Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3409/2005 de 25 de Julio de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 25 de Julio de 2007
  • Núm. Resolución: 00/3409/2005

Resumen

Se ha incumplido el requisito de materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), ya que tras la adquisición de los terrenos donde según se afirma, se planeaba construir un hotel, existen trámites administrativos iniciados dirigidos a obtener la licencia administrativa, pero no llegan a iniciarse las obras, ni en la finalización del ejercicio límite, ni en momentos posteriores.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 25 de julio de 2007 en el recurso de alzada interpuesto ante este Tribunal Económico-Administrativo Central por D. ... en nombre y representación de ..., S.A. contra el Fallo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 27 de Julio de 2005 recaído en el expediente núm. ..., relativo a acuerdo dictado por la Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en ... de fecha 14 de Mayo de 2003, correspondiente al Impuesto sobre Sociedades ejercicio 2001 por importe de 992.698,34 euros.

                                                 ANTECEDENTES  DE  HECHO

PRIMERO
: Con fecha 24 de marzo de 2003, se incoa acta de disconformidad ... por el concepto Impuesto sobre Sociedades y período 2001 a la entidad ..., S.A. proponiéndose una liquidación de la que resulta una deuda tributaria a ingresar de 992.698,34 €, siendo 951.272,38 € por cuota y 41.425,96 € por intereses de demora. La citada regularización obedece a la no admisión de la dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias correspondiente al ejercicio 1997 en la cantidad de 2.420.685,93 €, debido a que la materialización de la citada dotación consistió en dos fincas rústicas donde había de construirse un hotel de cinco estrellas y que llegado el plazo de vencimiento para invertir, las obras de urbanización no habían, sin embargo, comenzado. Teniéndose por acreditado que los terrenos en cuestión no fueron utilizados al servicio de una actividad económica en los plazos legalmente previstos, ni supusieron una mejora tecnológica para la empresa, resulta incumplido el requisito contenido en el apartado 4 del artículo de la Ley 19/1994, y se propone la regularización de la situación tributaria en los términos contenidos en el apartado 8 del mismo artículo.

El contribuyente, una vez que estuvo a su disposición el expediente en la Secretaría Administrativa de esta Dependencia, no presentó alegaciones. Con fecha de 14 de mayo de 2003 se dicta acuerdo de liquidación por la que se confirma en su integridad la propuesta inspectora resultando un deuda tributaria de 992.698,34 euros. La liquidación es notificada el 21-5-2003

SEGUNDO.- Con fecha 27 de mayo de 2003 la interesada interpone reclamación económico administrativa ... ante el Tribunal Regional de ... contra el mencionado acuerdo de liquidación. Puesto de manifiesto el expediente a la interesada expone las siguientes alegaciones: que la Junta de la entidad ..., S.A. acordó, a finales de junio de 1998, dotar la reserva para inversiones en Canarias con cargo a los beneficios del ejercicio 1997, por un importe de 402.768.250 pesetas, ya que se decide acometer un proyecto de construcción de un nuevo hotel en ... que va a suponer una inversión de unos seis mil millones de pesetas; que con fecha 6 de agosto de 1999, se firma una opción de compra sobre unos terrenos para este proyecto, cerca de ...,  formalizándose a 13 de octubre de 1999 las escrituras de compraventa de los terrenos por una suma total de 1.252.000.000 pesetas; que dos días después de la firma de la escritura, a 15 de octubre de 1999, celebran un acuerdo sobre sus honorarios, con el abogado que llevará los trámites urbanísticos hasta la definitiva obtención de licencia de obras del hotel a edificar y así, dos meses más tarde, a 21 de diciembre de 1999, se consigue ya la firma de un Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento; que en el Convenio se dice expresamente que los terrenos ya tenían la calificación de suelo urbanizable con anterioridad, limitándose la entidad ..., S.A. a solicitar que se mantuviera dicha calificación asumiendo el compromiso de realizar un proyecto que garantiza las condiciones de calidad exigidas por el Ayuntamiento; que a la fecha de la opción de compra los terrenos tienen la calificación de urbanizables; que a 21 de diciembre de 1999, dos meses después de la compra, ya se consigue firmar con el Ayuntamiento un Convenio Urbanístico para la ejecución del proyecto de inversión, y desde dicha fecha, todo quedó a la espera de que por las diferentes Administraciones se realizaran las gestiones oportunas para permitir la construcción y puesta en marcha del hotel; que el Convenio Urbanístico recoge las obligaciones asumidas por parte de la entidad ..., S.A., de financiar todos los gastos necesarios para acometer el proyecto e incluso la inversión en las infraestructuras públicas anexas; que dicho Convenio fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de ..., e incorporado al instrumento de la revisión de las normas subsidiarias de planeamiento urbanístico del municipio, quedando ligada su ejecución a la aprobación de estas, desde el 21 de diciembre de 1999, hasta que cuando finalmente se produce dicha aprobación, la inversión se ve aplazada por otra causa de fuerza mayor, como es la "moratoria turística"; que en enero del 2001, un año después, a lo largo del cual se cumplimentó en el Ayuntamiento la aprobación de la modificación de las normas de planeamiento que se estaba gestando y se remitieron las mismas a la Comisión de Ordenación Territorial y de Medio Ambiente de Canarias, salió aprobado el Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se acuerda la formulación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, BOCAN n° 2001/007 de 15 de enero, y en su consecuencia el Decreto 126/2001, de 28 de mayo, en su apartado segundo, suspendió la vigencia de todas las determinaciones turísticas de los Planes ... de Ordenación y de todos los instrumentos de Planeamiento Urbanístico de ..., junto con ... y ...; que además de ello en el caso que nos ocupa, por Resolución de la ..., de 6 de julio de 2001, se toma conocimiento del Texto Refundido de la Revisión de Normas Subsidiarias del Planeamiento del municipio de ..., y se hace constar que el Decreto 126/2001 de 28 de mayo, suspende las determinaciones turísticas de las citadas Normas Subsidiarias, en aplicación de lo dispuesto en su apartado segundo. Dicha suspensión ha venido siendo prorrogada hasta la fecha, por disposiciones posteriores; que el Acta objeta, erróneamente, que a la fecha de compra las fincas tenían la calificación de suelo rústico agrícola intensivo, lo cual no es cierto; que se pretende hacer creer además, que el sujeto pasivo dejó transcurrir casi dos años del plazo de materialización hasta que se decide a adquirir las fincas a mediados de octubre de 1999, siendo incierta esta afirmación, ya que la deducción se aplicó por la dotación a la RIC sobre los beneficios generados en el año 1997, que fue acordada en Junta de junio de 1998 y la posibilidad de realizar ya inversiones afectas a la RIC durante el año en que se genera el beneficio, o antes de la declaración del Impuesto sobre Sociedades en que se recoge la deducción, no esta recogida expresamente en la Ley y era rechazada de plano por la Administración en esas fechas, habiéndola comenzado a aceptar por presión de la doctrina posterior; que desde junio de 1998 hasta que adquirió los terrenos, tan sólo pasó un año, plazo más que razonablemente reducido para una operación de esa envergadura y cuantía (1.500 millones de pesetas). Se añade finalmente  que entre las causas objetivas que pueden suspender el plazo legal para la puesta en funcionamiento de la inversión, debe entenderse que se encuentra la denominada "moratoria turística".

En sesión de 27 de julio de 2005 se dicta resolución por la que se desestima la reclamación planteada en primera instancia confirmándose la liquidación impugnada. Esta resolución fue notificada el 2 de septiembre de 2005.

TERCERO: En fecha 28 de Septiembre de 2005 la interesada presentó ante este Tribunal Central, escrito por el que promovía recurso de alzada objeto de la presente resolución, reiterándose las alegaciones y fundamentos expuestos en primera instancia.

                                                          FUNDAMENTOS DE  DERECHO

PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite del presente recurso de alzada en el que se plantea los efectos de falta de materialización de las inversiones a efectos de la Reserva para Inversiones en Canarias.

SEGUNDO: La Reserva para Inversiones en Canarias, es un incentivo fiscal regulado en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en cuyos apartados 1, 2 y 3 y letra a) del 4 se dispone lo siguiente:

        1. Las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a la reducción en la base imponible de este impuesto de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

        2. La reducción a que se refiere el apartado anterior se aplicará a las dotaciones que en cada período impositivo se hagan a la reserva para inversiones hasta el límite del 90 por 100 de la parte de beneficio obtenido en el mismo período que no sea objeto de distribución, en cuanto proceda de establecimientos situados en ...

        En ningún caso la aplicación de la reducción podrá determinar que la base imponible sea negativa.

        A estos efectos se considerarán beneficios no distribuidos los destinados a nutrir las reservas, excluida la de carácter legal. Tampoco tendrá la consideración de beneficio no distribuido el que corresponda a los incrementos de patrimonio afectos a la exención por reinversión a que se refiere el artículo 15.8 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

        Las asignaciones a reservas se considerarán disminuidas en el importe que eventualmente se hubiese detraído del conjunto de las mismas, ya en el ejercicio al que la reducción de la base imponible se refiere, ya en el que se adoptara el acuerdo de realizar las mencionadas asignaciones.

        3. La reserva para inversiones deberá figurar en los balances con absoluta separación y título apropiado y será indisponible en tanto que los bienes en que se materializó deban permanecer en la empresa.

        4. Las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias deberán materializarse en el plazo máximo de tres años, contados desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se ha dotado la misma, en la realización de alguna de las siguientes inversiones:

        a) La adquisición de activos fijos situados o recibidos en el archipiélago canario, utilizados en el mismo y necesarios para el desarrollo de actividades empresariales del sujeto pasivo o que contribuyan a la mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario. A tal efecto se entenderán situados y utilizados en el archipiélago las aeronaves que tengan su base en Canarias y los buques con pabellón español y matriculados en Canarias, incluidos los inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras.

        Tratándose de activos fijos usados éstos no podrán haberse beneficiado anteriormente del régimen previsto en este artículo, y deberán suponer una mejora tecnológica para la empresa.

        TERCERO: Consta en el expediente que la entidad adquirió en el ejercicio 1999 dos terrenos con el fin de construir un hotel en los mismos. Pues bien, en relación con dicha inversión inicial, hay que analizar el cumplimiento del requisito temporal establecido en el art. 27 de la Ley 19/94 de materialización de la reserva en activo válido, y si la alegada imposibilidad legal de acometer construcción del hotel previsto por las razones expuestas por el recurrente permiten obviar el mencionado requisito a efectos de la validez de la reducción aplicada.

En efecto, como resulta de los preceptos transcritos anteriormente, la Ley exige que la inversión se haga, bien directamente en activos fijos empresariales, admitiéndose su materialización de forma indirecta mediante títulos o participaciones de sociedades que inviertan en los mismos. Ello quiere decir que ha de tratarse en definitiva, como señala el PGC recogiendo un concepto contable común, de "elementos del patrimonio destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa", y como ha sido el criterio del Tribunal Central en otras ocasiones (véase, entre otras, la Res. de 25 de noviembre de 2005, correspondiente al R.G. 1747/03), del examen de la norma y de su finalidad se desprende que lo adecuado es exigir que dentro del plazo legal se haya adquirido el bien de que se trate dicha adquisición se vea seguida por un proceso ininterrumpido de actuaciones tendentes a la finalización de las obras y la puesta entrada en funcionamiento del elemento de que se trate aunque tal puesta en funcionamiento se haya producido después del plazo legal de los 3 años. Para ello se exige que exista una intención seria, confirmada por elementos objetivos (programa de inversiones, adquisiciones de bienes o servicios correspondientes al mismo), de acometer y finalizar la inversión, y que inexcusablemente, la puesta en funcionamiento se produzca finalmente.

En el caso que nos ocupa, y tras la adquisición de los mencionados terrenos donde según afirma el interesado, se planeaba construir un hotel, existen trámites administrativos iniciados dirigidos a obtener la licencia administrativa, si bien por diversas razones (ajenas a su voluntad según razona el recurrente) no llegan a iniciarse las obras ni en el período legal ni en momentos posteriores comprobados por la Inspección.

A tales efectos debe señalarse, que si bien este Tribunal ha admitido, en los términos señalados, supuestos en que se admite la posibilidad del exceso de tres años para la entrada en funcionamiento, en el bien entendido de que la entrada en funcionamiento posterior resulte finalmente llevada a cabo, no es posible admitir en el presente caso la validez de la materialización realizada, ya que en este supuesto no se ha efectuado construcción alguna sobre los terrenos adquiridos, ni en la finalización del ejercicio límite (2001) ni en momentos posteriores.

        De acuerdo con lo razonado anteriormente, por tanto, resulta que en este caso ha de entenderse incumplido el requisito de materialización válida exigido por la Ley 19/1994, y, por consiguiente, declarar conforme a Derecho la regularización practicada por la Inspección.

EN CONSECUENCIA

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA,
como resolución del recurso de alzada interpuesto por ..., S.A. contra fallo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 27 de Julio de 2005 recaído en el expediente núm. ..., relativo liquidación de fecha 14 de Mayo de 2003, correspondiente al Impuesto sobre Sociedades ejercicio 2001 ACUERDA: DESESTIMAR el recurso planteado y confirmar la resolución y liquidación impugnadas.

Impuesto sobre sociedades
Convenio urbanístico
Inversiones
Obtención de licencia
Reserva para Inversiones en Canarias
Deuda tributaria
Dotaciones a la reserva para inversiones
Opción de compra
Materialización de la RIC
Calificación del suelo
Planeamiento urbanístico
Licencias administrativas
Acta de disconformidad
Intereses de demora
Obras de urbanización
Fincas Rústicas
Actividades económicas
Licencia de obras
Suelo urbanizable
Pleno del Ayuntamiento
Fuerza mayor
Activo no corriente
Comisiones
Beneficios no distribuidos
Norma de planeamiento
Ordenación del territorio
Suelo rústico
Declaración Impuesto de Sociedades
Régimen fiscal de canarias
Período impositivo
Exención por reinversión
Reducción de la base imponible
Materialización de las cantidades destinadas a la reserva para inversiones
Disminución de la base imponible
Devengo del Impuesto
Actividad económica del sujeto pasivo
Protección medioambiental
Buque
Aeronaves
Registro Especial de Buques y Empresas Navieras
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