Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3761/1995 de 11 de Febrero de 1999

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 11 de Febrero de 1999
  • Núm. Resolución: 00/3761/1995

Resumen

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
Se trata de operaciones cuya verdadera naturaleza jurídica es la de imposición de capitales a interés, atendida la forma en que realmente se practicaban. Se estima la aplicación de prescripción a determinados períodos. El plazo de prescripción de 4 años, introducido por la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, no es aplicable a las fases del expediente ya concluidas al entrar aquélla en vigor.

Descripción

ANTECEDENTES DE HECHOPRIMERO.- El asegurado tiene ene derecho, además, a obtener el valor de rescate-equivalente a la provisión matemática en la fecha de tal rescate y además a participar en los excedentes de rentabilidad. En el mismo Informe se detallan las fórmulas actuariales para determinar la prima única (páginas 9 a 11) y se hace constar (página 15) que en la nota técnica no se adjuntan las tarifas del contrato y que, solicitadas de la entidad por parte de la Inspección, aquélla contestó que tales tarifas eran las de la Nota Técnica aprobada por 0.M. de 16-4-86 y en sus sucesivas modificaciones, sin suministrar ninguna. El Informe expone a continuación (páginas 16 a 21) que, en la 1 práctica se desvirtuaba el contrato mediante simplificaciones de los cálculos previstos en la Nota Técnica afirmándose textualmente en la página 19 que "a pesar de su nominación como segura de vida mixto, de la propia formulación matemática de la Nota Técnica se desprende que el Certificado 100 se convierte en lo que podríamos definir como una operación de capitalización con un pequeño seguro de muerte, pagado año a año, todo a un interés superior al técnico"; también se concluye que "el único componente de riesgo que existe en la Nota Técnica del Certificado 100 es el 10% adicional para caso de muerte". En las páginas 24 a 69 del Informe complementario se expone el "Análisis del contrato real", es decir, la forma en que se operé en la práctica y se distinguen las operaciones en dos grupos, según que la liquidación -por vencimiento o rescate- se haya producido dentro del plazo de un año desde la emisión del certificado, o después de ese plazo.TERCERO.- La empresa    .presentó alegaciones el 5 de febrero de 1996.el contenido de dicho escrito en los términos siguientes. a) Prescripción de la acción administrativa para exigir el Impuesto, habida cuenta de la interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras hasta el 3 de mayo de 1995, en que se notificó la liquidación, que da lugar a que los años 1987 (a partir del segundo trimestre) a 1990 (primer trimestre) quedan al margen de la acción administrativa para exigir el tributo; FUNDAMENTO DE DERECHOPRIMERO.-Se plantean las cuestiones siguientes: Primera, prescripción del derecho de la Administración tributaria a practicar las liquidaciones impugnadas;SEGUNDO: La primera cuestión, referente a la prescripción, exige determinar si, como la interesada pretende, el plazo determinante de aquélla es el de cuatro años, introducido por la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes; según dicha tesis, existiría prescripción extintiva en relación con los hechos imponibles en un período anterior a la notificación de la liquidación, el 3 de mayo de 1996. Pues bien, no puede aceptarse esta interpretación, dado que no cabe aplicar el nuevo régimen a los plazos o períodos que, al entrar en vigor dicha Ley, estuvieran ya concluidos, sino sólo a los que permanecieran abiertos. Es decir, que el plazo mediante entre la finalización del tiempo hábil para declarar y la notificación de la liquidación impugnada quedó Tribunal Económico-Administrativo Central cerrado el 3 de mayo de 1995 y no existe base alguna para pretender la aplicación, a dicho período, de una norma que entró en vigor años después. Sentado lo anterior, hemos de examinar si, como alega la reclamante, está prescrito el derecho de la Administración a liquidar la deuda tributaria, como consecuencia del transcurso de un plazo superior a los 5 años contados desde la fecha en que terminó el plazo para la declaración, y el 3 de mayo de 1995, en que fue notificada del acto liquidatorio referente a cuota e intereses, habida cuenta 1 de la pretendida interrupción de las actuaciones inspectoras durante más de seis meses. El artículo 65 de la Ley General Tributaria, en su redacción según la Ley 10/1985, de 26 de abril, dispone que el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración. Por tanto, al notificarse la liquidación habían transcurrido cinco años o más desde el 3 de mayo de 1990 o fechas anteriores; como quiera que, según el artículo 152 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (redacción vigente en las fechas relevantes al efecto) las retenciones debían declararse e ingresarse en los veinte primeros días naturales del mes siguiente, en relación con las cantidades retenidas en el inmediato anterior, resulta que había transcurrido dicho plazo quinquenal para las declaraciones correspondientes a todo el periodo liquidado, marzo de 1990, ya que dicho mes debió ser objeto de declaración hasta el 20 de abril siguiente, fecha  14 desde la cual se cumplen cinco años el 20 de abril de 1995. Por el contrario, no se alcanza dicho periodo de prescripción sobre los meses de abril y siguientes de 1990. Falta, sin embargo determinar si medió interrupción de la prescripción, en cuyo caso ésta podría no aplicarse en ninguno de los expresados meses. Pues bien, la reclamante alega la interrupción de las actuaciones inspectoras posteriores a la formalización del acta, es decir, las comprendidas hasta la notificación del acto liquidatorio impugnado, por lo cual, en aplicación de los preceptos que luego se dirán, queda sin efecto la interrupción de la prescripción producida por las actuaciones, planteándose el problema de sí el término "actuaciones inspectoras" comprende las posteriores a la formal iniciación del acta. Esta cuestión ha sido tratada por el Tribunal Supremo en Sentencias de 28 de febrero de 1996 y 28 de octubre de 1997, esta última dictada en resolución de recursos para unificación de doctrina.. En dichas sentencias se establece que, a los efectos previstos en el artículo 31.3 y 4 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, el concepto de "actuaciones inspectoras" abarca no sólo las de comprobación e investigación, sino también las liquidatorias encomendadas a la Inspección por el artículo 60 del mismo texto reglamentario, de tal manera que el plazo de seis meses establecido en el artículo 31.3 para considerar interrumpidas las actuaciones inspectoras y lo previsto en el número 4 a) del mismo articulo -es decir, no se produce la interrupción del cómputo de la prescripción como consecuencia del inicio *de tales actuaciones- se refieren también a las actuaciones liquidatorias por parte de la Inspección. Aplicado el nuevo criterio al presente caso, resulta evidente que entre el término del plazo para presentar alegaciones al acta (quince días siguientes al séptimo posterior a la fecha del acta, que es el 13 de abril de 1994) y el 3 de mayo de 1995, en que tuvo conocimiento de la liquidación, transcurrieron más de seis meses sin que conste actividad alguna. Por tanto, las actuaciones inspectoras estuvieron suspendidas durante más de seis meses por causa no justificada y ajena al obligado tributario, con la consecuencia de que todas las actuaciones 2 anteriores a la notificación han perdido su eficacia interruptiva y resulta obligado declarar que ha prescrito el derecho de la Administración para liquidar por haber transcurrido más de cinco años entre la fecha en que finalizó el plazo para presentar declaración de las retenciones que, en su caso y según el acto impugnado, debieron practicarse a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por los años 1987, 1988, 1989 y primer trimestre de 1990, y el 3 de mayo de 1995 en que la interesada tuvo conocimiento de la liquidación. Dicha prescripción afecta igualmente a la parte de sanción que corresponde a la cuota prescrita.

Plazo de prescripción
Persona física
Rentabilidad
Prima única
Prescripción de la acción
Prescripción extintiva
Interrupción de la prescripción
Deuda tributaria
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Días naturales
Inspección tributaria
Obligado tributario

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 439/2007 de 30 de Mar (Reglamento del IRPF y modifica el Real Decreto 304/2004 -Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 78 Fecha de Publicación: 31/03/2007 Fecha de entrada en vigor: 01/04/2007 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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