Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3781/2005 de 14 de Junio de 2007

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  • Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central
  • Fecha: 14 de Junio de 2007
  • Núm. Resolución: 00/3781/2005

Resumen

La cooperativa farmacéutica concede rappels sobre ventas sólo a los socios de tal forma que se considera una distribución de excedentes cooperativos y ello impide su deducibilidad. Las cantidades destinadas a finalidades distintas de las previstas legalmente para el Fondo de Educación y Promoción se integran en la base imponible y además no se separan los resultados cooperativos de los extracooperativos, lo que supone la pérdida de la condición de cooperativa especialmente protegida y la tributación al tipo general del Impuesto sobre Sociedades. Los artículos entregados por los laboratorios a los socios farmacéuticos de forma gratuita deben valorarse teniendo en cuenta la operación en su conjunto, es decir, si existe una promoción 3+1, hay que tomar las 4 unidades como un lote para ver si se está entregando por un precio inferior al coste, incluida la parte correspondiente de los gastos generales de la entidad, por lo que no se admite el criterio de la Inspección de calcular la proporción de gastos generales que corresponden a las unidades bonificadas e incrementar la base imponible en este importe.

Descripción

En la Villa de Madrid, a 14 de junio de 2007, en las reclamaciones económico-administrativas interpuestas ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, por la entidad X, con NIF ..., y en su nombre y representación por D. ... con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra la liquidación practicada por la Oficina Nacional de Inspección de la AEAT de fecha 12 de julio de 2005, por el concepto IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ejercicios 1996 a 1999, y cuantía 1.014.992,35 €, y el acuerdo de imposición de sanción, de fecha 13 de marzo de 2006, y cuantía 386.245,66 €.

                                           ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha 1 de marzo de 2005, los servicios de la Oficina Nacional de Inspección (ONI) de la AEAT de ..., incoaron a la hoy reclamante acta de disconformidad (A02) número ..., por el concepto y ejercicios antes citados. En dicha acta se hacía constar que:

1. Se han exhibido los libros y registros exigidos por las normas del régimen de estimación aplicable al sujeto pasivo. No se han apreciado anomalías sustanciales para la exacción del tributo.

2. La fecha de inicio de las actuaciones fue el 2 de julio de 2001. A los efectos del plazo máximo de doce meses de duración de las actuaciones establecido en el artículo 29 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, del tiempo total transcurrido hasta la fecha del acta no se deben computar 749 días, por dilaciones imputables al contribuyente.

Por acuerdo del Inspector Jefe de 6 de junio de 2002, notificado al interesado el 10 de junio de 2002, el plazo máximo de duración de las actuaciones de comprobación e investigación y de liquidación se amplió a los 24 meses previstos en el apartado 1 del artículo 29 citado.

Con fecha 28 de mayo de 2004 fue incoada acta de disconformidad número ..., en la que se proponía una cuota de 2.573.943,32 € y unos intereses de demora de 754.026,85 €, lo que originaba una deuda de 3.327.970,17 €. Por acuerdo del Inspector Jefe de 1 de octubre de 2004, notificado al interesado el 7 de octubre de 2004, se amplían las actuaciones de comprobación e investigación y de liquidación, para determinar la naturaleza y significado de los importes recogidos bajo el concepto "OTROS" en los documentos ... con el objeto de constatar si, efectivamente, podían ser considerados como reflejo de ingresos aptos para la conformación del resultado contable, en el sentido del artículo 35.2 del Código de Comercio, habida cuenta de lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley 43/1995 (LIS); y para determinar el precio de adquisición o coste de producción para el sujeto pasivo de los productos objeto de promoción de los laboratorios.

3. De las actuaciones practicadas y demás antecedentes resulta que:

A) Con anterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras el sujeto pasivo había presentado declaraciones-liquidaciones con los siguientes datos en pesetas, en régimen de estimación directa:

                                            1996               1997              1998              1999

Resultado contable        237.217.193  256.536.562    42.512.863   183.119.452

Aumentos sociedades       6.112.689         250.244                     0       2.130.902

Gtos no deducibles                         0           27.000          235.500            12.000

Otras correcciones         -17.897.336     -7.696.097     -4.000.000      -8.679.992

R.I.C.                           -149.446.832 -161.618.034   -26.783.104 -120.504.806

Coop. 50% dot. Oblig    -32.024.321   -34.632.436     -4.376.929   -20.272.617

Base Imponible               43.961.393     52.867.239      7.588.330    35.804.943

Rdos. Coop. 20%            43.961.393     52.119.546      7.355.033    35.270.403

Rdos Extracoop. 35%                     0          747.693         233.297         534.539

CI previa                           8.792.279     10.685.602      1.552.661      7.241.170

Deduc. Inv. Canarias        4.835.753     10.245.765      1.502.696      4.972.106
L 20/91

D.D.I.                                              0          189.593         -49.965        -138.159

Cuota reducida positiva    3.956.526          250.244      1.502.696      2.130.904

Reten E ing Cuenta           6.689.027       3.001.610      2.893.333      1.831.639

Pagos fraccionados                         0       3.110.204      1.347.152      3.067.379

Cuota a ing/devol            -2.732.501      -2.751.366    -2.893.333         299.265

Cuota diferencial             -2.732.501      -5.861.570    -4.240.485     -2.768.114

Fecha devol                        16-12-97        11-11-98       22-12-99        19-01-01

B) La entidad está dada de alta en el IAE en los siguientes epígrafes: 6141: Com. May. Ptos. Farmacéuticos y medicamentos; 6142: Com. May. Ptos. Perfumería, droguería; 6192: Com. May. Instrumentos médicos y ortopédicos.

C) Se proponen las siguientes regularizaciones:

I) Ventas:

1. De las actuaciones se concluye que la facturación total sería:

1996: 17.342.880.552 ptas. (104.232.811,37 €)

1997: 18.814.724.830 Ptas. (113.078.773,63 €)

1998: 20.264.168.675 ptas. (121.790.106,59 €)

1999: 22.440.301.861 ptas. (134.868.930,44 €)

2. La cooperativa anota en las cuentas 700 de manera automática todas las facturas que genera el programa de gestión de los clientes a los que les ha introducido la letra S en el campo contabilidad de la ficha de cliente, que el obligado tributario denomina Grupo A. En las restantes facturas (las denominadas OTROS, código de cliente genérico) que genera el programa de gestión de los clientes, X introduce la letra N, con lo que no se anotan automáticamente en las cuentas 700, y son las que la entidad denomina Grupo B, "cliente ficticio" o cliente OTROS. Entre las que introduce la letra N, están las del código de cliente 042, denominadas "vales de contado", son ventas al personal de la cooperativa (ventas a terceros no socios) que con esa misma denominación las anota manualmente en contabilidad, sin número de orden de factura. Hay otras ventas a terceros como son las exportaciones de medicamentos, que son también anotadas en las cuentas 700 de manera manual, a nombre del comprador, pero sin número de orden (le ponen los dígitos de la fecha), habiéndose detectado que proceden en su mayoría de facturas con código de cliente 9992 "recuentos" y 9994 "otros. Reclam. Transf../repos." Y que al perder la numeración correlativa de la factura ... no hay garantía alguna de su anotación en contabilidad, ya que la factura emitida manualmente se elabora aneja al sistema.

3. Todas las facturas que emite el sistema son incompletas en cuanto que no contienen la relación de productos vendidos. Tan sólo hacen referencia a los albaranes.

4. En las facturas emitidas sin un cliente determinado (las denominadas OTROS) se han encontrado operaciones reales de ventas como para estimar que su importe total debe conformar el resultado contable, en determinados códigos de clientes. Ello supone unos totales de:

1996: 90.478.950 ptas. (543.789,44 €)

1997: 88.769.963 ptas. (533.518,22 €)

1998: 163.220.365 ptas. (980.974,15 €)

1999: 98.387.424 ptas. (591.320,33 €)

II) Rappels por ventas ejercicios 1997 y 1999: Tanto las facturas de los ... como las ventas que declara X en el Impuesto sobre Sociedades son ventas netas, una vez deducidas las devoluciones y rappels sobre ventas. En diligencia se hizo constar que se conceden sólo a los socios de la cooperativa y que suponen un porcentaje constante del importe de la venta a cada socio cooperativo, es decir, no varía en función de una mayor o menor venta. El libro de Actas del Consejo los considera abono a los socios con cargo a los beneficios de explotación ya obtenidos por X. La Inspección considera que se trata de un retorno encubierto que no respeta (en cuanto a medicamentos) los márgenes establecidos para mayoristas y minoristas por la normativa del medicamento. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 20/90 no son gastos deducibles.

III) Artículos entregados a los farmacéuticos por promociones de los laboratorios (regalos). La Inspección ha calculado el importe que hubiera supuesto la factura de los mismos, puesto que se entregaron a precio cero. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 20/91, se han de valorar al coste de los servicios y suministros, incluida la parte correspondiente de los gastos generales de la cooperativa.

IV) Fondo de Educación y Promoción (FEP): Se ha comprobado el destino de los gastos corrientes aplicados en cada ejercicio del FEP, estimando la Inspección que algunos no cumplen las finalidades previstas por la Ley, por lo que se incrementa la Base Imponible de acuerdo con el artículo 19.4 de la misma, debiendo liquidarse la totalidad de la Base Imponible comprobada al 35% en lugar del tipo del 20% de las cooperativas fiscalmente protegidas, de acuerdo con el artículo 13.3 de la LRFC.

V) Resultados cooperativos y extracooperativos: la Inspección concluye que X no separa claramente en contabilidad los ingresos y beneficios cooperativos y extracooperativos, lo que también supone la pérdida de la consideración de cooperativa fiscalmente protegida.

VI) Ajustes positivos al resultado contable por gastos no deducibles fiscalmente en las cuentas de ejercicio 1996 Relaciones publicas y multas; 1998: gastos y pérdidas de ejercicios anteriores; y 1999, Publicidad y propaganda. Estas cuentas se regularizan por no ser deducibles de acuerdo con el artículo 14 de la LIS, o por tratarse de IGIC cuya deducción no procede en el Impuesto sobre Sociedades.

VII) Tipo de gravamen: por perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida debe tributar toda la Base Imponible al 35%.

VIII) Reserva para Inversiones en Canarias y deducciones por inversiones en Canarias: al regularizar varían los límites para la aplicación de la deducción, redistribuyendo la Inspección los saldos destinados a uno y otro beneficio.

4. La Base Imponible se incrementa en los siguientes importes:

1996: 160.635.834 ptas. (965.440,81 €)

1997: 212.512.701 ptas. (1.277.227,06 €)

1998: 223.676.574 ptas. (1.344.323,28 €)

1999: 288.519.280 ptas. (1.734.035,8 €)

La deuda a ingresar asciende a 2.322.746,04 €, de los que 1.754.293,77 € corresponden a cuota y 568.452,27 € a intereses de demora.

SEGUNDO: Se adjunta al acta el preceptivo informe ampliatorio en el que se detallan los hechos en los que la Inspección ha basado sus regularizaciones, con extractos de los hechos y manifestaciones que constan en las diligencias, así como de los informes realizados por la Unidad de Auditoría Informática de los ficheros aportados por la empresa.

TERCERO: A la vista de las alegaciones presentadas, el Inspector Jefe Adjunto al Jefe de la ONI practicó, en fecha 12 de julio de 2005, liquidación definitiva, resultando una deuda a ingresar 1.014.992,35 €, de los que 772.491,33 € corresponden a cuota y 242.501,02 € a intereses de demora. La modificación se debe a que el importe regularizado en concepto de regalos a los socios se reduce en cada ejercicio, así como a que en 1999 no se incrementa ninguna cantidad por gastos no deducibles. En el primer caso por estimar la alegación relativa a que la entidad se limita a entregar a los socios los regalos de los laboratorios, imputando como precio de coste a efectos de aplicar el artículo 15.3 de la LRFC, la parte correspondiente de los gastos generales atribuibles a los productos concernidos. En el segundo caso porque se estima la alegación de la entidad referente a que los gastos se encuadran dentro de la excepción del artículo 14.1.e) de la LIS. Este acuerdo fue notificado al obligado tributario el 15 de julio de 2005.

CUARTO: Disconforme con el mismo, la entidad interpuso el 3 de agosto de 2005 reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central. Puesto de manifiesto el expediente, la interesada presentó alegaciones haciendo constar:

1. Disconformidad con el cómputo del plazo máximo de duración de las actuaciones. Existen dos dilaciones incorrectamente imputadas, por lo que se produjo la prescripción.

2. Disconformidad con el importe de las ventas calculado por la Inspección.

3. Los rappels sobre ventas de 1997 y 1999 no son retornos cooperativos encubiertos.

4. Los artículos entregados a los farmacéuticos por promociones de los laboratorios no son regalos. En cualquier caso, la cooperativa se limitó a dar traslado de estas operaciones.

5. Los destinos del fondo de Educación y Promoción sí cumplen los requisitos de la Ley.

6. Los gastos de publicidad y propaganda cumplen los requisitos del artículo 14.1.e) para ser admitidos como deducibles.

7. Los gastos y pérdidas de ejercicios anteriores corresponden a IGIC soportado no deducible, por lo que no procede la regularización.

8. En cuanto al tipo de gravamen, en contabilidad sí se detallan las operaciones realizadas con socios y con terceros, por lo que no procede la pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida.

9. Existe un error de cálculo en la liquidación como consecuencia de un error de trascripción.

10. Reordenación de la distribución entre la Reserva para Inversiones en Canarias y la deducción por inversiones en activo fijo

QUINTO:
En cuanto al expediente sancionador, previa autorización de inicio del expediente sancionador otorgada por el Inspector Jefe Adjunto al Jefe de la ONI, se instruyó expediente sancionador por infracción tributaria grave, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 209 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y 25.1 del Reglamento General del Régimen Sancionador tributario aprobado por el Real Decreto 2063/2004 de 15 de octubre. Realizada la comparativa entre el régimen sancionador de la Ley 230/1963 y 58/2003, se aplica esta última por resultar más favorable. La entidad no presentó alegaciones. Con fecha 13 de marzo de 2006 se dictó acuerdo sancionador. En él se impone una sanción del 50% de la cuota dejada de ingresar en cada ejercicio, lo que supone una sanción total de 386.245,66 €. Este acuerdo se notificó el 16 de marzo de 2006.

        SEXTO: Contra este acuerdo se interpuso reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central con fecha 11 de abril de 2006. Puesto de manifiesto el expediente, la entidad alegó la inexistencia de culpabilidad.

                                                  FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Concurre en los presentes expedientes el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía de los actos impugnados, para conocer en única instancia de la presentes reclamaciones económico-administrativas, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, que se resuelven de forma conjunta de acuerdo con lo previsto en el artículo 34.4 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, siendo las cuestiones a resolver las siguientes: 1. Prescripción del derecho a liquidar el impuesto. 2. Procedencia del incremento de las ventas. 3. Procedencia del incremento por rappels sobre ventas. 4. Procedencia de la regularización por la entrega de productos a los socios por promoción de los laboratorios. 5. Procedencia del destino del FEP. 6. Deducibilidad de los gastos de publicidad y relaciones públicas, y de los gastos y pérdidas de ejercicios anteriores. 7. Carácter de cooperativa fiscalmente protegida. 8. Existencia de error aritmético en la liquidación. 9. Importes de la Reserva para Inversiones en Canarias y de la deducción por inversión admisibles. 10. Calificación del expediente.

SEGUNDO:
La primera cuestión que plantea el expediente se refiere al cómputo del plazo máximo de las actuaciones de comprobación e investigación. La reclamante considera que los días de dilación que le son imputables ascienden a no más de 508, lo que fijaría el plazo máximo para el fin de la actuación inspectora en el 21 de noviembre de 2004. La diferencia se debe a que no está de acuerdo con la imputación de dos periodos de dilaciones.

Las dilaciones se encuentran reguladas en el artículo 31.2 del RGIT, que dispone "A su vez, se considerarán dilaciones imputables al propio obligado tributario, el retraso por parte de éste en la cumplimentación de las solicitudes de información, requerimientos o comparecencias formuladas o solicitadas por la inspección dentro del ámbito de sus competencias, así como el aplazamiento o retraso de las actuaciones solicitado por el propio contribuyente en los casos en que se considere procedente. Las solicitudes que no figuren íntegramente cumplimentadas no se tendrán por recibidas a efectos de este cómputo hasta que no se cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al interesado. A efectos de dicho cómputo, el retraso debido a dilaciones imputadas al contribuyente se contará por días naturales".

El primer periodo con el que no está de acuerdo es el imputado por la aportación de documentación relativa a los justificantes de los préstamos con los cooperativistas. Así, manifiesta que en diligencia de 5 de diciembre de 2001, en su punto 2.b), eran solicitados los justificantes de los préstamos con los cooperativistas. En la comparecencia siguiente, el 10 de enero de 2002, punto 1.b), era entregada la documentación, constando en la diligencia que se entregan los mayores donde se encuentran los movimientos de los préstamos, y que el compareciente manifiesta que nunca se formalizaron documentalmente tales préstamos.

Hasta el día 4 de abril de 2002 no existe alusión alguna. En la diligencia extendida ese día se hace constar que "a la vista de la manifestación del compareciente relativa a los préstamos de los cooperados a X en el sentido de que nunca se ha formalizado documentalmente tales préstamos (diligencia 10/01/2002, 1º b) y de la no coincidencia de los movimientos de los mayores con las declaraciones de retenciones, modelos 193, se solicita de X la aportación de cuantas pruebas de cualquier clase obren en su poder relacionadas con dichas operaciones de préstamos o, para el caso de que sea conocedora de otras pruebas, documentos, etc. Que indique su existencia a efectos de su obtención..".

En la siguiente comparecencia, diligencia de 18 de abril de 2002 se hace constar que: "el compareciente aporta la siguiente documentación: (...) e) los mayores de los gastos financieros de los préstamos de los cooperados que faltaban para aclarar las diferencias entre los modelos 193 de retenciones de capital mobiliario y la contabilidad de los gastos financieros de los préstamos. Quedando pendiente de aportar el acuerdo del Consejo Rector, que determina las condiciones de los préstamos...".

En diligencia de 2 de mayo de 2002, apartado quinto, se hace constar: "...se comunica al compareciente que se ha detectado, al día de la fecha, una dilación imputable al obligado tributario de 98 días naturales, que corresponden a los siguientes requerimientos o solicitudes de documentación:

Diligencia       motivo                  obligación        entrega     días a computar

05/12/2001   justif. Prestamos    10/01/2002       18/04/2002      98 días

                    Cooper. (mayores)

Que añadidos a los 48 días (diligencia 20/09/2001) hacen un total acumulado de 146 días de dilación al día de la fecha".

        La reclamante considera que no ha existido tal dilación, puesto que la solicitud de información realizada el 5 de diciembre de 2001 fue atendida en la siguiente comparecencia. Meses más tarde, en vista de que la Inspección encontró dificultades a la hora de cotejar los modelos 193 con la contabilidad, solicita el 4 de abril de 2002, más información al respecto, que fue aportada en la siguiente visita. No existe, por tanto, dilación, y resulta más gravoso si se tiene en cuenta que la comprobación sobre los préstamos a los cooperados supuso la aportación de documentos que no han sido tenidos en consideración para la regularización realizada. Matiza que en los 98 días están incluidos 28 días por otros motivos, por lo que el periodo imputado a su juicio incorrectamente asciende a 70 días.

        No puede sin embargo admitirse esta alegación. Con la primera aportación de los mayores no se justifican los préstamos con los cooperativistas, y es por ello que la Inspección tiene que solicitar más documentación. Posteriormente, con la documentación que se aporta, la Inspección cuadra las cifras con las declaraciones de retenciones del capital mobiliario, y es por ello que no se regulariza nada por este concepto. Por tanto, la empresa podía aportar (y de hecho finalmente así lo hizo) la documentación necesaria para justificar esos préstamos, por lo que es correcto considerar el tiempo que tardó en justificarlos como una dilación imputable al contribuyente.

TERCERO: El segundo periodo de dilación imputado con el que no está de acuerdo se debió a la aportación del disco duro de 40 GB con la información relativa a los albaranes de venta. Manifiesta que lo aportó el 12 de agosto de 2002 como se recogió en la diligencia, en la que se hace constar que no aportó enero y febrero de 1998, que no se pudieron copiar por defecto de la cinta. Que hasta el 6 de marzo de 2003 no se mencionó nuevamente este asunto. En la diligencia extendida ese día la Inspección hace constar "sin embargo faltan los ficheros de enero a abril y parte de mayo de 1996, parte de diciembre de 1997 y gran parte del año 1998 (El detalle de los días que faltan de los años 1997 y 1998 se recogen en el apartado octavo de la diligencia de 20/02/2003". La entidad alega que se debió referir a la diligencia de 27 de febrero de 2003 y no a la de 20 de febrero (cuyo apartado octavo no tiene nada que ver), y que en dicho apartado octavo se solicita que se aporten los mayores de los ingresos de la actividad de determinados días. Precisa que la Inspección, al encontrar errores en los ficheros de albaranes aportados el 12 de agosto de 2002, por un mal almacenamiento de la información en las copias de seguridad, pretende obtener la información por otra fuente, en concreto los mayores de la contabilidad de las cuentas del grupo 700, lo que a todas luces supone una nueva petición de información distinta de la realizada al solicitar el archivo de albaranes que resultó incompleto.

Sin embargo, tampoco se puede aceptar esta alegación. De hecho, desde el primer momento la entidad era consciente de no haber cumplido íntegramente con la solicitud de la Inspección. En concreto faltaban dos meses de 1998. Posteriormente aportó esos meses en un CD, por lo que, con independencia de que faltaban más días de los que él afirmó en un principio, el hecho es que no se completó la información hasta la fecha de fin de la dilación, aunque además se aportase otra documentación.
        
Por tanto, no se estiman las alegaciones referidas a las dilaciones y no se considera que la Inspección incumpliese el plazo máximo de duración de las actuaciones.

CUARTO: La segunda cuestión que plantea la reclamante se refiere ya a la regularización practicada. En concreto al importe total de ventas calculado por la Administración. Según la entidad, existen dos tipos de registros en el fichero entregado a la Administración:

Grupo A: los documentos de este grupo, que se corresponden con las facturas de ventas, agrupan los albaranes que, durante un periodo de 10 días, se emiten a nombre de un cliente, recogiendo fielmente las operaciones con este. A través de estas facturas, la Administración puede conocer el importe total y real de las ventas realizadas durante cada ejercicio.

Grupo B: documentos que recopilan una serie de albaranes que se emiten por diversas incidencias, siendo de fácil reconocimiento puesto que, pese a que en los mismos consta el membrete "factura", no cumplen los requisitos del artículo 3 del Real Decreto 2402/1985. Así, en el campo correspondiente a cliente no aparece nombre alguno sino un código de cuatro dígitos. Tampoco aparece ningún NIF.

Añade que algunas operaciones, como las exportaciones, no aparecen en el Grupo A, pero sí tienen su reflejo en la contabilidad.

Explica el funcionamiento del programa concluyendo que, en un entorno ideal y sin incidencias, la facturación decenal del Grupo A, coincidiría con la cifra de negocios, pero como ocurren errores, no coincide. Para cualquier rectificación que se pretenda realizar en el stock, hay que emitir un "albarán de cargo", que es la forma de restar unidades del total de productos. Por la necesidad de realizar estos ajustes es por lo que surge el Grupo B de albaranes, con los siguientes códigos:

0001 DEVOLUCIONES A LABORATORIO

0002 SALIDAS POR ROTURAS

0018 SALIDAS POR BONIFICACIÓN

0042 VALES DE CONTADO

0083 CADUCIDAD

9970 CLIENTE NO LOCALIZADO

9991 DIF/ ERRORES

9992 RECUENTOS

9993 ANULACIÓN FACTURAS

9994 OTROS

9996 COMPRAS X

          La Inspección admite que la mayoría de estos códigos no deben considerarse ventas, excepto cuatro: 0018 Salidas por Bonificación; 0042 Vales de Contado; 9992 Recuentos; 9994 Otros. La Inspección parte de los ficheros Grupo A, añadiendo estos cuatro códigos, por entender que sí suponen operaciones comerciales, para calcular la cifra de negocio. No obstante, la reclamante defiende que ninguno de los albaranes emitidos bajo estos códigos supone una operación de venta. Su finalidad es la realización de anotaciones en el stock, como consecuencia de operaciones de venta que sí tienen reflejo en la contabilidad. Que todas las operaciones relacionadas con estos códigos, que según la Inspección tienen relación con operaciones de venta, han tenido su perfecto reflejo en la contabilidad.

Continúa explicando que el grupo 700 se compone de cuatro tipos de apuntes:

1. Relacionados con la facturación decenal de clientes concretos: surgen del volcado de la información del sistema en cada decena de las operaciones que se han realizado con clientes concretos. Suponen los siguientes importes en cada ejercicio:

1996                              1997                               1998                              1999

17.256.526.989 ptas 18.753.361.831 ptas 20.100.948.310 ptas 22.376.854.227 ptas

2. Apuntes de vales de contado al personal: anotaciones de los cobros al personal por las compras que realizan a la cooperativa, por los siguientes importes:

1996                          1997                              1998                                1999

6.056.240 ptas          4.770.549 ptas           4.559.360 ptas     5.594.133 ptas

3. Apuntes de las ventas a clientes que no han sido dados de alta en el sistema de gestión de stock: se trata de operaciones con clientes "esporádicos", que tenían reflejo directo en la contabilidad y no a través del traspaso de la información de la facturación decenal. Si el cliente no estaba incorporado como tal en el sistema, la emisión de la factura no era posible a través del mismo, por lo que se hacía de forma manual. Estas operaciones supusieron los siguientes importes (en ptas.)

1996                         1997              &nbs

Sociedad cooperativa
Impuesto sobre sociedades
Rappel sobre ventas
Gastos comunes
Intereses de demora
Acta de disconformidad
Obligado tributario
Reserva para Inversiones en Canarias
Expediente sancionador
Dilaciones imputables al obligado tributario
Gastos no deducibles
Tipo general
Impuesto general indirecto canario
Inversiones
Estimación directa
Impuesto sobre Actividades Económicas
Gastos de publicidad y promoción
Socio de la cooperativa
Libro de actas
Gastos deducibles
Días naturales
Gastos financieros
Error de cálculo
Infracción tributaria grave
Error aritmético
Actividad inspectora
Retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario
Consejo rector
Capital mobiliario
Operación comercial
Bonificaciones
Cifra de negocios
Traspaso

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 2063/2004 de 15 de Oct ( Reglamento general del regimen sancionador tributario) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 28/10/2004 Fecha de entrada en vigor: 29/10/2004 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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