Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3488/2003 de 01 de Junio de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 01 de Junio de 2006
  • Núm. Resolución: 00/3488/2003

Resumen

La imposición de la sanción por una infracción cometida en el año 1992 se realizó en el año 2003, por lo que resultaba correcto aplicar el régimen de la Ley 230/1963 en la redacción dada por la Ley 25/1995 y el Real Decreto 1930/1998, (vigente el año 2003), al resultar más favorable que el régimen anterior de la Ley 230/1963 en la redacción dada por la Ley 10/1985 y el Real Decreto 2631/1985. No puede argumentarse que en la fecha de comisión de la infracción (1992) no estaba vigente el Real Decreto 1930/1998 que establece los porcentajes de graduación por ocultación. Conforme a lo dispuesto en la D.T.4ª.1 de la Ley 58/2003 se compara con la sanción resultante de aplicar la Ley 58/2003, pero no resulta más favorable para el interesado, por lo que se confirma la sanción impuesta.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 1 de junio de 2006 en  reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovida por X, S.L. (N.I.F ...) y en su nombre y representación D. A, con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acuerdo de liquidación de la Oficina Nacional de Inspección, de fecha 23 de abril de 2003 y contra el Acuerdo de imposición de sanción por la comisión de infracción tributaria grave, de fecha 17 de julio de 2003, relativos al IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ejercicio 1991, y cuantía, la mayor, 99.138,83 € (16.495.315 pts).

                                              ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 16 de octubre de 2002 la Oficina Nacional de Inspección incoó a la entidad X, S.L. el acta de disconformidad (A.02) número ... relativa al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1991, en la que el actuario hacía constar entre otras circunstancias: 1º) La fecha de inicio de las actuaciones fue el día 02/07/2002 que es la fecha de la continuación de las actuaciones administrativas, una vez terminada la interrupción justificada, prevista en el artículo 77.6 de la Ley General Tributaria, de las iniciadas el día 20/12/1995 y que quedaron interrumpidas por la remisión del expediente al Ministerio Fiscal el día 13/06/1997 por considerar que existían indicios de un delito contra la Hacienda Pública. El expediente fue devuelto por el Juzgado de Instrucción el día 26 de abril de 2002. No es aplicable en este expediente el articulo 29 de la Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.

SEGUNDO.- Se adjunta al acta el preceptivo informe ampliatorio en el se hace constar, en síntesis: 1º) La Sociedad dedica sus actividades al ejercicio profesional de la arquitectura y a la construcción y promoción de todo tipo de edificaciones. 2º) El único cliente de la entidad es D. A quien es el socio mayoritario de la misma (50% del capital), siendo los demás socios la esposa e hijos menores de edad del matrimonio. 3º) No fueron contabilizados recibos extendidos a D. A por prestación de servicios de arquitectura por importe de 5.562.626 pesetas (33.432,06 €) en concepto de honorarios y 667.514 (4.011,84 €) pesetas en concepto de IVA, cantidades que fueron cobradas. Por tanto, procede incrementar la base imponible declarada en un importe de 5.562.626 pesetas (33.432,06 €). 4º) No fueron declarados rendimientos derivados de pagarés de empresa por importe de 625.000 pesetas (3.756,33 €). Por tanto, procede incrementar la base imponible declarada en un importe de 625.000 pesetas. (3.756,33 €). 5º) No se admite como gasto un importe de 12.918.000 pesetas (77.638,74 €) por falta de justificación. El sujeto pasivo da la conformidad en el acta incoada nº 72555311 en este punto. 6º) No se admite como gasto un importe de  669.485 pesetas (4.023,69 €) en concepto de gastos de restaurantes, por falta de justificación y por no ser necesarios para la obtención de los ingresos. Por tanto, procede incrementar la base imponible declarada en un importe de 669.485 pesetas (4.023,69 €). 7º) No se admite como gasto un importe de 268.792 pesetas (1.615,47 €) en concepto de comisión por descuento de letras por no ser necesario para la obtención de los ingresos. Por tanto, procede incrementar la base imponible declarada en un importe de 268.792 pesetas (1.615,47 €). 8º) No se admite como gasto un importe de  5.000.000 pesetas (30.050,61 €) en concepto de pago por fianza pactada en contrato privado de fecha 24 de febrero de 1991 ya que no existe justificante acreditativo de la pérdida. Por tanto, procede incrementar la base imponible declarada en un importe de 5.000.000 pesetas (30.050,61 €). 9º) Se incrementa la base imponible en un importe de 3.620.519 pesetas (21.759,76 €) al ser titular la entidad de una embarcación ocultada en su contabilidad y en sus declaraciones fiscales. 10º) Se incrementa la base imponible en un importe de 3.000.000 pesetas (18.030,36 €) al no justificarse el origen del ingreso de dicho importe en una cuenta corriente.

        TERCERO.- Presentadas alegaciones por la interesada, el Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Técnica, dictó acuerdo de liquidación en fecha 23 de abril de 2003, notificado el día 29 de abril siguiente, del que resulta una deuda tributaria de 16.495.315 ptas (99.138,83 €), integrada por una cuota de 6.554.031 ptas (39.390,51€) e intereses de demora de 9.941.284 ptas (59.748,32 €). En el mismo se confirma la propuesta reflejada en el acta excepto en el importe de los intereses de demora que quedan cuantificados en un importe de 9.941.284 ptas (59.748,32 €) debido a un cómputo distinto de los días.

        CUARTO.- Mediante acuerdo de fecha 6 de mayo de 2003 del Jefe de Equipo, que fue notificado el día 9 de mayo de dicho año, previa autorización del Inspector Jefe de fecha 29 de octubre de 2002, se inició el procedimiento sancionador por infracción tributaria grave, tramitación abreviada, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1991. Una vez abierto el trámite de audiencia y presentadas alegaciones, se dictó por el Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Técnica, en fecha 17 de julio de 2003, notificado el 22 de julio de dicho año, acuerdo de imposición de sanciones en el cual, en síntesis, se acuerda imponer una sanción tipificada en el artículo 79 de la Ley General Tributaria: apartado a), al dejar de ingresar una cuota por importe de 6.554.031 pts (39.390,51 €). Se aplica la normativa establecida por la Ley 25/1995, imponiéndose una sanción del 50%, incrementándose en un 20% por ocultación, resultando un porcentaje incrementado del 70% que se aplica sobre la cantidad dejada de ingresar de 39.390,51 €, rectificando la propuesta del instructor que establecía que el 70% sólo se aplicara sobre un importe de 33.875,29 €. La sanción que se impone es de 27.573,63 €.

        QUINTO.- Con fecha 19 de mayo de 2003 el sujeto pasivo interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de ... contra el acuerdo de liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio de 1991 (R.G. 3488/03). Dicho Tribunal acordó declarase incompetente en sesión de fecha 26 de junio de 2003 y remitir las actuaciones a este Tribunal Económico-Administrativo Central. Una vez puesto de manifiesto el expediente para alegaciones, no consta que hasta la fecha de hoy se haya hecho uso de este derecho.

        SEXTO.- Asimismo, interpuso la entidad el 25 de julio de 2003 reclamación ante este Tribunal Económico-Administrativo Central frente al acuerdo de imposición de sanciones (R.G.: 2938/03), efectuando, previa puesta de manifiesto del expediente, las siguientes alegaciones: 1º) Nulidad de la liquidación por violarse la separación entre la fase instructora y fase liquidatoria. 2º) Prescripción de la acción para imponer sanción por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1991. Prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria y para imponer sanción ya que transcurrieron más de 6 meses entre la fecha de la incoación del acta y la fecha en que se notificó el acuerdo de liquidación. 3º) No procede iniciar el expediente sancionador por el transcurso del plazo previsto para iniciarlo en el artículo 49.2.j) del R.G.I.T. 4º) Nulidad de la propuesta como consecuencia del incumplimiento de los principios de presunción de inocencia, de buena fe y del derecho a no autoinculparse y por realizarse una interpretación razonable de la norma. 5º) Falta de motivación de la culpabilidad. 6º) Incorrecta determinación de la graduación de la sanción e inaplicabilidad de la graduación de la sanción contenida en el artículo 16.2 del Reglamento del Procedimiento Sancionador. La Ley 230/1963 dispone un régimen más favorable, con una graduación máxima del 60%.

        SÉPTIMO.- Con fecha 9 de diciembre de 2004 se ha notificado a la reclamante el trámite de audiencia al que se refiere la Disposición Transitoria 4ª.1, segundo párrafo, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, presentando el 21 de diciembre de 2004 alegaciones donde solicita la aplicación de la Ley 230/1963 ya que dispone un régimen más favorable, con una graduación máxima del 60%.

                                                            FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.- Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía del acto impugnado, para conocer en única instancia de la presente reclamación económico-administrativa, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo la cuestión a resolver si se ajustan a Derecho la regularización efectuada y la sanción impuesta.
     
        SEGUNDO.- Como tiene establecido la doctrina del Tribunal Supremo y de este Tribunal Central, la falta de presentación del escrito de alegaciones no causa por sí misma la caducidad del procedimiento, ni puede interpretarse como desestimiento tácito, ni siquiera prejuzgar o determinar la desestimación de la reclamación promovida por el reclamante, para quien aquella presentación es una facultad y no una obligación, pudiendo, en todo caso, el Tribunal hacer uso de las amplias facultades revisoras que el Reglamento de procedimiento le atribuye. Por ello, y dado que la presente reclamación se promueve frente al acuerdo de liquidación de la OFICINA NACIONAL DE INSPECCION de fecha 23 de abril de 2003, notificado el día 29 de abril, procede atender a las alegaciones efectuadas en el escrito de fecha 12 de noviembre de 2002, siendo así las cuestiones planteadas, en síntesis: 1º) En relación al incremento de la base imponible declarada en un importe de 5.562.626 peseta

Comisiones
Impuesto sobre sociedades
Sociedad de responsabilidad limitada
Ocultación
Infracción tributaria grave
Acta de disconformidad
Intereses de demora
Actuación administrativa
Delitos contra la Hacienda Pública
Socio mayoritario
Prestación de servicios
Hijo menor
Menor de edad
Impuesto sobre el Valor Añadido
Pagaré de empresa
Deuda tributaria
Procedimiento sancionador
Contrato privado
Embarcaciones
Cuenta corriente
Liquidación Impuesto sobre Sociedades
Prescripción de la acción
Expediente sancionador
Buena fe
Presunción de inocencia
Caducidad
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