Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3632/2003 de 14 de Septiembre de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 14 de Septiembre de 2006
  • Núm. Resolución: 00/3632/2003

Resumen

Se desestima el recurso de anulación presentado, basado en una incongruencia completa y manifiesta de la resolución, ya que, contrariamente a lo que se argumenta, se hizo referencia a las sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia Provincial, así como a hechos declarados probados en las mismas. Cosa distinta es que tales hechos no se hayan recogido con el detalle que el recurrente hubiera considerado conveniente o que no se hayan tenido con las consecuencias por él defendidas, pero tales extremos no pueden ser revisados a través del recurso de anulación. La sentencia firme que no aprecia la existencia de delito no impide continuar el procedimiento en base a los actos que dicha sentencia haya considerado probados, dando lugar a la correspondiente regularización, ni a que los órganos económico-administrativos confirmen su procedencia en base a la existencia de simulación. En el caso concreto, la cita de la sentencia no constituye un hecho probado, sino un razonamiento ínsito en una sentencia desestimatoria de responsabilidad penal.

Descripción

        En la villa de Madrid, a 14 de septiembre de 2006 este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, ha visto el recurso de anulación interpuesto por DON ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha ... de 2006 recaída en la reclamación de referencia R.G. 3632-03, sobre liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1989, y cuantía de 27.868.502,09  € (4.636.928.588 pesetas).

                                                      ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO: En su indicada sesión de ... de 2006 este Tribunal acordó desestimar el recurso de alzada que motivó lo apertura del expediente citado, interpuesto contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha ... de 2003 recaída en reclamaciones números ... y ..., en materia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1989.

        SEGUNDO: El 13 de julio de 2003 interpone el reclamante recurso de anulación contra dicha resolución económico-administrativa en segunda instancia, que, según manifiesta, le fue notificada el 27 de junio de 2006. En su escrito alega, en resumen, que la Resolución recurrida adolece de incongruencia completa y manifiesta, al existir una total discordancia entre lo manifestado y aportado por el reclamante en su escrito de alegaciones y lo recogido en los antecedentes y fundamentos de Derecho de la resolución. En concreto, entiende el interesado que la resolución citada ha incurrido en "olvido u omisión de la causa de pedir y, por tanto, en incongruencia completa y manifiesta", porque, según él, "olvida u omite los hechos declarados probados por los Tribunales del orden jurisdiccional penal -sentencia .../2000 de ..., del Juzgado de lo Penal nº ... de ... y sentencia .../2002, de 19 de febrero, de la Audiencia Provincial de ..., ambas obrantes en el expediente- hechos probados literalmente reproducidos como los antecedentes de hecho del recurso de alzada que por la resolución impugnada se resuelve (...); esta parte no ha podido encontrar en la resolución impugnada una sola referencia a los hechos declarados probados por los Tribunales penales ni al fallo o parte dispositiva de las sentencias .../2000, de ..., del Juzgado de lo Penal nº ... de ... y .../2002, de ..., de la Audiencia provincial de ..." lo que, según alega, implica "la falta de respeto a los hechos que determinan la causa petendi que en la jurisprudencia constitucional caracteriza el vicio de incongruencia". Manifiesta también que la simulación, confirmada en la Resolución recurrida, es contraria al artículo 10 de la Ley 6/1985, Orgánica del Poder Judicial, así como a otras disposiciones que cita, que "imponen a la Administración la obligación de sujetarse a los hechos que los Tribunales del orden jurisdiccional penal hayan declarado probados". La parte interesada planteó una cuestión prejudicial penal que fue admitida de plano por el TEAR de ..., que paralizó las actuaciones administrativas seguidas respecto al ejercicio 1989 en tanto no existiera pronunciamiento firme de la jurisdicción penal respecto del ejercicio 1990; el recurrente trae a colación las consideraciones de dicho Tribunal Regional en el sentido de existir identidad entre los hechos sobre los que debía pronunciarse el mismo y los que son objeto de las Diligencias previas .../96, porque para determinar si existe o no delito contra la Hacienda Pública, debe el Juzgado de Instrucción valorar las operaciones realizadas el 27 de febrero de 1989. Y una vez producido el pronunciamiento firme de la jurisdicción penal, nos encontramos en el supuesto previsto en la ya citada ley orgánica del poder judicial (artículo 10), Ley General Tributaria (artículo 180.1 y 77.6 de la anterior), es decir: una vez producida la sentencia firme sin haberse apreciado la existencia de delito, la Administración continuará el procedimiento con base en los hechos que los Tribunales hayan declarado probados. Concluye el reclamante que "No se entiende cómo la resolución impugnada mantiene la resolución del TEAR, el cual, después de acordar (...) que  habría de estarse a la valoración del Juzgado de lo Penal sobre si había o no simulación en las operaciones de 27 de febrero de 1989 (...) 6 de abril de 1989 (...) y 5 de mayo de 1989 y 10 de mayo de 1990 (...) luego resuelve ignorando absolutamente la declaración de hechos probados de los Tribunales penales". A continuación el recurrente destaca una serie de hechos declarados  probados por los Tribunales: que el 7-11-1988 se acuerda ampliar el capital social de una serie de sociedades, que el 27-2-1989 X, S.A. adquiere del recurrente los derechos de suscripción de las cuatro sociedades que habían ampliado su capital, que el 28 -2-1989 X, S.A. suscribe la ampliación y que el 5-5-1989 y 10-5-1990 se produce la cesión y transmisión de acciones a favor de Y, S.A. recuerda el interesado que el Juzgado de lo Penal califica a los sucesivos negocios como "camino tortuoso" pero afirma que "todos los actos analizados son perfectamente legales y lícitos" ante lo cual dice el reclamante: "explíquesenos cómo un negocio perfectamente legal y lícito (...) puede ser al mismo tiempo absolutamente simulado y por tanto inexistente por afectado de nulidad total (...)".  Finalmente, se refiere el recurrente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de ... de ..., cuyo Fundamento jurídico segundo transcribe y en el que se lee: "Y así, utilizando formas jurídicas legales y documentadas, se creó ese marco jurídico que permitió acogerse al régimen de exención tributaria que con anterioridad al 23 de marzo de 1989 gozaba la transmisión de derechos en lugar de acciones. (...) Aquel comportamiento del contribuyente que partiendo de la normativa vigente y al amparo de la misma diseña en el tiempo operaciones, cada una de ellas legales, declaradas y sometidas a su correspondiente tratamiento fiscal, con la finalidad de obtener en definitiva una fiscalidad más leve, amparada en el régimen legal, no puede considerarse defraudatorio".

                                                         FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO: Concurren en el presente expediente los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite del presente recurso de anulación, según lo establecido en los artículos 239.6 de la Ley General Tributaria, 58/2003 y 60 del Reglamento de revisión en vía administrativa, siendo uno de los casos en que se admite su interposición "cuando se alegue la existencia de incongruencia completa y manifiesta de la resolución", supuesto que es el concurrente en este recurso.

        SEGUNDO: Contrariamente a lo manifestado por el recurrente, la Resolución de 1 de junio de 2006, objeto del recurso, sí hizo referencia a las Sentencias .../2000 de ..., del Juzgado de lo Penal nº ... de ... y .../2002, de 19 de febrero, de la Audiencia Provincial de ..., así como a hechos declarados probados en las mismas. En el antecedente fáctico tercero se relataba cómo el interesado planteó ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... la existencia de cuestión prejudicial penal por estar sustanciándose Diligencias Previas ante el Juzgado de Instrucción nº ... de ... por presunto delito contra la Hacienda Pública, concepto IRPF 1990, al existir identidad de circunstancias y fundamentos con la reclamación interpuesta (referente a IRPF 1989); en el antecedente quinto se reproducía parte de los razonamientos de la Sentencia del Juzgado de lo Penal nº ... de ..., en que se enumeraban diversos hechos declarados probados. Por tanto, no puede aceptarse la tesis del interesado en el sentido de que se olvidan u omiten los hechos probados judicialmente. Cosa distinta es que tales hechos no se hayan recogido con el detalle que el interesado hubiera considerado conveniente o que no se hayan tenido con las consecuencias por él defendidas, pero tales extremos no pueden ser revisados en este recurso de anulación, que en modo alguno puede convertirse en una segunda revisión, dentro de la vía económico administrativa, de la resolución recurrida en la alzada.

        TERCERO: El artículo 10 de la Ley 6/1985, Orgánica del Poder Judicial, establece que:

1. A los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativamente.

2. No obstante, la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de ésta determinará la suspensión del procedimiento mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda, salvo las excepciones que la Ley establezca.

Y el 181.1 de la vigente Ley General Tributaria (también invocado por el reclamante) dispone:

Si la Administración tributaria estimase que la infracción pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal, previa audiencia al interesado, y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo que quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.

        Pues bien, la aplicación al caso de ambas disposiciones no guarda relación alguna con la pretendida incongruencia completa y manifiesta por parte de la Resolución recurrida, en que el interesado motiva este recurso. Ciertamente, y según él mismo alega, una vez producida la sentencia firme sin haberse apreciado la existencia de delito, la Administración continuará el procedimiento con base en los hechos que los Tribunales hayan declarado probados. Pero, aún si la resolución económico-administrativa que posteriormente se dicte, olvidara alguno de tales hechos probados, no llegaría a producirse la necesaria incongruencia en dichos términos, necesaria para que el recurso pueda prosperar, salvo el caso en que tal olvido produjera una completa falta de adecuación entre lo planteado en la reclamación y lo resuelto por el órgano económico-administrativo, que además ha de ser manifiesta, es decir, susceptible de ser apreciada de manera inmediata y sin necesidad de razonamiento jurídico alguno.

        En el caso planteado, los hechos que las repetidas sentencias declaran probados son, según enumeración del propio recurrente: a) que el 7-11-1988 se acuerda ampliar el capital social de una serie de sociedades.- b), que el 27-2-1989 X, S.A. adquiere del recurrente los derechos de suscripción de las sociedades que habían ampliado su capital.- c) que el 28 -2-1989 X, S.A. suscribe la ampliación.- y d) que el 5-5-1989 y 10-5-1990 se produce la cesión y transmisión de acciones a favor de Y, S.A. Estos hechos probados se recogían en la Resolución ahora recurrida y no eran puestos en duda.

        CUARTO: Se pregunta el recurrente cómo es posible que "un negocio perfectamente legal y lícito (...) puede ser al mismo tiempo absolutamente simulado y por tanto inexistente por afectado de nulidad total (...)". Lo apreciado por este Tribunal en la Resolución de ... de 2004 fue la existencia de simulación. Se lleva a cabo una serie de negocios jurídicos lícitos con la apariencia externa de otros, también legales y lícitos, que son los realmente queridos, y corresponde a la Administración regularizar las situaciones tributarias derivadas de tales actuaciones -que producen efectos, incluidos los fiscales- si los intervinientes en los mismos no los declararon correctamente. Si no lo hicieron, ello puede ser o no constitutivo de delito contra la Hacienda Pública y el caso de que no lo sea -como han declarado los Tribunales en relación con el IRPF de 1990- no cierra el paso ni a que dicha regularización -cuota e intereses de demora- pueda llevarse a cabo, ni a que los órganos económico administrativos confirmen su procedencia, sin que las valoraciones que los jueces y Tribunales efectúen al decidir que no existe delito, hayan de condicionar a la Administración tributaria en la práctica de las liquidaciones. Así se deduce del artículo 5.4 del Real decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario: "Si la autoridad judicial no apreciara la existencia de delito, la Administración tributaria continuará el expediente, practicando las liquidaciones y, en su caso, tramitando los correspondientes expedientes sancionadores que procedan con base en los hechos que los tribunales hayan considerado probados". Este mismo razonamiento nos lleva también a rebatir lo argumentado por el contribuyente con base en la Sentencia de la Audiencia Provincial de ..., ya citada, cuando dice que, utilizando formas jurídicas legales y documentadas, se creó ese marco jurídico "que permitió acogerse al régimen de exención tributaria"; ésta es una consideración del Tribunal que no constituye un hecho probado, sino un razonamiento ínsito en una sentencia desestimatoria de responsabilidad penal. Tampoco por esta vía cabe asumir la tesis del recurrente en orden a la existencia de incongruencia completa y manifiesta, por lo que el presente recurso de anulación debe desestimarse

             POR LO EXPUESTO,

           EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en el recurso de anulación promovido por DON ..., contra Resolución de este Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 1 de junio de 2006, recaída en la reclamación de referencia, en materia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1989, ACUERDA: Su desestimación.

Recurso de anulación
Sentencia firme
Resolución recurrida
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Causa petendi
Delitos contra la Hacienda Pública
Prejudicialidad penal
Cuestiones prejudiciales
Responsabilidad penal
Diligencias previas
Liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Omisión
Vicio de incongruencia
Capital social
Transmisión de acciones
Actuación administrativa
Declaración de hechos probados
Revisión en vía administrativa
Audiencia del interesado
Culpa
Archivo de actuaciones
Negocio jurídico
Expediente sancionador
Intereses de demora
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