Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3418/2004 de 25 de Julio de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 25 de Julio de 2007
  • Núm. Resolución: 00/3418/2004

Descripción

En la Villa de Madrid, a 25 de julio de 2007 visto el recurso de alzada interpuesto, en segunda instancia, que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovido por la entidad ... S.A., y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ...,  contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 6 de mayo de 2004, expediente ..., relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1996, 1997, 1998 y 1999 por importe de 1.154.278,36 € (192.055.759 pesetas).

                                       ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha 28 de diciembre de 2001 se formalizó por la Dependencia de Inspección en ... acta de disconformidad nº .... En la citada acta se indica que la fecha de inicio de las actuaciones inspectoras fue el 15 de mayo de 2001 y que a los efectos del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras previsto en el artículo 29 de la Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de los Contribuyentes no se deben computar 190 días. Con anterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras el sujeto pasivo presentó  declaraciones con los siguientes datos:

                                        1996                    1997            1998           1999

BASE IMPONIBLE 34.037.361    126.654.910     -12.201.082    154.393.571
                                            Ptas                Ptas                 Ptas                 Ptas
                           (204.568.66 €) (761.211,34 €) (-73.329,98 €) (927.924,05 €)

LIQUIDADO             6.956.422      37.263.117    -15.890.596       41.593.695
                                           Ptas                 Ptas                Ptas                  Ptas
                             (35.798,82 €) (223.955,84 €) (-95.504,41 €)  (249.983,14 €)

La sociedad se dedica a la explotación de Centrales Hidroeléctricas y en los años 1989 a 1996 adquirió varias minicentrales correspondientes a los aprovechamientos del ... y ... así como la acequia conocida con el nombre de ...:

Central ..., adquirida en 31 Enero 1989 por importe de 1.100.000.000 ptas (6.611.133,15 €).

Central ..., adquirida el 14 Enero 1992 por importe de 392.500.000 ptas.

Central ..., adquirida, el 14 enero 1992 por importe de  25.000.000 ptas (150.253,03 €).

Central ..., adquirida el 14 Enero 1992 por 32.500.000 pts (195.328,93 €).

Central ..., adquirida el 16 Diciembre 1993 por un importe de 887.500.000 pts (5.333.982,43 €) y,

Central ..., adquirida el 30 Mayo 1996 por 95.000.000 ptas (570.961,5 €).

La empresa ha amortizado -contable y fiscalmente- dichas Centrales, al tipo del 10 % durante los ejercicios 96, 97, 98, 99 y 00 por lo que se refiere a los costes originarios de adquisición deducido el coste del terreno, mientras que las inversiones acometidas con posterioridad han sido amortizadas al tipo del 10% durante los periodos 96, 97 y 98 y al tipo del 5% los periodos 99 y 00. La empresa considera que cada una de las Centrales constituye una "instalación compleja especializada".

        La Inspección entiende que es necesario separar, a efectos de la amortización, tanto los terrenos por cuanto no son amortizables, como lo satisfecho por la concesión administrativa que otorga el derecho al aprovechamiento de las aguas, por cuanto se trata de un activo inmaterial.

En cuanto al resto de los activos, la Inspección pasa por amortizar separadamente todos los activos que en ellas se señalan, entendiendo que el elemento "Centrales Hidroeléctricas" se refiere exclusivamente a la Central de generación de energía eléctrica (donde se ubican los equipos de generación), no incluyendo el resto de elementos destinados a la captación y transporte de agua.

La actuaria solicita en fecha 14 de Mayo de 2001 que se emita Informe de valoración por el Ingeniero del Gabinete Técnico de la Delegación de Hacienda Especial de ... desglosando el precio de adquisición de las Centrales Hidroeléctricas entre los diversos elementos separables a efectos de amortización. El citado informe es emitido el 14 de noviembre de 2001 y en base al mismo se recalculan las nuevas amortizaciones.

La conducta del obligado tributario no se estima constitutiva de infracción tributaria al concurrir una evidente dificultad en la aplicación de la norma, determinando la falta de culpabilidad del sujeto pasivo.

          El acta se califica de previa ya que el hecho imponible se ha desagregado limitándose las actuaciones a comprobar las amortizaciones de las Centrales Hidroeléctricas de la empresa.

La deuda Tributaria ascendió a 302.434.348 ptas. (1.817.667,04 €), de las que 251.507.467 ptas. (1.511.590,32 €) corresponden a la cuota y 50.926.881 ptas (306.076,72 €) a los intereses de demora.

SEGUNDO:
Previo informe de la Inspección de fecha 28 de diciembre de 2001 y a la vista de las alegaciones del reclamante de 18 de enero de 2002, el Inspector Jefe dictó acuerdo de liquidación el 12 de marzo de 2002 confirmando la propuesta inspectora no obstante, el ejercicio 1996  fue declarado prescrito y los coeficientes de amortización de las concesiones administrativas fueron recalculados al no haber tenido en cuenta la actuaria la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985. Adicionalmente en cuanto a la Central de ... se aplica un periodo de 40 años por ser la opción que más favorece al contribuyente. La deuda tributaria resultante del acto de liquidación ascendió a 1.154.278,36 € (192.055.759 pesetas). Dicho acuerdo fue notificado el 13 de marzo de 2002.

TERCERO: El 26 de marzo de 2002 se presentó reclamación económico administrativa ante el Tribunal Regional de ... alegando en escrito presentado el 11 de diciembre de 2002 la: 1) Nulidad del expediente por falta de competencia del Inspector actuante, 2) Nulidad del expediente por falta de resolución de las alegaciones presentadas, 3) Prescripción de la acción de la Administración para comprobar el valor de la concesión de la Central de ..., 4) Incorrecta valoración por la Inspección de los Derechos de Concesión y defectos técnicos en la valoración y, 5) Que la Central es un conjunto indivisible.

CUARTO: El Tribunal Regional dictó resolución en fecha 6 de mayo de 2004 desestimando la reclamación y confirmando el acto de liquidación. Dicha resolución fue notificada el 6 de julio de 2004.

QUINTO: El 22 de julio de 2004 se interpone recurso de alzada ante este Tribunal Central, insistiendo en 1) La nulidad del expediente por falta de competencia del Inspector actuante al vulnerarse los principios de legalidad, seguridad jurídica y sometimiento a la Ley en la actuación de la Administración, actuación de buena fe del administrado obteniendo de forma ilegal la información y falta de equidad y actuación arbitraria y burda de la Administración. 2) La imposibilidad de comprobar el valor de la Central de ..., 3) La incorrecta valoración de los derechos de concesión y 4) La procedencia de la amortización de las Centrales como unidades complejas especializadas.

                                             FUNDAMENTOS DE DERECHO


        PRIMERO: En el presente caso concurren los requisitos de competencia, legitimación y presentación en plazo hábil que son presupuesto necesario para la admisión del presente recurso de alzada.

SEGUNDO: Las cuestiones que se plantean en el presente expediente son las siguientes: 1) Nulidad de actuaciones en el procedimiento inspector por diversas cuestiones, 2) Posibilidad o no de comprobar el valor de la Central de ..., 3) Incorrecta valoración de los derechos de concesión y, 4) Si es o no procedente considerar a las Centrales como unas unidades complejas a efectos de su amortización.

TERCERO: La primera de las cuestiones suscitadas es la de la nulidad de actuaciones basada en el hecho de que la inclusión en el plan se refería a los ejercicios 1993 a 1996 siendo una actuación de carácter general, pero la citación efectuada al reclamante se refería a una actuación de carácter parcial, limitada a la amortización de activos de los ejercicios 1996 a 1999, lo que supone una modificación arbitraria del Inspector actuante, debiendo interpretarse con carácter restrictivo la delegación de facultades.

El artículo 29 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos en cuanto a los modos de iniciación del procedimiento de Inspección dispone: "Las actuaciones de la Inspección de los Tributos se iniciarán:

a) Por propia iniciativa de la inspección, como consecuencia de los planes específicos de cada funcionario, equipo o unidad de inspección, o bien sin sujeción a un plan previo con autorización escrita y motivada del Inspector-Jefe respectivo".

Los planes de Inspección, tal como se ha indicado por este Tribunal Central entre otras en resolución de 15 de octubre de 2004 (R.G. 4140-2001) tienen carácter reservado y no afectan a los derechos individuales pues como se ha indicado "...tanto la inclusión de un contribuyente en un plan de inspección como, en su caso, la autorización del Inspector-Jefe si la inspección se realiza sin sujeción a un plan previo, son actos de trámite, de carácter reservado y confidencial, que per se no afectan a los derechos subjetivos del contribuyente y así lo ha manifestado el Tribunal Supremo en Sentencias de 20 de octubre de 2000 y 17 de febrero de 2001. Se trata, en definitiva, de medidas referentes al funcionamiento interno de la Administración, encaminadas a asegurar el respeto a los principios de eficacia y coordinación a que se refiere el artículo 3.º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Requerir una autorización motivada del Inspector-Jefe cuando la inspección no se efectúa según un plan previo, responde a la necesidad de evitar toda arbitrariedad. Pero, insistimos, se trata de actos que no alteran los derechos del obligado tributario, no existiendo, en consecuencia, obligación de incorporar esta documentación en el expediente".

A los planes se refiere el artículo 18 y siguientes del citado Reglamento de Inspección al señalar "El ejercicio de las funciones propias de la Inspección de los Tributos se adecuará a los correspondientes planes de actuaciones inspectoras, sin perjuicio de la iniciativa de los actuarios de acuerdo con los criterios de eficacia y oportunidad." Así como el artículo 19 donde se expresa que: "1. En el Ministerio de Economía y Hacienda se elaborará anualmente un Plan Nacional de Inspección, utilizando a tal efecto el oportuno apoyo informático, con base en criterios de oportunidad, aleatoriedad u otros que se estimen pertinentes.

        2. El Plan Nacional de Inspección se formará por agregación de los planes elaborados y aprobados por las Direcciones Generales y Centros competentes del Ministerio de Economía y Hacienda. Dichos Centros directivos prepararán los planes correspondientes a partir de las propuestas de los órganos territoriales competentes y bajo la superior coordinación de los órganos superiores del Departamento de quienes dependan.

        3. El Plan Nacional de Inspección establecerá los criterios sectoriales o territoriales, cuantitativos o comparativos, o bien de cualquier otra especie que hayan de servir para seleccionar a los sujetos pasivos u obligados tributarios cerca de los cuales hayan de efectuarse las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación o de obtención de información para el próximo año.

        4. Aprobado el Plan Nacional de Inspección y de acuerdo con los criterios recogidos en él, los órganos que hayan de desarrollar las correspondientes actuaciones inspectoras formarán sus propios planes de Inspección, los cuales se desagregarán mediante comunicación escrita en planes de cada funcionario, equipo o unidad de Inspección.

        Los planes de Inspección a que se refiere este apartado tendrán la extensión temporal que se determine por el Centro directivo competente.

        5. Cuando, a propuesta en su caso de uno o varios Delegados de Hacienda especiales, los Directores generales o Centros competentes lo estimen oportuno, podrán aprobarse planes especiales de actuación de carácter sectorial o territorial.

        6. Los planes de los órganos que han de desarrollar las actuaciones inspectoras tienen carácter reservado y no serán objeto de publicidad.

        7. Las Direcciones Generales o Centros competentes, por sí o a propuesta de los órganos territoriales, podrán disponer la revisión y modificar los planes inspectores en curso de ejecución.

        8. Respecto de los tributos cedidos por el Estado a las Comunidades Autónomas, se seguirán los planes elaborados conjuntamente por ambas Administraciones, conforme al apartado primero del artículo 16 de la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, que establecerán los criterios que hayan de servir para seleccionar a los sujetos pasivos u obligados tributarios cerca de los cuales hayan de efectuarse las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación o de obtención de información para el próximo año. A partir de estos criterios generales las Comunidades Autónomas elaborarán los correspondientes planes de inspección según su respectiva estructura orgánica.

        Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los servicios de la Inspección de los Tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas prepararán planes de inspección conjunta en relación con sujetos pasivos de los tributos cedidos y sobre determinados objetivos o sectores y a través de procedimientos selectivos coordinados, así como sobre contribuyentes que hayan cambiado de domicilio fiscal".

        Por otro lado el artículo 27 de la Ley 1/1998 de Derechos y Garantías del Contribuyente dispuso: "Los contribuyentes tienen derecho a ser informados, al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos, acerca de la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones".

        Del análisis del expediente resulta que si bien es cierto que el alcance de la comprobación tal como figura en la orden de inclusión en el plan (de fecha julio de 1998) originariamente se refería al Impuesto sobre Sociedades ejercicio 1993 a 1996 posteriormente fue modificado (el 20-12-2001) produciéndose una reducción de actuaciones a propuesta del Inspector actuante y con el visto bueno del adjunto al Inspector Regional y el propio Inspector Regional limitándose a verificar la amortización de los activos materiales e inmateriales vinculados a las Centrales Hidroeléctricas en los ejercicios 1996 a 2000. La citación efectuada al contribuyente se refiere exclusivamente al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicio 1996 a 1999 y se limita a la comprobación de las dotaciones a la amortización efectuadas por la empresa.

        Tal forma de actuación, habida cuenta la naturaleza de los planes de Inspección, no supone en ningún caso una forma arbitraria de actuación de la Administración ni lesiona los derechos de los interesados por lo que debe rechazarse la alegación del reclamante y considerar ajustada a derecho la comprobación efectuada tal como se indica en la citación efectuada al contribuyente. Lo determinante es que el contribuyente cuando comience una Inspección conozca el alcance de la misma y si entiende que la comprobación debe ser de carácter general en lugar de parcial que solicite la ampliación de la misma al amparo de lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1/1998.

        CUARTO:
El reclamante alega otra serie de causas determinantes de la nulidad de actuaciones como es la falta de contestación a las alegaciones formuladas.

El artículo 13 de la Ley 1/1998 dispone a este respecto: "1. La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de gestión tributaria iniciados de oficio o a instancia de parte excepto en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo deban ser objeto de comunicación y cuando se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados.

No obstante, cuando el interesado pida expresamente que la Administración tributaria declare que se ha producido alguna de las referidas circunstancias, ésta quedará obligada a resolver sobre su petición.

        2. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que resuelvan recursos y reclamaciones, los que denieguen la suspensión de la ejecución de actos de gestión tributaria, así como cuantos otros se establezcan en la normativa vigente, serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho".

        El reclamante alegó en un primer momento, que no habían sido resueltas su alegación Quinta y Séptima. Respecto a la primera de las alegaciones tal como se indica en la pág. 7 de las alegaciones ante el Tribunal Regional de ... "... podríamos aceptar que la alegación ha sido contestada". Respecto a la alegación Séptima, ésta se refiere o va dirigida contra la valoración efectuada por el perito de la Hacienda Pública. A este respecto el Tribunal Regional indicó en su resolución lo expuesto por el Inspector Regional en la pág 630 del expediente donde indica que "los criterios del perito de la Administración están claramente expuestos en su informe el cual, no olvidemos, se ratificó después de ponerle de manifiesto las alegaciones del obligado. Por tanto no cabe alegar la falta de motivación cuando dichos informes están incorporados al expediente. Esa motivación y esas valoraciones podrán no ser compartidas, pero eso es cosa bien distinta de decir que no hay motivación...". Todo ello pone de manifiesto que no existe incongruencia omisiva y que si se han contestado las alegaciones formuladas.

Otro de los defectos determinantes de la nulidad a juicio del reclamante es la ampliación de actuaciones al periodo 2000 mediante comunicación verbal. A estos efectos hay que indicar que obra en el expediente la ampliación del plan al citado ejercicio, pero este expediente tiene por objeto exclusivamente los ejercicios 1996 a 1999 tal como resulta de la liquidación impugnada.

Las restantes alegaciones determinantes de la nulidad como la comunicación en domicilio distinto del señalado por el contribuyente o recortar el plazo de alegaciones o la falta de motivación, se refieren al ejercicio 2000 y tal como se indica en el acto administrativo de liquidación de fecha 12 de marzo de 2002 que el reclamante incorpora al expediente, "se acuerda considerar como no iniciadas las actuaciones inspectoras de comprobación acerca de la entidad ... S.A. referidas al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2000 al no haberse notificado válidamente el inicio de las actuaciones".

Por tanto, cabe rechazar lo argumentado por el reclamante para justificar la nulidad de actuaciones puesto que se refiere a un ejercicio que no fue objeto de comprobación por la Administración al ser anuladas las actuaciones desde el principio.

QUINTO: El reclamante se opone a la comprobación del valor de la concesión de la Central de ... por diversas razones.

        En primer lugar por entender prescrito el derecho de la Administración para comprobar los valores declarados pues la Central se adquirió el 16 de diciembre de 1993, fijándose en la escritura un valor para la unidad compleja especializada de 885.500.000 ptas. (5.321.962,18 €) y de 2.000.000 ptas. (12.020,24 €) para la concesión. A este respecto hay que citar la reciente resolución de este Tribunal Central de 14 de junio de 2007, R.G. 3975-05 donde se indica que: "...la Administración puede efectuar las operaciones de valoración dentro del periodo de prescripción del derecho a liquidar la deuda tributaria, pues una vez prescrita no pueden llevarse a cabo operaciones de valoración. A estos efectos son de aplicación los preceptos de la Ley General Tributaria contenidos en los artículos 64 y siguientes. Pues bien teniendo en cuenta que la comprobación del ejercicio 1997 se ha iniciado el 7 de junio de 2001, es decir antes de transcurrido el periodo de prescripción y que las actuaciones se han llevado a cabo de manera continuada, produciéndose las interrupciones de la prescripción previstas en el artículo 66 de la citada Ley, hay que entender que no se ha producido la prescripción del derecho a liquidar y que las operaciones de valoración se han producido dentro del período de prescripción del Impuesto. Cualquier otra interpretación de este precepto llevaría a conclusiones erróneas. Así carecería de sentido entender que el periodo de prescripción afecta a las operaciones de valoración en el sentido de que dichas operaciones, desde que se inician hasta que terminan, deban realizarse necesariamente en el plazo de cuatro años a contar desde el inicio del plazo de prescripción del derecho de la Administración a liquidar sin admitir causas de interrupción de dicho plazo de prescripción. También entender, como hace el contribuyente, que las operaciones de valoración deban concluir en el plazo de cuatro años desde que se realiza la operación que va a valorarse carece de sentido teniendo en cuenta el texto del precepto y donde también debería jugar las causas de interrupción de la prescripción establecidas en el artículo 66 de la Ley General Tributaria con carácter general y del propio procedimiento de valoración, que en este caso se inicia el 2 de abril de 2002.

        En consecuencia, procede desestimar las pretensiones del reclamante sobre la interpretación efectuada al artículo 16.1 de la Ley 43/1995".

        Por tanto, en el presente caso, no existe ningún obstáculo para efectuar la valoración de la concesión a efectos de calcular el importe de la amortización de los ejercicios inspeccionados.

        En segundo lugar se opone a la citada valoración por aplicación de la doctrina de los actos propios que impide  proceder a una nueva valoración cuando no se han modificado por la Inspección las declaraciones presentadas por la reclamante a efectos de IVA e incluso del Impuesto sobre Sociedades relativas al ejercicio en que se adquirió la misma. A tal efecto señalar que, según se desprende de propias alegaciones de la interesada, la actuación respecto del IVA/93 se limitó a la comprobación del cumplimiento de requisitos formales de cara a proceder a la devolución de IVA solicitada y respecto de la actuaciones por IS/93 únicamente manifiesta el interesado que "En cuanto a la comprobación por Impuesto sobre Sociedades, se interesó por la Administración aclaraciones en relación al modelo 210 del ejercicio 1.993, ejercicio de compra de la minicentral de ... sin que como consecuencia de la misma se realizara modificación o aclaración alguna".

        Resulta por tanto claro que la Administración tributaria no realizó, con dichas actuaciones, una valoración de la minicentral objeto de controversia por lo que mal puede hablarse de actuación contraria a los "actos propios".

        En consecuencia procede rechazar las alegaciones del reclamante sobre la no posibilidad de comprobar los valores de la concesión de ...

        SEXTO: La siguiente cuestión planteada es la incorrecta valoración de los derechos de la concesión. El reclamante admite, como ha señalado el Tribunal Regional, que está vedado a los Tribunales Económico-Administrativos el examen del acierto o desacierto de las valoraciones y no puede revisar los criterios técnicos de un profesional pero entiende que, si se producen otros vicios como la titulación inadecuada del perito que efectúa la valoración, ésta se considera incorrecta y puede declararse la nulidad de lo actuado. Así entiende que la valoración de las Centrales debe ser efectuada por un Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, no bastando que se trate de un Ingeniero Industrial. Según resulta del expediente  la valoración se efectuó por un Ingeniero Superior desconociéndose si el Ingeniero designado es de Caminos, Canales o Puertos o Ingeniero Industrial. Por otro lado el escrito de la Inspectora de Hacienda del Estado solicitando la valoración de 14 de mayo de 2001 (pág 320 del expediente) alude a las valoraciones anteriores referidas a otro contribuyente efectuadas por un Ingeniero de Caminos destinado en la Delegación. Por otro lado, el hecho de que la construcción de una Central de este tipo requiera que el proyecto sea realizado por un Ingeniero de Caminos no presupone necesariamente que un perito Ingeniero Industrial no pueda efectuar una valoración técnica sobre el valor de una Central Hidroeléctrica o de su concesión.

        Respecto a las restantes criticas sobre el método de valoración utilizado por el perito, la documentación que le sirve de base apara efectuar la valoración y, el hecho de que la concesión implique o no el pago de un canon y sus consecuencias respecto a la valoración, son cuestiones que escapan de la consideración por este Tribunal pudiendo el reclamante ante su disconformidad con ellas solicitar la Tasación Pericial Contradictoria, cosa que no se ha hecho.

        SÉPTIMO: Por último hay que analizar si son o no correctos los criterios de amortización utilizados por la Administración o deben darse por buenas las amortizaciones practicadas por la reclamante como consecuencia de considerar a las Centrales como una unidad compleja especializada.

La empresa consideró que las Centrales Hidroeléctricas constituían una "instalación compleja especializada" y amortizó contable y fiscalmente las mismas aplicando tipos únicos en cada ejercicio sobre el total precio de adquisición.

        El Plan General Contable aprobado por Real Decreto 1643/1990 de 20 de diciembre se refiere en las cuentas 222 y 225 al decir que son: "Unidades complejas de uso especializado en el proceso productivo, que comprenden: Edificaciones, maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos que, aun siendo separables por naturaleza, están ligados, de forma definitiva, para su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortización; se incluirán, asimismo, los repuestos o recambios válidos exclusivamente para este tipo de instalaciones".

A efectos de su amortización se contemplaban en el artículo 46.7 y 8 del RD 2631/1982, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (en adelante RIS) y, actualmente, en artículo 1.3 del Real Decreto 537/1997, de 14 de abril donde se establece:

"...La amortización se practicará elemento por elemento.

        Cuando se trate de elementos patrimoniales de naturaleza análoga o sometidos a un similar grado de utilización, la amortización podrá practicarse sobre el conjunto de ellos, siempre que en todo momento pueda conocerse la parte de la amortización acumulada correspondiente a cada elemento patrimonial.

        Las instalaciones técnicas podrán constituir un único elemento susceptible de amortización. Se considerarán instalaciones técnicas las unidades complejas de uso especializado en el proceso productivo que comprenden edificaciones, maquinaria, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos que, aun siendo separables por su naturaleza, están ligados de forma definitiva para su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortización, así como los repuestos o recambios válidos exclusivamente para este tipo de instalaciones".

        La Inspección consideró el criterio de amortización utilizado por el reclamante era erróneo y estimó que debía separarse a efectos de amortización el precio pagado por los terrenos, que no eran en ningún caso amortizables, de acuerdo con el art. 1.2 del citado Reglamento; y que en cuanto al resto de los activos, debían amortizarse separadamente la obra civil junto con los elementos electromecánicos integrantes de la Central y el activo inmaterial constituido por la concesión administrativa que otorgaba el derecho al aprovechamiento de aguas para la explotación de la Central Hidroeléctrica. El Tribunal Regional posteriormente confirmó la regularización practicada por la Inspección. La interesada en esta segunda instancia centra la cuestión litigiosa en determinar si la concesión administrativa debe incluirse dentro del concepto de instalación compleja especializada, no amortizándose separadamente al resto de elementos integrantes de la Central.

        Tal cuestión ha sido ya resuelta por este Tribunal Central en resolución de 2 de febrero de 2006 (R.G. 4939-2002), donde en relación también con las Centrales Hidroeléctricas se llega a la misma conclusión de afirmar la procedencia de la amortización separada de la concesión señalando como razones para ello las siguientes:

        "Pues bien, este Tribunal, del análisis de la normativa transcrita, considera ajustada a derecho la Resolución del Tribunal Regional en base a los extensos razonamientos en ella contenidos, que confirma, y que llevan a la conclusión de la procedencia de la amortización separada de la controvertida concesión. En síntesis, los siguientes: 1) Ser calificada la concesión tanto por el artículo 66 del RIS como por el Plan General de Contabilidad de 1990, como  elemento perteneciente al inmovilizado inmaterial. 2)Derivarse del análisis del apartado 8 del artículo 46 del RIS la naturaleza esencialmente material de los elementos susceptibles de conformar una instalación compleja especializada, definición igual a la contenida en el Plan General de Contabilidad del año 1973, lo que excluye del mismo a la concesión, calificada, como se ha señalado como de inmovilizado inmaterial. 3) No cumplirse el requisito del citado apartado 8 del artículo 46 del sometimiento de la concesión al mismo ritmo de amortización que el resto de elementos, y ello dado que: a) la duración de la concesión desde su adquisición es de 71 años a partir de 1 de enero de 1990, lo que equivale a una amortización del 1,41 por 100 anual, siendo este ritmo de amortización notoriamente inferior al experimentado por el resto de elementos, tanto de acuerdo con el criterio aplicado por la interesada (del 10 por 100 en 1990, del 7,62 por 100 en 1991 y del 6,66 por 100 en 1992), como por el aplicado por la Inspección ; y b)mientras que al resto de los activos materiales les influye el que estén sometidos a un mayor o menor desgaste para la aplicación, dentro de los límites legales, de unos coeficientes de amortización diferentes en cada uno de los ejercicios, este tipo de circunstancias no afectan a la depreciación de un concesión administrativa, cuyo ritmo de amortización tan solo depende del tiempo para el cual ha sido otorgada, siendo por ello constante. 4)No ser de aplicación la excepción contenida en el Plan General de Contabilidad con carácter general y en su adaptación a las empresas del sector eléctrico de forma específica, de activación dentro del inmovilizado material de la parte de la concesión utilizada antes de la puesta en funcionamiento de la central hidroeléctrica, al requerirse para ello que las instalaciones no estén en condiciones de iniciar su funcionamiento, supuesto de hecho que no concurre al tratarse de instalaciones usadas que ya habían entrado en funcionamiento con anterioridad a su adquisición".

        Es decir, se trata de un supuesto idéntico aunque referido a periodos de tiempo anteriores, pero como la normativa es sustancialmente la misma (véanse los artículos 46.7 y 8 y 1.3 de los Reglamentos del Impuesto sobre Sociedades), es plenamente de aplicación. En la citada resolución se cuestiona la amortización como unidad compleja de una Central Hidroeléctrica en donde después de analizar lo que se entiende por unidades complejas en el Plan General de Contabilidad, excluye de las mismas las concesiones como activos inmateriales.

        En consecuencia procede desestimar las alegaciones del reclamante y confirmar la resolución y liquidación impugnadas.

El TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, visto el recurso de alzada interpuesto, en segunda instancia, que penden de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovido por la entidad ... S.A., y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ...,  contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 6 de mayo de 2004, expediente ... relativo al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1996, 1997, 1998 y 1999 por importe de 1.154.278,36 € (192.055.759 pesetas), ACUERDA: Desestimar la presente alzada confirmando la resolución y liquidación impugnadas.

Impuesto sobre sociedades
Inspección tributaria
Obligado tributario
Nulidad de actuaciones
Concesiones administrativas
Deuda tributaria
Falta de competencia
Procedimiento inspector
Órganos territoriales
Acta de disconformidad
Inversiones
Energía eléctrica
Infracciones tributarias
Intereses de demora
Prescripción de la acción
Buena fe
Seguridad jurídica
Impuesto sobre el Valor Añadido
Equidad
Actos de trámite
Derecho subjetivo
Agregación
Interrupción de la prescripción
Plazo de prescripción
Domicilio fiscal
Actuaciones y Procedimientos de Gestión Tributaria
Caducidad
Puertos
Gestión tributaria
Suspensión de la ejecución
Incongruencia omisiva
Doctrina de los actos propios
Modelo 210. Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Inmovilizado intangible
Actos propios
Tasación pericial contradictoria
Amortización acumulada
Elementos patrimoniales
Aprovechamiento de aguas
Inmovilizado material

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 634/2015 de 10 de Jul (Reglamento del Impuesto sobre Sociedades) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 165 Fecha de Publicación: 11/07/2015 Fecha de entrada en vigor: 12/07/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Hacienda Y Administraciones Publicas

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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