Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3751/2005 de 10 de Octubre de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 10 de Octubre de 2006
  • Núm. Resolución: 00/3751/2005

Resumen

No existe en el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, normativa sobre intereses de demora para el supuesto de retraso en el reconocimiento de prestaciones, ni tampoco norma similar al artículo 3.b) de la Ley 1/1998 de derechos y garantías de los contribuyentes, no siendo de aplicación la Ley General Tributaria (Ley 58/2003) que se refiere a los contribuyentes y no a los beneficiarios de Clases Pasivas, por lo que a su amparo no pueden reconocerse intereses de demora. En cuanto al artículo 24 de la Ley General Presupuestaria de 2003 establece dos requisitos: a) reconocimiento de la obligación e impago de la misma y b) reclamación por escrito antes de tres meses, lo que no se produce en este caso.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 10 de octubre de 2006 en la reclamación económico-administrativa que, en única instancia, pende ante este Tribunal Central, interpuesta por D. ..., con domicilio en ..., contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 14 de septiembre de 2005, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de ... de 2005, sobre señalamiento de pensión ordinaria de jubilación.

                                                 ANTECEDENTES  DE  HECHO

        PRIMERO: La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de 29 de septiembre de 2003, reconoció a D. ... pensión ordinaria de jubilación voluntaria al amparo de la LOGSE, con efectos de ... de 2003 y cuantía íntegra mensual de 1.793,41 €, que fue impugnada por el interesado en recurso de reposición, que fue desestimado, y, posteriormente, en reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Central, que por resolución de ... de 2005 (R.G. ...) la estimó, ordenándose al Centro Gestor que extendiese un nuevo señalamiento de pensión en el que, para su cálculo, se tomase en cuenta el período comprendido entre el ... de 1969 y el ... de 1985 como cotizado a la Seguridad Social en el Grupo 1.

        SEGUNDO: En ejecución de la resolución de este Tribunal Central, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas dictó el acuerdo de ... de 2005, en el que se señalaba pensión ordinaria de jubilación con efectos de ... de 2003 y cuantía íntegra mensual de 2.057,71 €, y contra el mismo el interesado interpuso recurso de reposición alegando que en él no se hacía referencia al cálculo de intereses de demora que le correspondían en aplicación de lo establecido por el artículo 24 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria. El referido Centro Gestor desestimó el recurso porque la resolución del TEAC de fecha ... de 2005 no contiene en su parte dispositiva un pronunciamiento expreso sobre pago de intereses, y no está previsto legalmente, como establece la Ley General Presupuestaria, el abono de intereses de cantidades atrasadas, salvo que la Administración se demore en el pago mas de tres meses desde la fecha del reconocimiento de la obligación, es decir, en el presente caso desde que la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas dictó la resolución de 18 de febrero de 2005, pues sin haber transcurrido dicho plazo se abonaron al interesado los atrasos reconocidos, mediante liquidación de la Delegación de Hacienda de ..., notificada al mismo el 16 de marzo de 2005, como afirma en su escrito, por lo que procede denegar el reconocimiento de los intereses solicitados.

        TERCERO: Contra la anterior resolución, que consta notificada el 21 de septiembre de 2005 según aviso de Correos, el interesado interpone la presente reclamación económico-administrativa mediante escrito presentado el 18 de octubre de 2005 en la Delegación de ... de la Agencia Tributaria, en la que solicita se revise el acto administrativo por el que se le denegó el abono de los intereses de demora controvertidos. Para fundar su pretensión alega: a) El artículo 24 de la Ley General Presupuestaria que establece "Si la Administración no pagara al acreedor  de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley, sobre la cantidad debida desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo reclame por escrito el cumplimiento de la obligación."; b) En este sentido cabe decir que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no es concordante con esta interpretación. Así, la Sentencia  del Tribunal 110/1996 de 24 de junio, relativa al recurso de amparo 2269/1991 (BOE de 29 de junio de 1996) establece que el cómputo debe realizarse desde el día en que adquiera firmeza la resolución judicial. En este caso el Tribunal otorga el amparo al recurrente que solicitaba el abono de los correspondientes intereses sin tener en cuenta el citado cómputo de los tres meses. Pues bien, creo que los fundamentos de la Sentencia del tribunal son perfectamente trasladables al momento en que se debe tomar como inicial para  cómputo de intereses del acto recurrido, tanto por razones jurídicas como económicas. Las primeras, por suponer un supuesto de igualdad ante la Ley: una persona que no haya obtenido del órgano administrativo correspondiente las cuantías que en derecho le corresponden se vería perjudicado respecto de aquella que obtuviese las citadas cantidades (STC 110/1996). Las segundas hacen referencia a que una persona que cobra una cantidad adeudada en un momento posterior en el tiempo se ve perjudicada por el lucro cesante de las mismas.

                                                         FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

        PRIMERO:
Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la reclamación, en la que la única cuestión planteada consiste en determinar si procede, o no, reconocer al interesado intereses de demora.

        SEGUNDO: Según el artículo 1100 del Código Civil "incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista: 1) cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente...". Y señala el artículo 1.108 del Código Civil: "si la obligación consistiera en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en el interés legal". Por otra parte, conforme a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, BOE del 27, las obligaciones de la Hacienda Pública estatal nacen de la Ley, de los negocios jurídicos y de los hechos o actos que, según derecho, las generen (art. 20) y las obligaciones de pago sólo son exigibles de la Hacienda Pública cuando resulten de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, de sentencia judicial firme o de operaciones presupuestarias legalmente autorizadas (art. 21), por lo que, en el presente caso, careciendo el interesado de una declaración judicial favorable, hay que determinar, en primer lugar, si hay una norma legal que establece el pago de intereses en caso de demora en el señalamiento de pensiones o en el pago de pensiones ya señaladas con cargo a la Sección 07 -Clases Pasivas del Presupuesto General del Estado, y en caso de no existir, si es posible, por otra vía, acceder a su pretensión.

        TERCERO: No hay en el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, una norma que establezca el reconocimiento de interés de demora para el supuesto de retraso en el abono de las pensiones, en general, o de las de jubilación, como es el caso de la pensión del interesado, en concreto. No hay en la legislación de Clases Pasivas ni en la vigente ni en la derogada, norma similar al artículo 3.b) de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de derechos y garantías de los contribuyentes, que dice: "constituyen derechos generales de los contribuyentes los siguientes: ...b) derecho a obtener en los términos previstos en la presente Ley, las devoluciones de ingresos indebidos y las devoluciones de oficio que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo, 58.2.c) de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto". A su vez la Ley General Tributaria (artículo 58.2.c) decía: "en su caso, también formarán parte de la deuda tributaria: ... c) el interés de demora, que será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en que aquél se devengue, incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente". Por su parte, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sustituyó a la de 1963, en su artículo 58.2.a) dice: "Además, la deuda tributaria estará integrada, en su caso, por: a) el interés de demora". Pero tanto la Ley 230/1963 como la Ley 58/2003 se refieren a los contribuyentes y no a los beneficiarios de prestaciones de Clases Pasivas.

        CUARTO:         Por lo expuesto, al no haber en la legislación de Clases Pasivas una norma legal que ampare la emisión de una resolución administrativa favorable a las pretensiones del interesado, la actuación de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas no reconociendo intereses de demora en el señalamiento de la pensión de jubilación ordinaria del interesado, en ejecución de la resolución de ... de 2005 de este Tribunal Central se halla ajustada a derecho, pues es el órgano competente a estos efectos, conforme a los artículos 11 y 64 del Texto Refundido de Clases Pasivas del Estado de 1987, quien debe realizar el reconocimiento de los derechos pasivos o la concesión de prestaciones de los funcionarios civiles, como es el caso presente.

        QUINTO: Sin título administrativo o sentencia judicial en la que se reconozcan intereses de demora, la única manera de pagárselos sería en el supuesto de retraso de la Administración a la hora de hacer efectivo el pago de la liquidación y alta en nómina por la Caja Pagadora de Clases Pasivas donde el interesado percibe sus haberes, al parecer la de ..., según el antecedente de hecho segundo. Todo ello conforme al artículo 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en vigor desde el 1 de enero de 2005, que establece "si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública estatal dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley (interés legal), sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación". En conclusión, para que la Administración incurra en demora, es preciso que concurran dos requisitos: 1) transcurso de tres meses desde la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, y 2) reclamación por escrito del acreedor de la Administración a esta, y en el presente caso, el acuerdo del Centro Gestor de 18 de febrero de 2005 daba ejecución a la resolución de este Tribunal Central de ... de 2005, en la que no se establecían intereses de demora y que no fue recurrida por el interesado, y la Caja Pagadora de Clases Pasivas hizo efectivo el abono de las liquidaciones de atrasos antes de que el interesado reclamase por escrito el pago de lo consignado en el señalamiento de pensión de ... de 2005, según indica el Centro Gestor en la resolución del recurso de reposición, expuesto en el antecedente de hecho segundo, si bien hay que indicar que contra el alta en nómina y liquidación de atrasos que hacen las Cajas Pagadoras se debe recurrir ante los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y no ante este Tribunal Central. Por lo expuesto, no se dan las condiciones señaladas por la Ley para el abono de intereses por demora en el pago de obligaciones ya reconocidos.

        SEXTO: Por otro lado, si lo que el interesado pretende es que se le abonen intereses en concepto de indemnización, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, a cuyo tenor "Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos", admitiendo, que la demora en el reconocimiento de la pensión al interesado, constituyera una lesión en  el derecho del hoy reclamante, ha de estarse al párrafo 2º del citado artículo que precisa "En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas", así como al artículo 142, a cuyo tenor "Los procedimientos de responsabilidad patrimonial... se resolverán por el Ministro respectivo, el Consejo de Ministros si una Ley así lo dispone...", de lo que se deduce la incompetencia, tanto del Centro Gestor como de este Tribunal, para conocer de tal petición.

        VISTOS los preceptos citados y demás aplicables,

        EL TRIBUNAL CENTRAL, EN SALA, ACUERDA:
Desestimar la reclamación económico-administrativa, interpuesta por D. ..., contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 14 de septiembre de 2005, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de ... de 2005, sobre señalamiento de pensión ordinaria de jubilación, que se confirma.

Intereses de demora
Jubilación voluntaria
Presupuestos generales del Estado
Intereses legales
Deuda tributaria
Igualdad ante la ley
Lucro cesante
Negocio jurídico
Indemnización de daños y perjuicios
Interés legal del dinero
Recibo de salarios
Devolución de ingresos indebidos
Jubilación ordinaria
Prestación de jubilación
Fuerza mayor
Responsabilidad patrimonial

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 47/2003 de 26 de Nov (General presupuestaria) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 284 Fecha de Publicación: 27/11/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2005 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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