación; c) pago o aplazamiento en periodo voluntario; y d) defecto formal en el título expedido para la ejecución. Se entiende por defecto formal la omisión o error en los datos del título que impidan la identificación del deudor o de la deuda apremiada, la falta o error sustancial de la liquidación del recargo de apremio y la falta de indicación de haber finalizado el periodo voluntario". En el presente caso, la deuda/ liquidación no había sido abonada en período voluntario ni suspendida lo que determina, de conformidad con los artículos 126.3 y 127 de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963) el inicio del período ejecutivo con el consiguiente devengo del 20 por 100 en concepto de recargo de apremio.

Por todo lo expuesto,

        EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en resolución al recurso de alzada interpuesto por D. ... contra el Acuerdo  del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 24 de mayo de 2005, dictado en la Reclamaciones ... y ...-acumuladas, en materia de responsabilidad subsidiaria por administrador. Importe: 31.779.970 pesetas (191.001,47 €). ACUERDA: Desestimarlo, confirmando el acuerdo recurrido.

Responsabilidad
Consejo de administración
Escritura pública
Administrador único
Recargo de apremio
Registro Mercantil
Administración Tributaria del Estado
Providencia de apremio
Buena fe del tercero
Deuda tributaria
Obligaciones tributarias
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Infracciones tributarias
Inscripción registral
Designación de administrador
Persona jurídica
Junta general extraordinaria
Pago de la deuda tributaria
Negligencia del administrador
Culpa
Cese de actividad
Acto administrativo impugnado
Junta General de Accionistas
Deudor principal
Cumplimiento de las obligaciones
No responsable
Comisiones
Boletín Oficial del Registro Mercantil
Instituciones de crédito
Administrador social
Denominación social
Procedimiento de apremio
Falta de notificación
Error sustancial
Omisión
Derivación de responsabilidad
Realización forzosa

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 939/2005 de 29 de Jul (Reglamento General de Recaudación) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 210 Fecha de Publicación: 02/09/2005 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2006 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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