Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3221/2006 de 14 de Febrero de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 14 de Febrero de 2007
  • Núm. Resolución: 00/3221/2006

Resumen

Es necesario aportar nuevas garantías para la renovación de la tarjeta de suministro de alcohol y la permanencia en el Registro Territorial cuando se ha producido la ejecución de las garantías presentadas por la entidad, según el artículo 43 del Reglamento de los Impuestos Especiales (aprobado por el Real Decreto 1165/1995), para su aplicación a responsabilidades tributarias derivadas de la actividad de fabricación, determinadas por la liquidación resultante de diversas actas y superior al importe de dichas garantías, puesto que la ejecutividad de la deuda tributaria se proyecta sobre ellas hasta agotarlas.

Descripción

          En la Villa de Madrid, a 14 de febrero de 2007 en la reclamación económico-administrativa que, en segunda instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en SALA, en virtud del recurso de alzada interpuesto por ..., en nombre y representación de la empresa ..., S.A. que declara como domicilio, a efectos de notificaciones, en ..., contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de 24 de mayo de 2006, número ..., por el concepto de Impuestos Especiales.

                                                  ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escrito de 22 de mayo de 2003, la Dependencia Provincial de Aduanas e IIEE de ..., como oficina gestora del registro territorial de IIEE. de la provincia, requirió a la empresa ..., S.A., para que, en el plazo de diez días hábiles, procediera a la reposición de la garantía o solicitara la baja en el registro, de su establecimiento sito en ..., inscrito en el registro territorial de impuestos especiales de ... con el CAE. n° ..., como consecuencia de que por el Departamento de Recaudación se había procedido a la ejecución de los avales que la interesada, como titular del establecimiento tenía constituidos ante la oficina gestora de impuestos especiales de ... a los efectos de dar cumplimiento al requisito exigido por el artículo 40 del R.D. 1165/95, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales, en orden a la inscripción del mismo en el correspondiente registro territorial de impuestos especiales, comunicándole que, transcurrido dicho plazo sin dar cumplimiento a lo requerido, se formularía propuesta al Centro Gestor (Departamento de Aduanas e IIEE) para la revocación de la Autorización como Depósito Fiscal conforme a lo dispuesto en el artículo. 11. 8 del Reglamento de los Impuestos Especiales.

SEGUNDO.- Con fecha 31 de julio de 2003 y transcurrido el plazo otorgado en el requerimiento detallado en el antecedente anterior sin que se diera cumplimiento al mismo, la Dependencia Provincial elevó propuesta al Centro Gestor para la revocación de la autorización a la interesada para actuar como depósito fiscal por el incumplimiento sobrevenido de las condiciones establecidas en el artículo 11 del Reglamento. Dando curso a la propuesta anterior, el día 3 de octubre de 2003, el Director del Departamento de Aduanas e IIEE. dictó acuerdo de revocación de dicha autorización.

TERCERO.- Notificada propuesta de baja en el registro territorial sin que el interesado presentara alegación alguna en el plazo concedido al efecto, con fecha 13 de septiembre de 2004, tras la adopción de las medidas reglamentariamente previstas, se dictó acuerdo de baja en el registro territorial de impuestos especiales de ... del establecimiento inscrito con n° de CA E. ... Contra dicho acuerdo, notificado el 21 de octubre de 2004, la empresa interesada interpuso en 16 de noviembre de 2004, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., que en 24 de mayo de 2006, dictó acuerdo por el que se desestimaba la reclamación interpuesta y confirmaba el acuerdo impugnado. Dicho acuerdo fue debidamente notificado al interesado en 6 de julio de 2006.

CUARTO.- Disconforme con dicha resolución, el interesado interpuso ante este Tribunal Central recurso de alzada mediante escrito presentado en fecha 28 de julio de 2006, insistiendo en sus alegaciones que pueden resumirse en que el motivo de que la empresa no pueda aportar los nuevos avales en sustitución de los en su día presentados y ejecutados por la Dependencia de Recaudación se debe a que, como consecuencia de determinadas actuaciones de inspección, se formalizaron actas que determinaron acuerdos de liquidación por importes de 14.368.040,90 € y de 2.299.070,11 €, por el Impuesto Especial sobre el Alcohol y por el Impuesto sobre el Valor Añadido, respectivamente, acuerdos que actualmente se encuentran pendientes de resolución del correspondiente recurso de casación del Tribunal Supremo al haber recurrido el abogado del estado la sentencia de la Audiencia Nacional, que le daba la razón, por lo que es la propia dilación de la "Administración" en la resolución de la cuestión anterior la determinante de la imposibilidad de cumplir las obligaciones que han determinado la revocación de la autorización como depósito fiscal y la subsiguiente baja en el registro territorial de impuestos especiales, circunstancia que le está causando una grave indefensión.

                                                   FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-
Concurren los requisitos exigidos por Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria respecto a competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite del presente recurso de alzada, en el que la cuestión que se plantea es si el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de 24 de mayo de 2006, número ... por el concepto de Impuestos Especiales, resulta conforme a Derecho.

SEGUNDO.-
Dicha cuestión consiste en determinar si se cumplen los requisitos necesarios para el mantenimiento de la inscripción en el Registro Territorial de Impuestos Especiales. A estos efectos, la Ley 38/92, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales establece en el artículo 18 sobre normas generales de gestión, en su apartado 7.a que se establecerán reglamentariamente la forma y cuantías en que los sujetos pasivos deberán prestar garantías. Por su parte, el apartado 2 del artículo 40 del Reglamento de los Impuestos Especiales aprobado por el real Decreto 1165/95, de 7 de julio, que desarrolla dicho precepto, establece que con carácter general las personas que resulten obligadas a inscribirse en el Registro Territorial presentarán ante la oficina gestora que corresponda, entre otras, la documentación acreditativa de la prestación de la garantía que, en su caso, resulte exigible. Así mismo, el artículo 43.1 dice que con carácter previo a la inscripción de los correspondientes establecimientos en el Registro Territorial los fabricantes, los titulares de los depósitos fiscales y almacenes fiscales, los operadores registrados y los representantes fiscales, deberán prestar garantía por los importes que se expresan en los apartados siguientes para responder del pago de la deuda tributaria en su caso por cada establecimiento, y por otro lado el apartado 11 del mismo artículo en la redacción dada por el Real Decreto 112/1998, de 30 de enero dice que el Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá acordar que se actualicen los importes de las garantías constituidas cuando se modifiquen los tipos impositivos o se produzcan variaciones apreciables en las magnitudes sobre las que se calcularon tales importes.

TERCERO.-
En el caso que nos ocupa, nos encontramos con que se ha producido la ejecución de las garantías anteriormente presentadas, conforme al artículo 43 de Reglamento de los Impuestos Especiales, para su aplicación a responsabilidades tributarias derivadas de la actividad de fabricación, determinadas por la liquidación resultante de diversas actas y superior al importe de dichas garantías y puesto que la ejecutividad de la deuda tributaria se proyecta sobre ellas hasta agotarlas, es necesario aportar nuevas garantías para la renovación de la tarjeta de suministro de alcohol y la permanencia en el Registro Territorial por lo que, al no haber aportado tales garantías, se considera ajustada a Derecho la resolución recurrida.

CUARTO.- Por lo que respecta a las alegaciones presentadas por la empresa recurrente, en nada enervan la argumentación expuesta, ya que con ellas trata de argumentar que son responsabilidad de la propia "Administración" ante la tardanza en la resolución de las reclamaciones y recursos interpuestos contra los acuerdos de liquidación que han determinado la ejecución de las garantías en su día presentadas y que en este momento se encuentran pendientes de resolución por el Tribunal Supremo, lo que no es admisible puesto que resulta ajeno a esta vía el tiempo empleado en la jurisdicción contencioso administrativa en su litigio.

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución del recurso de alzada interpuesto por la empresa ..., S.A., contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de 24 de mayo de 2006, número ..., por el concepto de Impuestos Especiales. ACUERDA: Desestimar el presente recurso y confirmar la resolución recurrida.

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Resolución recurrida
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Responsabilidad
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