Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3746/2005 de 31 de Mayo de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 31 de Mayo de 2007
  • Núm. Resolución: 00/3746/2005

Resumen

No es actividad económica de promoción inmobiliaria la simple gestión para obtener el cambio de régimen urbanístico de unos terrenos, por lo que no es aplicable el beneficio de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

Descripción

En la Villa de Madrid, a 31 de mayo de 2007, visto el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesto por la entidad ..., S.L. con CIF: ..., y en su nombre y representación por Don ..., con domicilio, a efectos de notificaciones, en ..., contra la Resolución dictada en fecha 19 de agosto de 2005 por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., en la reclamación económico administrativa número ..., relativa, a la liquidación del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1999, con un importe de 1.789.305,54 euros.  

                                                  ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: ..., S.L., fue objeto de actuaciones inspectoras por parte de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de ..., en relación con el Impuesto sobre Sociedades y el ejercicio 1999, que dieron lugar a la incoación, el 5 de marzo de 2003, de Acta de Disconformidad, modelo A02, número ..., emitiéndose en igual fecha el preceptivo informe ampliatorio.

La liquidación propuesta en el Acta, determinaba una deuda tributaria a ingresar por importe de 1.789.305,55 euros, que presentaba el siguiente desglose:

                                                                               EUROS

CUOTA                                                              1.541.394,43

RECARGOS                                                                         0

INTERESES DE DEMORA                                 247.911,12

DEUDA A INGRESAR/A DEVOLVER           1.789.305,55

SEGUNDO: Transcurrido el plazo para la presentación de las correspondientes alegaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 56.1 del RD 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Inspección de los Tributos (RGIT), sin que éstas se hubieren producido, se dictó Acuerdo de liquidación, el día 18 de agosto de 2003, por el que se confirmaba la propuesta de regularización contenida en el Acta, que fue notificado a la obligada tributaria en fecha 26 de agosto.

TERCERO:
De las actuaciones practicadas y demás antecedentes resulta que:

1. Las actuaciones inspectoras se iniciaron mediante Comunicación de inicio de fecha 10 de julio de 2002, habiendo sido notificada al interesado el 3 de septiembre de 2002. Las actuaciones tienen carácter parcial, limitándose a la comprobación de:

- La dotación de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) del ejercicio 1999.

- La materialización y permanencia de las dotaciones a la RIC de los ejercicios 1996, 1997 y 1998.

- La deducción por Inversiones en Canarias del ejercicio 1999.

2.
El obligado tributario se constituyó mediante Escritura Pública de 25 de febrero de 1972.

Según el artículo 2 de los Estatutos sociales, constituía su objeto social la construcción, ampliación y explotación de hoteles y actividades conexionadas con dicho objeto; dicho objeto social fue ampliado mediante Escritura de 10 de marzo de 1999, a una diversidad de actividades que van desde la explotación agrícola hasta la importación-exportación, pasando por toda actividad relacionada con el ramo de la construcción.

3.
La entidad está dada de alta en el Epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas 1612 "Captación de agua", y la actividad principal desarrollada es la de "arrendamiento de inmuebles", para la cual cuenta con la organización empresarial necesaria, según se ha comprobado en las actuaciones inspectoras.

4.
La sociedad redujo el resultado contable en 732.761.297 pesetas (4.403.984,09 €) por dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias en el ejercicio 1999.

Los beneficios declarados por la entidad tienen su origen en el resultado extraordinario obtenido por la enajenación de inmovilizado, ya que la actividad ordinaria de la sociedad resultó deficitaria.

Así la Inspección entendió que se debe proceder a la regularización de la dotación de la R.I.C. del ejercicio 1999, por considerar que, el beneficio obtenido en la enajenación no es apto para acogerse a este beneficio fiscal, ya que se deriva de una renta extraordinaria generada por la mera tenencia o titularidad de activos no relacionados con el desarrollo de una actividad económica.

5. El desglose de las partidas que constituyen el haber de la cuenta de Pérdidas y Ganadas es el siguiente:

- Importe neto de la cifra de negocios: 16.350.138 pesetas (98.266,31 €), correspondiendo a las actividades de captación de agua y arrendamientos.

- Beneficio en enajenación de inmovilizado: 1.551.000.000 pesetas (9.321.697,74 €), correspondiendo a la enajenación de un terreno que no estaba afecto a actividad alguna.

El bien transmitido fue una parcela urbana situada en ..., término municipal de ... en ..., que había sido adquirido por 31.000.000 pesetas (186.313,75 €) y que se vendió en 1.582.000.000 pesetas (9.508.011,49 €) el 2 de julio de 1999.

El importe de la transmisión se percibió de forma aplazada, así:

- Año 1999: 864.716.814 pesetas (5.197.052,72 €).

- Año 2000: 441.182.048 pesetas (2.651.557,51 €).

- Año 2001: 245.101.138 pesetas (1.473.087,51 €).

- Ingresos financieros: 158.988 pesetas (955,54 €), correspondiendo a retribución de las cuentas bancarias.

- Otros ingresos: 12.059 pesetas (72,48 €).

El acuerdo de liquidación concluye que "Con los datos anteriormente señalados se observa que el obligado tributario calcula la reducción por dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias incluyendo como base de cálculo el beneficio obtenido por la enajenación del terreno no afecto a la actividad. Este beneficio, sin embargo, no se considera apto para acogerse a la R.I.C. puesto que se trata de un beneficio extraordinario que procede de la mera titularidad de un activo fijo que no está relacionado con la actividad económica". Por ello, se procede a incrementar la base imponible del Impuesto del ejercicio 1999 en 732.761.297 pesetas (4.403.984,09 €).

CUARTO:
Disconforme con el acuerdo de liquidación anteriormente mencionado, en fecha 10 de septiembre de 2003, la interesada interpuso reclamación económico-administrativa, referenciada con el número ..., ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., al amparo del artículo 2.a) del RD 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas (RPREA).

En fecha 26 de noviembre de 2003, se notificó a la entidad, la puesta de manifiesto del expediente administrativo, presentando, tras la prórroga del plazo otorgado, con fecha 29 de diciembre de 2003, el correspondiente escrito de alegaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 90 del RPREA.

En el mencionado escrito la interesada realizó, en síntesis, las siguientes alegaciones:

            a) En primer lugar, la entidad alega que dentro de su objeto social se encuentra el de promoción inmobiliaria, que además figura "dada de alta desde 1991 en al actividad de compraventa de terrenos, epígrafe 615.1 de la Licencia Fiscal entonces vigente, referente a la venta de edificaciones y de terrenos que tengan la consideración de suelo, según acredita con testimonio notarial de la declaración de alta en la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales, modelo 881. Asimismo figura desde esa fecha inscrita en el Censo en la referida actividad, lo que se acredita igualmente con el testimonio notarial de la declaración censal modelo 036".

"Con los referidos antecedentes que se han dejado acreditados (y sin perjuicio de que se acredite asimismo en fase probatoria), no cabe sostener, como afirma la Inspección, que el beneficio obtenido por ..., S.L. en el ejercicio 1999 al transmitir los terrenos afectos al PAU, Plan Parcial y Proyecto de Urbanización ..., es un beneficio derivado de la mera titularidad de activos no relacionados con actividad económica, sino que, por el contrario, estamos ante una actividad de promoción inmobiliaria realizada desde muchos años atrás, sujeta a los vaivenes de la batalla administrativo-judicial que se ha dejado expuesta en los apartados anteriores, actividad que nunca renunció a ejercer, como lo prueba la aprobación oficial de dos Planes Parciales y dos Proyectos de Urbanización diferentes, primero el de ... y luego el de ...".

            b) En segundo lugar señala que, aún en el supuesto de que se considerara que el beneficio de la venta procede de un bien no afecto a la actividad económica, la normativa reguladora de la RIC sólo exige que la dotación se efectúe con cargo a los beneficios del ejercicio, sin hacer distinción entre los beneficios ordinarios o extraordinarios de la empresa.

Finalmente solicita al TEAR que dicte "resolución en cuya virtud se declare el derecho de mi representada a dotar la Reserva para Inversiones en Canarias en el ejercicio 1999 con el beneficio de la venta de los terrenos afectos al Plan Parcial y Proyecto de Urbanización ..., y en consecuencia, anule el acuerdo de liquidación impugnado, con indemnización de los daños y perjuicios sufridos por tal motivo, entre ellos los gastos originados por la suspensión del ingreso de la deuda tributaria.

        QUINTO: El día 19 de agosto de 2005, el Tribunal Regional de ... dictó fallo acodando desestimar, en primer instancia, la reclamación económico-administrativa presentada y confirmar el acuerdo impugnado.

La resolución fue notificada a la interesada el 28 de septiembre de 2005.

SEXTO:
En fecha 28 de octubre de 2005, ..., S.L., al amparo del artículo 241 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre), interpuso, en plazo, recurso de alzada ante este Tribunal Central frente a la reseñada Resolución del Tribunal Regional, mediante escrito en el que reitera, en síntesis, las alegaciones vertidas en primera instancia.

                                            FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO: Concurren en el presente recurso de alzada los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para su admisión a trámite por este Tribunal Económico-Administrativo Central.

SEGUNDO: Las cuestiones planteadas en el mismo se centran en determinar si las dotaciones efectuadas por la entidad ..., S.L. en el ejercicio 1999, son aptas para la dotación de la Reserva para Inversiones en Canarias, y en particular, si existe o no afectación de los terrenos transmitidos a la actividad económica de la empresa, y en su defecto, si las dotaciones pueden efectuarse con cargo a beneficios de carácter extraordinario.
          
TERCERO: Atendiendo a los objetivos que persigue la figura de la RIC, encuadrada en un bloque de incentivos destinados a promover actividades generadoras de empleo o que acreciente la competitividad interior y exterior de las empresas canarias y destinada a que los empresarios de Canarias puedan acceder a cotas importantes de ahorro fiscal como contrapartida a su esfuerzo inversor, tal y como establece la Exposición de Motivos de la Ley 14/1994, ha de concluirse que la norma se refiere a establecimientos en los que se realicen actividades económicas con capacidad para producir el efecto dinamizador de la economía canaria que se pretende incentivar, es decir, a un conjunto organizado de elementos patrimoniales y personales dispuestos y efectivamente utilizados para la realización, con cierta autonomía de gestión, de una explotación económica cuya actividad suponga la colocación de un bien o servicio en el mercado, sin que sea suficiente la mera titularidad o tenencia de elementos patrimoniales aislados.  

CUARTO: La Reserva para Inversiones en Canarias se regula en el artículo 27 de la Ley 19/1994, que dispone:

        "1. Las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a la reducción en la base imponible de este impuesto de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

        2. La reducción a que se refiere el apartado anterior se aplicará a las dotaciones que en cada período impositivo se hagan a la reserva para inversiones hasta el límite del 90 por 100 de la parte de beneficios obtenidos en el mismo período que no sean objeto de distribución, en cuanto proceda de establecimientos situados en Canarias. En ningún caso la aplicación de la reducción podrá determinar que la base imponible sea negativa.

        A estos efectos se considerarán beneficios no distribuidos los destinados a nutrir las reservas, excluida la de carácter legal. Tampoco tendrá la consideración de beneficio no distribuido el que corresponda a los incrementos de patrimonio afectos a la exención por reinversión a que se refiere el art. 15.8 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

        Las asignaciones a reservas se considerarán disminuidas en el importe que eventualmente se hubiese detraído del conjunto de las mismas, ya en el ejercicio al que la reducción de la base imponible se refiere, ya en el que se adoptara el acuerdo de realizar las mencionadas asignaciones.

        3. La reserva para inversiones deberá figurar en los balances con absoluta separación y título apropiado y será indisponible en tanto que los bienes en se materializó deban permanecer en la empresa.

           4. Las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias deberán materializarse en el plazo máximo de tres años, contados desde la fecha de devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se ha dotada la misma...

            8. La disposición de la reserva para inversiones con anterioridad al plazo de mantenimiento de la inversión o para inversiones diferentes a las previstas, así como el incumplimiento de cualquier otro de los requisitos establecidos en este artículo dará lugar a la integración en la base imponible del ejercicio en que ocurrieran estas circunstancias de las cantidades que en su día dieron lugar a la reducción de la misma.  

            Sobre la parte de cuota derivada de lo previsto en el párrafo anterior se girará el interés de demora correspondiente calculado desde el último día del plazo de ingreso voluntario de la liquidación en la que se realizó la correspondiente reducción de la base imponible...".

             Este beneficio fiscal, dirigido fundamentalmente a las sociedades, pueden disfrutarlo también determinadas personas físicas, disponiéndose, a tal efecto en el apartado 9 del referido artículo 27 que:

             "Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que determinen sus rendimientos netos mediante el método de estimación directa, tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra por los rendimiento netos de explotación que se destinen a la reserva para inversiones, siempre y cuando éstos provengan de actividades empresariales realizadas mediante establecimientos situados en Canarias.

             La deducción se calculará aplicando el tipo medio de gravamen a las dotaciones anuales a la reserva y tendrá como límite el 80 por 100 de la parte de la cuota íntegra que proporcionalmente corresponda a la cuantía de los rendimientos netos de explotación que provengan de establecimientos situados en Canarias.

             Este beneficio fiscal se aplicará de acuerdo a lo dispuesto en los apartados 3 a) 8 de este artículo, en los mismos términos que los exigidos a las sociedades y demás entidades jurídicas".

QUINTO:
La primera de las cuestiones planteadas por el recurso de alzada presentado por el contribuyente, es la de determinar si los terrenos transmitidos en 1999, cuyo beneficio se utilizó por la entidad para la dotación de la RIC de ese periodo, tienen la consideración de activos afectos a una actividad económica, y en particular, a la actividad económica de promoción inmobiliaria.

En este sentido, alega la entidad que durante el ejercicio de referencia, realizaba tres actividades distintas: la de captación de agua, la de arrendamiento de inmuebles y la de compraventa de terrenos. Seguidamente, reconoce compartir la afirmación de la Inspección de que los terrenos transmitidos no se encontraban afectos a ninguna de las dos primeras actividades, pero que sin embargo sí lo estaba a la actividad de promoción inmobiliaria.

Para acreditar tal afectación, así como el desarrollo de dicha actividad, la entidad manifiesta que "en ningún momento, ha pretendido basar la prueba de la actividad económica exclusivamente en el objeto social, sino como un indicio, entre otros, de su prolongada actividad dedicada a la urbanización y promoción inmobiliaria, hasta el punto de lograr, tras vencer numerosas dificultades, la aprobación de dos Planes Parciales y dos Proyectos de Urbanización, indicio, el del objeto social, que naturalmente ha de valorarse junto a los otros documentos acreditativos de la actividad de mí representada aportados al expediente. Obviamente, la aprobación de los Planes Parciales y de los Proyectos de Urbanización constituyen el paso necesario para proceder a la venta de los terrenos urbanos que se realiza en la escritura de 2-7-1999 y de los hechos acreditados: objeto social, altas en el Censo y en la Licencia Fiscal, promoción de dos Planes Parciales y dos Proyectos de Urbanización, escritura de compraventa, se desprende claramente la voluntad de mí representada de ejercer la actividad de compraventa de terrenos urbanos".

De los documentos aportados por la entidad en primera instancia, este Tribunal reconoce que la misma efectuó todos los trámites necesarios para lograr la aprobación del Programa de Actuación Urbanística y Plan Parcial "...", sobre los terrenos transmitidos, así como la existencia del Proyecto de Urbanización, pero sin embargo, considera que ello no es suficiente para entender que la entidad desarrolló la actividad de urbanización y promoción inmobiliaria sobre el terreno en cuestión, ya que la entidad, una vez aprobado definitivamente el Plan, procedió, antes de iniciar la ejecución de las obras de urbanización, a la enajenación del mismo.

De acuerdo con la escritura de venta de 2 de julio de 1999, el terreno se transmite sin que sin hubieran iniciado las obras para ejecutar el proyecto de urbanización, cuya obligación asume la parte compradora del inmueble.

Es criterio de este Tribunal, véase Resolución de 13 de octubre de 2005, si bien en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, aunque también de aplicación para el tributo que nos ocupa, que: "es necesaria la ejecución de obras materiales en los terrenos vendidos para considerar que éstos se hallan en curso de urbanización, circunstancia que no se da en el presente caso, como la propia entidad interesada reconoce, no bastando, en consecuencia, haber superado las fases administrativas previas a dicha ejecución material, lo que obliga a negar la condición de empresarios de los transmitentes, y por ende, a rechazar el carácter empresarial de la entrega, que debe quedar sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de transmisión patrimonial onerosa, no pudiendo admitirse la deducción del IVA soportado en la operación". Dicho criterio, y tal y como se desarrolla en la mencionada resolución, se encuentra a su vez, refrendado con las directrices expuestas por el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 11 de octubre de 2004 y 19 de abril 2003.

En el caso que nos ocupa, la entidad no ha desarrollado, respecto al terreno enajenado, una auténtica actividad de promoción ni urbanización inmobiliaria, ya que sus actuaciones se han limitado, eso sí, con resaltable insistencia, a conseguir que el mismo se incluyera dentro del Plan de Actuación Urbanística, y por ende, su calificación como urbanos, para, una vez obtenido, proceder, sin efectuar las obras de ejecución dirigidas a la urbanización de los terrenos y la promoción inmobiliaria, a transmitir los mismos, que tras dichas actuaciones habrían elevado considerablemente su valor, al pasar de ser simples "eriales rústicos" a suelo urbano.

Es por ello, que al no considerarse que en relación al inmueble controvertido, la entidad haya realizado actividad económica alguna, debemos confirmar el criterio seguido por la Inspección de entender que el beneficio obtenido con su venta, deba calificarse como "una renta extraordinaria generada por la mera tenencia o titularidad de activos no relacionados con el desarrollo de una actividad económica", desestimando la primera alegación de la interesada.  

Determinada la inexistencia de la actividad de promoción y urbanización, este Tribunal no entiende necesario entrar a examinar si se dan o no los requisitos del artículo 25.2 de la Ley 40/1998, que por otra parte nuestra normativa tributaria sólo exige en relación a las actividades de arrendamiento y compraventa de inmuebles, y no en relación a la promoción inmobiliaria.

SEXTO: Como cuestión subsidiaria, la entidad alega que del artículo 27 de la Ley 19/1994 "no se desprende la imposibilidad, aún en el supuesto de que se estimara que el beneficio de la venta procede de un bien no afecto a actividad económica alguna, dotar la RIC con aquél, dado que lo que exige la referida norma es que la dotación proceda del beneficio del ejercicio, sin hacer distinción alguna entre beneficio ordinario o extraordinario de la entidad mercantil que se acoge a este incentivo fiscal a la inversión".

A este respecto es importante tener en cuenta que si la finalidad de la norma no es otra que incentivar la reinversión de los beneficios obtenidos en nuevas actividades productivas sitas en Canarias, parece evidente que sólo los beneficios procedentes de la titularidad de activos que estén relacionados con el desarrollo en Canarias de actividades económicas, empresariales o profesionales, deberán beneficiarse de la aplicación de la RIC, no debiendo extenderse dicho régimen a los beneficios que, procediendo de la mera titularidad de activos, no estén relacionados con el desarrollo de las mencionadas actividades económicas.

Por ello, la RIC conceptuada como un importante estímulo fiscal a la realización en Canarias de actividades económicas que fomenten la creación de riqueza y el desarrollo económico de las Islas, y que implica la no tributación de hasta el 90% de los rendimientos obtenidos por ellas, exige que exclusivamente se beneficien de su aplicación las ganancias obtenidas en la realización de actividades económicas, empresariales o profesionales.

De la exposición de motivos de la Ley 19/1994 citada se deduce la finalidad y el espíritu de la misma norma al establecer el beneficio fiscal que supone la reserva para inversiones en Canarias:

... Ese necesario Régimen Económico Especial de Canarias concilia los principios de su diferencialidad, reconocidos en los ordenamientos español y comunitario con el diseño operativo de un sistema impulsor a la actividad económica, la creación de empleo, la potenciación de sus distintos espacios insulares, la oferta y regulación de un foco de atracción a la iniciativa empresarial y a la presencia de inversor exterior... Incorporar un coherente bloque de incentivos fiscales y económicos, de tal modo que verdaderamente genere decisiones inversoras, dinamice la localización de actividades en zonas de escasa autorrealización y responda socialmente a los beneficios que para todos conlleva la modernización del aparato productivo y comercial... promover actividades generadoras de empleo o que acrecienten la competitividad interior y exterior de las empresas canarias.

        Si bien es verdad, tal y como afirma el contribuyente, que el apartado primero del artículo 27 habla de beneficios, sin discriminar entre los ordinarios y extraordinarios, en su apartado segundo, y de acuerdo con la finalidad de la norma reflejada en su exposición de motivos, se señala que la reducción se aplica a las dotaciones que en cada período impositivo se hagan a la reserva para inversiones de la parte del beneficio obtenido en el mismo período, en cuanto proceda de establecimientos situados en Canarias. Ello quiere decir que este estímulo fiscal lo es a la realización en Canarias de actividades fomentadoras de riqueza y desarrollo económico, por lo que deben beneficiarse de él las ganancias obtenidas en la realización de actividades empresariales.

        En consecuencia, parece obvio que en el presente caso no resulta procedente la dotación de la Reserva para Inversión en Canarias, ya que los beneficios con cargo a los que la misma se dotó, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento de derecho anterior, tenían la consideración de beneficios extraordinarios, tesis que viene confirmada por el Informe de la Comisión para el análisis de los problemas de la aplicación de la RIC, evacuado por la Secretaría de Estado de Hacienda en diciembre de 2000, el cual, en su apartado 2.2.4 incluye como rentas excluidas del beneficio fiscal "las actividades de mera tenencia de patrimonio, tanto material como financiero".

        Este criterio, relativo a la imposibilidad de que aquellos resultados que obtenga una empresa que no provengan del ejercicio de una actividad económica sean aptos para la dotación de la RIC, ha sido mantenido reiteradamente tanto por este Tribunal (Resoluciones de 18 de enero de 2006, y de 21 de diciembre de 2006, entre otras), como por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sentencias de 27 de abril de 2006, de 20 de enero de 2006, de 17 de febrero de 2005, entre otras).

        Por todo ello, se desestiman también las alegaciones de la entidad en este punto, confirmando el criterio manifestado por la Inspección, y reiterado por el Tribunal Regional de primera instancia.

        En virtud de lo expuesto,

ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, resolviendo EN SALA, en el presente recurso de alzada, ACUERDA: DESESTIMARLO, confirmando tanto la Resolución del TEAR así como el acuerdo impugnado, dictado por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de ...

Actividades económicas
Dotaciones a la reserva para inversiones
Sociedad de responsabilidad limitada
Objeto social
Proyectos de urbanización
Inversiones
Reserva para Inversiones en Canarias
Impuesto sobre sociedades
Beneficios fiscales
Obligado tributario
Licencia fiscal
Enajenación de inmovilizado
Deuda tributaria
Arrendamiento de bienes inmuebles
Liquidación Impuesto sobre Sociedades
Censo
Administración Tributaria del Estado
Inspección tributaria
Elementos patrimoniales
Acta de disconformidad
Impuesto sobre Actividades Económicas
Beneficios no distribuidos
Deducción por RIC
Escritura pública
Estatutos sociales
Beneficios extraordinarios
Cifra de negocios
Reducción de la base imponible
Activo no corriente
Disminución de la base imponible
Cuentas bancarias
Ingresos financieros
Declaración censal
Modelo 036 - 037. Declaración censal
Indemnización del daño
Daños y perjuicios
Inversor
Terrenos de naturaleza urbana
Período impositivo
Explotación económica
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