Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3178/2004 de 15 de Junio de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 15 de Junio de 2006
  • Núm. Resolución: 00/3178/2004

Resumen

Se confirma la desestimación por el Director General de Tributos del recurso de reposición contra la contestación del citado Centro Directivo, en relación con una consulta presentada al amparo del artículo 8 de la Ley 1/1998, en relación con el artículo 107.4.f) de la LGT (redacción Ley 50/1988), en la que de acuerdo con el artículo 30.3 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos la consulta debía tenerse por no formulada y no resultaba procedente su tramitación, pues según informaba la Oficina Nacional de Inspección a la fecha de la consulta estaba en curso la regularización de la entidad por una cuestión relacionada con la consultada. Precisamente por su naturaleza y finalidad de información y asistencia, la consulta carece de sentido cuando se refiere a hechos, situaciones o circunstancias que, cuando se formula, están ya sujetos a comprobación por la Administración tributaria a través de la función inspectora.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 15 de junio de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Central, interpuesta por Don ..., en nombre y representación de X, S.A. (NIF.: ...), con domicilio para notificaciones en ..., contra acuerdo del Director General de Tributos, de 16 de junio de 2004, desestimatorio de recurso de reposición contra otro anterior del mismo Centro directivo, de 29 de enero de 2004, que resolvía tener por no formulada la consulta planteada por dicha entidad. Sin cuantía.

                                                      ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El 25 de julio de 2002 X, S.A. (en lo sucesivo X), presentó consulta vinculante, invocando el artículo 8 de la Ley 1/1998, en relación con el artículo 107.4.f) de la LGT, redactado por la Ley 50/1998, y el R.D. 404/1997.

        En ella se reseñaba que X adquirió en diciembre de 1993 el inmueble ... y en consecuencia amplió su objeto a la actividad inmobiliaria, con el fin de explotar en arrendamiento diversos locales del edificio (del cual X, a su vez, era arrendatario financiero), afectando a dicha actividad los elementos patrimoniales y humanos necesarios para su realización. Siendo tal actividad relacionada con el edificio una unidad económica distinta de la actividad principal de la compañía, para racionalizar y especializar la gestión se realizó por escritura de 2 de febrero de 2001 la aportación no dineraria de tal rama de actividad a la sociedad Inmobiliaria Y, S.L. (constituida el 27 de octubre de 2000), que acordó un aumento de capital, con emisión de nuevas participaciones sociales suscritas por la aportante. La adquirente continúa con un local dedicado exclusivamente a la actividad, en el propio edificio, y una persona con contrato laboral a jornada completa.

        X consultaba si a juicio de la Dirección General de Tributos tal operación de aportación no dineraria de rama de actividad podía acogerse a los beneficios establecidos en el Título VIII del Capítulo VIII de la Ley 43/1995.

SEGUNDO: El 29 de enero de 2004 el Centro directivo contestaba que según el artículo 107 de la LGT las consultas sobre el régimen tributario aplicable habían de formularse antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su declaración. Añadía que según informaba la Oficina Nacional de Inspección, a la fecha de la consulta estaba en curso la regularización de la entidad por una cuestión relacionada con la consultada, por lo que de acuerdo con el artículo 30.3.e) del RGIT la consulta debía tenerse por no formulada y no resultaba procedente su tramitación.

TERCERO: El 27 de febrero de 2004 X presentó recurso de reposición en el que, después de señalar que la contestación de la Dirección General no era una contestación a la consulta (contra la que no cabía recurso alguno según el art. 107.7 LGT), puesto que no la admitió a trámite, era un acto de trámite susceptible de impugnación, que decidía indirectamente sobre el fondo de la cuestión y ponía fin a la vía de gestión consistente en la formulación de consultas. (Art. 37 RPEA, aplicable por remisión del art. 1º del R.D. 2244/1979, sobre el recurso de reposición).

Por otro lado, el art. 107 LGT establecía que las consultas habían de formularse antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su declaración y, si como dice el acuerdo impugnado, el hecho imponible se realizó el 16 de marzo de 2001 el plazo para su declaración finalizaba el 25 de julio de 2002, al coincidir en X el ejercicio económico con el año natural; y justamente el 25 de julio de 2002 presentó X la consulta en la Administración de la AEAT de ...

Finalmente, la regularización a la que alude la Dirección General no encaja en el supuesto del art. 30.3.e) RGIT, puesto que como resultaba de la comunicación de inicio de actuaciones por la Inspección, cuya copia acompañaba, se refería a los ejercicios de 1996 a 1999, por lo que mal podía guardar relación con una aportación no dineraria que se realizó en 2001. Así, pues, solicitaba que se procediese a la contestación de la consulta presentada.

CUARTO: El 14 de mayo de 2004 la Dirección General de Tributos solicitó informe a la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos sobre la procedencia de interponer recurso de reposición contra el acuerdo por el que se consideraba no formulada la consulta, a lo que aquélla contestó afirmativamente el 31 de mayo de 2004.

El 16 de junio de 2004 el Director General resolvió desestimar el recurso de reposición, considerando:

1º) Se cumple el requisito del plazo de presentación del escrito de consulta.

2º) Como resulta del informe del Departamento de Inspección de la AEAT, a la fecha de presentación de la consulta se estaban realizando actuaciones inspectoras a la entidad, referidas a la cuestión de si era o no actividad empresarial la realizada con el inmueble "...", de innegable relación con lo que la consulta plantea -aportación de rama de actividad relativa a la de subarrendamiento de tal inmueble-; por ello, en aplicación del art. 30.3.e) RGIT, procedía reiterar el acuerdo impugnado.

QUINTO: Notificado el acto en fecha que no consta en el expediente, y según el interesado el 22 de junio de 2004, el 30 de junio de 2004 interpuso esta reclamación y, previa puesta de manifiesto del expediente, formuló alegaciones el 24 de febrero de 2005, en las que venía a decir:

- El art. 107 LGT prevé la consulta vinculante en lo relativo al Título VIII, Capítulo VIII de la Ley 43/1995.

- El plazo del ap. 2 del art. 107 no es para presentar la consulta (para lo que no existe plazo), sino para que la consulta tenga efectos vinculantes, como ratifica el art. 14 del R.D. 404/1997, de 21 de marzo.

- El informe de la O.N.I. no se emitió en el plazo de 15 días del art. 12 del R.D. 404/1997, sino el 17 de diciembre de 2003, más de dieciséis meses después de la fecha de la consulta.

- Según afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1993, el alcance del art. 30.3.e) del RGIT es que se tienen por no formuladas las consultas "en las materias sobre las que ha de versar la acción inspectora, cuando el inspeccionado ya tenga noticia cierta de la iniciación de la inspección". Pero -añade X- una cosa es que la Inspección pueda considerar como no formuladas las consultas y otra muy distinta que la Dirección General de Tributos haya de tenerlas por no presentadas; esto no resulta ni del artículo 107 LGT ni del R.D. 404/1997, cuyas normas sólo prevén que se archivarán aquéllas que no reúnan los requisitos del art. 11 de éste.

- No hay relación entre actuaciones inspectoras y consulta formulada, pues las primeras se refieren a los ejercicios 1996 a 1999 y la segunda a una operación hecha en 2001.

- Por otra parte, dichas actuaciones se materializaron en actas de 15 de noviembre de 2002 y 17 de junio de 2003 (la primera relativa al I.V.A.), por lo que si la Administración hubiera cumplido los plazos la contestación se habría producido casi un año antes de la incoación de las actas del I.S.

- Se ha incumplido por la Dirección General el procedimiento establecido, no sólo en cuanto al plazo, sino que pasados los seis meses del plazo para contestar no se lo comunicó al consultante, incumpliendo el R.D. 404/1997, ni tampoco le dio traslado del nuevo informe de la O.N.I. de 13 de abril de 2004, que aludía a la posibilidad de probar un cambio de las circunstancias respecto de las manifestadas en la inspección, e incluso sugería la posible aplicación del art. 108 LIS, de modo que se produjo una indefensión de la sociedad, cuya consulta ha quedado sin resolver, sin que en ningún momento se haya dado trámite de audiencia ni se le haya dado la posibilidad de aportar los documentos oportunos.

Por todo lo cual se solicitaba la anulación de la resolución de 16 de junio de 2004 de la Dirección General de Tributos en relación con la consulta nº de registro ..., así como la reposición de actuaciones para que se procediera a la contestación de la consulta en forma motivada y con respeto a todas las garantías y derechos del contribuyente.

                                                       FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Este Tribunal Central es competente para conocer de la presente reclamación, interpuesta en forma y con legitimación al efecto.

SEGUNDO: Desde la primitiva redacción de la LGT de 1963, su artículo 107 reconoció a los sujetos pasivos el derecho a formular consultas a la Administración, si bien en un primer momento la contestación tenía el carácter de mera información y no la de acto administrativo, no vinculando a la Administración, salvo que por Ley se dispusiese lo contrario.

El Decreto-Ley 13/1975 de 17 de noviembre, dispuso que los órganos de gestión habrían de aplicar los criterios de la consulta, quedando vinculada la Administración, salvo en las excepciones que señalaba y siempre que la consulta reuniera los requisitos que expresaba. La Administración podía rechazar las consultas que no reuniesen todos los antecedentes y circunstancias necesarios para formar juicio.

La Ley 10/1985 modificó de nuevo el art. 107 insistiendo en que la contestación tendría el carácter de mera información y en que no vincularía a la Administración, salvo que por Ley se dispusiese lo contrario o se tratase de inversiones extranjeras en España.

Finalmente, la Ley 25/1995 redactó de nuevo el mismo artículo, atribuyendo otra vez, implícitamente, carácter no vinculante a la contestación, si bien señalando una serie de supuestos en los que sí se producía la vinculación, tan numerosos e importantes que casi suponen convertir la excepción en regla.

La Ley 1/1998, sobre Derechos y Garantías de los Contribuyentes, se remite a la LGT en este punto, añadiendo que el plazo para la contestación será de seis meses.

          No nos referimos en este momento a la Ley 58/2003, nueva LGT, al no ser aplicable a los hechos objeto del expediente.

TERCERO: De la normativa expuesta deriva la idea de que la consulta es un derecho del contribuyente, para quien la contestación de la Administración a lo consultado no genera -lógicamente- obligación alguna, pero sí tiene para él el efecto de aumentar su seguridad jurídica si decide acomodar su conducta a la respuesta de la Administración (dado que su actuación no será sancionable) y concurren las demás circunstancias previstas en la Ley (artículo 107.2).

Para la Administración, sin embargo, la consulta genera, en principio, la obligación de contestar y de hacerlo en plazo y, además, la de atenerse a su propia respuesta, ya que "en tanto que la legislación aplicable no se modifique o exista jurisprudencia del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo aplicable al caso, los órganos de gestión de la Administración tributaria están obligados a aplicar los criterios expresados en la contestación emanada del órgano competente" -art. 14 R.D. 404/1997-, siempre que se esté en el caso de materias en las que se produce la eficacia vinculante y se cumplan los demás requisitos que la norma expresa, siguiendo al artículo 107.4 de la Ley.

CUARTO: Ahora bien, no se puede perfilar del todo la figura de la consulta tributaria si no se tiene en cuenta su finalidad; en efecto, no se trata de un ejercicio teórico sobre la fiscalidad, sino de un instrumento presto al servicio de "los sujetos pasivos y demás obligados tributarios", -art. 107- para obtener la asistencia de la Administración en la clarificación del régimen tributario que, en cada caso, les corresponda.

Es decir, no tendría sentido formular una consulta tributaria sobre un hecho imponible ya producido o una situación consumada: en tales casos, lo que el contribuyente ha de hacer es la declaración tributaria que corresponda y la Administración la comprobará, llegado el caso, examinará si se ajusta o no a las normas y procederá a la regularización que fuese pertinente.

Ciertamente, cabe pensar en supuestos en los que las consecuencias tributarias de un acto u operación se extienden a más de un ejercicio (sobre todo en tributos cuyo hecho imponible no es instantáneo), pero ello no desvirtúa el hecho de que la consulta es un instrumento de "información y asistencia en  el cumplimiento de las obligaciones tributarias". Ocurre que en tal caso puede tener sentido, de cara a la presentación de declaraciones futuras o aun a instar la rectificación de las ya presentadas.

Pero precisamente por su naturaleza y finalidad de información y asistencia, la consulta carece de sentido cuando se refiere a hechos, situaciones o circunstancias que, cuando se formula, están ya sujetos a comprobación por la Administración tributaria a través de la función inspectora, dirigida a "comprobar la situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda Pública, procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente" (artículo 1º RGIT, de 25 de abril de 1986).

Por eso, el artículo 30 de éste, al tratar de la iniciación de las actuaciones inspectoras, determina en su apartado 3 que "la comunicación, debidamente notificada, o bien la presencia de la Inspección, que ésta haya hecho constar y fuese conocida por el interesado, con el fin de iniciar efectivamente las actuaciones inspectoras, producirán los siguientes efectos:

......

e) Se tendrán por no formuladas las consultas que se planteen por el interesado ante la Administración de la Hacienda Pública, en cuanto se relacionen con la materia sobre la que ha de versar la actuación inspectora".

QUINTO: En las presentes actuaciones, tenemos como hechos indubitados según resulta del expediente:

- la actuación inspectora cerca de X se inicia mediante comunicación notificada al sujeto pasivo el 19 de septiembre de 2000.

- en Diligencia de 23 de mayo de 2002 se dedicaba el apartado Cuarto a recoger lo relativo al arrendamiento financiero del edificio "..." y otras circunstancias relativas al inmueble.

- el 17 de junio de 2003 se formalizó acta A02 nº ... por Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1996 a 1999, en la que se hacía constar, en cuanto al arrendamiento financiero del inmueble "...", que "para poder acogerse al régimen especial es requisito ineludible que los bienes objeto de arrendamiento financiero queden afectos únicamente a su explotación empresarial. Dicho requisito no se cumple en el presente caso ...".

No es este el momento de pronunciarse, claro está, sobre la cuestión de fondo referida, pero sí de señalar la "innegable relación" que existe entre la materia objeto de inspección -aplicabilidad o no del régimen tributario del arrendamiento financiero al efectuado de la "..." y la que es objeto de la consulta -aplicabilidad o no del "régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores"- a la aportación como rama de actividad hecha del mismo inmueble, en los términos vistos. Y ello porque en uno y otro caso la realización o no de una explotación económica en relación con el inmueble (es decir, su explotación empresarial, o bien por el contrario, su mera utilización como elemento de obtención  de rendimientos de capital) sería determinante para la aplicación o no de un concreto régimen tributario (el del arrendamiento financiero y el de aportación de activos). Lo que no sólo afectaba a los ejercicios comprobados, sino a los siguientes.

        Por ello, conocedora la Dirección General de que en la fecha de la consulta -el 25 de julio de 2002- ya se estaban realizando actuaciones inspectoras sobre la materia, actuó correctamente, bien que con retraso (lo que no produce nulidad alguna: artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992), cuando invocó y aplicó el artículo 30.3.e) RGIT, de 25 de abril de 1986. No se produjo indefensión alguna a la interesada, que tanto si hubiera formulado la consulta como si no, hubiera declarado el Impuesto como hubiese tenido por conveniente, pues a ella no le vincularía la respuesta; por otra parte, la propia sociedad no tenía interés en que se le contestase antes de declarar el ejercicio 1991 -en el que se realizó la aportación no dineraria-, pues era imposible al presentarse la consulta el último día del plazo de declaración (25 de julio de 2002, artículo 142 LIS). Y en cuanto a los siguientes ejercicios, ya conocía el criterio de la Administración sobre el particular, expresado en la regularización inspectora, cuya pendencia al tiempo de formularse la consulta fue la que provocó que se tuviese por no presentada.

        Por todo ello, este Tribunal Central, resolviendo en SALA y única instancia, ACUERDA: DESESTIMAR la presente reclamación, confirmando el acuerdo impugnado.

Aportaciones no dinerarias
Funciones inspectoras
Inspección tributaria
Arrendatario
Elementos patrimoniales
Contrato de Trabajo
Sociedad de responsabilidad limitada
Participaciones sociales
Aumento de capital
Jornada completa
Actos de trámite
Ejercicio económico
Secretarías de Estado
Arrendamiento financiero
Subarriendo
Actividades empresariales
Impuesto sobre sociedades
Indefensión
Impuesto sobre el Valor Añadido
Obligado tributario
Inversiones
Actividad inspectora
Seguridad jurídica
Declaraciones Tributarias
Aportaciones de activos
Cumplimiento de las obligaciones
Obligaciones tributarias
Cuestiones de fondo
Canje de valores
Explotación económica

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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