Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3776/2005 de 13 de Julio de 2006

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 13 de Julio de 2006
  • Núm. Resolución: 00/3776/2005

Resumen

No resulta admisible el aumento de la dotación a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), que se hizo mediante declaración complementaria, ya que no consta el depósito de las cuentas anuales del ejercicio en el Registro Mercantil, sino sólo un documento de fecha posterior al inicio de las actuaciones inspectoras en el que solicita el depósito de los documentos contables del ejercicio. Además, no se aporta el Libro de Actas, manifestando el obligado tributario que se encuentra extraviado. Tampoco se aporta ningún documento en que figure el acuerdo de distribución de beneficios.

Descripción

         En la Villa de Madrid, a 13 de julio de 2006 vista la reclamación económico-administrativa que, pende de resolución, ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesta por la entidad ..., S.L., C.I.F. ..., con domicilio, a efecto de notificaciones, en ..., contra acuerdo de 21 de septiembre, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra liquidación de la Inspección de la Delegación Especial de ... de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de fecha 7 de julio de 2005, en asunto referente al Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2002, cuantía de 511.306,01 €.

                                                          ANTECEDENTES DE HECHO

        PRIMERO.-  En fecha 25 de enero de 2005, la Inspección de los Tributos de la Delegación Especial de ... de la AEAT, incoó por el concepto impositivo citado Acta modelo A02, de disconformidad nº ... correspondiente al ejercicio 2002.

En el cuerpo del acta y en el pertinente Informe ampliatorio se hace constar, en síntesis:  

El sujeto pasivo presentó declaración del Impuesto de Sociedades de dicho ejercicio el 25 de julio de 2003, haciendo constar, en lo que aquí interesa, los siguientes datos: Resultado contable: 470.096,80 €.

Impuesto sobre Sociedades: 40.333,73€.

Disminución RIC: 382.312,47€.

Con fecha 9 de diciembre de 2003 presentó declaración complementaria por el IS de ese mismo ejercicio, haciendo constar, en lo que aquí interesa, los siguientes datos: Resultado contable: 1.955.822,67 €.

Impuesto sobre Sociedades: 112.777,44€.

Disminución RIC: 1.733.500 €.     

Con respecto a la situación de la contabilidad, se dan las siguientes circunstancias:

Aporta a la Inspección listado de documentos contables no legalizados.

No consta el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2002 en el Registro Mercantil, si bien el obligado tributario aporta documento de fecha 11 de noviembre  de 2004 (fecha posterior al inicio de las actuaciones inspectoras) en el que solicita el depósito de los documentos contables del ejercicio 2002.

El obligado tributario manifiesta en diligencia de 16 de noviembre de 2004 que el  Libro de Actas se encuentra extraviado.

El obligado tributario no aporta ningún documento en que figure el acuerdo de distribución de beneficios.

A juicio de la Inspección procede aumentar la base imponible en 1.351.187,53 €, al admitirse exclusivamente 382.312,47 € de reducción en base imponible en concepto de RIC.

Se propone en consecuencia la siguiente regularización tributaria para dicho ejercicio: cuota del acta de 472.915,63 €; intereses de demora de 38.390,38 €; y, deuda tributaria de 511.306,01 €.

SEGUNDO.- Tras el pertinente Informe ampliatorio y las alegaciones de la interesada, el Inspector Jefe dictó acuerdo de liquidación, con fecha 7 de julio de 2005, notificado el 19 de julio siguiente, confirmando  la propuesta contenida en el  acta referida.

TERCERO.- En fecha 19 de agosto  de 2005, la interesada presentó recurso de reposición, alegando, en síntesis, que con fecha 2 de diciembre de 2003  se presenta acta de la Junta General de socios en la que refleja la aprobación de la presentación de un Impuesto sobre Sociedades complementario al presentado el 28 de julio de 2003; que, como se desprende del acta, el departamento de contabilidad detecta errores informáticos en las partidas de ingresos y gastos brutos por lo que se decide la presentación de la complementaria; del resultado obtenido se propone una nueva distribución donde se destina a la RIC un total de 1.733.500 €.

        Con fecha 21 de septiembre de 2005 el Inspector Regional de la Delegación de las Palmas de la AEAT acordó desestimar el recurso interpuesto, con fundamento en que la interesada no aporta prueba alguna en relación con las alegaciones formuladas, por lo que no se puede realizar análisis alguno de sus afirmaciones. Dicho acuerdo fue notificado el 28 de septiembre siguiente.

CUARTO.- Mediante escrito presentado el 26  de octubre de 2005, entrado en este Tribunal Central el 12 de noviembre siguiente, la entidad ha interpuesto reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico Administrativo Central, contra el acuerdo desestimatorio del recurso de reposición.

Puesto de manifiesto el expediente, con fecha de acuse de recibo de 8 de marzo de 2006, no ha presentado hasta la fecha escrito alegaciones.  

                                                          FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-
Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente reclamacion económico-administrativa, en el que se plantea la cuestión relativa a si es correcta la liquidación impugnada de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

SEGUNDO.- Como base de análisis de las liquidaciones impugnadas, la regulación de la RIC está contenida en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, recoge dentro del Capítulo II del Título IV como medidas complementarias de promoción del desarrollo económico y social de Canarias, las consiguientes medidas fiscales en los artículos 24 al 27, ambos inclusive.

El artículo 27 con el título de "Reserva para Inversiones en Canarias" dispone que "1. Las sociedades y demás entidades jurídicas sujetas al Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a la reducción en la base imponible de este impuesto de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

2. La reducción a que se refiere el apartado anterior se aplicará a las dotaciones que en cada período impositivo se hagan a la reserva para inversiones hasta el límite del 90 por 100 de la parte de beneficios obtenidos en el mismo período que no sean objeto de distribución, en cuanto proceda de establecimientos situados en Canarias. En ningún caso la aplicación de la reducción podrá determinar que la base imponible sea negativa.

A estos efectos se considerarán beneficios no distribuidos los destinados a nutrir las reservas, excluida la de carácter legal. Tampoco tendrá la consideración de beneficio no distribuido el que corresponda a los incrementos de patrimonio afectos a la exención por reinversión a que se refiere el art. 15.8 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Las asignaciones a reservas se considerarán disminuidas en el importe que eventualmente se hubiese detraído del conjunto de las mismas, ya en el ejercicio al que la reducción de la base imponible se refiere, ya en el que se adoptara el acuerdo de realizar las mencionadas asignaciones....

3. La reserva para inversiones deberá figurar en los balances con absoluta separación y título apropiado y será indisponible en tanto que los bienes en que se materializó deban permanecer en la empresa.

4. Las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias deberán materializarse en el plazo máximo de tres años, contados desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se ha dotado la misma, en la realización de alguna de las siguientes inversiones:

a) La adquisición de activos fijos situados o recibidos en el archipiélago canario, utilizados en el mismo y necesarios para el desarrollo de actividades empresariales del sujeto pasivo o que contribuyan a la mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario. A tal efecto se entenderán situados y utilizados en el archipiélago las aeronaves que tengan su base en Canarias y los buques con pabellón español y matriculados en Canarias, incluidos los inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras.

Tratándose de activos fijos usados, éstos no podrán haberse beneficiado anteriormente del régimen previsto en este artículo, y deberán suponer una mejora tecnológica para la empresa.

b) La suscripción de títulos valores o anotaciones en cuenta de deuda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de las Corporaciones locales Canarias o de sus empresas públicas u Organismos autónomos, siempre que la misma se destine a financiar inversiones en infraestructura o de mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario, con el límite del 50 por 100 de las dotaciones.

A estos efectos el Gobierno de la Nación aprobará la cuantía y el destino de las emisiones, a partir de las propuestas que en tal sentido le formule la Comunidad Autónoma de Canarias, previo informe del Comité de Inversiones Públicas.

         c) La suscripción de acciones o participaciones en el capital de sociedades que desarrollen en el archipiélago su actividad, siempre que éstas realicen las inversiones previstas en el apartado a) de este artículo, en las condiciones reguladas en esta Ley. Dichas inversiones no darán lugar al disfrute de ningún otro beneficio fiscal por tal concepto.        

5. Los elementos en que se materialice la reserva para inversiones, cuando se trate de elementos de los contemplados en el apartado a) del artículo anterior, deberán permanecer en funcionamiento en la empresa del mismo sujeto pasivo durante cinco años como mínimo o durante su vida útil si fuera inferior, sin ser objeto de transmisión, arrendamiento o cesión a terceros para su uso.

Cuando se trate de los valores a los que se refieren los apartados b) y c) del artículo, deberán permanecer en el patrimonio del sujeto pasivo durante cinco años ininterrumpidos.

Los sujetos pasivos que se dediquen, a través de una explotación económica, al arrendamiento o cesión a terceros para su uso de activos fijos podrán disfrutar del régimen de la reserva para inversiones, siempre que no exista vinculación, directa o indirecta, con los arrendatarios o cesionarios de dichos bienes ni se trate de operaciones de arrendamiento financiero.

(...)

8. La disposición de la reserva para inversiones con anterioridad al plazo de mantenimiento de la inversión o para inversiones diferentes a las previstas, así como el incumplimiento de cualquier otro de los requisitos establecidos en este artículo dará lugar a la integración en la base imponible del ejercicio en que ocurrieran estas circunstancias de las cantidades que en su día dieron lugar a la reducción de la misma.

Sobre la parte de cuota derivada de lo previsto en el párrafo anterior se girará el interés de demora correspondiente calculado desde el último día del plazo de ingreso voluntario de la liquidación en la que se realizó la correspondiente reducción de la base imponible.

(...)".

TERCERO: Al respecto, del expediente se desprende que la entidad presentó en plazo una declaración del IS en relación con el ejercicio de referencia,  con un Resultado contable: 470.096,80 €, un Impuesto sobre Sociedades de 40.333,73€ y una disminución por RIC de 382.312,47€.

Posteriormente, fuera de plazo, presentó una declaración complementaria en que consigna un resultado contable de 1.955.822,67 €, un Impuesto sobre Sociedades de 112.777,44€ y una disminución por RIC de 1.733.500 €.

Este Tribunal ha tenido ocasión de manifestar, entre otras, en Resoluciones de 18 de mayo de 2006 y 29 de junio de 2006, que la dotación a la RIC es un beneficio fiscal y, por ello, es importante el cumplimiento de los presupuestos establecidos en la Ley para su disfrute. Este Tribunal considera que no se trata simplemente de unos requisitos meramente formales, sino que es presupuesto necesario que los socios acuerden la distribución de resultados y en ella contemplen la dotación a la Reserva; y todo ello dentro del plazo que marca la normativa mercantil.

En esta misma línea se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, entre otras, en sentencia de 14 de enero de 2005, en la que se planteaba un supuesto en el que la entidad actora no había presentado a su debido tiempo las autoliquidaciones correspondientes al Impuesto sobre Sociedades ni había depositado tampoco en plazo en el Registro Mercantil las certificaciones de los acuerdos de las Juntas Generales (respecto de los ejercicios 1998 y 1999 las Juntas Generales se celebraron en 30 de junio de 1999 y 30 de junio de 2000, las declaraciones del IS se presentaron en 16 de noviembre de 2000 y el depósito de cuentas el 2 de febrero de 2001).

En el fundamento de derecho segundo expone que "... no cabe duda que si la aplicación de este beneficio fiscal está sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados 3 a 8 del mencionado  art. 27, es evidente que dicho beneficio fiscal no deriva de una inversión ya realizada, sino de un compromiso de inversión futura que se contrae creando o incrementando en el pasivo de la sociedad o del empresario individual, dentro de fondos propios, una reserva especial, por lo que siendo el beneficio fiscal un derecho, necesario es para su ejercicio que este haya nacido, cosa que tiene lugar con la adopción del compromiso de inversión (...)".

A continuación, en el fundamento tercero, destaca que la entidad actora presentó las declaraciones del Impuesto en la tardía fecha de 16 de noviembre de 2000, y tras sintetizar la posición de la demanda en relacion a que la presentación fuera de plazo de la declaración no puede suponer la pérdida del derecho ni privar a la RIC de su virtualidad, contesta que, sin perjuicio de tales consideraciones, las cuales tienen en principio su apoyo en que el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 27 de la Ley 19/1994  puede acreditarse por los medios de prueba admitidos en derecho, lo realmente cierto es que, aun cuando la presentación por la actora de la declaración del Impuesto sobre Sociedades no necesariamente privaba a aquella del beneficio fiscal por dotación a la RIC, sí le vino a despojar de la presunción que le asistía de tener por probada la dotación a la reserva, obligándole, en consecuencia, a la demostración inequívoca de la misma por cualquiera de los medios probatorios, cosa que la sociedad recurrente no ha conseguido, pues abstracción hecha del contrasentido que encierra hablar de dotaciones a la RIC en las Actas de las Juntas Generales de 30 de junio de 1999 y 30 de junio de 2000, sin haber efectuado en tiempo las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades, deduciendo de la base imponible del tributo aquellas dotaciones, actividad que se vino a poner en practica tardíamente el 16 de noviembre de 2000, pone de  relieve  que, además, las actas de las Juntas Generales de la sociedad, documentos en los que se consignan las dotaciones a la RIC que la entidad pretende deducir de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios señalados no fueron presentadas en el Registro mercantil sino en la fecha de 2 de febrero de 2001, con manifiesta inobservancia de lo ordenado en el art. 218 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

También este Tribunal Económico-Administrativo Central se ha manifestado, en ese mismo sentido,  que la Ley General Tributaria no configura la falta de legalización o depósito de los libros de contabilidad en plazo como un incumplimiento sustancial de las obligaciones contables, ni permite equiparar dichos defectos con la falta de contabilidad. En consecuencia, los libros contables, al considerarse como documentos privados, cuyos datos se trascribirían a la declaración presentada en plazo por el Impuesto sobre Sociedades, permitirían presumir la existencia de una previa dotación a la RIC realizada en el momento y de forma oportunas.

Es cierto que este Tribunal Central, en resolución de 2 de febrero de 2006, ha admitido reducción de la base imponible por dotación a la RIC, en declaración complementaria, pero se trataba de un supuesto en el que se acreditaba tanto el acuerdo de la Junta general adoptado en plazo por el que se dotaba la cantidad inicial de dotación a la RIC, consignada en la declaracion del Impuesto presentada en plazo, como el acuerdo de la Junta general adoptado posteriormente, que acuerda anular las cuentas, aprobar otras y una nueva aplicación de resultados, por lo que todos estos extremos y en particular la asignación a la RIC aparecía acreditada fehacientemente.

        No es esto lo que sucede  en el presente caso, en el que según resulta del expediente no consta el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2002 en el Registro Mercantil, solo un documento de fecha posterior al inicio de las actuaciones inspectoras en el que solicita el depósito de los documentos contables del ejercicio 2002; no se aporta el Libro de Actas, manifestando el obligado tributario en diligencia de 16 de noviembre de 2004 que se encuentra extraviado; y no se aporta tampoco ningún documento en que figure el acuerdo de distribución de beneficios. En el recurso de reposición alega que existió un acta de  la Junta General en la que se refleja la aprobación de una declaración complementaria del IS como consecuencia de haber detectado determinados errores informáticos así como la nueva distribución con nueva asignación a la RIC, pero lo cierto es que se trata de meras afirmaciones, sin prueba alguna que las soporte, sin que ante este Tribunal Central haya formulado alegaciones o aportado pruebas de aquellas afirmaciones hechas en anteriores instancias.

Por todo ello no cabe sino confirmar la regularización inspectora, la liquidación practicada y el acuerdo desestimatorio del recurso de reposición.

POR LO EXPUESTO

EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA,
conociendo la presente reclamación económico administrativa, ACUERDA: Desestimarla, confirmando el acuerdo recurrido y la liquidación impugnada.   

Impuesto sobre sociedades
Inversiones
Obligado tributario
Registro Mercantil
Cuentas anuales
Libro de actas
Distribución de beneficios
Reserva para Inversiones en Canarias
Declaración complementaria
Beneficios fiscales
Dotaciones a la reserva para inversiones
Activo no corriente
Régimen fiscal de canarias
Intereses de demora
Beneficios no distribuidos
Declaración Impuesto de Sociedades
Inspección tributaria
Sociedad de responsabilidad limitada
Reducción de la base imponible
Disminución de la base imponible
Protección medioambiental
Declaración complementaria por el Impuesto de Sociedades
Regularización tributaria
Deuda tributaria
Período impositivo
Exención por reinversión
Materialización de las cantidades destinadas a la reserva para inversiones
Buque
Devengo del Impuesto
Actividad económica del sujeto pasivo
Aeronaves
Anotaciones en cuenta
Corporaciones locales
Título-valor
Suscripción de acciones
Deuda pública
Empresa pública
Registro Especial de Buques y Empresas Navieras
Arrendatario
Cesionario
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