Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3765/2005 de 25 de Julio de 2007

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 25 de Julio de 2007
  • Núm. Resolución: 00/3765/2005

Resumen

Se ha producido la prescripción como consecuencia de la interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras durante un plazo superior a 6 meses. La diligencia que intenta acreditar una entrega de documentación por el obligado realizada varios meses antes y, que no ha sido firmado por el obligado no resulta eficaz a efectos de interrumpir la prescripción. No existe obligación de la Inspección de presentar con ocasión del trámite de audiencia al contribuyente antes de formular la propuesta de resolución al obligado tributario una propuesta o borrador con el contenido del acta a incoar.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 25 de julio de 2007 en recurso de alzada que pende ante este Tribunal Central, en Sala, interpuesto por D. ... en representación de ... S.L., con NIF: ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., Sala de ... de fecha 27 de julio de 2005, desestimatoria de las reclamaciones acumuladas número ... y ... La primera tiene como concepto tributario el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1997 y 1998 y 1999 y una cuantía de 550.882,39 € (91.659.117 pesetas) y la segunda por el expediente sancionador relativo a dichos ejercicios, con una cuantía de 334.260,33 € (55.616.239 pesetas).

                                                   ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En fecha 18 de abril de 2002 se notifica a ..., S.L. una Comunicación de inicio de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación de carácter general de la Dependencia Regional de Inspección de ... Dichas actuaciones se realizan por los conceptos Impuesto sobre Sociedades 1997 a 2000 e Impuesto sobre el Valor Añadido desde el primer trimestre de 1998 hasta el cuarto trimestre de 2001. En dicha Comunicación se le requiere la aportación de ciertos documentos que precisa la Inspección de los Tributos para realizar las actuaciones.

La primera Diligencia es de fecha 7 de mayo de 2002, y en ella consta la documentación que se aporta así como la comunicación expresa al obligado tributario de producirse una dilación en el procedimiento a él imputable por no haber aportado todos los documentos solicitados, y cuyos efectos se extenderán hasta que se aporte toda la documentación. En todas las diligencias extendidas con anterioridad a la de 20 de mayo de 2004 consta esta mención a la dilación imputable al contribuyente.

En fecha 20 de mayo de 2004 se firma una nueva Diligencia en la que se hace constar que el representante se niega a firmar la diligencia de la visita de 28 de noviembre de 2003 por que manifiesta que "no tiene constancia alguna de la visita que se dice celebrada el 28 de noviembre de 2003 se haya efectivamente realizado en dicha fecha". Asimismo solicita que conste que las actuaciones han sido suspendidas de forma injustificada por más de seis meses.

En relación con este extremo, el 20 de mayo de 2004 firman las actuarias un escrito de ratificación declarando que la visita del 28 de noviembre de 2003 tuvo lugar, que el obligado tributario se personó para aportar documentación, y que la misma no se recogió en diligencia en ese momento. Las actuarias también declaran haber contactado con el obligado tributario por teléfono en diversas ocasiones durante ese tiempo, lo que también es negado por éste. De acuerdo con esto, no habrían transcurrido los seis meses de inactividad que determinarían la caducidad del procedimiento.

Si bien la firma de las Actas se había fijado para el 9 de agosto de 2004, pide el obligado tributario un aplazamiento hasta el 24 de agosto, por lo que la Inspección computa una nueva dilación imputable al contribuyente.

El 24 de agosto de 2004 se procede a la firma de las actas calificadas de definitivas en disconformidad, una por el ejercicio 1997 y 1998 y otra por el ejercicio 1999. Se imputan al obligado tributario un total de 758 días de dilaciones. Asimismo, se propone un aumento de las bases imponibles declaradas en 69.047.544 ptas. (414.984,1 €) en 1997, 85.808.967 ptas. (515.722,28 €) en 1998 y de 211.871.386 ptas (1.273.372,68 €) en 1999. la deuda tributaria resultante para el ejercicio 1997 y 1998 ascendió a 411.653,96 € (68.493.456 pesetas) y a 550.882,39 € (91.659.117 pesetas) para 1999.

SEGUNDO: Previo informe de la Inspección y a la vista de las alegaciones del reclamante el Inspector Jefe dicta los correspondientes Acuerdos de Liquidación el 14 de febrero de 2005. Dichos acuerdos son notificados el 18 de febrero de 2005

TERCERO: El 18 de marzo de 2005 se interpone reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... (reclamación número ...) contra los citados acuerdos. En fecha 27 de mayo de 2005 se puso de manifiesto el expediente a la reclamante para formular alegaciones en el plazo de un mes. El 27 de julio de 2005 el Tribunal Regional teniendo en cuenta que el reclamante no había presentado alegaciones desestimó la reclamación. Dicha resolución fue notificada al reclamante en fecha 4 de octubre de 2005. No obstante lo anterior, la reclamante formuló alegaciones mediante escrito presentado el 2 de agosto de 2005. En el citado escrito se indicaba lo siguiente: 1) No está de acuerdo con los ajustes efectuados por la Inspección en el ejercicio 1997 y 1998 (incremento de ingresos por efectos a cobrar, no admisión de gastos por facturas por no especificarse la obra, por certificaciones deducidas sin justificación, no admisión de gastos por no aportar facturas y anulación de una amortización practicada). Tampoco con los efectuados en el ejercicio 1999 (facturas sin justificación, amortización improcedente, certificaciones deducidas sin justificación etc.) 2) Imposibilidad de formular alegaciones en el trámite de audiencia por no habérsele comunicado una propuesta de regularización 3) Prescripción por interrupción de actuaciones entre el 24 de octubre de 2003 y el 20 de mayo de 2004, 4) Incumplimiento del plazo de doce meses máximo de duración de las actuaciones inspectoras y 5) Caducidad del procedimiento inspector porque el Inspector Jefe no ha dictado el Acuerdo de Liquidación en el plazo previsto en la normativa aplicable.

CUARTO: Por otro lado, en fecha 3 de septiembre de 2004 se inicia expediente sancionador en relación con los mismos conceptos que son objeto de regularización.

Realizan en el Acuerdo de Inicio una comparación entre la normativa aplicable en virtud de la Ley 230/1963 General Tributaria y la Ley 58/2003 General Tributaria. Resultando en los ejercicio 1997 y 1998 más favorable esta última por la infracción del artículo 191 y la primera por la infracción del artículo 79.d. pero aplicando en su conjunto la Ley 58/2003. En el ejercicio 1999 resulta más favorable la ley 58/2003.

Puesto de manifiesto el expediente para alegaciones, éstas no se formularon y la Inspectora Jefe, en fecha 3 de marzo de 2005, giró acuerdos de imposición de sanciones por importe de 235.348,86 € en 1997 y 1998 (infracción grave consistente en dejar de ingresar y acreditar improcedentemente partidas negativas) y de 334.260,33 € en 1999 (infracción grave por dejar de ingresar). Dichos acuerdos fueron notificados en la misma fecha.

QUINTO: Contra los citados acuerdos se interpuso el 28 de marzo de 2005 reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... (reclamación número ...). Alegando en escrito presentado el 2 de agosto de 2005 la improcedencia de la sanción al entender que la estimación de la reclamación número ... tendría como consecuencia la anulación de la sanción impuesta y reproduciendo las alegaciones que en relación con dicha reclamación se formularon sobre prescripción y caducidad.

SEXTO: Ambas reclamaciones son acumuladas por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., que las resuelve, como se indicó anteriormente, mediante resolución de 27 de julio de 2005. Dicha resolución fue notificada al reclamante en fecha 4 de octubre de 2005. También hay que destacar que las alegaciones en relación con el expediente sancionador son presentadas con posterioridad a la fecha en que se dicta la resolución.

        SÉPTIMO: El 2 de noviembre de 2005 se interpone recurso de alzada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central contra dicha resolución. En el mismo se reproducen las alegaciones anteriores:

- Imposibilidad de formular alegaciones en el trámite de audiencia por no habérsele comunicado una propuesta de regularización.

- El Inspector Jefe no ha dictado el Acuerdo de Liquidación en el plazo previsto en la normativa aplicable.

- Interrupción injustificada de las actuaciones durante más de seis meses seguidos, lo que provoca la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria.

- Incumplimiento del plazo de doce meses máximo de duración de las actuaciones inspectoras.

- En relación con la regularización practicada, rechaza el aumento de las bases imponibles realizado.

                                         FUNDAMENTOS DE DERECHO


PRIMERO: Este Tribunal es competente para conocer del recurso que se examina, que ha sido interpuesto en tiempo hábil y por persona legitimada de conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en desarrollo de la misma por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa.

SEGUNDO:
Con carácter previo a los asuntos de fondo que se plantean en el expediente, este Tribunal debe entrar a valorar todas y cada una de las cuestiones de procedimiento que pudieran derivarse del mismo.

La primera cuestión que debemos entrar a conocer es si se ha producido la prescripción, tal como alega la recurrente.

La reclamante manifiesta, entre otras cosas, que durante el curso de las actuaciones inspectoras existe un periodo superior a seis meses de inactividad de la Administración. Al margen de los periodos de dilación imputables al contribuyente, sostiene la recurrente que desde la Diligencia de fecha 24 de octubre de 2003 hasta la siguiente de 20 de mayo de 2004 han transcurrido más de los seis meses previstos en el artículo 32 del Real Decreto 939/1986 por el que se aprueba el Reglamento General de Inspección de los Tributos. Este artículo, en su apartado tercero dice lo siguiente: "3. Las actuaciones inspectoras se considerarán interrumpidas de forma injustificada cuando no se hayan practicado durante seis meses seguidos, salvo que ello sea consecuencia de la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 31 bis".

El artículo 31.bis del Real Decreto dispone: "1. El cómputo del plazo de duración de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, así como de las de liquidación, se considerará interrumpido justificadamente cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

        a) Petición de datos o informes a otros órganos de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones locales o a otras Administraciones tributarias de Estados miembros de la Unión Europea o de terceros países, por el tiempo que transcurra entre su petición o solicitud y la recepción de los mismos, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones de datos o informes que pudieran efectuarse, de seis meses. Cuando se trate de solicitudes formuladas a otros Estados, este plazo será de doce meses.

        b) Remisión del expediente al Ministerio Fiscal, por el tiempo que transcurra hasta que, en su caso, se produzca la devolución de dicho expediente a la Administración tributaria.

        c) Cuando concurra alguna causa de fuerza mayor que obligue a la Administración a interrumpir sus actuaciones, por el tiempo de duración de dicha causa".

Durante el periodo de inactividad al que alude ..., S.L. , entre el 24 de octubre de 2003 y el 20 de mayo de 2004, no se ha producido ninguna de las actuaciones previstas en el artículo anterior, por lo que no hay una causa que justifique tal interrupción.

Si esta inactividad no está justificada, habría que atender a los efectos que produciría. Así, el artículo 31.quarter del Real Decreto 939/1986 regula los efectos del incumplimiento de los plazos. En el mismo se dispone: "Iniciadas las actuaciones de comprobación e investigación, deberán proseguir hasta su terminación, de acuerdo con su naturaleza y carácter aun cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto.

        No obstante lo anterior, la interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras anteriores y de las de liquidación, producida por causas no imputables al obligado tributario, en la forma prevista en el apartado 3 del artículo 32, o el incumplimiento del plazo previsto para la finalización de las actuaciones, producirá el efecto de que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones realizadas hasta la interrupción injustificada o hasta la finalización del plazo de duración de las mismas.  
        
Si consideramos que se ha producido la interrupción injustificada por causas no imputables al obligado tributario, ello conllevaría que las actuaciones del procedimiento inspector realizadas con anterioridad al 20 de mayo de 2004 no han interrumpido la prescripción. Los ejercicios del Impuesto sobre Sociedades objeto de las actuaciones inspectoras son:

- 1997: el plazo de prescripción comienza a contarse desde que finaliza el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración. El plazo para presentar la declaración correspondiente a este periodo finalizaba el 25 de julio de 1998, por lo que la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria concluye el 25 de julio de 2002.

- 1998: el plazo de prescripción comienza a contarse desde que finaliza el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración. El plazo para presentar la declaración correspondiente finalizaba el 25 de julio de 1999, por lo que la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria concluye el 25 de julio de 2003.

- 1999: el plazo de prescripción comienza a contarse desde que finaliza el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración. El plazo para presentar la declaración correspondiente finalizaba el 25 de julio de 2000, por lo que la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria concluye el 25 de julio de 2004.

Si consideramos que no se ha interrumpido la prescripción por las actuaciones realizadas antes de la interrupción injustificada, el primer acto interruptivo de la prescripción será la Diligencia de 20 de mayo de 2004, que es el primer acto administrativo realizado con conocimiento formal del obligado tributario. Así, el 20 de mayo de 2004 se habría producido la prescripción de los ejercicios 1997 y 1998 objeto de comprobación toda vez que el artículo 64 (red. Ley 1/1998) de la Ley 230/1963, General Tributaria (LGT/230) dispone que "Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones: a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación" entrando en vigor dicho nuevo plazo el 01-01-1999 según establece la DF 1ª de dicha Ley 1/1998.

A este respecto tiene dicho la STS de 25-09-2001 recaída en recurso de casación en interés de la ley que "Si el momento en que se cierra el período temporal durante el que ha estado inactiva la Administración Tributaria es posterior al 1 de enero de 1999, el plazo prescriptivo aplicable es el de cuatro años (aunque el dies a quo del citado período sea anterior a la indicada fecha) y el instituto de la prescripción se rige por lo determinado en los nuevos artículos 24 de la Ley 1/1998 y 64 de la LGT".

Una vez determinados los efectos de la interrupción injustificada, debemos entrar a valorar si efectivamente ésta se ha producido o, por el contrario, la Administración ha llevado a cabo alguna actuación.

TERCERO: Tal como se indicó en la resolución de este mismo Tribunal Central en relación con el mismo contribuyente por el Impuesto sobre el Valor Añadido, la postura de la Administración es bien contraria a lo argumentado por ..., S.L. (resolución ... de ...-2006)

En fecha 20 de mayo de 2004 se extiende una Diligencia, y en el primer párrafo de la misma se expone lo siguiente:

"La actuaria comunica al representante que con fecha 28 de noviembre del 2003 tuvo lugar una visita de inspección en relación con el obligado tributario arriba indicado que no se documentó en diligencia en ese momento por haberse concluido muy tarde sobre las 15,30 horas y con el fin de detallar toda la documentación aportada se acordó firmarla posteriormente, tras varios contactos telefónicos la siguiente visita tiene lugar en el día de la fecha. Detallada en diligencia la documentación aportada en la visita de 28 de noviembre del 2003 que se une como anexo a esta diligencia entregándose un ejemplar al compareciente.

El interesado se niega a firmar la citada diligencia manifestando que no tiene constancia alguna de que la visita que se dice celebrada el día 28 de noviembre del 2003 se haya efectivamente realizado en esa fecha".

En efecto, junto con la Diligencia de 20 de mayo de 2004 aparece otra de fecha 28 de noviembre de 2003 que el interesado se niega a firmar. En la misma se recoge la documentación que las actuarias dicen que fue aportada, sin que en dicha documentación conste la fecha de su presentación.

Si bien el mismo 20 de mayo de 2004 se firma por las actuarias un escrito de ratificación declarando que se celebró la controvertida visita del 28 de noviembre de 2003, el valor probatorio de las Diligencias se regula en el artículo 145.3 de la Ley 230/1963 General Tributaria, de acuerdo con el cual: "Las actas y diligencias extendidas por la Inspección de los Tributos tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario".

Por otro lado, debemos acudir a la regulación contenida en el Real Decreto 939/1986 por el que se aprueba el Reglamento General de Inspección de los Tributos. Respecto de las diligencias, el artículo 46 regula lo siguiente: "1. Son diligencias los documentos que extiende la Inspección de los Tributos, en el curso del procedimiento inspector, para hacer constar cuantos hechos o circunstancias con relevancia para el servicio se produzcan en aquél, así como las manifestaciones de la persona o personas con las que actúa la Inspección.

        2. Las diligencias no contienen propuestas de liquidaciones tributarias y pueden bien ser documentos preparatorios de las actas previas o definitivas o bien servir para constancia de aquellos hechos o circunstancias determinantes de la iniciación de un procedimiento diferente del propiamente inspector, incorporándose en documento independiente la mera propuesta de la Inspección con este fin.

3. En las diligencias constarán el lugar y la fecha de su expedición, así como la dependencia, oficina, despacho o domicilio donde se extienda; la identificación de los funcionarios o agentes de la Inspección de los Tributos que suscriban la diligencia; el nombre y apellidos, número del documento nacional de identidad y la firma, en su caso, de la persona con la que se entiendan las actuaciones, así como el carácter o representación con que interviene; la identidad del obligado tributario a quien se refieran las actuaciones y, finalmente, los propios hechos o circunstancias que constituyen el contenido propio de la diligencia.

        Las diligencias podrán extenderse sin sujeción necesariamente a un modelo preestablecido. No obstante, cuando fuere posible, se extenderán en papel de la Inspección de la correspondiente Delegación de Hacienda o, en su caso, Dirección General.

4. De las diligencias que se extiendan se entregará siempre un ejemplar a la persona con la que se entiendan las actuaciones. Si se negase a recibirlo, se le remitirá por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

        Cuando dicha persona se negase a firmar la diligencia, o no pudiese o supiese hacerlo, se hará constar así en la misma, sin perjuicio de la entrega del duplicado correspondiente en los términos previstos en el párrafo anterior.

        Cuando la naturaleza de las actuaciones inspectoras, cuyo resultado se refleje en una diligencia, no requiera la presencia de una persona con la que se entiendan tales actuaciones, la diligencia será firmada únicamente por los actuarios y se remitirá un ejemplar de la misma al interesado con arreglo a Derecho".

A su vez, según el artículo 62:         "1. Las actas y diligencias extendidas por la Inspección de los Tributos tienen naturaleza de documentos públicos.  

2. Las actas y diligencias formalizadas con arreglo a las leyes hacen prueba, salvo que se acredite lo contrario, de los hechos que motiven su formalización y resulten de su constancia personal para los actuarios.

        Los hechos consignados en las diligencias o actas y manifestados o aceptados por los interesados se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho.  

3. Los actos administrativos cuyo contenido consista en una liquidación tributaria derivada de un acta de la Inspección de los Tributos gozan de presunción de legalidad, conforme al artículo 8.º de la Ley General Tributaria, y por ello son inmediatamente ejecutivos, aunque pueden suspenderse sus efectos cuando así lo acuerde el órgano competente, si contra ellos se interpone recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, de acuerdo con las disposiciones correspondientes".

Realizando una interpretación conjunta de estos preceptos, para que se presuman ciertos los hechos consignados en Diligencia, éstos deben ser aceptados por el obligado tributario. Si, como en este caso, no son aceptados, su contenido deberá acreditarse conforme al artículo 114.1 de la Ley 203/1963 sobre carga de la prueba, que declara que "Tanto en el procedimiento de gestión, como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo".

De los artículos 46 y 47 del Real Decreto 939/1986 se deduce que el contenido de las diligencias debe ser aceptado por los interesados, y si esto no ocurre será necesario remitirles copia. Asimismo, como lo que se intenta acreditar es la entrega de documentación, la diligencia debía haberse expedido inmediatamente después de dicha entrega. La normativa recoge como requisito de las diligencias que conste en ellas la fecha de su expedición, y en este caso no podemos considerar fecha de expedición el 28 de noviembre de 2003 sino el 20 de mayo de 2004, constituyendo una irregularidad del procedimiento.

Asimismo, los artículos citados otorgan valor probatorio a las diligencias cuando el interesado las haya firmado, pues en otro caso la Inspección deberá probar los hechos constitutitos de la misma de alguna manera. No se puede trasladar a la entidad la carga de la prueba de un hecho negativo como es que no se ha celebrado dicha visita, debe ser la Inspección la que acredite la realidad de la misma.

Así, al no haberse acreditado la realidad de la visita del 28 de noviembre de 2003 no podemos considerar que la diligencia sea eficaz a los efectos de interrumpir la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria, por lo que sí hay un periodo de interrupción injustificada de las actuaciones superior a seis meses por causa no imputable al obligado tributario, y ello provoca dicha prescripción.

En consecuencia procede declarar la prescripción de los ejercicios 1997 y 1998 y su correlativo expediente sancionador ya que la estimación del recurso en cuanto al acta recurrida tiene como consecuencia la anulación de la sanción impuesta.

Por lo que respecta al ejercicio 1999, que no ha sido declarado prescrito procede analizar el resto de las cuestiones planteadas, comenzando por las cuestiones de tipo procedimental.

CUARTO: En primer lugar cuestiona la reclamante la falta de conocimiento de la propuesta, antes de firmar el acta a los efectos de formular las alegaciones pertinentes. Este trámite se regula en el artículo 22 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en los siguientes términos: "1. En todo procedimiento de gestión se dará audiencia al interesado antes de redactar la propuesta de resolución para que pueda alegar lo que convenga a su derecho. 2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado". Asimismo, el artículo 33 ter del Reglamento General de Inspección señala: "1. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. 2. En todo caso, y con carácter previo a la formalización de las actas, se dará audiencia al interesado para que pueda alegar lo que convenga a su derecho en relación con la propuesta que se vaya a formular. Con ocasión de este trámite, el contribuyente podrá obtener, a su costa, copia de los documentos que figuren en el expediente y que hayan de ser tenidos en cuenta a la hora de dictar la resolución. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes".

De acuerdo con estos preceptos, la Inspección tiene obligación de dar trámite de audiencia al contribuyente antes de formular la propuesta de resolución y dicho contribuyente tiene derecho a "obtener, a su costa, copia de los documentos que figuren en el expediente y que hayan de ser tenidos en cuenta a la hora de dictar la resolución", pero no existe obligación, como pretende la reclamante, de presentar en ese momento al obligado tributario una propuesta o borrador con el contenido del acta a incoar, por lo que, en definitiva, debe considerarse que el trámite de audiencia previo a la firma del acta fue debidamente realizado por la Inspección, tal y como consta en la diligencia de 11 de junio de 2004. Este mismo criterio ha mantenido este Tribunal en resoluciones de 16-02-2006 (RG 2636/03) y 02-03-2007 (RG 3711/03).

QUINTO: Tampoco la duración del procedimiento inspector se ha excedido del plazo de un año a que alude el artículo 29 de la ley 1/1998 ya que descontados los 758 días en que ha habido dilaciones imputables al contribuyente desde el inicio de las actuaciones hasta la fecha en que se ha dictado el acto de liquidación 14 de febrero de 2005, no ha transcurrido el plazo de 1 año. Como se ha indicado, ya en la primera Diligencia de fecha 07-05-2002 consta que el contribuyente no aportó toda la documentación requerida y que ello es causa de dilación imputable a él y lo mismo cabe decir de todas las Diligencias extendidas con anterioridad a la de 20-05-2004. A ello debe añadirse la dilación producida entre el 10-08-2004 y 24-08-2004 por solicitud del contribuyente de retrasar la fecha inicialmente acordada para proceder a la firma de las actas.

        En cuanto al incumplimiento del plazo establecido para que el Inspector Jefe dicte resolución, el artículo 60.4 del Reglamento General de la Inspección dispone: "Cuando el acta sea de disconformidad, el Inspector-Jefe, a la vista del acta y su informe y de las alegaciones formuladas, en su caso, por el interesado, dictará el acto administrativo que corresponda dentro del mes siguiente al término del plazo para formular alegaciones.

        Asimismo, dentro del mismo plazo para resolver, el Inspector-Jefe podrá acordar que se complete el expediente en cualquiera de sus extremos, practicándose por la Inspección las actuaciones que procedan en un plazo no superior a tres meses. En este caso, el acuerdo adoptado se notificará al interesado e interrumpirá el cómputo del plazo para resolver. Terminadas las actuaciones complementarias, se documentarán según proceda a tenor de sus resultados. Si se incoase acta, ésta sustituirá en todos sus extremos a la anteriormente formalizada y se tramitará según proceda; en otro caso, se pondrá de nuevo el expediente completo de manifiesto al interesado por un plazo de quince días, resolviendo el Inspector-Jefe dentro del mes siguiente".

        En esta materia ha de recordarse que, según ha declarado este Tribunal en numerosas ocasiones, tal infracción no produciría la nulidad de la liquidación, (Resolución de 8 de julio de 1992, entre otras) debido a que dicho plazo no es de caducidad, ni resolutorio o preclusivo, ya que el retraso no impide la consiguiente actuación administrativa y no ha perjudicado en absoluto al interesado, con lo que de acuerdo con la Ley General Tributaria (artículo 106) sólo cabría la reclamación en queja sobre el correspondiente acto administrativo; por otra parte, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) dispone que las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido sólo implicarán la anulación del acto si así lo impusiera la naturaleza del término o plazo, condicionante que no se produce en este caso.

        La reclamante alega la caducidad del procedimiento entendemos, basándose en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este sentido hay que señalar que la Disposición Adicional Quinta de la citada Ley 30/1992 en su párrafo primero dispone que "los procedimientos administrativos en materia tributaria y en particular los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación y recaudación de los diferentes tributos se regirán por su normativa específica y subsidiariamente por las disposiciones de esta Ley". Tal retraso tiene su específico tratamiento en el artículo 105 de la Ley General Tributaria al disponer "En la reglamentación de la gestión tributaria se señalaran los plazos a los que habrá de ajustarse la realización de los respectivos trámites la inobservancia de los plazos por la Administración no implicará la caducidad de la acción administrativa, pero autorizará a los sujetos pasivos a reclamar en queja." Por ello debe rechazarse la pretendida caducidad de la liquidación.

        SEXTO: Entrando ya en las cuestiones de fondo, el sujeto pasivo  no presentó declaración en el ejercicio 1999 y la Inspección determinó una base imponible comprobada de 211.871.386 ptas. (1.273.372,68 €).

        El reclamante manifiesta en relación con las comprobaciones efectuadas por la Inspección que no está de acuerdo con el incremento de 3.450.680 ptas. (20.739,00 €) en concepto de gastos financieros no admitidos pues los mismos se producen por la negociación de los efectos que las promotoras entregan en pago de las certificaciones emitidas. Tal como se indica en el acuerdo de liquidación, habiendo solicitado del reclamante la documentación necesaria para justificar dichos gastos y no disponiendo de tal documentación deben rechazarse los citados gastos por aplicación de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley General Tributaria que dispone que" quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutitos del mismo".

        En segundo lugar se rechaza por la Inspección la amortización por importe de 2.478.125 ptas. (14.893,83 €) realizada sobre un inmovilizado inmaterial adquirido mediante leasing con ... De acuerdo con la legislación vigente, para su admisibilidad como partidas deducibles, los gastos deben cumplir una serie de condiciones de necesaria concurrencia: 1.- Justificación (Art. 139 LIS): Los gastos deben ser objeto de la oportuna justificación, que se debe realizar mediante el correspondiente documento o factura. Además de esta justificación documental incumbe al obligado tributario la acreditación de la existencia y del importe efectivo de los gastos.

2.- Contabilización del citado gasto. Esto exige la obligación de llevar contabilidad y plantea la necesidad de un requisito adicional y es que el gasto ha de ser efectivo, esto es, responder a una operación efectivamente realizada. Por ello, no se admiten como deducibles los gastos manifestados en simples anotaciones contables, que responden a operaciones ficticias.

3.- Imputarse al ejercicio en que se devengan, salvo excepciones establecidas en la ley.

4.- Necesidad del mismo. No existe en la norma fiscal un precepto que expresamente haga mención a la necesidad del gasto. Pero indirectamente, el art. 10 de la LIS, nos remite para la determinación de la base imponible al resultado contable y en la normativa contable si que se alude al principio de correlación de ingresos y gastos. Los gastos, para que sean deducibles, han de corresponderse con los ingresos obtenidos, es decir, ha de estar probada su realización y justificación.

En el presente caso, la empresa carece de inmovilizado susceptible de amortización; a pesar de las reiteradas peticiones por parte de la Inspección actuaria al respecto, por tanto, el contribuyente no ha justificado, ni la relación directa del gasto con la obtención de ingreso (art. 10 de la LIS), ni ha aportado justificación documental alguna al respecto, por lo que no se ha podido comprobar la realidad de los mismos, tal y como se recoge en el acta y en su informe ampliatorio. En las alegaciones al acta, el obligado tributario tampoco aporta ningún justificante ni documentación que desvirtúe la propuesta del actuario, por lo que procede ratificarse en el acuerdo de liquidación dictado.

En tercer lugar el contribuyente señala como gasto deducible de 190.005.598 ptas. (1.141.956,64 €) correspondientes a facturas recibidas, sin explicar la razón de su discrepancia ni justificar o aportar documentación que avale su afirmación. A pesar de las reiteradas peticiones de justificación de datos realizada por el actuario, en ningún momento el contribuyente, ha justificado los servicios prestados a que se refieren las mismas, ni la realidad de las obras por lo que no puede admitirse el mismo

Por último, el contribuyente discrepa con el incremento de los ingresos recogido en el acta, por importe de 63.041.464 ptas. (378.886,83 €) correspondiente a deducciones que el obligado tributario realiza sobre el importe íntegro de las certificaciones de obra emitidas. Una vez mas, debemos hacer referencia al artículo 114 de la LGT, y señalar que el contribuyente no ha acreditado la deducibilidad de tales importes debiendo considerar, por tanto, como ingreso el importe total facturado, de acuerdo con lo señalado por el actuario tanto en el acta como en el informe ampliatorio del mismo.

Así pues, también en este punto, al no haber aportado el contribuyente documentación alguna que desvirtúe lo hasta aquí expuesto, procede confirmar la propuesta de la Inspección.

SÉPTIMO: Aún cuando la reclamante en el recurso de alzada no formula ninguna alegación en relación con la sanción, procede analizar si la misma resulta o no ajustada a derecho, ya que la alzada se dirige contra una resolución en que se planteaba no solo la impugnación de los actos de liquidación sino también los de imposición de sanciones.

En el acuerdo de 3 de marzo de 2005 se impuso una sanción a la reclamante por importe de 334.260,33 € como consecuencia de la comisión de una infracción grave consistente en dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de la autoliquidación, según lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley 58/2003, ascendiendo a una multa proporcional del 75 por 100.

Del examen del citado acuerdo de Imposición de sanción resulta que el mismo se encuentra debidamente motivado y la sanción impuesta resulta ajustada a derecho, habiéndose aplicado la normativa sancionadora más favorable para el interesado conforme a lo dispuesto por la DT 4ª de la Ley 58/2003.

Por ello, procede confirmar la sanción impuesta.

En virtud de lo expuesto,

          EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en recurso de alzada que pende ante este Tribunal Central, en Sala, interpuesto por D. ... en representación de ..., S.L., con NIF: ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., Sala de ... de fecha 27 de julio de 2005, desestimatoria de las reclamaciones acumuladas número ... y .... La primera tiene como concepto tributario el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios  1997 y 1998 y 1999 y una cuantía de 550.882,39 € (91.659.117 pesetas) y la segunda por el expediente.

Obligado tributario
Deuda tributaria
Inspección tributaria
Sociedad de responsabilidad limitada
Expediente sancionador
Impuesto sobre sociedades
Plazo de prescripción
Impuesto sobre el Valor Añadido
Caducidad
Contenido del acta
Procedimiento inspector
Caducidad del procedimiento inspector
Documento público
Fuerza probatoria
Liquidaciones tributarias
Revisión en vía administrativa
Prescripción y caducidad
Inactividad de la Administración
Fuerza mayor
Corporaciones locales
Carga de la prueba
Dies a quo
Audiencia del interesado
Actuación administrativa
Error de hecho
Dilaciones imputables al obligado tributario
Obligación de dar
Arrendamiento financiero
Cuestiones de fondo
Gastos financieros
Caducidad de la acción
Anotaciones contables
Determinación de la base imponible
Inmovilizado intangible
Gestión tributaria
Gastos deducibles
Comisiones
Multa proporcional

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 520/2005 de 13 de May (Reglamento de desarrollo de la Ley 58/2003, General Tributaria, en materia de revision en via administrativa) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 126 Fecha de Publicación: 27/05/2005 Fecha de entrada en vigor: 27/06/2005 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • Procedimiento de Inspección tributaria

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 09/10/2015

    El procedimiento de inspección tributaria se encuentra regulado en el Art. 141 ,LGT y siguientes. Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justifica...

  • Procedimiento tributario de comprobación limitada

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 27/10/2015

    En el procedimiento de comprobación limitada la Administración tributaria podrá comprobar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria.NOVEDADES: La Ley General Tributa...

  • Terminación de las actuaciones inspectoras tributarias

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 26/10/2015

    Las actas que documenten el resultado de las actuaciones inspectoras deberán contener, al menos, las siguientes menciones:a. El lugar y fecha de su formalización.b. El nombre y apellidos o razón social completa, el número de identificación fisca...

  • Fase de prueba en los procedimientos tributarios

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 27/10/2015

    Quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo. Los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria. La Administración ...

  • Plazo de las actuaciones inspectoras tributarias

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 08/10/2015

    El plazo de las actuaciones de inspección se encuentra regulado en el Art. 150 ,LGT.NOVEDADES: La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, ha modificado el Art. 150 ,LGT con efectos a partir del 12/10/2015. Las actuaciones del procedimiento de inspección...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados

Libros Relacionados